Ya no son solo los secretos de Estado los que Pekín quiere mantener dentro de sus fronteras, sino también los cerebros, sobre todo los de los ingenieros y profesionales de las tecnologías.
En un contexto de rivalidad con Washington en la carrera de la inteligencia artificial, este nuevo endurecimiento busca, en particular, evitar la fuga de talentos y de conocimientos estratégicos.
Las nuevas normas permiten prohibir la salida del territorio a cualquier persona acusada de haber infringido los controles sobre las exportaciones tecnológicas.
La duración de esta restricción no está especificada y la formulación es lo suficientemente amplia como para abarcar a investigadores, ingenieros o directivos de empresas privadas.
Funcionarios públicos, militares y empleados de empresas estatales ya estaban sometidos a una estrecha vigilancia: muchos deben entregar su pasaporte a su empleador y obtener autorización antes de cada viaje.
Estas restricciones quedan ahora formalizadas y las agencias de inmigración deberán señalar las salidas consideradas irregulares de personal catalogado como sensible.
Pekín asegura que los viajeros comunes no se verán afectados.
Sin embargo, los juristas temen un efecto disuasorio: ante conceptos tan vagos como la “seguridad tecnológica”, los responsables podrían denegar autorizaciones por precaución.
En medio de la rivalidad con Estados Unidos, viajar al extranjero podría convertirse para un número cada vez mayor de chinos no en un derecho, sino en un privilegio revocable.
