Esta semana será clave en la discusión del proyecto de ley que presentó Hacienda para aumentar la deuda pública este año en US$6.200 millones, que sigue levantando las alertas de expertos por el estado de las finanzas públicas.

Mientras el oficialismo y las propias autoridades apuntan a la herencia que recibieron de la administración pasada, algunos irán más lejos y buscarán que la ex dipres, Javiera Martinez, dé explicaciones en el Congreso, respecto de la sobrestimación de las cifras en la elaboración del Presupuesto 2026.

Al mismo tiempo también se espera la mirada técnica del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que fue citado para una próxima instancia en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Gobierno busca emitir más deuda

En la Cuenta Pública del CFA la semana pasada, la presidenta del órgano, Paula Benavides, reiteró con sentido de urgencia la necesidad de equilibrar la deuda pública para que no supere el 45% del PIB: “El menor dinamismo del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de la relga de balance estructural, han situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables”.

Emilio Venegas, Socio Líder de Advisory de BDO Chile, señaló que es complejo que se supere el nivel prudente este año, como plantean los economistas, porque en “tiempo de vacas flacas”, un mayor endeudamiento ralentiza el crecimiento y la posibilidad de suministrar dinero para emergencias.

Según explicó Venegas, “entre más alto es un porcentaje de endeudamiento, más alto es el nivel de riesgo de un país (…) Por ejemplo, si viniese otro Covid, no tendríamos mucho más espacio para emitir más deuda”.

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), que en primera instancia se mostraron reticentes al proyecto, manifestaron que “estarán los votos”, luego de llegar a un acuerdo con el ministro Jorge Quiroz que, entre otras cosas, fijaría que NO habrán más reajustes con el sector público por encima del IPC.

Gabriela Farias, vicepresidenta nacional de la CUT y encargada de las secretarías del sector público de la Central, rechazó el acuerdo con los libertarios y dijo que los trabajadores públicos no son un gasto que puede ajustarse según conveniencias políticas.

Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en el país.

La situación ha generado polémica debido al carácter ilícito de estas actividades, donde incluso la Corte Suprema ha dictaminado de forma categórica que el juego online no regulado constituye un acto ilícito que vulnera el ordenamiento vigente. De hecho, esta ya había ordenado el bloqueo de estas plataformas a empresas de telecomunicaciones para impedir su funcionamiento en el país, hasta la fecha sin éxito.

Por su parte, aunque el SII reconoce que estas plataformas han sido declaradas ilegales, sostiene que su deber es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, argumentando que no le compete calificar la licitud de la actividad, sino velar por la recaudación de impuestos.

En este contexto, existe una disonancia entre el marco legal actual y el mandato judicial de bloquear y eliminar estas plataformas de la web chilena, con la reciente resolución del SII, que básicamente las invita a inscribirse en un registro especial para declarar y pagar impuestos.

Desde el mundo privado y político, las reacciones no se han hecho esperar, con acusaciones de que este cobro de IVA podría implicar una legalización de facto. Otro antecedente relevante para tener en cuenta es que, en paralelo, en el Congreso se discute un proyecto de ley que busca transitar este rubro desde la ilegalidad actual hacia un mercado regulado.

Estas son las claves para entender la polémica del momento.

Las plataformas de apuestas en línea no son legales

En Chile, los juegos de azar están prohibidos por regla general, salvo excepciones expresamente autorizadas por ley, como la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. Asimismo, la Ley de Casinos (Ley 19.995), que regula los casinos físicos, establece explícitamente que los permisos de operación en ningún caso comprenden juegos de azar en línea.

En ese contexto, resulta impreciso apuntar a una “zona gris” regulatoria que habría permitido que estas plataformas operaran durante años sin una definición legislativa. De hecho, el máximo tribunal fue categórico al determinar que el juego online sin autorización legal constituye un “acto ilícito” que vulnera el ordenamiento jurídico vigente y ratificó que estas plataformas operan fuera del marco legal chileno.

No obstante, a pesar de la claridad del fallo, algunas plataformas han resurgido bajo nuevos dominios o nombres ligeramente modificados para esquivar el bloqueo judicial. Cabe recordar que, aunque se conocen las marcas comerciales y algunas de las empresas que las operan, existe dificultad para conocer con certeza quiénes son los dueños últimos y el origen de los fondos de muchas de estas plataformas que operan desde el extranjero.

Las razones del SII para cobrar IVA a las plataformas de apuestas

De acuerdo con el SII, la polémica resolución vendría a ser un acto técnico de fiscalización para capturar impuestos adeudados por servicios digitales, separando esta labor de la discusión sobre la legalidad de las apuestas, la cual delega en otros organismos competentes y en el Congreso.

El organismo afirma que, independientemente de que otras autoridades o tribunales hayan declarado la actividad como ilícita, el SII está obligado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de hechos gravados por ley.

Dentro de la resolución se apunta a que, según la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), se debe gravar con IVA el suministro o la entrega de “contenido de entretenimiento digital”. Por ejemplo, actualmente Netflix tributa bajo este régimen de tributación.

Por lo tanto, el SII concluye que, si efectivamente se está realizando la actividad de entretenimiento digital (apuestas), es su deber adoptar las medidas necesarias para asegurar el pago del impuesto por parte del contribuyente, independientemente de su estatus legal.

Gobierno apuesta por la propuesta legislativa

En paralelo a la polémica por el funcionamiento de las plataformas de apuestas online —que siguen operando pese a la orden de bloqueo de la Corte Suprema— y la reciente resolución del SII, el Congreso tramita desde 2022 un proyecto de ley que busca regularizar formalmente a esta industria. De hecho, a inicios de mayo, el gobierno de José Antonio Kast volvió a acelerar su discusión al otorgarle suma urgencia.

En resumen, el proyecto apunta a crear un marco regulatorio para autorizar y fiscalizar a las empresas de apuestas online, estableciendo requisitos para su operación. Por ejemplo, según indica el documento, entre sus principales objetivos están la protección de los jugadores, el combate a conductas adictivas y al juego ilegal, además de la regulación de la publicidad y el resguardo de los intereses fiscales.

Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto de las posibles presiones ejercidas por el sector de las apuestas digitales para inclinar la balanza a su favor. Cabe recordar que la mayoría de estas empresas están agrupadas en la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), entidad que realiza gestiones de lobby ante el Congreso y el Gobierno para incidir en la regulación del sector.

De hecho, la controversia por un presunto conflicto de interés remeció a la Segpres la semana pasada, tras revelarse que la actual asesora legislativa, María Trinidad Sainz Reyes, ejerció como lobbista de la industria de las apuestas online antes de incorporarse al ministerio.

¿Una legalización de facto?

Desde ya, críticos hablan de una posible legalización de facto de las casas de apuestas online, con la tributación como un primer paso en esta línea. Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos aseguraron que la medida “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal”.

“Estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”, acusaron.

En el mundo político, senadores como Esteban Velásquez y Diego Ibáñez anunciaron que presentarán los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida. Este último apuntó a que el SII estaría intentando avanzar regulatoriamente por vía administrativa en una materia que el Parlamento aún está debatiendo.

Mediante una declaración pública, la Asociación Chilena de Casinos y Juegos cuestinó la posibilidad de que las plataformas extranjeras de apuestas online se inscriban para pagar IVA por sus operaciones en Chile.

Esto tras la Resolución Exenta N°69 del Servicio de Impuestos Internos (SII) donde, según el organismo, se permite “fortalecer la equidad tributaria” y evita la generación de “espacios sin control y desigualdad respecto de otros contribuyentes que están cumpliendo con el pago correcto y oportuno de sus impuestos”.

Sin embargo, desde el gremio de casinos se mostraron críticos con la iniciativa, en un contexto donde la Corte Suprema ha ordenado el bloqueo de diversas páginas ilegales, por lo que calificaron la señal del SII como “confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que, precisamente, busca normar esta actividad”.

SII habilita que casinos extranjeros puedan pagar IVA digital y desata molestia

Según explicó el SII, con la Resolución se establece que las citadas plataformas se puedan inscribir en el sistema habilitado por ellos, “debiendo sujetarse a las normas e instrucciones vigentes sobre inscripción, registro, declaración y pago del impuesto aplicables a los contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales gravados con IVA”.

El impuesto se cobarrá sobre el monto total de las contrapestraciones recibidas como remuneración por la prestación de servicios, “cualquiera sea su naturaleza”, y que luego de la inscripción, las plataformas de apuestas sin domicilio en Chile y que hayan prestado servicios durante los últimos treinta y seis periodos tributarios deberán pagar IVA.

Ahora bien, el Servicio también reconoció que hay materias que corresponden a “organismos competentes, conforme al marco normativo vigente”, como la autorización, regulación, fiscalización sectorial o si son lícitas o no.

“Dado que las referidas plataformas no autorizadas, en los hechos y como es de público conocimiento, se han mantenido en forma permanente realizando estas operaciones gravadas con IVA, incluso publicitando abiertamente sus operaciones, es deber de este Servicio asegurar que realicen el pago de los impuestos que les corresponden”, concluyó el comunicado del SII.

A pesar de los argumentos del SII, la Asociación de Casinos acusó que la medida “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporara al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificacdo como ilegal”.

“La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir laurgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad. Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal”, sentenciaron.

Con ello, agregaron que el mercado estaría recibiendo como señal que “estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”, acusaron.

Bajo este contexto, en el comunicado recordaron que la Resolución Exenta N°26 del SII en 2023 excluyó a tales plataformas del régimen simplificado de tributación, y considerando -según argumentaron-, que la nueva resolución no derroga la anterior, “la actividad mantiene su carácter de ilegal y crea otro efecto. Todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos; la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos”.

Por último, llamaron a restablecer la “consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII”, además de avanzar en una regulación integral.

El pasado martes, el Gobierno de José Antonio Kast no logró alcanzar un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la negociación por el reajuste del salario mínimo, por lo que la definición quedará ahora en manos del Congreso.

Así lo confirmó este viernes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien señaló que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para que sea discutido por los parlamentarios a partir de la próxima semana.

La propuesta del Gobierno contempla un aumento de 4%, en línea con la inflación proyectada por el Banco Central de Chile, lo que se traduce en un alza de $21.560. Considerando la inflación acumulada desde el último ajuste en enero, el incremento real sería de cerca de 3%.

Sin embargo, la oferta no convenció a la CUT, que planteó una propuesta significativamente mayor, buscando que el salario mínimo alcance los $637.700, equivalente a un alza nominal de 18,3%.

“Será el Congreso el que determine”

Tras participar en una actividad por el Día del Trabajador en Santiago, el ministro Rau sostuvo que el proceso se desarrolló con responsabilidad, pero sin consenso entre las partes.

“Siempre he dicho que esta conversación tenía que ser con una dosis de realidad. Así la enfrentamos como gobierno y ahora será el Congreso de la República el que determine”, afirmó.

En esa línea, la autoridad advirtió sobre el complejo escenario del mercado laboral, señalando que actualmente existe una “emergencia laboral” en el país.

Gobierno advierte por desempleo

Como argumento para la propuesta, el secretario de Estado detalló que la tasa de desempleo alcanza el 8,9%, lo que equivale a cerca de 925 mil personas sin trabajo.

Además, apuntó a que el desempleo femenino bordea el 10%, mientras que el juvenil supera el 23%, cifras que, a su juicio, obligan a actuar con cautela en materia de costos laborales.

Pese a no lograr un acuerdo, Rau aseguró que la relación con el mundo sindical se mantiene en buenos términos.

“No se logró un acuerdo, pero las relaciones con la CUT están en muy buen pie”, indicó, agregando que el Ejecutivo seguirá promoviendo instancias de diálogo a través del Consejo Superior Laboral.

Una sesión de preguntas y respuestas se vivió esta mañana en la sede del Congreso en Santiago, donde continuó una discusión de tipo técnica del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las críticas por los costos y la recaudación de la reforma núcleo del Gobierno, defendiendo la iniciativa y remarcando que no es para los más ricos.

Por su parte el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez, confirmó que los impactos de esta iniciativa en términos de déficit podrán medirse una vez que el proyecto sea aprobado.

Además, adelantó que la regla fiscal de esta administración —que se conocerá el 11 de junio— tampoco incorporará los efectos del plan.

Quiroz defiende costos del proyecto

Hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago llegó esta mañana el ministro Quiroz junto a todo su equipo, entre ellos, el director de Presupuesto y el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona.

Ellos son los principales artífices; y llevan meses trabajando la parte técnica y financiera detrás del proyecto de ley que fue discutido por primera vez ayer en el Congreso.

En esa sesión (la de ayer) quedaron muchas preguntas pendientes por parte de los parlamentarios, las que fueron contestadas una a una por el jefe de la billetera fiscal a lo largo de toda la reunión de esta jornada.

Quiroz partió hablando de la ficción en la que estaba inmerso el país hace al menos 12 años y que, a su juicio, era creer que por subir los impuestos iba a aumentar la recaudación.

En palabras del ministro, el plan de reconstrucción nacional hará que la recaudación aumente, porque al mejorar el sistema regulatorio también se hará que “aumente la tasa de inversión”, subrayó.

Nuevamente se hizo cargo del argumento de la oposición, que califica la mega reforma como un proyecto para los súper ricos y dijo que los efectos los sentirá la clase media, no sólo por la rebaja transitoria del IVA a la vivienda, sino también porque este proyecto de ley tiene un componente y un foco principal en torno al empleo.

Para el Gobierno, la suma de factores -que son más crecimiento, menos trabas, regulatorias y mayor eficiencia del gasto- compensan la rebaja del impuesto de primera categoría y llevarán a Chile a la reactivación.

No obstante, la inquietud está en torno a lo que podrían ser sobreestimaciones, que fue lo que le pasó a la administracióm del expresidente Gabriel Boric, y de la mano con eso, un impacto fiscal que podría necesariamente tener efectos directos en el déficit.

Efectos de la reforma, en espera

Hay mucha expectación en la vereda técnica respecto de los compromisos fiscales de este Gobierno.

Esta mañana, el director de Presupuesto, Juan Pablo Gómez, confirmó que la regla fiscal se conocerá el 11 de junio.

Sin embargo, y aquí lo preocupante para muchos, es que los efectos de esta reforma no se estarían considerando.

Rebaja de impuestos

Respecto del “gran caballo de batalla” del Plan de Reconstrucción, que es la rebaja del impuesto de primera categoría, Jorge Quiroz dijo que son conscientes de la situación fiscal y -por ende- se acordó una rebaja sólo al 23% y además de carácter gradual.

En línea con lo acordado, volvió a reiterar que en el caso de las Pymes la tasa llegará a un 15% en 2029 y un 23% en 2030. No obstante, destacó que si el crédito tributario al empleo llega a aprobarse, la tasa efectiva Pyme bajaría a un 7,8%.

El tema de ese crédito también ha sido cuestionado, porque su creación de empleo sería más bien marginal, pero la autoridad señaló que en un país donde las empresas están despidiendo trabajadores mientras la automatización avanza, es necesario tomar medidas que también apunten a retener a esa mano de obra.

Y consultado por otras medidas de reducción de gasto, Quiroz señaló que se está haciendo un trabajo con todos los ministerios para lograr un cruce de datos como el que se logró con la Tesorería respecto a los deudores del CAE, lo cual ya ha rendido sus frutos.

Algo tan simple -afirmó- como restablecer el imperio de la ley y acabar con el fraude social.

En el punto de ahorro fiscal, Quiroz dijo que desde el ministerio hicieron un descubrimiento: el sistema de recepción de facturas fue cerrado antes de tiempo, específicamente el 8 de enero, algo que explicaría que muchos proveedores manifestarán en dicho mes que no les pagaban.

El plan de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) comenzó a reflejar sus primeros efectos en la recaudación fiscal, con un alza de los pagos diarios desde $30 millones a cerca de $200 millones, en medio de la polémica que desataron los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras advertir la existencia de un “fraude social”.

El debate en torno a la recuperación de estos recursos venía instalándose desde hace semanas, pero fue este lunes cuando comenzaron a observarse resultados concretos. Según detalló el propio Quiroz, el incremento en los pagos se produjo inmediatamente después del anuncio del plan, evidenciando una rápida respuesta de parte de los deudores.

Desde un seminario organizado por la Sofofa junto a la Universidad del Desarrollo, el secretario de Estado explicó que el alza —que supera seis veces los niveles previos— responde a la identificación de personas con capacidad de pago que no estaban cumpliendo con sus obligaciones.

Sin embargo, sus declaraciones también marcaron un punto de inflexión en el debate político. El ministro instaló el concepto de “fraude social”, vinculándolo al uso de beneficios estatales por parte de quienes sí podrían responder a sus deudas.

“Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social”, afirmó Quiroz.

En esa línea, defendió el actual sistema de financiamiento y cuestionó la necesidad de avanzar hacia un nuevo mecanismo como el FES.

“La política social es tener CAE y el CAE después hay que pagarlo y desterramos un mito; el mito era que había que aprobar el FES”, fustigó.

Las declaraciones del titular de Hacienda generaron reacciones inmediatas en el mundo político. Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, emplazó al Ejecutivo a abordar el problema estructural del endeudamiento estudiantil.

“Yo llamaría a la ministra de Educación y al ministro Quiroz, que se hagan cargo del problema de fondo”, sostuvo.

“Ya llevamos tres gobiernos discutiendo y hoy día no nos proponen nada, simplemente pirotecnia comunicacional diciendo que aumentan la cobranza”, agregó.

En tanto, el diputado del Partido Comunista e integrante de la comisión de Hacienda, Boris Barrera, cuestionó el tono de los dichos del ministro tras acusar un “fraude social”, advirtiendo que no todos los deudores del CAE están en condiciones de cumplir con sus pagos.

“Es una descalificación gratuita lo que hace el ministro, pero hacer un juicio tan categórico respecto de un proyecto de ley que es fruto de una demanda social, yo creo que es inapropiado”, afirmó.

“No se condice con la investidura del ministro de Hacienda”, añadió.

En este escenario, el Ejecutivo continuará con la implementación del plan de cobro a través de la Tesorería General de la República, focalizando la estrategia en deudores de mayores ingresos, mientras se prevé que en las próximas semanas se intensifique la recuperación de estos recursos.