Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en el país.

La situación ha generado polémica debido al carácter ilícito de estas actividades, donde incluso la Corte Suprema ha dictaminado de forma categórica que el juego online no regulado constituye un acto ilícito que vulnera el ordenamiento vigente. De hecho, esta ya había ordenado el bloqueo de estas plataformas a empresas de telecomunicaciones para impedir su funcionamiento en el país, hasta la fecha sin éxito.

Por su parte, aunque el SII reconoce que estas plataformas han sido declaradas ilegales, sostiene que su deber es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, argumentando que no le compete calificar la licitud de la actividad, sino velar por la recaudación de impuestos.

En este contexto, existe una disonancia entre el marco legal actual y el mandato judicial de bloquear y eliminar estas plataformas de la web chilena, con la reciente resolución del SII, que básicamente las invita a inscribirse en un registro especial para declarar y pagar impuestos.

Desde el mundo privado y político, las reacciones no se han hecho esperar, con acusaciones de que este cobro de IVA podría implicar una legalización de facto. Otro antecedente relevante para tener en cuenta es que, en paralelo, en el Congreso se discute un proyecto de ley que busca transitar este rubro desde la ilegalidad actual hacia un mercado regulado.

Estas son las claves para entender la polémica del momento.

Las plataformas de apuestas en línea no son legales

En Chile, los juegos de azar están prohibidos por regla general, salvo excepciones expresamente autorizadas por ley, como la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. Asimismo, la Ley de Casinos (Ley 19.995), que regula los casinos físicos, establece explícitamente que los permisos de operación en ningún caso comprenden juegos de azar en línea.

En ese contexto, resulta impreciso apuntar a una “zona gris” regulatoria que habría permitido que estas plataformas operaran durante años sin una definición legislativa. De hecho, el máximo tribunal fue categórico al determinar que el juego online sin autorización legal constituye un “acto ilícito” que vulnera el ordenamiento jurídico vigente y ratificó que estas plataformas operan fuera del marco legal chileno.

No obstante, a pesar de la claridad del fallo, algunas plataformas han resurgido bajo nuevos dominios o nombres ligeramente modificados para esquivar el bloqueo judicial. Cabe recordar que, aunque se conocen las marcas comerciales y algunas de las empresas que las operan, existe dificultad para conocer con certeza quiénes son los dueños últimos y el origen de los fondos de muchas de estas plataformas que operan desde el extranjero.

Las razones del SII para cobrar IVA a las plataformas de apuestas

De acuerdo con el SII, la polémica resolución vendría a ser un acto técnico de fiscalización para capturar impuestos adeudados por servicios digitales, separando esta labor de la discusión sobre la legalidad de las apuestas, la cual delega en otros organismos competentes y en el Congreso.

El organismo afirma que, independientemente de que otras autoridades o tribunales hayan declarado la actividad como ilícita, el SII está obligado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de hechos gravados por ley.

Dentro de la resolución se apunta a que, según la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), se debe gravar con IVA el suministro o la entrega de “contenido de entretenimiento digital”. Por ejemplo, actualmente Netflix tributa bajo este régimen de tributación.

Por lo tanto, el SII concluye que, si efectivamente se está realizando la actividad de entretenimiento digital (apuestas), es su deber adoptar las medidas necesarias para asegurar el pago del impuesto por parte del contribuyente, independientemente de su estatus legal.

Gobierno apuesta por la propuesta legislativa

En paralelo a la polémica por el funcionamiento de las plataformas de apuestas online —que siguen operando pese a la orden de bloqueo de la Corte Suprema— y la reciente resolución del SII, el Congreso tramita desde 2022 un proyecto de ley que busca regularizar formalmente a esta industria. De hecho, a inicios de mayo, el gobierno de José Antonio Kast volvió a acelerar su discusión al otorgarle suma urgencia.

En resumen, el proyecto apunta a crear un marco regulatorio para autorizar y fiscalizar a las empresas de apuestas online, estableciendo requisitos para su operación. Por ejemplo, según indica el documento, entre sus principales objetivos están la protección de los jugadores, el combate a conductas adictivas y al juego ilegal, además de la regulación de la publicidad y el resguardo de los intereses fiscales.

Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto de las posibles presiones ejercidas por el sector de las apuestas digitales para inclinar la balanza a su favor. Cabe recordar que la mayoría de estas empresas están agrupadas en la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), entidad que realiza gestiones de lobby ante el Congreso y el Gobierno para incidir en la regulación del sector.

De hecho, la controversia por un presunto conflicto de interés remeció a la Segpres la semana pasada, tras revelarse que la actual asesora legislativa, María Trinidad Sainz Reyes, ejerció como lobbista de la industria de las apuestas online antes de incorporarse al ministerio.

¿Una legalización de facto?

Desde ya, críticos hablan de una posible legalización de facto de las casas de apuestas online, con la tributación como un primer paso en esta línea. Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos aseguraron que la medida “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal”.

“Estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”, acusaron.

En el mundo político, senadores como Esteban Velásquez y Diego Ibáñez anunciaron que presentarán los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida. Este último apuntó a que el SII estaría intentando avanzar regulatoriamente por vía administrativa en una materia que el Parlamento aún está debatiendo.