El Hospital del Salvador entregó su versión sobre la autorización excepcional que permitió la cirugía de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de que se revelara la muerte de un paciente cuya intervención fue postergada en el mismo recinto.

Según detalló el recinto asistencial, el paciente llevaba cinco días hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), período durante el cual fue sometido a tratamiento médico integral y a las intervenciones quirúrgicas necesarias, de acuerdo con la gravedad de su condición clínica.

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“Una intervenció programada, no una urgencia” y una auditoría ya instruida

En relación con las versiones que apuntaban a un retraso en un procedimiento quirúrgico, el hospital precisó que el aseo quirúrgico correspondía a una intervención programada y no de urgencia. De acuerdo con el comunicado, la modificación de la tabla de pabellón respondió a complicaciones de otros pacientes, situación habitual en recintos de alta complejidad, y el procedimiento se realizó dentro de los plazos esperables para este tipo de prestaciones.

El establecimiento señaló que, pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, la evolución del paciente fue desfavorable y su fallecimiento se produjo en un contexto de deterioro general asociado a sus antecedentes médicos y a la gravedad de su cuadro.

“Con el objetivo de garantizar transparencia”, la dirección del Hospital del Salvador informó que se instruyó una auditoría clínica, la cual ya se encuentra en curso. Asimismo, el recinto confirmó que recibió un requerimiento de la Contraloría General de la República, compromiso ante el cual aseguró que entregará todos los antecedentes solicitados conforme a los procedimientos establecidos.

En el mismo comunicado, el hospital descartó una supuesta atención priorizada a otra paciente, señalando que todas las decisiones clínicas se adoptaron bajo criterios técnicos y que se resguardará la confidencialidad de los datos personales y médicos involucrados.

Finalmente, la dirección del recinto expresó sus condolencias a la familia y cercanos del paciente fallecido, reiterando su disposición a colaborar con todas las instancias fiscalizadoras.

El Gobierno de Javier Milei formalizó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que marca un giro drástico en la política exterior y sanitaria del país y que ha generado preocupación a nivel internacional.

La medida fue comunicada a través de una carta firmada por el canciller Gerardo Werthein, fechada el 25 de febrero, y hecha pública esta semana durante la 78° Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, donde generó sorpresa y revuelo entre las delegaciones participantes.

La administración libertaria justifica la medida al considerar que la OMS representa “una amenaza a la soberanía nacional”, apuntando específicamente a las políticas impulsadas durante la pandemia de COVID-19, como las “cuarentenas eternas”.

Según el Ejecutivo, la desvinculación permitirá un mayor control nacional sobre las políticas de salud y evitará la influencia de organismos internacionales sobre decisiones que consideran competencia exclusiva del Estado argentino.

No obstante, la decisión implica consecuencias importantes.

Las posibles consecuencias para Argentina

Al abandonar la OMS, Argentina perderá el acceso a beneficios clave como asistencia técnica, programas de vacunación, mecanismos de emergencia sanitaria y participación en las discusiones que definen las prioridades globales en salud pública.

Expertos advierten que esta desconexión puede derivar en mayores costos en programas de salud, dificultar la obtención de medicamentos y vacunas, y aumentar los riesgos frente a futuras crisis sanitarias.

Desde el punto de vista diplomático, la medida también podría tensar las relaciones con países aliados que apoyan a la OMS, aunque desde el Gobierno afirman que refuerza la autonomía nacional y la capacidad de decisión soberana frente a los organismos multilaterales.

El Ejecutivo ya notificó formalmente su decisión, la cual se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2026, tal como establece el reglamento de la organización para los procesos de desvinculación.