El Gobierno prepara una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego del crimen de Alejandro Águila en San Bernardo, caso que reabrió el debate por las sanciones que reciben menores de edad involucrados en delitos violentos.

Aunque la discusión tomó fuerza tras este hecho, el trabajo ya venía desarrollándose desde hace al menos dos semanas entre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Ambos secretarios de Estado han revisado fórmulas para endurecer la respuesta penal en los casos más graves.

Gobierno prepara cambios a Ley Penal Adolescente

La base de las conversaciones ha sido una moción parlamentaria presentada en 2022 por el actual senador Andrés Longton (RN).

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y lista para ser votada en general en la Sala del Senado.

A diferencia de otras propuestas que apuntan a modificar la edad de imputabilidad, el proyecto busca intervenir las reglas que hoy permiten rebajar las penas de adolescentes entre 14 y 17 años.

Ese tramo concentra buena parte de la discusión sobre delitos cometidos por menores de edad.

Jóvenes de 16 y 17 años podrían ser juzgados como adultos

Entre los cambios que evalúa La Moneda está la creación de un mecanismo de transferencia judicial.

Esta figura permitiría que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto cuando se trate de delitos especialmente graves.

Entre esos ilícitos figuran casos como homicidio, secuestro o uso de artefactos explosivos.

La medida no sería automática. De acuerdo con las conversaciones del Ejecutivo, solo podría ser solicitada por el Ministerio Público y tendría que ser resuelta por un juez en una audiencia especial, con participación de la defensa.

Qué criterios se considerarían

Para definir si un adolescente puede ser juzgado bajo las reglas del sistema adulto, se considerarían distintos factores.

Entre ellos estarían la gravedad del hecho, el nivel de participación del imputado, su historial delictivo y el riesgo para la seguridad de la sociedad.

Las indicaciones también incluirían normas sobre reincidencia en mayores de 14 años.

Además, se evalúa el traslado a cárceles de adultos de quienes cumplan 18 años mientras aún mantienen penas de reclusión pendientes, siempre dentro del catálogo de delitos de mayor gravedad.