En la tranquila ciudad de Cinisello, al norte de Italia, una propuesta desató la polémica: el cambio del nombre del polideportivo Salvador Allende por el del diseñador Giorgio Armani.

El cambio, que busca rendir homenaje a uno de los íconos del lujo italiano, desató una ola de críticas de sectores que acusan un intento por borrar la memoria del expresidente chileno, figura histórica de la izquierda.

El hecho escaló a tal punto que se debió suspender el pleno en el que se debía debatir la propuesta, instancia que terminó entre gritos y empujones de los concejales, según informaron este martes los medios locales.

La idea de renombrar el sitio en honor al diseñador fallecido en septiembre fue impulsada por el grupo municipal de los ultraderechistas Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni.

Desde la oposición municipal de izquierdas acusaron los intentos de la corporación derechista como un acto de “revisionismo histórico”. “Es claramente de un intento de reescribir la historia escondida detrás del nombre de Armani“, dijo Andrea Catania, líder del Partido Demócrata local.

Catania recalcó que la decisión de dedicar el edificio en honor al expresidente chileno “no es una peculiaridad ideológica“, ya que “cuenta una página de acogida y solidaridad, cuando en el año 1973 Cinisello abrió sus puertas a los refugiados chilenos que huían de la dictadura“.

En un comunicado, los partidos de centroizquierda señalaron que “este no es el momento de dividir a nuestra comunidad empañando la historia de Cinisello, que en los 70 estuvo a la vanguardia de la acogida de tantos refugiados chilenos y de la afirmación de los valores de la democracia contra el golpe de Pinochet”.

El impulsor de la propuesta, Maurizio Colosimo, afirmó a La Repubblica que no tiene nada en contra de Allende. “Es una persona muy respetable, pero el 90% de nuestro edificio se utiliza para el baloncesto y me parece que el valor del trabajo de Giorgio Armani es indudable, no solo en el mundo de la moda, sino también en el del deporte y el baloncesto en particular”.

Isabel Allende Bussi, exsenadora y figura histórica del Partido Socialista, prestará declaración este viernes 16 de mayo ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa que perteneció a su padre, el expresidente Salvador Allende, y que el gobierno buscaba transformar en un museo.

Se trata de la primera vez que la excongresista enfrenta a la Fiscalía en calidad de imputada desde que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, iniciara la indagatoria por presunto tráfico de influencias.

Según consignó La Tercera, en enero pasado, Allende fue citada a declarar, pero entonces se acogió a su derecho a guardar silencio.

Sin embargo, esta vez, según confirmó su defensa, responderá a todas las preguntas del equipo investigador.

“Mi cliente colaborará como corresponde”, señaló su abogada, Paula Vial, al mismo medio anteriormente mencionado.

La declaración

En su declaración de este viernes, se espera que entregue su versión sobre las gestiones que se le atribuyen y sobre el rol que desempeñó en la fallida compraventa.

De acuerdo a fuentes del caso, la Fiscalía buscará esclarecer si Allende, en su calidad de senadora, interfirió directa o indirectamente en un proceso que implicaba recursos públicos.

El Presidente Gabriel Boric había expresado interés en adquirir la casa para destinarla a fines conmemorativos.

Una investigación en curso y una destitución previa

Cabe recordar que el caso dio un vuelco luego de que el Tribunal Constitucional (TC) destituyera a Allende de su escaño en marzo pasado, tras concluir que había vulnerado la prohibición constitucional que impide a parlamentarios celebrar contratos con el Estado.

La decisión se dio en paralelo a una investigación penal iniciada por la Fiscalía el 8 de enero, donde se apunta a posibles gestiones indebidas para facilitar la venta del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, Providencia, propiedad de la familia Allende.

Uno de los elementos clave en la apertura de la causa fue un hallazgo incidental durante una escucha telefónica autorizada en el marco del Caso ProCultura, que involucra al exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual asesor presidencial, Miguel Crispi (FA).

En una conversación con su madre, la socióloga Claudia Serrano, Crispi mencionó supuestas presiones de la entonces senadora Allende para acelerar la adquisición de la vivienda.

El llamado que activó las alarmas

La conversación interceptada, registrada el 7 de enero y consignada en el Informe Policial N.º 14 de la PDI, fue calificada como “hallazgo casual relevante” por la Brigada Anticorrupción.

En ella, Crispi afirmaba que Allende habría insistido reiteradamente ante funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales para concretar la compra: “Llamó hasta al portero del Ministerio (…) Weando, weando, que se haga, que se haga…”, dijo, según la transcripción.

La PDI también recogió sus dichos sobre la familia Allende, a la que calificó como “totalmente incompetente”, y mencionó incluso a la exministra de Defensa, Maya Fernández.

Allende niega gestiones irregulares

Tras conocerse los audios, Isabel Allende desmintió haber ejercido presión alguna, calificando los dichos de Crispi como “falsos” y “una falta de respeto”.

Este martes, el Partido Republicano anunció que presentará una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, en medio de la controversia generada por la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende.

¿Qué pasó?

El jefe de la bancada de Republicanos, Luis Sánchez, informó que se presentará un libelo acusatorio contra la secretaria de Estado, argumentó en Emol: “Esta violación a la Constitución ha ocurrido no solo en el caso de la senadora, sino también en el caso de la ministra Fernández, porque evidentemente están afectados los dos poderes, la misma causal”.

En cuanto a los pasos a seguir, Sánchez explicó en el citado medio que la acusación será presentada primero en la Cámara de Diputadas y Diputados, y posteriormente en el Senado, donde se resolverá la eventual destitución de la ministra.

Desde su perspectiva, el libelo “va a prosperar”, ya que afirmó haber dialogado con representantes de otras bancadas, quienes, según él, comprenden la gravedad de los hechos: “La violación y la afectación a la Constitución es muy clara”.

En el marco de la denuncia presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Raimundo Palamara, por presunto fraude al fisco en la adquisición de la propiedad del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia.

Actualmente, se investigan presuntas irregularidades relacionadas con el uso de los fondos destinados a las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Es importante recordar que en primera instancia, el gobierno había anunciado la compra del inmueble por un valor de 24.291 UF (aproximadamente $1.000 millones). Sin embargo, la transacción fue cuestionada tras revelarse que parte de la propiedad pertenecía a la ministra Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende, lo que llevó a la cancelación de la venta.

En este contexto, este jueves la ministra Fernández compareció por videoconferencia ante la Fiscalía Regional de Coquimbo en calidad de imputada. Según informó Radio Biobío, ejerció su derecho a guardar silencio.

“Como equipo jurídico, aconsejamos a la señora Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento, con la disposición de continuar entregando los antecedentes que requiera el Ministerio Público en las oportunidades que correspondan. Quiero señalar que ella está tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar”, precisó su abogada Paula Vial.