Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en el país.

La situación ha generado polémica debido al carácter ilícito de estas actividades, donde incluso la Corte Suprema ha dictaminado de forma categórica que el juego online no regulado constituye un acto ilícito que vulnera el ordenamiento vigente. De hecho, esta ya había ordenado el bloqueo de estas plataformas a empresas de telecomunicaciones para impedir su funcionamiento en el país, hasta la fecha sin éxito.

Por su parte, aunque el SII reconoce que estas plataformas han sido declaradas ilegales, sostiene que su deber es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, argumentando que no le compete calificar la licitud de la actividad, sino velar por la recaudación de impuestos.

En este contexto, existe una disonancia entre el marco legal actual y el mandato judicial de bloquear y eliminar estas plataformas de la web chilena, con la reciente resolución del SII, que básicamente las invita a inscribirse en un registro especial para declarar y pagar impuestos.

Desde el mundo privado y político, las reacciones no se han hecho esperar, con acusaciones de que este cobro de IVA podría implicar una legalización de facto. Otro antecedente relevante para tener en cuenta es que, en paralelo, en el Congreso se discute un proyecto de ley que busca transitar este rubro desde la ilegalidad actual hacia un mercado regulado.

Estas son las claves para entender la polémica del momento.

Las plataformas de apuestas en línea no son legales

En Chile, los juegos de azar están prohibidos por regla general, salvo excepciones expresamente autorizadas por ley, como la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. Asimismo, la Ley de Casinos (Ley 19.995), que regula los casinos físicos, establece explícitamente que los permisos de operación en ningún caso comprenden juegos de azar en línea.

En ese contexto, resulta impreciso apuntar a una “zona gris” regulatoria que habría permitido que estas plataformas operaran durante años sin una definición legislativa. De hecho, el máximo tribunal fue categórico al determinar que el juego online sin autorización legal constituye un “acto ilícito” que vulnera el ordenamiento jurídico vigente y ratificó que estas plataformas operan fuera del marco legal chileno.

No obstante, a pesar de la claridad del fallo, algunas plataformas han resurgido bajo nuevos dominios o nombres ligeramente modificados para esquivar el bloqueo judicial. Cabe recordar que, aunque se conocen las marcas comerciales y algunas de las empresas que las operan, existe dificultad para conocer con certeza quiénes son los dueños últimos y el origen de los fondos de muchas de estas plataformas que operan desde el extranjero.

Las razones del SII para cobrar IVA a las plataformas de apuestas

De acuerdo con el SII, la polémica resolución vendría a ser un acto técnico de fiscalización para capturar impuestos adeudados por servicios digitales, separando esta labor de la discusión sobre la legalidad de las apuestas, la cual delega en otros organismos competentes y en el Congreso.

El organismo afirma que, independientemente de que otras autoridades o tribunales hayan declarado la actividad como ilícita, el SII está obligado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de hechos gravados por ley.

Dentro de la resolución se apunta a que, según la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), se debe gravar con IVA el suministro o la entrega de “contenido de entretenimiento digital”. Por ejemplo, actualmente Netflix tributa bajo este régimen de tributación.

Por lo tanto, el SII concluye que, si efectivamente se está realizando la actividad de entretenimiento digital (apuestas), es su deber adoptar las medidas necesarias para asegurar el pago del impuesto por parte del contribuyente, independientemente de su estatus legal.

Gobierno apuesta por la propuesta legislativa

En paralelo a la polémica por el funcionamiento de las plataformas de apuestas online —que siguen operando pese a la orden de bloqueo de la Corte Suprema— y la reciente resolución del SII, el Congreso tramita desde 2022 un proyecto de ley que busca regularizar formalmente a esta industria. De hecho, a inicios de mayo, el gobierno de José Antonio Kast volvió a acelerar su discusión al otorgarle suma urgencia.

En resumen, el proyecto apunta a crear un marco regulatorio para autorizar y fiscalizar a las empresas de apuestas online, estableciendo requisitos para su operación. Por ejemplo, según indica el documento, entre sus principales objetivos están la protección de los jugadores, el combate a conductas adictivas y al juego ilegal, además de la regulación de la publicidad y el resguardo de los intereses fiscales.

Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto de las posibles presiones ejercidas por el sector de las apuestas digitales para inclinar la balanza a su favor. Cabe recordar que la mayoría de estas empresas están agrupadas en la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), entidad que realiza gestiones de lobby ante el Congreso y el Gobierno para incidir en la regulación del sector.

De hecho, la controversia por un presunto conflicto de interés remeció a la Segpres la semana pasada, tras revelarse que la actual asesora legislativa, María Trinidad Sainz Reyes, ejerció como lobbista de la industria de las apuestas online antes de incorporarse al ministerio.

¿Una legalización de facto?

Desde ya, críticos hablan de una posible legalización de facto de las casas de apuestas online, con la tributación como un primer paso en esta línea. Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos aseguraron que la medida “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal”.

“Estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”, acusaron.

En el mundo político, senadores como Esteban Velásquez y Diego Ibáñez anunciaron que presentarán los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida. Este último apuntó a que el SII estaría intentando avanzar regulatoriamente por vía administrativa en una materia que el Parlamento aún está debatiendo.

Una de las prioridades que definió el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es una reforma tributaria que ya tendría fecha de anuncio al menos para el mes de abril.

La propuesta implicaría un recorte del impuesto corporativo, desde 27% a 23%, pudiendo llegar incluso a 20% para las compañías que incentiven la contratación de personas en riesgo de caer en la informalidad (eso el primer año).

Sin embargo, esa idea podría enfrentar grandes desafíos.

El impacto de las exenciones y beneficios fiscales

Un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) con proyecciones para 2026 – 2030 reconoce que el denominado “gasto tributario” continuará restando importantes recursos a la próxima administración, que ya enfrentará un déficit fiscal importante.

Por gasto tributario se entiende aquellos impuestos que no termina por recibir el fisco debido a exenciones, créditos, tasas reducidas, regímenes tributarios especiales, etc.

Siguiendo esa línea, se recibirían US$7.378 millones menos, el equivalente a un 2% del PIB. Cifra que irá creciendo con los años.

Y ahí inicia el debate.

Por un lado, expertos señalan que la eliminación de exenciones tributarias es un tema pendiente en la agenda legislativa, pero otros más cautelosos señalan que no hay evidencia empírica de que esto vaya a significar más ingresos al fisco.

¿Eliminar exenciones tributarias?

Germán Pinto Perry, experto en derecho tributario y académico de la Universidad de Santiago (Usach), es del grupo que comparte esta mirada y lo ejemplificó con lo que se hizo con la ley 21.420, por ejemplo, en su artículo 107 de la ley de impuesto a la renta.

“En su tiempo, consideraba como ingreso no renta el mayor valor en enajenación de acciones (…) lo cambió y ahora se afecta con una tasa del 10%. La recaudación que se logró equivale a un 9% y 10% de lo proyectado, por lo tanto, es totalmente ineficiente”, sentenció Perry.

Otros más confiados, llaman a no alarmarse, sobre todo considerando que este informe no recoge los cambios que pretende implementar el nuevo Gobierno.

Claudio Bustos, abogado tributario de Bustos Tax & Legal, recurrió a la ya anunciada rebaja de impuesto a las empresas y dijo que esto irá de la mano con una reactivación del crecimiento importante.

Según Bustos, esto “va a ser un gran estímulo para que exista una mayor inversión, para que todos los proyectos de inversión que están detenidos se reactiven, avancen, y por esa vía alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico y una mayor recaudación fiscal”.

El aumento proyectado hacia 2030 en gasto tributario está asociado al crecimiento del PIB.

Por ende, si Chile crece como pretende el nuevo gobierno, el costo se mantiene relativamente estable en torno al 2% del PIB.

Según el SII, el principal gasto tributario se relaciona con el impuesto a la renta, tanto de personas como de empresas, seguido más atrás por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el gravamen a los combustibles y otros tributos.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó las nóminas de Tasación Fiscal de vehículos livianos y pesados, vigentes para este año 2026.

Para este año, el listado considera un total de 81.611 tasaciones de vehículos livianos.

Para esos vehículos livianos -como automóviles, camionetas, furgones, minibuses, todo terreno y motos, entre otros- la tasación fiscal se utiliza para determinar el valor del Permiso de Circulación, el cual debe ser pagado al municipio que otorga dicho permiso.

Conoce cuánto pagarás de Permiso de Circulación en 2026

A continuación se pueden obtener los valores de Tasación Fiscal y Permisos de Circulación de automóviles, motos y vehículos pesados, completando los campos que se solicitan:

La información completa al respecto se puede revisar en el portal “Tasación Fiscal de Vehículos 2026” y el enlace directo para la revisión específica de cada vehículo es este.

Tasación Fiscal de Vehículos y Permiso de Circulación 2026

Para llevar a cabo el proceso de tasación, las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de vehículos de todas las marcas, declaran al SII la información de las unidades comercializadas con su respectivo precio.

El Servicio mencionó que para este ciclo de tasación, participaron de esta instancia 72 empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de marcas.

El valor mínimo del permiso de circulación en el país es de $34.876, monto que pagarán las variedades de autos con más años de antigüedad y que se encuentren bajo los $3.487.600 de tasación fiscal, detalló el SII.

Los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, cuyo año de fabricación sea de 2021 en adelante, pagarán un 25% del impuesto anual por permiso de circulación.

“Ese beneficio rige para 661 vehículos, distribuidas en 63 marcas y en 181 modelos”, se especificó.

Por último, en el caso de los vehículos pesados como camiones, buses urbanos, buses rurales, tracto camiones y acoplados, entre otros, la tasación permite calcular la base imponible sobre la cual debe aplicarse la presunción de renta, con el objeto de calcular el impuesto a la renta y el monto de los pagos provisionales mensuales establecidos en la normativa.

A partir del 1 de enero de 2026, a todas las personas que emiten boletas de honorarios se les aplicará una retención del 15,25%.

Actualmente, dicha retención es de 14,5% y ello regirá hasta el 31 de diciembre.

Como siempre, el cálculo se realizará automáticamente cada vez que un contribuyente emita una boleta a honorarios en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Por ejemplo, con la retención de 15,25% a partir del 1 de enero de 2026:

-Contribuyente cobró $100.000.
-Cálculo de retención 15,25%: $15.250 (sobre lo que se cobró).
-Finalmente, el contribuyente recibirá $84.750.

Hasta 2027, el aumento anual de la retención será de 0,75% por año.

En 2028, en tanto, aumentará 1%, por lo que ese año el total de la retención de las boletas de honorarios ascenderá a 17%.

Alza de la retención

En 2019, con la Ley N°21.133 se inició la cotización obligatoria de los trabajadores que emiten boletas de honorarios, incorporándoles a los regímenes de protección social y otorgándoles la misma cobertura de quienes trabajan de manera dependiente.

Para aminorar el impacto en las rentas líquidas de quienes boletean, se contempló una etapa de transición que culminará en el año 2027 y se determinó incrementar el porcentaje de retención mensual 0,75% cada año, entre 2019 y 2026; y de 1% en 2027:

– Año 2018: 10%.
– Año 2019: 10,75%.
– Año 2020: 11,5%.
– Año 2021: 12,25%.
– Año 2022: 13%.
– Año 2023: 13,75%.
– Año 2024: 14,5%
– Año 2025: 15,25%.
– Año 2026: 16%.
– Año 2027: 17%.

La obligación de cotizar se vincula a la declaración anual de impuesto a la renta efectuada en el SII, quien determina los montos de cada cotización e informa a la Tesorería General de la República (TGR) para transferir estos pagos a las entidades previsionales correspondientes.

Con el pago de la cotización en la Operación Renta se obtiene acceso a las siguientes coberturas previsionales: Asignaciones familiares, Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP); Pensiones de Invalidez, Sobrevivencia y Vejez, Cuota mortuoria, Sistema de salud, Seguro de Acompañamiento para Niñas y Niños (Ley SANNA).

Las coberturas señaladas se inician cada año a partir del 1 de julio con una vigencia hasta el 30 de junio del año siguiente.

La discusión sobre si se deben eliminar o no las contribuciones se ha tomado parte del debate público en lo que va de la semana.

Este lunes, el presidente Gabriel Boric se refirió a la propuesta como algo “injusto”, ya que, según indicó, “las contribuciones urbanas las paga solo el 20% más rico de la sociedad, y eso se distribuye a las comunas más pobres”

Las contribuciones son impuestos territoriales para bienes raíces como casas, departamentos, estacionamientos y bodegas; y para propiedades rurales destinadas a la agricultura.

Se trata de un tributo que se aplica sobre el avalúo fiscal de las propiedades. Lo anterior, independiente de si esta está en uso o de si, por ejemplo, ya se terminó de pagar el crédito hipotecario.

Las contribuciones se pueden pagar en cuatro cuotas trimestrales durante el año —en abril, junio, septiembre y noviembre—, o en una sola cuota anual.

¿Quiénes no deben pagar contribuciones en Chile?

En el caso de los bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación, el monto exento de impuesto es de $56.846.995 durante el primer semestre de 2025. Como referencia, son alrededor de 1.450 UF.

Recordemos que el avalúo fiscal es el valor que asigna el Estado a una propiedad para fines tributarios, y suele ser menor al valor comercial o de compra.

De acuerdo con la Tesorería General de la República, alrededor del 70% de las viviendas y otros inmuebles del país tienen un avalúo inferior al monto establecido, por lo que están exentos del pago de contribuciones.

Como referencia, según datos de 2023 proporcionados por Unholster a Diario Financiero, en Chile, más de 4 millones de personas naturales poseen propiedades inscritas a su nombre. De ellas, cerca del 73 % tiene una sola propiedad, con un avalúo fiscal promedio de $32 millones.

Por último, también están exentos de todo o de parte del impuesto territorial: propiedades fiscales, servicios públicos, bienes raíces municipales, establecimientos educacionales, propiedades destinadas al culto, entre otros.

¿Quiénes reciben descuento en el pago de las contribuciones?

Así como existen bienes raíces exentos del pago de contribuciones, también hay casos en los que se aplican rebajas en este impuesto.

Según explican desde ChileAtiende, aquellos adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica que sean propietarios de bienes raíces no agrícolas habitacionales —y vivan en él—, pueden acogerse “a la rebaja de las 2 últimas cuotas de las contribuciones correspondientes al segundo semestre de un año y las 2 primeras cuotas del primer semestre del año siguiente”.

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, entregó su último punto de prensa oficial como encargado de la institución, luego que el propio presidente de la República le pidiera la renuncia, por el escándalo de contribuciones en Paine.

Recordemos que mediante una investigación periodística, se conoció que Etcheberry adeudaba unos 9 años de contribuciones por una vivienda que contaba con construcciones que, además, no estaban regularizadas.

Aunque el encargado de Impuestos Internos dijo que había intentado regularizar su situación, y que en la autoridad comunal “no hicieron la pega” desde el Municipio de la mencionada comuna afirmaron que no se habían respondido las observaciones a las solicitudes ingresadas, por lo que se rechazaron.

Etcheberry por salida del SII: “Yo la verdad es que no quería irme”

Después de dar cuenta de los trabajos y avances en su poco más de un año de trabajo -como el combate a la elusión, destape de casos de fraude al fisco, entre otros-, Javier Etcheberry, acompañado de la nueva directora (s), Carolina Saravia, sostuvo a la prensa del lugar que “yo la verdad es que no quería irme. Creo que esto que les digo y lo que viene adelante -para el SII- es muy importante y yo estaba contento trabajando acá”.

“Esto lo revisó, yo hice un expediente completo de la situación, además lo hice público, está en la web del Servicio. Por petición del Ministro, le pasé todos los papeles a la subsecretaria, quien la revisó con asesores y no hay nada irregular de las cosas que hice”, afirmó.

Con todo, sostuvo que “soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno, que pensó que era mejor tomar esa decisión y, por lo tanto, me pidieron el cargo”.

Y a forma de una especie de mea culpa, Etcheberry dijo que un error fue no haber hecho las cosas “con mucha mayor velocidad”.

“Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas, y me despreocupé de estar apurando al Servicio para que me actualizaran luego el catastro en base a la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé, o no me preocupé lo suficiente”.

Ahora bien, consultado sobre un posible daño del caso a la imagen del SII, él desestimó la pregunta, para luego apuntar, respecto a la renuncia de prescripción de 3 años por contribuciones, que “yo no sabía si era mejor hacerlo o no hacerlo, porque yo decía, si lo hacía, de alguna manera reconocía que había actuado mal, entonces por eso no lo hice al principio, consulté y me dijeron que no lo hiciera”.

“Después decidí hacerlo, consulté y me dijeron que lo hiciera. Yo estaba abierto a hacerlo o no hacerlo. Bueno ya lo hice, no voy a echarme para atrás ahora”, concluyó al respecto.

Este sábado parlamentarios de oficialismo y oposición hablaron sobre la solicitud del Ejecutivo al director del Servicio de Impuestos Internos (SII) luego de que fuera denunciado por no pagar contribuciones de una casa en Paine.

Cabe recordar que luego de que se destapara el caso, el director del ente fiscalizador, Javier Etcheberry, pagó las contribuciones que no había cancelado en los últimos 9 años, y este viernes el ministro Mario Marcel le solicitó la renuncia.

Por este motivo, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, aseguró que la permanencia de Etcheberry en su cargo era “insostenible”.

“Habíamos dicho que era insostenible la permanencia del director del SII, dado el tejado de vidrio que se tenía y esto se cruzaba con las tareas que el gobierno le había, dado que tiene que ver con la lucha contra la evasión y la informalidad”, comentó.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Héctor Ulloa, cree que el haber cancelado lo que Etcheberry dejó de pagar, solo confirma la gravedad del caso.

“El hecho de haber pagado lo adeudado por parte del propio director no ha sido otra cosa que confirmar tácitamente la gravedad de las acusaciones por las cuales se le ha solicitado su renuncia”, aseguró.

“Es una falta grave de probidad”

En tanto, el diputado Demócrata y presidente de la Comisión de Economía, Víctor Pino, criticó la demora con la que el gobierno le pidió la renuncia a Etcheberry.

“Es una falta grave de probidad, de transparencia y que el gobierno se demore en solicitar la renuncia es refrendar el apoyo a estos personajes que no cumplen con lo que la ciudadanía espera”, indicó.

Mientras la renuncia del cuestionado director del SII se materializará este martes, la actual subdirectora de fiscalización, Carolina Saravia, asumirá el cargo desde el 31 de julio.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) para obtener información detallada sobre cómo se fija el avalúo fiscal de los inmuebles no agrícolas en Chile.

Esto, según información compartida por el sitio web oficial del CPLT, pues el 1 de enero del 2026 entrará en vigor el proceso de reavalúo de los mismos.

Junto a ello, el Consejo solicitó también que se comunicaran las medidas de transparencia y acceso a la información implementadas en tal procedimiento.

Consejo para la Transparencia (CPLT) oficia al SII

La entidad, además, pidió al SII dar a conocer los requisitos que determinan si una propiedad puede quedar exenta del pago de contribuciones; las medidas de difusión que adopta el Servicio para comunicar esta información; y el procedimiento para que los contribuyentes puedan reclamar el revalúo de sus bienes raíces.

Por último, el CPLT requirió saber cuántos reclamos se presentaron en el último proceso de reavalúo; cuántos de ellos se acogieron y en qué se fundamentaron.

Este oficio se enmarca en un intercambio previo que ambas instituciones tuvieron en febrero, cuando el Consejo realizó el mismo requerimiento al SII. El Servicio tiene un plazo de 10 días hábiles para responder.

En el nuevo documento, el CPLT solicitó de igual manera conocer cuál es el procedimiento para establecer las denominadas “áreas homogéneas” que agrupan a las propiedades según sus características.

Al respecto, la presidenta del Consejo, Natalia González, enfatizó que “la transparencia y el acceso a la información son un pilar para que los ciudadanos puedan entender cómo, sobre la base y el respeto del principio de legalidad tributaria, el Estado fija el avalúo de las propiedades, el cual tiene impactos financieros y tributarios en millones de familias en todo el país”.

González detalló que si bien se han hecho esfuerzos por acercar el procedimiento de reavalúo a los contribuyentes, persisten dudas sobre la determinación del avalúo y el procedimiento de reclamación, entre otras cosas.