Esta semana será clave en la discusión del proyecto de ley que presentó Hacienda para aumentar la deuda pública este año en US$6.200 millones, que sigue levantando las alertas de expertos por el estado de las finanzas públicas.

Mientras el oficialismo y las propias autoridades apuntan a la herencia que recibieron de la administración pasada, algunos irán más lejos y buscarán que la ex dipres, Javiera Martinez, dé explicaciones en el Congreso, respecto de la sobrestimación de las cifras en la elaboración del Presupuesto 2026.

Al mismo tiempo también se espera la mirada técnica del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que fue citado para una próxima instancia en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Gobierno busca emitir más deuda

En la Cuenta Pública del CFA la semana pasada, la presidenta del órgano, Paula Benavides, reiteró con sentido de urgencia la necesidad de equilibrar la deuda pública para que no supere el 45% del PIB: “El menor dinamismo del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de la relga de balance estructural, han situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables”.

Emilio Venegas, Socio Líder de Advisory de BDO Chile, señaló que es complejo que se supere el nivel prudente este año, como plantean los economistas, porque en “tiempo de vacas flacas”, un mayor endeudamiento ralentiza el crecimiento y la posibilidad de suministrar dinero para emergencias.

Según explicó Venegas, “entre más alto es un porcentaje de endeudamiento, más alto es el nivel de riesgo de un país (…) Por ejemplo, si viniese otro Covid, no tendríamos mucho más espacio para emitir más deuda”.

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), que en primera instancia se mostraron reticentes al proyecto, manifestaron que “estarán los votos”, luego de llegar a un acuerdo con el ministro Jorge Quiroz que, entre otras cosas, fijaría que NO habrán más reajustes con el sector público por encima del IPC.

Gabriela Farias, vicepresidenta nacional de la CUT y encargada de las secretarías del sector público de la Central, rechazó el acuerdo con los libertarios y dijo que los trabajadores públicos no son un gasto que puede ajustarse según conveniencias políticas.