Argentina está negociando con bancos privados obtener un préstamo de US$2.000 millones respaldado por el Banco Mundial, según ha informado este jueves ‘Bloomberg’ citando fuentes conocedoras del asunto.

El Gobierno argentino parece encaminado a agenciarse un tipo de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones aún no han concluido y las condiciones podrían cambiar. Esta tasa resultaría más asequible que volver ahora mismo a los mercados internacionales, dado que estos exigen rendimientos superiores al 9%.

El crédito contará con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ambos adscritos al Banco Mundial. Así, su estructura será similar a la utilizada por Panamá para levantar US$1.400 millones a principios de 2026.

Una vez asegurado el préstamo, el siguiente paso para Argentina sería volver a los mercados globales, aunque este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, ya aseguró que el país no necesitaría su financiación, al menos, durante lo que queda de año.

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, ha calificado de “inaceptable” que el estatal Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no pueda supervisar el megapuerto de Chancay, después de que el Poder Judicial ordenara a este organismo regulador abstenerse de controlar esta infraestructura controlada por la empresa china Cosco Shipping Lines.

“Nos preocupa que siendo un puerto sumamente importante para el Perú y para el íntegro del comercio en el Pacífico, pueda haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo, de las instalaciones portuarias, que no puedan ser materia de supervisión por el órgano regulador”, afirmó en un comunicado publicado por el Gobierno peruano.

Ante esta situación, Álvarez avanzó que el Ejecutivo apelará el fallo, y si no consigue una respuesta favorable, analizará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Tensión en Perú por megapuerto de Chancay, propiedad de naviera china Cosco

“El Tribunal Constitucional no solo se limita a las cláusulas de índole civil o de derecho marítimo, es el principal defensor de la Constitución y, por tanto, de la soberanía nacional. Además, hay que tener en cuenta un tema muy importante. No hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución”, recalcó.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundado un recurso de amparo presentado en 2024 por Cosco Shipping Lines contra el Ositran por supervisar el puerto, puesto que consideraba que este vulneraba sus derechos de control.

El conocido como Megapuerto de Chancay está controlado por Cosco Shipping, que ostenta el 60% de la infraestructura, y por la minera peruana Volcan Compañía Minera.

Debido a la presencia china en un puerto tan relevante para la región, Estados Unidos expresó su “preocupación” por la posible pérdida de poder por parte de Perú para supervisar una de sus infraestructuras y advirtió de que “el dinero chino barato cuesta soberanía”.

Por su parte, un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que “China se opone firmemente y deplora las falsas acusaciones y la desinformación de Estados Unidos contra el Puerto de Chancay”.

Respecto a estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros peruano resaltó que China es su “principal socio comercial en este momento” y Perú mantiene con Estados Unidos “una relación de estrategia y hemisférica” porque “encarna los valores y los principios en los cuales se construyó la sociedad peruana”.

El expresidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, afirmó a EFE que la devolución de dólares a pequeños ahorradores iniciada por el Gobierno de Rodrigo Paz va “en buena dirección” para terminar el “corralito”, aunque advirtió que la medida no es suficiente para normalizar la relación de la economía con la divisa.

Morales consideró que la restitución de ahorros en dólares a personas y pequeñas empresas con depósitos de hasta US$1.000 representa un paso inicial para desmontar el denominado “corralito”, como se le llama a la retención de dólares, que se instauró en el sistema financiero, pero señaló que todavía existe “un monto importante” que no ha sido devuelto a los ahorradores de mayor tamaño.

El “corralito” de dólares en Bolivia, en camino a su fin

La devolución de divisas y la baja de la cotización referencial del dólar, entre otras medidas, son vistas por analistas como señales de que el Ejecutivo intenta aliviar las restricciones vigentes desde finales de 2023, cuando comenzaron los límites a los retiros y transacciones en moneda extranjera dentro y fuera del país, en un contexto de escasez de dólares.

El problema se agudizó a inicios de 2023, cuando las reservas internacionales netas (RIN) descendieron a US$3.148 millones, uno de los niveles más bajos desde 2014, año en que alcanzaron un máximo histórico de US$15.122 millones.

Desde entonces, la dificultad para acceder a divisas por canales oficiales impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 el dólar llegó a cotizarse en 20 bolivianos, frente al tipo de cambio oficial fijo de 6,96 vigente desde 2011.

Además de la devolución de ahorros en dólares, el Gobierno de Paz adoptó otras medidas económicas como la eliminación de la subvención a los combustibles, que elevó los precios del diésel y la gasolina, y la reducción de aranceles para tecnología.

En noviembre también se anunció la eliminación de cuatro impuestos que, según las autoridades, desincentivaban la inversión privada, aunque esa iniciativa aún está pendiente de tratamiento en el Parlamento.

Un ajuste económico “severo”

Por su parte, el gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo a EFE que estas decisiones envían “señales fuertes” a los agentes económicos.

Rodríguez sostuvo que la baja de la cotización del dólar frente al mercado paralelo, producto de una mayor transparencia en las transacciones financieras y del inicio del levantamiento del “corralito” para los depósitos en dólares, ha sido bien recibida por la población, pese a que el ajuste ha sido severo.

Asimismo, Morales, economista que fue presidente del BCB de 1995 a 2006, subrayó que, para mantener una relación más estable con el dólar, el principal punto de referencia debe ser la cotización del mercado paralelo, que consideró un nivel “razonable”.

En ese sentido, señaló que no es aconsejable pensar en mantener el tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos, ya que ello restaría competitividad a la economía boliviana en el ámbito internacional. Para Morales, la cotización referencial que debería mantenerse este año se ubicaría entre 9,50 y 9,60 bolivianos por dólar.

Desde diciembre, el BCB publica a diario un valor referencial del dólar frente al boliviano, mientras el Ejecutivo ha aclarado que el tipo de cambio oficial se mantiene y que se avanzará hacia un esquema “flexible”, previo fortalecimiento de las RIN.

La devolución de divisas fue anunciada la semana pasada por el presidente Paz y el ministro de Economía, y ejecutada a través del sistema financiero con la entrega de dólares en efectivo por parte del BCB. El presidente del ente emisor, David Espinoza, informó que la medida beneficiará a 770.000 pequeños ahorradores y 20.000 pequeñas empresas, con un monto aproximado de US$48 millones, y que el Gobierno continuará trabajando para atender al 20% restante.

En medio de la llamada “paradoja del cobre”, esto es, la bonanza del precio y los desafíos hacia adelante, es que se cayó el nombre de Santiago Montt para encabezar la cartera de Minería bajo el gobierno de José Antonio Kast.

El anuncio no dejó a nadie sin cuidado, mucho menos dentro del sector económico, considerando que desde se anunció a Kast como presidente electo, manifestaron que “dada la complejidad y relevancia que tiene esta industria para el desarrollo del país, se necesitaba de una única persona para asumir el desafío”.

La caída de Santiago Montt del Ministerio de Minería

Desde el Partido Republicano reconocieron que generó molestia el anuncio adelantado que llegó de parte de la empresa Los Andes Copper donde Montt se desempeña como CEO hasta, en teoría, el 19 de febrero.

Dicha compañía impulsa el proyecto Vizcachitas, objetado vía judicialización y que ha sido apuntado por la Sonami como un “foco de inversión paralizado por la permisología”. Por eso el nombre de Santiago Montt se veía con entusiasmo, considerando que era un “conocedor de los proyectos mineros”.

Sin embargo, en su lugar fue designado como biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien ocupó el cargo de vicepresidente de la CPC. Con todo, su nombre no ha estado exento de críticas, sobre todo porque Mas es Ingeniero Agrónomo con especialidad en Economía Agraria, aunque dedicado al sector inmobiliario.

Cuestionamientos a la constitución de un biministro

Desde la Cámara Minera de Chile, su presidente Manuel Viera, también manifestó que esperaban que, en reemplazo de Aurora Williams, llegara un ingeniero en minas “o al menos un profesional ligado a la industria”.

Asimismo, agregó que cuando “a la vaca lechera se le acabe la leche, ahí se van a dar cuenta de la importancia de la minería”.

“El hecho de que la minería esté debajo de otro ministerio, nadie puede estar feliz. Siguen manteniendo a la minería solamente como vaca lechera. El problema es que a la vaca lechera hay que alimentarla, con ideas, con momentos, con políticas públicas inteligentes”, aseguró Viera.

Con todo, desde el gremio también se han mostrado abiertos a colaborar con el ministro Mas “para impulsar el desarrollo sostenible, para revisar las dificultades que enfrenta el sector y los requerimientos que tiene para estar a la altura de lo que el mundo está requiriendo”.

Por su parte, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, reiteró que no comparten la decisión de Kast, pero aun así, manifestó la total disposición del gremio para trabajar por Chile.

“Hemos dicho que la magnitud de estos desafíos -en la minería- que nosotros desearíamos tener un ministro 100% dedicado a la cartera”, lamentó Riesco.

Y el debate arribó también a la esfera política, porque parlamentarios de regiones mineras pidieron “reconsiderar el nombramiento de un agrónomo”.

La carta firmada por los diputados Jaime Araya, Cristián Tapia, Nelson Venegas y Marcela Riquelme, dice que ante un escenario en que la competencia regional se vuelve cada vez más fuerte, “nuestro país no puede darse el lujo de que la industria minera termine pagando los costos de esta improvisación”.

En lo productivo, la minería del cobre se mantiene estancada en torno a los 5,4 millones de toneladas, con una proyección para 2026 que apenas subiría hasta entre 5,5 y 5,7 millones en un escenario optimista y una meta de 6 millones que se cumpliría pasado 2030.

De ahí que Daniel Mas tendrá un desafío importante hacia adelante.

Tras las declaraciones del presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, donde señalaba que de los cerca de 600 mil nuevos empleos creados en lo que va de su Gobierno, más del 90% son formales, el ministro de Economía, Nicolás Grau, salió a defender los dichos del mandatario.

Además, comentó respecto al proyecto de permisología, que busca agilizar la tramitación de permisos para grandes proyectos de inversión que intenta avanzar en el Senado.

Fue en una entrevista con radio Duna que en general las intervenciones de participantes de la Comisión de Economía del Senado son positivas.

Grau destaca proyecto de permisos sectoriales

En este sentido, Grau afirmó que frente a las críticas por posible falta de contenidos en el proyecto, “las personas que han puesto esos adjetivos no son quienes, probablemente, hayan visto en profundidad el proyecto, porque altera más de 40 leyes, va a disminuir los tiempos hasta un 70% en algunos casos”.

“Se está haciendo una transformación muy profunda en la parte de permisos sectoriales”, sentenció.

Durante su conversación en radio Duna, Grau agregó que “todas las personas que han visto y tramitado esto, y que han visto la amplitud de lo que hacemos, en general lo valoran”, enfatizando en que lo relacionado con los permisos sectoriales de monumentos nacionales también están incluidos en la iniciativa.

Unos 600 mil nuevos empleos en el Gobierno del presidente Gabriel Boric

Por otro lado, respecto a la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, el Ministro de Economía reafirmó lo dicho por el mandatario, que durante el Gobierno se han creado cerca de 600 mil nuevos puestos de empleo y que más del 90% de ellos “han sido formales”.

Incluso, el encargado de Economía apuntó que el aporte de los empleos públicos a esta cifra “es muy menor”. Cabe destacar que durante varios informes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se destacó al aparataje público como uno de los principales sectores que aportaron a la mayor ocupación.

Al respecto, han surgido críticas por este aumento de trabajadores en el sector público que, a fines del año pasado, ya alcanzaba los 930 mil.

Y si bien reconoció que existen más empleados públicos que al inicio del Gobierno, Grau dijo en radio Duna que es “de manera muy acotada (…) en ningún caso puede explicar menos de 1/5 del dato”.