En septiembre del año pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a siete empresas de colusión en la fijación de precios de la centolla.

Se trata de firmas procesadoras de centolla en la región de Magallanes que, según acusó la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), entre 2020 y 2021 coordiniaron precios de compra del producto extraido por pescadores artesanales. Por ello, pidió que se apliquen multas por cerca de US$54 millones a las firmas y casi US$445 mil a los ejecutivos responsables.

Durante este jueves, se realizará la audiencia de presentación de pruebas ante el TDLC.

Pescadores pedirán indemnización por colusión de la centolla

Y ahora, Diario Financiero (DF) reveló que la persona que destapó el caso, el dirigente sindical José Reinaldo Hernández, adelandó que buscarán indemnizaciones para los pescadores afectados, por lo que presentarán una demanda por indemnización de perjuicios.

“Ahora son alrededor de 200 pescadores organizados para demandar (…) La multa de la FNE va al Fisco, pero queremos que se indemnice por lo que no fue pagado desde 2012″, dijo Hernández a DF.

Según recordó el medio citado, el dirigente acudió a la FNE en julio de 2020 para acusar la colusión de la centolla. Tras esto, asumió un “acuerdo de caballeros” con la Fiscalía donde mantendría silencio para permitir el desarrollo de las investigaciones.

Ahora, Hernández señaló que los pescadores de Porvenir estaban cinco meses en el mar y entregaban la centolla sin saber el precio, el que finalmente era impuesto en la planta y con las siete empresas acusadas informando un valor uniforme.

“No había dónde más ir: eran ellas o nada”, aseguró al medio especializado. Incluso, el denunciante aseguró que si un pescador reclamaba por la situación, las compañías “ya se habían puesto de acuerdo para aguantar el bajo precio. El daño no es solo un precio más bajo. Es la pérdida de poder de negociación de toda una cadena productiva”.

Con todo, tras la presentación de la denuncia, Bakkavör se acogió a delacion compensada para reducir o evitar sanciones a cambio de antecedentes lo que permitió avanzar en las diligencias.

En ese contexto, la citada nota destacó el papel de la Ley Navarino, que implementa ciertos beneficios para fomentar el desarrollo en territorios aislados. Ahora bien, el dirigente explicó que “en la práctica, si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”.

Así, a los pescadores se les pagaba cerca de US$1,5 el kilo mientras el valor de exportación a Asia y Europa era sobre los US$50, dijo Hernández.

Finalmente, el denunciante señaló a DF que otros dirigentes no se atrevieron a denunciar “por temor”, pero confirmó que ahora un grupo de 200 pescadores se organizaron para demandar una indemnización por perjuicios, por lo que lo que resuelva el TDLC podrá marcar el desarrollo de la exigencia de compensaciones.

Las compañías acusadas por la FNE de integrar la colusión de la centolla son la Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló un acuerdo comercial con Indonesia que reduce los aranceles a sus importaciones del 32% al 19%. Trump afirmó que “pagarán un 19%, y nosotros, nada”. Destacó que el pacto otorga a Estados Unidos “acceso total a -comercio- Indonesia, que, como saben, tiene mucho cobre“.

El mandatario negoció directamente con el presidente indonesio, Prabowo Subianto. En su red Truth Social, Trump calificó el pacto de “histórico” y prometió “¡¡¡Próximamente más detalles!!!”. Horas después, precisó que Indonesia comprará USD 15.000 millones en energía estadounidense, USD 4.500 millones en productos agrícolas y 50 aviones Boeing.

No solo el cobre de Indonesia: los otros mercados que acordó Trump

Trump enfatizó que “por primera vez, nuestros ganaderos, agricultores y pescadores tendrán acceso total al mercado indonesio, que cuenta con más de 280 millones de personas”. El acuerdo incluye la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias para las exportaciones de EE.UU.

El pacto llega tras meses de tensión. El 2 de abril, Trump impuso un gravamen del 32% a Indonesia, uno de los 25 principales socios comerciales de Washington. Posteriormente, concedió una tregua hasta el 1 de agosto.

Indonesia evita el 32% tras acercamiento a los BRICS

La amenaza arancelaria del 32% sorprendió al ministro de Economía indonesio, Airlangga Hartarto. Reveló a The New York Times que se enteró “como el resto del mundo, en el Truth de Trump”, pese a negociaciones intensas. El alivio llega cuando Indonesia fortalece vínculos con los BRICS, grupo que Trump mira con recelo y amenaza con aranceles adicionales del 10%.

Prabowo Subianto asistió a la cumbre de los BRICS en Brasil, donde el bloque rechazó “la guerra arancelaria” sin nombrar a Trump. Días después, el republicano castigó a Brasil con gravámenes del 50% tras el juicio contra su aliado Jair Bolsonaro.

El acuerdo con Indonesia es el cuarto logrado por la Administración Trump en 96 días, tras pactos con Reino Unido, Vietnam y una tregua con China. Trump prometió originalmente “90 acuerdos” durante la tregua de 90 días iniciada en abril.

Detalles pendientes y cláusula anti-evasión

El acuerdo con Indonesia incluye una cláusula contra el desvío comercial. Es decir, si Jakarta actúa como intermediaria de países con gravámenes altos, “dicho arancel se añadirá al que paga Indonesia”. Trump replicó así el modelo del pacto con Vietnam.

Hasta ahora, Indonesia no confirmó los términos anunciados por Trump. La compra de 50 aviones Boeing, principalmente modelos 777, podría rondar USD 20.000 millones. El valor total de las adquisiciones indonesias ascendería a USD 40.000 millones.

La Unión Europea sigue negociando para evitar los aranceles del 30% que Trump impondrá el 1 de agosto. Bruselas insiste en lograr un acuerdo “hasta el último minuto”.