El viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha que está catalogada por ley como un feriado irrenunciable.

Esto implica que un sinfín de trabajadores, incluidos quienes desempeñan funciones en el comercio, tendrán un descanso obligatorio que comienza a las 21:00 horas de este jueves 30 de abril y termina a las 06:00 horas del sábado 2 de mayo.

Aunque hay una excepción que rige para quienes laboren en turnos rotativos, quienes podrían prestar servicios entre las 21:00 y las 00:00 horas de esta jornada o entre 00:00 y las 06:00 del sábado 2 de mayo.

Multas por incumplir las normas del feriado irrenunciable del 1 de mayo

Considerando que el descanso obligatorio de este feriado está regulado por ley, la Dirección del Trabajo anunció fiscalizaciones que realizará en todo el país durante este viernes 1 de mayo.

En específico, apuntaron que se fiscalizará:

● El otorgamiento del feriado obligatorio e irrenunciable a trabajadores y trabajadoras del comercio.

● El otorgamiento del descanso alternado cada dos años a los dependientes exceptuados del feriado.

● El inicio del descanso antes de las 21:00 horas del día anterior.

Desde la DT apuntaron que los empleadores que incumplan alguna de las dos primeras materias acarrean multas de entre 5 y 20 UTM (*) por cada trabajador en infracción, según la siguiente secuencia de tipos de empresa:

● De 1 a 9 trabajadores: 5 UTM ($352.940) por cada trabajador afectado.
● De 10 a 49 trabajadores: 5 UTM ($352.940) por cada trabajador afectado.
● De 50 a 199 trabajadores: 10 UTM ($705.880) por cada trabajador afectado.
● De 200 y más trabajadores: 20 UTM ($1.411.760) por cada trabajador afectado.

(*) UTM mayo: $70.588.

Ahora bien, para aquellos empleadores que impidieran el descanso de los trabajadores desde las 21:00 horas, las multas van de 3 UTM ($211.764) a 60 UTM ($4.235.280) por cada infracción detectada, dependiendo del número de trabajadores de la empresa y de la calificación de gravedad que se le asigne.

Cabe destacar que en caso de que se detecte una infracción, se suspenderán las actividades y los trabajadores a quienes les corresponda descansar serán enviados a sus hogares.

Asimismo, vale recordar que el comercio atendido por sus propios dueños y/o familiares directos sí puede permanecer abierto durante este feriado puesto que no hay relación laboral.

Finalmente, si se constata infracción en farmacias de turno o farmacias de urgencia que afecten al trabajador que cumple la función de químico farmacéutico, la DT indicó que no se suspenderá, solo se cursarán las sanciones correspondientes.

En septiembre del año pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a siete empresas de colusión en la fijación de precios de la centolla.

Se trata de firmas procesadoras de centolla en la región de Magallanes que, según acusó la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), entre 2020 y 2021 coordiniaron precios de compra del producto extraido por pescadores artesanales. Por ello, pidió que se apliquen multas por cerca de US$54 millones a las firmas y casi US$445 mil a los ejecutivos responsables.

Durante este jueves, se realizará la audiencia de presentación de pruebas ante el TDLC.

Pescadores pedirán indemnización por colusión de la centolla

Y ahora, Diario Financiero (DF) reveló que la persona que destapó el caso, el dirigente sindical José Reinaldo Hernández, adelandó que buscarán indemnizaciones para los pescadores afectados, por lo que presentarán una demanda por indemnización de perjuicios.

“Ahora son alrededor de 200 pescadores organizados para demandar (…) La multa de la FNE va al Fisco, pero queremos que se indemnice por lo que no fue pagado desde 2012″, dijo Hernández a DF.

Según recordó el medio citado, el dirigente acudió a la FNE en julio de 2020 para acusar la colusión de la centolla. Tras esto, asumió un “acuerdo de caballeros” con la Fiscalía donde mantendría silencio para permitir el desarrollo de las investigaciones.

Ahora, Hernández señaló que los pescadores de Porvenir estaban cinco meses en el mar y entregaban la centolla sin saber el precio, el que finalmente era impuesto en la planta y con las siete empresas acusadas informando un valor uniforme.

“No había dónde más ir: eran ellas o nada”, aseguró al medio especializado. Incluso, el denunciante aseguró que si un pescador reclamaba por la situación, las compañías “ya se habían puesto de acuerdo para aguantar el bajo precio. El daño no es solo un precio más bajo. Es la pérdida de poder de negociación de toda una cadena productiva”.

Con todo, tras la presentación de la denuncia, Bakkavör se acogió a delacion compensada para reducir o evitar sanciones a cambio de antecedentes lo que permitió avanzar en las diligencias.

En ese contexto, la citada nota destacó el papel de la Ley Navarino, que implementa ciertos beneficios para fomentar el desarrollo en territorios aislados. Ahora bien, el dirigente explicó que “en la práctica, si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”.

Así, a los pescadores se les pagaba cerca de US$1,5 el kilo mientras el valor de exportación a Asia y Europa era sobre los US$50, dijo Hernández.

Finalmente, el denunciante señaló a DF que otros dirigentes no se atrevieron a denunciar “por temor”, pero confirmó que ahora un grupo de 200 pescadores se organizaron para demandar una indemnización por perjuicios, por lo que lo que resuelva el TDLC podrá marcar el desarrollo de la exigencia de compensaciones.

Las compañías acusadas por la FNE de integrar la colusión de la centolla son la Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.

La Dirección del Trabajo (DT) reveló que, durante este domingo de segunda vuelta presidencial, cursó 20 multas por incumplimientos en derechos laborales. Además, los turnos de 42 trabajadores fueron suspendidos por vulneraciones a la legislación vigente.

Mediante un comunicado, la DT señaló que durante esta jornada se realizaron 80 fiscalizaciones en todo el país. Esto durante recorridos aleatorios por polos comerciales, como también en respuesta a denuncias en el Canal de Atención Telefónica (CAT) 600 450 4000.

Fue así que se cursaron 20 multas luego de fiscalizar tanto el derecho al sufragio, como también el feriado legal y obligatorio a dependientes de malls y strip center.

Desglose de multas

De las 20 multas, 12 se entregaron por no respetar el permiso de al menos tres horas para salir del trabajo y poder votar o excusarse. En este ítem, se acumularon sanciones por $4.172.520.

En tanto, las otras 8 fueron por no respetar el feriado a trabajadores de centros comerciales, acumulando multas por $14.951.530.

Es así como, en total, con las 20 multas se acumularon $19.124.050. 14 se cursaron en la región Metropolitana, 3 en La Araucanía y 1 en O’Higgins, Bío Bío y Aysén.

La Dirección del Trabajo fiscalizó en todo el país el respeto al derecho de sufragio y el feriado de dependientes de malls y strip center. pic.twitter.com/Ygdx4RiVvV

— Dirección del Trabajo (@DirecDelTrabajo) December 14, 2025

Turnos suspendidos

Pero eso no fue todo. También 42 trabajadores vieron suspendidos sus turnos debido al feriado que rige para los trabajadores de malls y strip center.

De ellos, 24 son de la región de O’Higgins, 9 de la región Metropolitana, 5 de La Araucanía y 4 del Bío Bío.

El director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, declaró que “obviamente, siempre esperaríamos no tener que infraccionar entre estas normas que son muy conocidas. Sin embargo, desde temprano estuvimos en todo el país recibiendo las denuncias e hicimos 80 fiscalizaciones. Así es que en ese sentido hemos realizado la labor que nos corresponde”.

La DT resaltó que, durante este proceso, no hubo denuncias por no respetar el derecho de cumplir obligaciones electorales como ser vocal de mesa, ser miembro de colegios escrutadores y ser delegados ante la Junta Electoral.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) oficializó este viernes sanciones para siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP), en específico Sociedades Anónimas Deportivas de clubes de fútbol, por “infringir sus deberes de información continua” respecto a sus estados financieros.

Fue la propia entidad fiscalizadora la que dio a conocer la noticia por medio de un comunicado subido a sus plataformas.

En el texto, se explica que el castigo se decretó luego del último Consejo de la Comisión. ¿La razón? No remitir a la CMF la información financiera periódica dentro del plazo previsto en la normativa.

“La Norma de Carácter General N° 201 dispone que las ODP deben enviar a la CMF su información financiera anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio anual, en tanto, su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre calendario”, se detalla.

Los sancionados y sus castigos

La misiva, además, detalla cuáles fueron las organizaciones que no cumplieron con su deber financiero: Club Deportivo Barnechea SADP, Club Deportes Provincial Ovalle SADP, Deportes Melipilla SADP, Lilas SADP, Limachinos SADP, Deportes Magallanes SADP y Club Deportivo San Marcos de Arica SADP.

En cuanto a las sanciones, se confirma una multa de 90 UF ($3.500.000 aproximado) para las empresas que controla a Limache y San Antonio Unido (Lilas), mientras que de 130 UF ($5.150.000, aproximado) para la de Arica.

Por otro lado, de 190 UF ($7.500.000, aproximado) fue para Barnechea, Melipilla y Magallanes. El club de Ovalle, en tanto, recibió una “censura”, lo que equivale a una amonestación escrita.

El comunicado de la CFM, además, hace hincapié en que “la resolución subrayó la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades, ya que permite a la CMF y al público en general contar con información actualizada sobre su situación financiera”.

“Con fecha 30 de mayo de 2025, la CMF informó al Instituto Nacional del Deporte que estas ODP no habían remitido oportunamente su información financiera periódica para los fines que estime pertinentes en función de sus atribuciones”, cerró.

#SancionesCMF | La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que su Consejo sancionó a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP), por infringir sus deberes de información continua.

https://t.co/UPJfrC1SjQ pic.twitter.com/GImZdakrPz

— Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (@cmfchile_) November 14, 2025

No para el escándalo por los errores que han llevado a cobros excesivos en las cuentas de la luz. Mientras avanzan los días, se van conociendo más datos y también las cifras van mutando.

Primero fue el error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), luego otro error diferente al anterior por parte de la transmisora Transelec y ayer martes se reveló un estudio de Valgesta Energía, donde se apunta que los cobros extra de las generadoras no fueron de US$110 millones, sino solo US$2 millones y que el resto se comenzaría a materializar en las boletas de luz recién en 2028.

En toda esta nube de errores, cifras y números, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, sentenció que el estudio de Valgesta “nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones, y eso es lo único que importa”.

No para el escándalo por errores en las cuentas de la luz

Fue en conversación con Radio Pauta que la autoridad abordó este y otros episodios de la polémica.

Ahondando en el análisis de la consultora, García dijo respecto a los montos extra cobrados a la ciudadanía, ahora cifrados por el biministro en US$115 millones, que “a mi me consta que -las empresas- los tienen”.

El análisis de Valgesta Energía sostiene, en resumidas cuentas, que los saldos originados entre los meses de junio de 2022 y 2024 no se pasaron de inmediato a las tarifas, sino que quedaron en “documentos de pago”, en su mayoría en poder de los bancos y que se pagarían en 2028.

De esta forma, solo se traspasaron a los usuarios finales US$2 millones por el error de cálculo de la CNE, mientras que los US$108 millones restantes que materializarían en ese año.

Sin embargo, García cuestionó en Radio Pauta que “si así fuese, ¿de dónde sacaron los US$115 millones las empresas que tienen esos recursos? No viene del aire, tienen que venir de los clientes”.

“El país adquirió una deuda cuando se descongelaron las tarifas, y la forma en que se paga esa deuda, al igual que una hipotecaria, se pagan los intereses primero. Por lo tanto, la proporción de la deuda que corresponde a este período de fijación tarifaria, aún no se empieza a pagar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que se cobró”, reafirmando.

Cabe resaltar que, según explicaron desde Valgesta, los “documentos de pago” fueron creados para que las empresas pudieran liquidarlos en los mercados financieros, y así obtener recursos en medio de la congelación de las tarifas.

El error de Transelec

Siguiendo con las declaraciones de García; respecto al reconocimiento por parte de Transelec de que encontraron un error interno que terminó en un cobro extra por poco más de US$100 millones, al consultarle al biministro por qué desde el Ejecutivo no se transparentó públicamente la situación, la autoridad dijo que el Gobierno “hizo lo que la ley le mandataba”.

Es decir, una auditoría mediante licitación con el Coordinador Eléctrico, donde nadie se presentó, se declaró desierta y ahora se busca hacer un nuevo proceso licitatorio.

“Nosotros estamos siguiendo un camino alternativo”, afirmó, en cuanto a que la si Transelec reconoció el monto antes mencionado, que ese pueda ser pagado a los clientes finales, mientras se avanza en la auditoría.

“Si la auditoría determina que debía pagar más que eso, bueno, tendrá que pagar la diferencia y además con multas”, dijo a Radio Pauta, donde también confirmó que el exministro Diego Pardow fue notificado en octubre de 2024 sobre la revelación de Transelec, por lo que ofició al Coordinador para que se iniciara la auditoría.

El escándalo por cuentas de la luz:

.- El 14 de octubre, T13 reveló que, en su informe preliminar para la fijación de precios de la electricidad, la Comisión Nacional de Energía confirmó que, tras la metodología implementada desde 2017, se incurrió en un error donde se aplicó por partida doble el efecto de la inflación en cobros pendientes a generadoras. Esto terminó en cobros extra a los consumidores finales por alrededor de US$110 millones.

.- El entonces ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que se trataba de un “error metodológico” y que las cuentas de la luz bajarían en un 2% promedio a nivel nacional desde enero de 2026, llamando a esperar el informe final de la Comisión.

.- Mientras surgían críticas de distintos sectores políticos, la CNE aseguró que Pardow fue avisado en septiembre sobre el error metodológico. El jueves 16 de octubre, se confirmó que el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia a Pardow, mientras el nuevo biministro García pidió la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE, Mario Mancilla. En su reemplazo se nombró -como subrogante- a Mauricio Funes, jefe del Departamento Jurídico del organismo.

.- Las autoridades señalaron que los clientes finales serían efectivamente compensados mediante rebajas en las cuentas de luz desde enero, señalando que esta es la manera más simple y efectiva de reintegrar estos montos. El Banco Central afirmó, por su parte, que esto sería materia de análisis en su próxima decisión de política monetaria.

.- El lunes 20, García adelantó que se había llegado a acuerdo con una transmisora, Transelec, luego que reconociera que incurrió en “una sobre valoración de su propio capital”, que a su vez sirve para fijar tarifas. La cantidad cobrada en exceso se estimó en poco más de US$100 millones.

.- Y el último episodio de esta polémica fue el martes 21, con el mencionado estudio de Valgesta Energía donde se estima que los cobros extra que efectivamente pagaron los consumidores fue de solo US$2 millones, y que los US$108 millones restantes se materializarían en 2028. Por ello, resaltan que todavía existe un período de tiempo para buscar una solución anticipada y no golpear el bolsillo de las familias.