La Asociación Chilena de Casinos y Juegos A.G. presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico contra el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La anterior busca impugnar la Resolución Exenta N°69, de 2 de junio de 2026, que habilita un sistema para que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile que presten servicios de apuestas, juegos de azar y casinos en línea cumplan sus obligaciones tributarias; el Ordinario N°1658, de 8 de julio de 2026, que fija la base imponible para los operadores inscritos; y la publicación, el 15 de julio de 2026, de la nómina oficial de 25 plataformas inscritas.

La asociación, que reúne a 16 casinos con cerca del 67% de los establecimientos del país, sostiene que el SII “ha organizado la tributación de una actividad prohibida por ley“. Según el escrito, la explotación de juegos de azar en línea no está autorizada para ningún operador en Chile, incluidos los casinos con permiso, y que la resolución perturba el ejercicio de la actividad económica lícita de sus asociados, garantizada por el artículo 19 N°21 de la Constitución.

El recurso sostiene que el SII aplicó a las apuestas un hecho gravado del IVA pensado para el entretenimiento digital, y que fijó por oficio una base imponible sobre el margen de juego que la ley no contempla. Además, cuestiona que el SII haya abandonado, sin motivación suficiente, el criterio de 2023, cuando excluyó a estas plataformas del régimen simplificado por la ilicitud de su actividad.

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La presentación también advierte que la Contraloría General se abstuvo de pronunciarse mediante el dictamen N°D348/2026, de 10 de julio de 2026, y que la asociación interpuso un recurso de reposición el 17 de julio de 2026. Según el escrito, los actos impugnados siguen vigentes.

Frente al argumento del SII de que la exigencia del impuesto “no supone autorizar ni legitimar la actividad“, la asociación respondió con que las propias plataformas han usado su inscripción para acreditar cumplimiento y para resistir el bloqueo de sitios ordenado judicialmente. El escrito cita que el número de plataformas inscritas pasó de 25 en julio a 39 en septiembre de 2026.

La asociación pidió que la Corte declare ilegales los actos impugnados, que se deje sin efecto la resolución y el ordinario, y que se ordene retirar la nómina de plataformas inscritas. Asimismo, solicita una orden de no innovar mientras se tramita la causa, argumentando que la inscripción y la nómina se consolidan como una regularización de hecho.