El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para un programa técnico por 1.900 millones de dólares que apoyará las reformas puestas en marcha por la Administración de Rodrigo Paz para estabilizar la economía, y que marca el retorno del organismo al país andino tras más de 20 años.

Estas son algunas claves sobre la situación de la economía boliviana y el anuncio del acuerdo con el FMI.

1. Crisis “heredada”

Bolivia arrastra desde hace unos años una crisis económica que se manifestó con más fuerza desde 2023 por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles, el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) y una inflación que llegó a 20,40% en 2025, año en que, además, el déficit fiscal fue de 12,2% y la economía decreció un 1,58%.

Uno de los orígenes de la crisis es el declive de la producción de gas natural, que hasta hace unos años fue el sustento de la economía boliviana y está en descenso tras alcanzar en 2014 un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).

El promedio proyectado para este año es de 26 MMmcd.

2. Ajustes y conflictos

Tras 20 años de un modelo económico estatista, el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió la Presidencia en noviembre pasado, empezó a hacer ajustes, como el retiro de la subvención de los combustibles y el paso del régimen cambiario fijo que rigió durante 15 años a uno flexible para contrarrestar al mercado paralelo ante la falta de dólares.

Las autoridades han asegurado que la economía empezó a mostrar signos de recuperación en el primer cuatrimestre del año, como un superávit fiscal cercano al 0,5% y la balanza comercial positiva de más de 1.300 millones de dólares, pero que el repunte se frenó con las protestas registradas entre mayo y junio, que incidirán en una contracción de entre 0,7 y 1% de la economía.

3. El FMI

Durante la campaña electoral, Paz dijo que no estaba entre sus prioridades acudir al FMI, pero una vez en la Presidencia, su Gobierno tomó contacto con el organismo y, tras conversaciones técnicas desarrolladas entre mayo y junio, el pasado 29 de julio, se anunció un acuerdo para un plan técnico de 36 meses.

El contenido del acuerdo no ha sido difundido por ahora, si bien el organismo y el ministerio boliviano de Economía señalaron que es por 1.900 millones de dólares, que se enmarca dentro del Servicio Ampliado del fondo (SAF) y estará destinado a “respaldar el programa de reformas económicas” del Gobierno de Paz.

El FMI señaló que el programa boliviano busca “restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, fortalecer las redes de protección social y fomentar un crecimiento sostenible impulsado por el sector privado”.

4. Datos y compromisos

Se espera que el programa respaldado por el fondo ayude a catalizar financiación adicional de otros organismos multilaterales que alcanzará al menos 5.000 millones de dólares.

El acuerdo está sujeto a aprobación del directorio del FMI y el Legislativo boliviano y, según el Ejecutivo, prevé “cuatro años de periodo de gracia” y una tasa de interés que oscilará entre 4 y 4,5%.

Entre las acciones comprometidas están continuar con la “racionalización” del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal y preservar el “financiamiento monetario cero” del mismo, el impulso de reformas para mejorar el clima de negocios y generar mejores condiciones para el crecimiento económico con protección social.

5. Justificaciones y reacciones

Las autoridades bolivianas aseguran que el acuerdo no implica “medidas impuestas”, ni una cesión de la “conducción” de su política económica, sino que supone un “respaldo internacional” a su programa para la “reconstrucción” de la economía nacional.

El expresidente y líder opositor Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y el empresario Samuel Doria Medina, quien recientemente retiró su apoyo al Gobierno de Paz, pidieron conocer los detalles del acuerdo y coincidieron en que se dio tarde y que el monto obtenido es “poco” frente a las necesidades del país.

Es el primer acuerdo con el FMI tras más de 20 años, ya que bajo las Administraciones de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) la relación con el organismo fue distante por posiciones ideológicas.

“Quizás Argentina logre alcanzar a Chile en unos diez o quince años, considerando lo que está sucediendo ahí, pero no lo sabemos”. La frase es del economista estadounidense David Friedman, hijo del Nobel de Economía y referente del liberalismo Milton Friedman, en una entrevista durante su visita a Chile, invitado por el director del Centro de Estudios Libertarios (CEL), Fernando Sagredo.

Friedman, que el próximo martes compartirá escenario con el presidente argentino Javier Milei en un encuentro que organiza el think tank de la extrema derecha Fundación Faro, planteó que con las reformas que se están produciendo en Argentina, el país podría no solo alcanzar a Chile sino convertirse en “un ejemplo de un país muy libre mercado”, al punto de que algún día “ustedes (Chile) puedan aprender de ellos, en lugar de que ellos aprendan de ustedes”.

BioBioChile consultó a economistas de ambos países para saber qué reformas le faltan a Argentina, y si es deseable convertirse en el ejemplo de libre mercado que imagina Friedman: Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN Universidad de Chile; Álvaro García Hurtado, doctor en Economía de la U. de California en Berkeley y exministro de Economía; y Martín Alfie, jefe de Área Desarrollo Federal del CFI y cofundador de Misión Productiva, desde Argentina.

El punto de partida

Los tres coinciden en el diagnóstico inicial que Friedman hace de la economía chilena, aunque con matices. Berríos sostiene que Chile ha sido “tremendamente exitoso en el tiempo gracias a la reforma del mercado de valores y a todas las reformas institucionales” y a la continuidad de ciertas políticas económicas. García Hurtado lo traduce en un número concreto: hoy Chile tiene una diferencia de ingreso per cápita de 14% respecto de Argentina, lo que implicaría que Argentina debería crecer un punto porcentual más que Chile por año durante 14 años para cerrar esa brecha. Alfie, desde Argentina, reconoce que Chile “está entre los países que mejores resultados puede mostrar a nivel región” tanto en indicadores sociales como macroeconómicos, mientras que Argentina “producto de las crisis macroeconómicas de los últimos diez, quince años, quedó un poco atrás”.

También acuerdan en la importancia de la estabilidad económica de Chile. Para Alfie es “el principal aspecto en el cual deberíamos intentar ser parecidos a Chile”: baja inflación, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y niveles de inversión altos. Berríos coincide en que ese manejo presupuestario “coherente y adecuado” es justamente lo que Argentina necesita para destrabar su potencial. García Hurtado lo plantea en los mismos términos cuando dice que Argentina necesita “terminar de ordenar la macroeconomía”, aunque advierte que es “un proceso complejo y difícil” que todavía le resta tiempo, y que debe equilibrarse con los efectos sociales que produce.

La meta de los diez años

Si Argentina puede alcanzar a Chile en los próximos diez años, existen disidencias entre los consultados. Berríos es el más optimista: para él, el plazo que planteó Friedman no sólo es realista, sino conservador. “Si Argentina hace las reformas que tiene que hacer, nos puede alcanzar inclusive en menos años”, dice, apoyándose en lo que describe como un potencial todavía sin desarrollar en minería, ganadería, agricultura, industria y turismo. Recuerda, además, que Argentina “fue una potencia mundial” en lo agrícola, lo industrial y hasta en la aeronáutica.

García Hurtado es más cauto y pone el foco en la persistencia. Dice que Argentina creció el año pasado más de un punto que Chile y que, probablemente, lo va a volver a hacer este año, pero hasta el momento no ve “una estrategia para que Argentina crezca de manera sostenida”. Si bien resalta que abrir mercados “es siempre positivo” —menciona las nuevas oportunidades en minería como un ejemplo saludable—, discrepa en que sea suficiente: “No hay muchos países que hayan crecido en el mundo solo a través de políticas de mercado”.

Alfie, por su parte, asegura que Chile “no tiene que ser un objetivo de Argentina”, porque el país cuenta con “capacidades industriales, científicas, empresariales mucho más diversificadas” que las chilenas. “Chile es un piso, no un techo al que pueda apostar Argentina”, resalta.

La sostenibilidad

Los tres economistas vuelven a encontrarse en la misma duda de fondo: la sostenibilidad. Berríos condiciona todo el escenario optimista a que la estructura interna argentina, “su mercado de valores, a las leyes, a su estructura interna respecto a la legislación”, le permita a Milei completar las reformas, y advierte que reestructurar el modelo económico, el marco legal y las finanzas públicas “no es un camino fácil” ni gratuito en términos de costos.

García Hurtado cree que Argentina será probablemente un ejemplo de libre mercado, pero no necesariamente porque ese modelo funcione, sino “por la escasez de otras opciones”. “No veo países en el mundo que, teniendo como única orientación de política económica la liberalización de los mercados y el ajuste macro”, hayan sostenido ese camino, dice, y considera que ambas medidas, aunque importantes, son “completamente insuficientes a partir de la experiencia mundial”.

Alfie reconoce avances en la baja de la inflación y el resultado fiscal, pero advierte que falta sostenibilidad social, y no solo política, como mejor empleo, mejores salarios, mayor oportunidad de progreso y consensos institucionales que trasciendan a una gestión. “Argentina debería recuperar el desarrollo de todos sus sectores, con un balance entre mercado y Estado más cercano al de las principales economías del mundo. Ningún extremo en ese sentido es positivo”, cierra.

La crisis en Cuba, un país dirigido desde finales de la década de 1950 por la Revolución liderada por Fidel Castro (1926-2016), ha arreciado tras la presión de Estados Unidos contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y la familia del expresidente Raúl Castro, que incluye una serie de sanciones que están afectando el suministro energético y espantando a los inversores extranjeros y turistas de la isla.

Por ello, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) convocó un pleno extraordinario de su Comité Central —para mañana miércoles— que evaluará el paquete de reformas económicas anunciadas el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

El pasado 12 de junio, Díaz-Canel avanzó en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales un grupo de reformas que incluyen cambios para descentralizar y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.

Esas transformaciones contemplan -además abrir el comercio exterior-, la inversión extranjera y aumentar el rol del sector privado con el fin de liberalizar y desburocratizar la economía nacional, que se encuentra en estado crítico.

El mandatario también se refirió entonces a cambios en el negocio inmobiliario y en el sector del turismo, donde apuntó cambios en la gestión y la búsqueda de “nuevas modalidades” y “nuevos actores”.

En relación con los productores agrícolas, dijo que se les va a permitir la compra directa de insumos, la asociación con diferentes actores, la tenencia de cuentas “reales” (con respaldo en efectivo), la participación en el mercado cambiario y se va a tratar de hacer que sus trámites burocráticos sean “lo más ligeros posible”.

El anuncio llegó en un momento en el que la economía cubana se ha contraído un 15% entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas medidas internas en materia monetaria y económica.

A esto se suma desde enero la política de máxima presión del Gobierno de EEUU, que exige cambios políticos y económicos profundos con un cerco petrolero y una serie de sanciones secundarias que afectan directamente a entidades extranjeras.

Plataforma de envío de víveres de EEUU a Cuba cesa operaciones

EnviosCuba.com, una de las principales plataformas utilizadas por los cubanos en Estados Unidos para enviar víveres a la isla, suspendió sus operaciones tras las crecientes sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump, a La Habana.

“Estimados clientes, por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios”, indica un mensaje del sitio web de la compañía, que no ofrece más detalles del cierre.

La empresa, que vendía y enviaba comida, productos higiénicos, electrodomésticos, aparatos de comida, alcohol y ropa, prometió que “todas las órdenes aprobadas y en proceso serán despachadas”.

“Ha sido un honor y un privilegio servirles”, expuso la plataforma.

Trump advirtió a quienes mantuvieran negocios con el Gobierno cubano y su conglomerado empresarial militar, Gaesa, que está sancionado por Washington, que se exponían al bloqueo de sus activos en EEUU. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la semana pasada las sanciones contra Unión Cuba-Petróleo (CUPET), compañía estatal de la isla.

Las sanciones han motivado a gobiernos locales en el sur de Florida, hogar de la mayor diáspora cubana en Estados Unidos, a revocar licencias de negocios con presuntos nexos con La Habana.

Apenas el jueves, el Condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal local de la empresa Vanguard Energy, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible al argumentar que la ciudad “no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la ley federal o apoyen a la dictadura cubana”.

Iglesia católica panameña envía 35.000 hostias a Cuba

La Arquidiócesis de Panamá informó este martes que envió a Cuba 35.000 hostias “para apoyar a las comunidades católicas que enfrentan dificultades para garantizar este elemento esencial en la celebración de la Santa Eucaristía”.

Estas láminas redondas de pan ácimo y que se consagran en la misa para representar el cuerpo de Cristo, fueron elaboradas por las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Panamá y “trasladadas gracias al apoyo solidario de COPA Airlines”, la aerolínea de bandera panameña.

“Oremos por el pueblo cubano y por todas las comunidades que perseveran en la fe en medio de las dificultades”, convocó la Arquidiócesis.

El Gobierno de Cuba reiteró su negativa a negociar con Estados Unidos posibles reformas políticas o económicas en la isla, a pesar de la creciente presión de Washington, que esgrime la baza militar.

Lo recalcó el canciller, Bruno Rodríguez, en un encuentro internacional con más de 700 sindicalistas, políticos de izquierdas y activistas congregados en La Habana con motivo del Primero de mayo, un encuentro marcado por la amenaza de una agresión estadounidense.

“No forma parte de ese intercambio (de los contactos con EEUU), no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba. No forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución”, afirmó de acuerdo a la transcripción divulgada posteriormente.

A juicio del Gobierno cubano, agregó el canciller, esos temas no pueden formar parte de una negociación con otro país.

“No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos”, aseguró.

Rodríguez llamó al Gobierno estadounidense a no subestimar el nacionalismo dentro de la isla y la respuesta popular en caso de un posible ataque. “Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal. Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos”, vaticinó.

“Cuba se defiende, se defiende con las ideas y se defenderá con las armas”, advirtió.

El canciller cubano destacó que, en todo caso, el país “actúa y actuará con responsabilidad”.

Trump aseguró el viernes que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, pero agregó que primero terminará con el “trabajo” en Irán.

Poco antes Washington publicó una nueva orden ejecutiva que extiende la cobertura de las sanciones hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión económica sobre La Habana con un bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles desde el exterior. Los apagones se han multiplicado y la economía está casi completamente paralizada.

Además, el presidente de EE.UU. y su secretario de Estado han instado en diversas ocasiones a La Habana a cambiar el sistema económico y régimen político de la isla. Ambas partes han reconocido conversaciones desde hace más de un mes, pero por el momento no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.