Este viernes se cumple el plazo dado por Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, si no quieren enfrentarse a represalias.

Por nombrar algunas: Visa y Mastercard acataron la orden; también las grandes cadenas hoteleras españolas Iberostar y Meliá; la minera canadiense Sherritt -la mayor inversión extranjera en Cuba- anunció hace un mes su salida inmediata de la isla para evitar las sanciones estadounidenses.

EEUU escaló así la presión que venía ejerciendo sobre Cuba desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica del país, pues la isla sólo produce un 40% de sus necesidades energéticas.

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo preveía, en tanto, estipula sanciones para las personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales o financieros con el Gobierno cubano y, especialmente, en los sectores energético, financiero y de defensa.

Cuba ofrece a la diáspora y a otros países operar hoteles

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, da por hecho que habrá hoteles en la isla que tendrán que volver a operar y aseguró que estudian distintas modalidades de negocio con cubanos que quieran invertir y administrarlos y personas de otros países o entidades que no tienen cuentas ni dependencia de Estados Unidos, en una entrevista con el medio digital español elDiario.es.

Díaz-Canel también apunto que el país tiene una planta hotelera, a partir de las inversiones que hizo el país, que se puede utilizar hoy, por ejemplo, mediante activos, para compensar deuda o hacer negocios.

En el ámbito energético, denunció que “el cerco es tan brutal” que no llega el combustible que necesita el país, pero que no se van a rendir y que han abierto la importación de combustible para el sector privado.

Indicó que el sector privado cubano solo ha podido, en estos meses, importar alrededor de 27.000 toneladas de combustible, de ellas 6.000 toneladas de gasolina (menos de la mitad del consumo que necesita el país en un mes) y 21.000 de diésel (una semana de generación eléctrica).

El presidente de Cuba insistió en que tienen que vivir de su fuente de energía, el crudo nacional pesado con el que funcionan sus termoeléctricas, y que han aplicado ciencia e innovación para refinarlo.

“Los gendarmes del aparato de gobierno norteamericano, cada vez que se enteran de que un barco viene con intenciones de llegar a Cuba, hacen presión (…) Solo ha llegado en más de cinco meses un barco ruso”, acusó.

La idea de abrir parte de Codelco al sector privado generó opiniones divididas.

Por ejemplo, Sergio Bitar y Laurence Golborne -ambos exministros de Minería- se refirieron a aquello: el primero defendió el carácter estatal de la cuprífera; mientras que el segundo apuntó a que no hay que cerrarse a ninguna opción.

Opiniones dividas sobre Codelco y una apertura a privados

En detalle, las dudas en torno a la producción y el endeudamiento de Codelco abrieron el debate de que la estatal se abra a privados.

En las últimas horas la presidenta de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó -en entrevista con radio Universo- que “sí es bueno que haya participación privada, sobre todo por la mirada que esto le permite al mercado respecto del funcionamiento de la gestión y la eficiencia”.

Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su presidente Jorge Riesco se desmarcó de los dichos de Jiménez.

Opinó que levantar la bandera de la privatización representa un esfuerzo político desgastante e inviable en el Chile actual.

La Radio se contactó con seis ramas gremiales para conocer sus posturas al respecto. Todas se excusaron de abordar ese escenario.

Quien sí contestó fue el exministro de Minería, Laurence Golborne. Expresó que no hay que cerrarse a la opción de incluir capitales privados a la estatal.

Lo anterior, argumentó, porque permitiría mayor recaudación.

El también exministro de la cartera, Sergio Bitar, enfatizó en que lo central es mantener en el Estado la empresa e invertir en su desarrollo para lograr más inversión.

Aurora Williams, que también ejerció como secretaria de Estado en Minería, hizo hincapié en que cualquier cambio debe, en primer lugar, pasar por el gobierno corporativo y por cambios legales.

Una auditoría interna de Codelco reveló -de forma preliminar- que 20 mil toneladas de material se añadieron a la producción de la estatal de forma irregular.

Sin embargo, ello permitió que la estatal lograra las metas del año pasado y se pagaran bonos por producción a ejecutivos.

Por último, el economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseveró que la cuprífera estatal “indudablemente enfrenta súper altos problemas. Tiene un nivel de endeudamiento que, si fuera una empresa privada, estaría quebrada”.

La frase acuñada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en su debut en Chile Day: “Vuelvan por favor (Please, come back)”, ha sido celebrada por el mundo privado en Chile.

Una invitación a que desde el exterior miren a nuestro país “con ojos distintos”, transparentando eso sí los pormenores y desafíos que enfrenta el desarrollo económico local, pero confiados en que “este Gobierno traerá consigo el cambio”.

Bajo esa tónica el secretario de Estado, ha promovido un discurso que el mercado reconoce como “orientado a la acción”, demostrando que hay trabajo de por medio y que pronto se verán los resultados.

Los esfuerzos de Qurioz para el “comeback” de inversores extranjeros

Y al igual que la visión que tiene Quiroz, los empresarios chilenos depositan sus expectativas en el proyecto de Reconstrucción Nacional y, por supuesto, la rebaja impositiva que emociona al sector.

Consultados en exclusiva por La Radio, representantes del mundo privado prefirieron no situarse en el hipotético de que el proyecto se rechace en el Congreso y aprovecharon de hacer un llamado al mundo parlamentario “a buscar lo mejor para Chile”.

Fueron parte de las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, sobre una debate que “tiene consensos incluso desde de la administración pasada”.

“Tomemos en cuenta lo que está en juego, que es el crecimiento de nuestro país. Cuando hablamos de la tasa corporativa, por ejemplo, es una discusión histórica que se ha tenido hace ya más de tres años”, dijo Pakomio.

Si bien reconocen que uno de los elementos centrales del plan económico son los cambios tributarios, otros líderes de gremios apuntaron favorablemente a la permisología y el enfoque que quiere seguir la administración Kast.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, expuso como recientemente le tocó recibir a un grupo español que viene a hacer una inversión de US$120 millones en cerdos en Chile, destacando que ese mismo proyecto lo hicieron en Brasil en apenas dos meses.

En ese sentido, Walker también hizo su propio llamado al parlamento “a pensar en Chile. Somos un motor muy potente para que Chile vuelve a crecer. Déjenos prender los motores”.

“Las condiciones se darán”, dijo Jorge Quiroz en Nueva York y lo repitió en Canadá con el respaldo de los empresarios chilenos que ven con ilusión dejar atrás la mediocridad de conformarse con un crecimiento del 2%.

Una nueva sesión del Comité de Ministros se desarrollará este lunes, instancia clave del sistema de evaluación ambiental que deberá pronunciarse sobre cuatro iniciativas que, en conjunto, comprometen inversiones por unos 400 millones de dólares y que mantienen controversias administrativas.

De acuerdo con la citación oficial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la quinta sesión ordinaria de 2026 fue convocada para las 16:00 horas en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo en tabla proyectos de minería, energía y obras públicas que enfrentan distintos tipos de reclamaciones.

Recordemos que la instancia es encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; junto a sus pares de Salud, May Chomali; Economía y Minería, Daniel Mas; Agricultura, Jaime Campos; además de la titular de Energía, Ximena Rincón.

Proyectos en disputa y sus detalles

Entre las iniciativas que serán analizadas figura la Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine, ubicada en la región de Antofagasta y desarrollada por la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine.

El proyecto busca producir sales de potasio en el Salar de Atacama, pero enfrenta una reclamación presentada por su titular, lo que da cuenta de discrepancias con resoluciones previas del proceso ambiental.

También se revisarán las obras para control aluvional y de crecidas líquidas en la Quebrada de Ramón, en la región Metropolitana, impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas. Esta iniciativa apunta a mitigar riesgos de aluviones en zonas precordilleranas de Santiago, aunque fue objeto de reclamaciones vinculadas a la participación ciudadana (PAC).

Así también, en la región de Valparaíso, el Comité analizará el proyecto Hidrógeno Verde Bahía de Quintero, de GNL Quintero S.A., orientado a la producción de combustibles limpios en una zona históricamente impactada por actividades industriales. La iniciativa también enfrenta reclamaciones asociadas a observaciones ciudadanas dentro del proceso de evaluación.

Finalmente, se abordará el Estudio de Impacto Ambiental de la nueva subestación seccionadora Nueva Lagunas y la línea de transmisión 2×500 kV Nueva Lagunas–Kimal, de Interconexiones del Norte S.A., un proyecto energético de carácter interregional clave para el sistema eléctrico. En este caso, existen reclamaciones tanto de la participación ciudadana como del titular.

Presión por agilizar inversiones

Según antecedentes publicados por Emol, estas iniciativas representan un volumen de inversión relevante —que bordea los US$400 millones— y reflejan el desafío del Ejecutivo por destrabar proyectos con impacto económico, pero que enfrentan cuestionamientos técnicos, ambientales y sociales.

De hecho, esta sesión se enmarca en la estrategia del Gobierno por acelerar la tramitación de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en un escenario donde el Comité de Ministros ha retomado protagonismo como instancia para resolver controversias.

Cabe destacar que la resolución de estos cuatro proyectos es seguida de cerca tanto por el sector privado como por comunidades y organizaciones ambientales, debido a su impacto territorial y a los precedentes que pueda sentar el Comité en materia de reclamaciones.

Así, la jornada de este lunes aparece como un nuevo test para la capacidad del Ejecutivo de equilibrar el impulso a la inversión con las exigencias regulatorias, en medio de una cartera de proyectos que continúa generando debate en distintas regiones del país.

La brecha entre el tipo de cambio fijado por el Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo se ha acortado en los últimos días en el país caribeño, en medio de la expectativa por los pasos que dará el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en materia económica y tras el anuncio del ingreso de dólares al mercado local, producto de la venta de petróleo a Estados Unidos.

En declaraciones a EFE, el economista Asdrúbal Oliveros explicó que a principios de este mes, luego del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero -que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores-, hubo una “sobrerreacción” en el mercado cambiario.

Ese día, la cotización del dólar paralelo alcanzó los 900 bolívares, mientras que el regulado por el Banco Central de Venezuela (BCV) se mantuvo en los 304 bolívares, una diferencia del 99%.

Casi tres semanas después, la moneda estadounidense se transa en el mercado paralelo entre los 400 y 500 bolívares, al tiempo que el publicado por el BCV cerró este miércoles en 349,92 bolívares.

El mercado paralelo de divisas en Venezuela

El bolívar es la moneda legal del país, pero el dólar estadounidense -y en ocasiones, el euro- se utiliza como referencia para fijar los precios de bienes y servicios.

El tipo de cambio lo establece el emisor. No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio que se traduce en distintos precios que un producto puede tener según la moneda que se use para la compra.

Para Oliveros, la “sobrerreacción” de comienzos de mes se ha moderado cuando empieza a verse “lo que viene después”. “Entran en juego expectativas positivas de lo que puede pasar con la economía y un anuncio de intervención cambiaria”, señaló el economista.

La semana pasada, la mandataria encargada dio a conocer la llegada de recursos provenientes de la venta de crudo que, aseguró, serán utilizados en la banca nacional y por medio del emisor para “consolidar y estabilizar el mercado”.

Este martes, la funcionaria confirmó, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que “de los primeros US$500 millones” producto del acuerdo con la Casa Blanca “han ingresado US$300 millones”.

¿Sostenible en el tiempo?

También este martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se refirió al descenso del llamado “dólar paralelo” desde “poco más de 900 bolívares por dólar”, dijo, hasta “estar cerca o por debajo de los 400 bolívares por dólar”.

En ese contexto, el titular de la Asamblea Nacional pidió una reducción de los precios al consumidor.

Pese a las previsiones que ha despertado el comportamiento de la divisa verde, Oliveros ha indicado que está por verse si la reducción en la brecha cambiaria es sostenible en el tiempo. En ese sentido, advirtió que, además de la inyección de dólares al sistema bancario, es necesario, detalló, introducir reformas “profundas” en los ámbitos fiscal, monetario y cambiario.

“Si no resuelves esos desequilibrios en los próximos días, no es descabellado pensar que la tasa vuelva otra vez a depreciarse y la brecha pueda volver a abrirse”, alertó.

Oliveros apuntó que desde el 15 de diciembre pasado no había venta oficial de divisas ni criptomonedas, aspecto que consideró crítico para las empresas, al indicar que el Estado sigue siendo “el principal oferente” de monedas extranjeras.

“No veíamos un periodo tan largo de escasez en ventas de divisas desde 2019”, apuntó el experto, quien explicó que “prácticamente el 70% de los dólares que compra el sector privado” proviene del Estado.

Para el consultor empresarial, se requiere establecer un sistema de “subasta transparente” en el que la tasa de cambio refleje las condiciones de la oferta y la demanda y permita la participación de pequeñas y grandes empresas, así como de particulares.

También ve necesario rescatar los desequilibrios monetarios y fiscales.

“En la medida que logres estas cosas, que son muy fácil decirlas, pero implementarlas probablemente lleve más tiempo, pudieras tener un sistema cambiario que redunde en una estabilidad de la tasa de cambio, que es lo que al final se busca”, subrayó.

Entre las acciones venideras, Jorge Rodríguez anunció este martes que se trabajará en un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, presentado por su hermana, la presidenta encargada, la semana pasada.

Rodríguez indicó, en declaraciones a la prensa tras una reunión de la comisión consultiva del Parlamento, que ese texto legislativo es “muy pertinente” por la diferencia entre el tipo de cambio paralelo y oficial en el país.

El objetivo de la ley, prosiguió, es que los comerciantes entiendan que si “el precio del dólar baja, ellos también tienen que, en consecuencia” reducir el costo de los productos.

La Compañía General de Electricidad (CGE) y la Universidad de Chile comunicaron que sellaron un convenio de colaboración técnica y académica, que considera -entre varios aspectos- la investigación, asesorías, implementación de programas de prácticas profesionales y el desarrollo conjunto de proyectos I+D.

El acuerdo, se detalló en un comunicado, “propicia la participación de ejecutivos y profesionales de CGE en actividades académicas como cursos, charlas y actividades docentes dirigidas a estudiantes”.

Y en la misma línea, permitirá a la Universidad de Chile “potenciar su formación en pregrado, postgrado y postítulo, incluyendo el desarrollo de estudios e investigaciones académicas vinculadas al área de la distribución eléctrica y las tecnologías de las comunicaciones, con el objeto de llevar a cabo diversos proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica”.

Además, considera la implementación de programas de prácticas profesionales para que el alumnado desarrolle esa última etapa de la malla curricular en la empresa.

Ambas instituciones resaltaron que este convenio de colaboración “es de gran relevancia”, pues permite acercar al sector privado y la academia.

Iván Quezada, gerente general de CGE, destacó que con la firma de esta alianza se abrió la oportunidad “de compartir conocimientos, acercarnos a los académicos, y también poder conocer e incorporar estudiantes de esta casa de estudios, la más antigua y tradicional del país, a través de prácticas, de programas de reclutamiento de gente joven a la Compañía”.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, complementó que se trató del convenio “más amplio e integral” que la Universidad haya firmado con una compañía, pues aborda “toda la extensión de las funciones universitarias: la formación en todos sus niveles, la investigación, la innovación y el compromiso y el vínculo con el medio”.

La compañía distribuidora eléctrica actualmente presta servicio a más de 3,3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía. La Universidad de Chile, por su parte, es la institución de educación superior más antigua del país y posee más de 47.000 alumnos de pregrado, magíster y doctorado.

El enfriamiento del mercado laboral estadounidense se acentuó en noviembre, según un informe publicado este miércoles por la firma de procesamiento de nóminas ADP, que registró una pérdida neta de 32.000 empleos en el sector privado, con las pequeñas empresas como principales afectadas.

La caída, peor de lo previsto por los analistas, supone un giro significativo respecto a octubre, cuando se habían creado 47.000 puestos tras una revisión al alza.

El dato llega en un contexto excepcional debido al reciente cierre parcial del Gobierno estadounidense, que provocó que el Departamento de Trabajo cancelase varias publicaciones oficiales, incluyendo el informe de empleo de octubre, además de retrasar hasta el 16 de diciembre los datos de noviembre.

Ante la ausencia de indicadores públicos, informes como el de ADP se han convertido en referencia sobre la situación del mercado laboral en EEUU.

Estado del mercado laboral de Estados Unidos (EEUU)

Según la firma, noviembre fue débil para las empresas de menor tamaño: las empresas con menos de 50 trabajadores recortaron 120.000 empleos, la mayor caída desde marzo de 2023. Dentro de ese grupo, las compañías entre 20 y 49 empleados eliminaron 74.000 puestos de trabajo.

En contraste, las medianas y grandes —aquellas con 50 o más empleados— registraron un aumento neto de 90.000 puestos.

Por sectores, educación y servicios de salud encabezaron las contrataciones, con 33.000 nuevos empleos, seguidos de ocio y hostelería, que sumaron 13.000.

Sin embargo, los descensos fueron amplios y abarcaron buena parte de la economía, con caídas en servicios profesionales y empresariales, con una pérdida de 26.000 puestos; información, con 20.000; manufactura, con 18.000; y actividades financieras y construcción, que recortaron 9.000 cada uno.

El informe también refleja una moderación en el crecimiento salarial, y apunta a que los trabajadores que permanecieron en sus puestos vieron incrementos de 4,4 % interanual, una décima menos que en octubre.

“La contratación ha sido irregular últimamente, mientras las empresas lidian con consumidores más cautelosos y un entorno macroeconómico incierto”, afirma Nela Richardson, economista jefe de ADP.

“Y aunque la desaceleración de noviembre fue generalizada, estuvo liderada por un retroceso entre las pequeñas empresas”, agregó.

El informe de ADP es la última pieza relevante que recibirá la Reserva Federal antes de su reunión del 9 y 10 de este mes, en la que los mercados descuentan con cerca de un 90% de probabilidad un nuevo recorte de un cuarto de punto en los tipos de interés, según CNBC, pese a las diferencias internas entre los funcionarios sobre la necesidad de seguir relajando la política monetaria.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú autorizó el inicio de actividades exploratorias de dieciséis proyectos mineros, que representan en conjunto inversiones por 74,1 millones de dólares, nueve de los cuales ya empezaron esa etapa, y agregó que hay 32 potenciales proyectos de exploración para el próximo año, según informó este jueves la cartera en Lima.

El Ministerio peruano actualizó la Cartera de Proyectos de Exploración Minera (CPEM 2025), tras superar en el transcurso del año obstáculos en la “tramitología”, con la autorización de los dieciséis proyectos de exploración y el inicio de esa etapa, en Quellopunta, C.P.S. N°1, Anka, El Padrino, Chancho al Palo, Daylette, Marcobre, Huaro y Huarangayoc.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Ministerio precisó que actualmente hay ochenta proyectos con una inversión conjunta de 727,5 millones de dólares, ubicados en diecisiete de los veinticinco departamentos del país.

Esta cifra es menor a la edición anterior de marzo que consideraba 84 proyectos, con una inversión de 1.039 millones de dólares, por la salida de los proyectos El Carmen, al haber concluido con esa etapa, y Atalaya, Pórfido y Pucamayo Sur al haber sido desaprobados sus instrumentos de gestión ambiental.

La CPEM 2025 también presentó 32 potenciales proyectos de exploración minera, con un horizonte de inversión adicional que será evaluado en la próxima Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026, pero que en conjunto contemplan una inversión de 185,7 millones de dólares.

En ese grupo de proyectos, el Ministerio destacó, por su nivel de inversión, a Michiquillay (26,2 millones de dólares), en la norteña Cajamarca; Falchani (15 millones de dólares), en la surandina Puno; Elida (15 millones de dólares), en la andina Áncash; Colquemayo (13,5 millones de dólares), en la sureña Moquegua: y Cañón Florida (13,2 millones de dólares), en la norteña Amazonas.

Estos proyectos mineros son de titularidad de empresas del sector privado que pertenecen al estrato de régimen general (gran y mediana minería) y abarcan la exploración de sustancias metálicas.

La inversión minera total en Perú sumó 2.306 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que representó un alza de 7,2%, donde destacaron los rubros de exploración (34,9%) e infraestructura (12,2%).

Chile es reconocido en el extranjero por su potente industria minera, el cobre de alta calidad, las cerezas y los salmones, pero también por el alto nivel de su industria sanitaria y específicamente, en el tratamiento de aguas y acceso a agua potable.

El sector compuesto por empresas como Essbio, Esval o Aguas Andinas sacó elogios de participantes del IFAT Brasil 2025, congreso internacional que reúne a firmas de agua, alcantarillado, drenaje y soluciones para la recuperación de residuos.

Y es que en un continente con grandes desafíos en materia de saneamiento, Chile y sus compañías se elevan como un ejemplo a nivel regional de cómo el mundo privado y público pueden ofrecer servicios de primer nivel.

Ejemplo clásico de esto es la posibilidad de tomar agua “de la llave” sin problemas, contrario a otros lugares a lo largo de Latinoamérica -aunque algunas fuentes también incluyen a Costa Rica-.

Aunque como todo, hay desafíos pendientes.

Sector sanitario chileno: una relación entre empresas privadas y la regulación estatal

El sector de saneamiento chileno se puede dividir en dos: por un lado, están las compañías privadas, encargadas de realizar los procesos potabilizadores del agua, y llevarlas hasta los hogares.

Las firmas, al ser de carácter privado, también pueden cotizar públicamente en una bolsa de comercio. Así es el caso de, por ejemplo, Aguas Andinas, que integra el índice IPSA y sus acciones se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM) es, a su vez, el controlador de Aguas Andinas y sus filiales, también cotizando abiertamente en la bolsa. Esval y Essbio tienen sus papeles en el parqué local.

Por otro lado, están las autoridades del sector público, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Esta se encarga de fiscalizar y monitorear la calidad del agua y los procesos de saneamiento, trabajando directamente con las empresas del sector. También se encarga de definir las regulaciones del sector y recibir reclamos tanto a empresas como a servicios de agua potable rural (APR).

Mercado sanitario chileno logra elogios de firma alemana en IFAT Brasil

Ahora bien, el resultado del conjunto del sistema de saneamiento de aguas chileno es lo que llevó a que nuestro país fuera destacando en la IFAT por parte de Binder Group, firma alemana especializada en tecnologías para medir y controlar procesos en industrias relacionadas al gas y tratamiento de aguas residuales.

En este sentido, el gerente de ventas para América Latina de Binder Engineering, Enrique Montes, conversó con BioBioChile, y afirmó que “en la práctica” el modelo del sector en Chile “es lo mejor que se ha visto en el análisis correspondiente a América Latina”.

“¿Por qué? Porque el modelo privado hace que se tenga una dinámica de mejora continua de los servicios prestados en aguas y tratamiento de aguas. Gracias al mercado, o digamos al marco regulatorio que tienen estas empresas privadas, ellas se ven obligadas a invertir un porcentaje de su ganancia año a año para mejorar la operación”, dijo Montes.

Esto, en definitiva, vendría a dar más dinamismo al mercado chileno de saneamiento y, según el representante de Binder, “el primer beneficiado es el usuario”.

Según las Naciones Unidas, en Chile existe un 98,8% de la población que tiene acceso a agua potable. Al mismo tiempo, el 95,3% de los chilenos cuenta con acceso a estructura de saneamiento básica.

Un sector de primer nivel

Si bien Enrique explica que lo que hacen en encontrar firmas locales que los representen en países como Chile, sus declaraciones y elogios sobre el sector sanitario local viene de primera mano.

Y es que aunque Chile ha sido uno de los últimos mercados en que han logrado entrar, “es uno de los más rápidos en lograr proyectos”, citando una iniciativa con Nuevosur.

Así, consultado por BioBioChile respecto al ámbito regulatorio, el gerente de ventas para América Latina de Binder Engineering dijo que, lo clave está en que las distintas administraciones respeten “un plan nación”.

Como ejemplo, está el caso de México que, según su visión, los distintos gobiernos cambiar las prioridades y ello puede conllevar “tumbar o hacer crecer un gobierno indistintamente”.

“Pero si cada gobierno va a respetar un plan consensuado, se va a tener un crecimiento continuo y una evolución del mercado al cual se está enfocando, por ejemplo, el caso de aguas o saneamiento”, sostiene.

Con todo, respecto a los desafíos que ve en el sector a nivel nacional, el representante de Binder apuntó que, con los incrementos en el precio de la energía tras el descongelamiento de las tarifas, y ahora con la normalización de las mismas, es que las empresas están viendo impactos en sus ganancias operativas.

Todo mientras deben invertir en nuevas y mejores tecnologías por normativa.

“Eso hace que el presupuesto que se destina a dar mantenimiento, renovación de equipamientos, se haya congelado un poco. Y eso es contraproducente, porque una planta que no está con los mantenimientos al día comenzará a sufrir algunos problemas que se verán reflejados en la calidad del agua o en el tratamiento de aguas servidas”, sostuvo Montes.