¿Una mosca puede desatar una batalla comercial? el nuevo conflicto entre Perú y Chile por la fruta

La aparición de la mosca del Mediterráneo en la región de Arica y Parinacota ha desatado una controversia de alto calibre entre Perú y Chile, dos potencias agroexportadoras de Sudamérica.

Lo que podría parecer un incidente técnico derivó en un choque político, diplomático y comercial, con acusaciones cruzadas, oficios enviados a ministerios y el riesgo de que se vea comprometida la reputación sanitaria de ambos países en mercados internacionales.

El conflicto se inició cuando los senadores chilenos José Durana y Gustavo Sanhueza, ambos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), responsabilizaron directamente a Perú por el brote de la plaga en el norte de su país. La mosca de la fruta, conocida científicamente como Ceratitis capitata, es considerada una de las más destructivas para la agricultura a nivel mundial.

“El norte está atrapado en cuarentena fitosanitaria mientras Perú, que nos infectó, se convierte en el mayor exportador de frutas de Sudamérica. Y lo peor: Chile le abre aún más el mercado, firmando convenios para que sigan entrando limones, uvas y naranjas. Es una burla para nuestros agricultores”, afirmó el senador Durana, representante de Arica.

El legislador también expresó preocupación por la falta de fiscalización efectiva en el paso fronterizo. “Nuestros camiones no pueden ni ir a la zona central, pero los peruanos entran por Chacalluta sin que nadie los revise. ¿Dónde está el Estado? El SAG no tiene herramientas reales para frenar la entrada de la plaga y no puede fiscalizar en frontera. El control está en tierra de nadie”, agregó.

Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza, integrante de la Comisión de Economía del Senado, advirtió que este tipo de incidentes compromete gravemente la imagen internacional del país. “Aquí no hay reciprocidad ni lógica económica. Estamos premiando a quienes comprometen la reputación fitosanitaria de Chile. La mosca no solo arruina frutas: arruina empleos y crecimiento en las regiones”, sostuvo.

Advertencias previas

A fines de junio, semanas antes de que el conflicto se hiciera público, autoridades regionales en Tacna ya habían alertado sobre el incremento de esta plaga en sus territorios.

Freddy Llanque Ramírez, director regional de Agricultura de Tacna, manifestó en ese momento: “Se ha subido el índice en la región de la presencia de la mosca de la fruta. Estamos trabajando en eso para frenarlo y no tener problemas más serios más adelante”.

Llanque Ramírez señaló que los cultivos alternativos como la guayaba, el pacay o la manzana contribuyen a atraer al insecto, lo que genera mayor riesgo para los productos agrícolas. Por tal motivo, el gobierno regional de Tacna solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto adicional de cinco millones de soles para combatir su propagación.

Desde el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú, César de la Cruz Lescano, secretario técnico de la institución, también se pronunció por esas fechas: “Estamos trabajando fuertemente en ese aspecto. Necesitamos que más productores se integren a esta labor, no se olvide que quien está a cargo del campo y quien maneja la cosecha es nuestro productor y para eso necesitamos de su apoyo”.

Reclamos y medidas

A raíz de estas denuncias, los parlamentarios chilenos elevaron un oficio al Ministerio de Agricultura exigiendo medidas inmediatas, entre ellas, endurecer los controles fronterizos y establecer sanciones penales a los responsables del ingreso de carga contaminada.

Actualmente, se encuentra en discusión un proyecto de ley que contempla incluso la incautación de camiones con productos agrícolas contaminados.

No obstante, los senadores reclaman la falta de voluntad política para avanzar en dicha legislación. “Vamos a exigirle al Ejecutivo que le ponga urgencia inmediata. Ya nos reunimos con la ministra, hemos enviado oficios, y lo único que recibimos son excusas”, indicaron.

La respuesta desde Perú

Frente a las acusaciones, el Senasa emitió una declaración oficial en la que negó tajantemente ser responsable del brote en Chile y defendió la solidez de su sistema de control fitosanitario.

El organismo recordó que desde 1998 implementa un programa integral para controlar esta plaga, el cual ha sido auditado por países como Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia y el propio Chile.

“El sistema fitosanitario peruano es auditado estrictamente por países como Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia y el propio Chile, cuyos técnicos visitan anualmente el país para verificar que se cumplan los estándares sanitarios. A la fecha, el Perú no ha tenido observaciones relevantes en estas auditorías”, señaló Senasa.

Explicaron que el programa abarca 1.6 millones de hectáreas agrícolas y cuenta con una red de 82 laboratorios, generando informes diarios sobre la actividad de especies consideradas riesgosas. “Las agroexportaciones peruanas están respaldadas por un sistema de certificación fitosanitaria de primer nivel que incluye trazabilidad moderna, inspección de predios, empacadoras y registro de exportadores”, añadió la entidad.

Centros de tratamiento

En un intento por contener las consecuencias del conflicto, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y el Senasa peruano acordaron habilitar centros de tratamiento fitosanitario en la ciudad de Arica. Estos centros estarán destinados a corregir posibles embarques contaminados, evitando su retorno al país de origen.

Esta decisión, sin embargo, ha sido interpretada por algunos sectores políticos como una muestra de debilidad institucional. “Mientras Perú exporta más de 562 mil toneladas de uva y lidera el comercio de limones y naranjas, nosotros les ponemos centros de corrección fitosanitaria en vez de cerrarles la puerta. ¿A quién protege el Estado chileno?”, cuestionó Durana.

Impacto económico

La mosca del Mediterráneo puede atacar más de 250 especies de frutas y hortalizas, generando pérdidas que oscilan entre los 400 millones y los 2.400 millones de dólares anuales, según el nivel de infestación.

En términos comerciales, los países compradores suelen exigir fruta libre de esta plaga, lo que significa mayores exigencias técnicas, aplicación de químicos y, en algunos casos, la pérdida directa de mercados.

Entre enero y abril de 2024, las exportaciones chilenas de frutas alcanzaron un volumen cercano a los 1.5 millones de toneladas, generando ingresos por 4.441 millones de dólares FOB, de acuerdo con cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). Cualquier alteración en la imagen sanitaria del país puede repercutir en estos niveles de exportación.

Al mismo tiempo, Perú reportó ventas por más de 12.700 millones de dólares en el sector agroexportador durante 2024, consolidándose como líder regional. Gracias a los estrictos controles sanitarios y a la apertura de 36 nuevos mercados internacionales entre 2024 y 2025, sus productos llegan a más de 60 destinos.

¿Cooperación o escalamiento?

Si bien ambas autoridades fitosanitarias han mostrado voluntad de coordinación técnica, el tono político del conflicto continúa escalando. Legisladores chilenos han comparado la defensa de la frontera agrícola con el resguardo de la frontera migratoria, señalando que el Estado ha fallado en ambas.

Mientras las acusaciones cruzadas se mantienen, productores del norte de Chile y exportadores peruanos observan con incertidumbre cómo una plaga milimétrica ha derivado en un conflicto de alcance internacional.