El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y liberó una parte del paquete de 20.000 millones que el organismo comprometió con el gobierno de Javier Milei el año pasado.

Además del visto bueno a nivel técnico, el memorando de políticas económicas que acompañó esa decisión dejó al descubierto una hoja de ruta de los compromisos que el gobierno libertario asumió ante el organismo para sus próximos dos años de gestión.

Una agenda ambiciosa que incluye una reforma tributaria, un presupuesto atado al déficit cero y un sistema previsional que no se tocará hasta después de las elecciones y genera dudas sobre su sostenibilidad.

Un sistema con más de 155 impuestos en la mira

El compromiso más concreto del gobierno en el documento es la presentación de una reforma tributaria antes de fin de año. La iniciativa deberá apuntar a mejorar la eficiencia y simplificar un sistema que el propio FMI califica de “complejo, altamente distorsivo e inestable”.

Argentina cuenta con más de 155 impuestos, y más de un 25% de su recaudación depende de tributos considerados distorsivos, como los derechos de exportación, el impuesto sobre las transacciones financieras y sobre los Ingresos Brutos (IIBB), que se aplica en cascada sobre cada etapa de la cadena productiva y que recaudan las provincias.

Con ese diagnóstico, el FMI elaboró una lista de recomendaciones: reducir las exenciones impositivas con las que cuentan determinados sectores económicos, ampliar la base del impuesto a las ganancias para que más contribuyentes tributen, aumentar el monotributo (un régimen simplificado que usan trabajadores independientes y pequeños negocios), simplificar el impuesto corporativo para reducir la carga sobre las empresas, eliminar gradualmente las retenciones al sector agropecuario y el impuesto al cheque.

A más largo plazo, propone que las provincias reemplacen Ingresos Brutos por un esquema de IVA compartido entre la nación y las provincias, similar al que funciona en India o Brasil.

Esta semana, como señal en esa dirección, el gobierno presentó un cronograma de bajas de derechos de exportación para el campo y la industria. El FMI estimó que eliminar las retenciones podría aumentar las exportaciones agroindustriales cerca de un 10%, sumar unos 5.000 millones de dólares anuales en divisas y elevar el PIB alrededor de 0,4 puntos porcentuales.

Déficit cero

Un compromiso central del acuerdo es el envío de un Presupuesto 2027 consistente con la regla de déficit cero, una meta que el gobierno viene cumpliendo —en abril registró superávit financiero para el sector público no financiero— pero que enfrenta desafíos a medida que avanza el año.

“El déficit cero es posible de mantener, pero requiere de un esfuerzo constante para que la recaudación no pare de caer”, advierte a BioBioChile Lucio Garay, economista de la consultora Ecogo. Las principales debilidades, según el economista, son la fragilidad de la actividad económica y del mercado laboral.

“La recaudación no solo no repunta, al igual que la actividad, sino que además el Ejecutivo la fuerza constantemente, como con la baja de alícuotas en Derechos de Exportación, tributo que va en su totalidad a Nación. En paralelo, el mismo Ministro de Economía reconoció que era difícil seguir generando superávit vía un mayor ajuste del gasto”, agrega.

El FMI también alertó sobre las reservas internacionales: la posición neta negativa ronda los 10.000 millones de dólares, y el organismo proyecta que los pagos de Argentina al Fondo alcanzarán el 18% de las reservas brutas del Banco Central en 2027.

“En el segundo semestre del año, la oferta de dólares es estacionalmente más baja y el contexto electoral puede incentivar al Banco Central a vender divisas para sostener el tipo de cambio como ancla cambiaria, que es hoy su principal arma contra la inflación”, dice Garay.

Las jubilaciones, para después de las elecciones

Otro de los puntos políticamente sensibles del documento es la definición sobre el sistema previsional. El gobierno dejó asentado en el memorando que no avanzará con una reforma estructural del sistema de pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

La lógica oficial es que la reforma previsional requiere primero una mayor formalización laboral —que esperan que llegue con la implementación de la Ley de Modernización Laboral— y luego una reforma tributaria que impulse el crecimiento del sector privado. Una vez aplicadas las reformas, planean comenzar a diseñar cambios al sistema previsional.

En el informe de evaluación del programa económico, el FMI había advertido que el gasto en pensiones representa aproximadamente el 45% del presupuesto federal y que se proyecta que aumente aún más a medida que avancen las presiones demográficas.

Para Garay, postergar la reforma hasta después de 2027 es un pragmatismo político: “El costo político es mucho mayor que el costo que pueda tener el gobierno por seguir sumando jubilaciones a pagar”.

¿Qué puede aprender Chile?

El caso argentino llega en un momento en que Chile tramita su propia reforma tributaria. El gobierno de José Antonio Kast impulsa una megarreforma de 40 medidas que ya superó su primer trámite legislativo, pero que enfrenta advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El debate chileno tiene otro signo: mientras Argentina busca simplificar y reducir impuestos distorsivos para recuperar competitividad, Chile discute una rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% como motor de crecimiento, sin medidas recaudatorias que compensen la caída de ingresos.

“Argentina intentó ordenar primero el déficit fiscal y después encarar las reformas estructurales. Ese orden importa”, explica a este portal un empresario que prefiere no revelar su identidad; “la simplificación del sistema tributario es un proceso que toma tiempo y genera resistencias políticas. La reforma previsional, por su parte, requiere condiciones previas de formalidad laboral que tampoco se construyen de la noche a la mañana”.

El magnate tecnológico germano-estadounidense Peter Thiel está echando “nuevas raíces” en Argentina, donde ha comprado propiedades y trasladado a su familia, por su preocupación con el rumbo político de Estados Unidos, según reportó este jueves The New York Times.

Thiel, de 58 años, cofundador de PayPal, Palantir y conocido donante republicano, recientemente se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, compró una mansión en Buenos Aires y organizó un evento social allí, dijeron al diario funcionarios y personas cercanas al empresario.

Peter Thiel está “echando raíces” en Argentina

“Sus nuevas raíces en Argentina están parcialmente motivadas por su preocupación con el rumbo de EEUU, dijeron fuentes conocedoras de sus ideas, particularmente de California, donde una iniciativa en las elecciones de noviembre puede llevar a un importante impuesto a los multimillonarios”, indica la nota.

Thiel ha reubicado temporalmente a su familia en Argentina, ha matriculado a sus hijos en una escuela local y también ha comprado un terreno en Uruguay, agrega el diario. Además, se le vio jugando en un club de ajedrez en Buenos Aires.

Respecto a sus contactos con el Gobierno argentino, además de Milei, también se ha reunido con el ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger, y el de Economía, Luis Caputo, además de economistas reconocidos del país.

Como anécdota, el rotativo señala que en una reciente velada con economistas la conversación acabó derivando en la llegada del Anticristo, tema sobre el que ha viajado por el mundo dando conferencias, incluyendo a Roma el pasado marzo.

El titán de Silicon Valley, cuya fortuna se estima en al menos US$22.000 millones, fue un financiador del presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, JD Vance, actual vicepresidente de EEUU.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publicó el dato de inflación de abril. Con ese número, el acumulado del año llegó a 12,3%, guarismo que confirma aquello que analistas venían advirtiendo desde que comenzó el año: el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso en septiembre del 2025 quedó obsoleto antes de cumplir la mitad del año.

La ley de presupuesto fijó como meta central una inflación anual del 10,1% para el 2026. Enero registró 2,9%, febrero otros 2,9%, marzo cerró en 3,4%. Con el 2,6% de abril, la meta terminó de cruzar ese umbral.

Un diagnóstico que no contempló la inercia

Para entender por qué ocurrió esto, hay que ir más atrás que enero. Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial y exfuncionario del Ministerio de Economía, señala a BioBioChile que existe un piso de inflación inercial de entre el 2 y el 2,5% mensual que es “muy difícil de perforar”.

Ese piso tiene una explicación estructural: una cadena de contratos y precios indexados a la inflación pasada. Alquileres, tarifas de servicios públicos, prepagas de salud, jubilaciones —que se actualizan con un rezago de dos meses respecto al IPC— y hasta las bandas cambiarias, que también se mueven en función de la inflación. “Todavía hay una arquitectura de contratos indexados que hace muy difícil que la inflación se desacelere por debajo de este piso”, explica Montagu.

El problema, según el economista, es que el Gobierno apostó a que la restricción fiscal y monetaria alcanzarían para vencer esa inercia.

“Eso no funciona así en Argentina, no funcionó así en el pasado”, dice. Las anclas que al inicio del plan económico contribuyeron a contener la subida de precios hoy habrían perdido efecto. Lo que queda, advierte, es una deflación que depende cada vez más de la recesión y de la caída del salario real —dos variables con costos sociales altos y límites políticos evidentes.

A eso se sumó un factor externo que nadie había anticipado: el conflicto en el Estrecho de Ormuz disparó el precio internacional del petróleo y empujó la inflación de marzo al 3,4%, cuando la mayoría de las estimaciones privadas esperaba un número más cercano al 2,6%.

¿Error de cálculo o decisión estratégica?

Martín Epstein, politólogo e investigador del Centro CEPA, plantea que la explicación de la meta tiene dos capas. La primera es técnica: el Gobierno subestimó la dinámica inflacionaria de la segunda mitad de 2025, cuando la inflación mensual fue subiendo consistentemente mes a mes desde mayo. Con esa tendencia a la vista, igual presentó en septiembre un proyecto de presupuesto que proyectaba una inflación del 10% anual para 2026. “Era demasiado alejado de un número razonable”, dice Epstein.

La segunda explicación es política. Para Epstein, una meta de inflación baja en el Presupuesto cumple dos funciones simultáneas: anclar expectativas —mandar una señal a los mercados y a la sociedad de que los precios van hacia abajo— y, al mismo tiempo, generar margen de discrecionalidad para el Ejecutivo.

“En la medida en que planteas una inflación del 10% y ajustas partidas en función de esa expectativa, toda inflación que te quede por arriba le da mayor margen de discrecionalidad al gobierno para asignar, reasignar y ajustar partidas a lo largo de la ejecución presupuestaria”, explica.

No es la primera vez que ocurre algo similar en Argentina. Epstein recuerda que el gobierno de Macri presentó un presupuesto con una inflación prevista del 10% —más o menos dos puntos— y terminó con más de 40%. “Los presupuestos tienen un margen de error muy alto”, reconoce. Pero en este caso, agrega, ese margen de error también es margen de poder.

Qué se licúa y qué queda a salvo

La pregunta concreta es cuáles son las partidas que sienten el golpe cuando la inflación real duplica o triplica la proyectada. La respuesta, según Epstein, depende de si están o no atadas a algún índice.

Las jubilaciones, por ejemplo, se actualizan mediante la fórmula de movilidad, que sigue con rezago la evolución del IPC. Eso las protege parcialmente del desfasaje, aunque el bono fijo de 70.000 pesos argentinos (hoy 50 dólares) —congelado desde hace dos años— sigue perdiendo valor mes a mes sin ningún ajuste inflacionario.

Donde el problema es más serio es en las partidas que no tienen indexación automática: los fondos transferidos a las provincias, los presupuestos de los organismos descentralizados, el financiamiento universitario, los salarios de la administración pública. En todos esos casos, la diferencia entre la inflación proyectada y la real opera como un ajuste encubierto, una licuación silenciosa de recursos. “Cuanto más fuerte sea la brecha entre la inflación prevista y la inflación que se dé finalmente al cierre de diciembre, mayor licuación vamos a tener”, señala Epstein.

Montagu agrega otra dimensión: el impacto sobre el ingreso disponible de las familias. El ajuste de tarifas de servicios públicos, combinado con la indexación de múltiples precios de la canasta básica, está comprimiendo el poder de compra en todos los deciles de ingresos —no solo en los más bajos. Parte de esa caída, dice, se está canalizando hacia el endeudamiento de las familias y hacia una mora bancaria que ya está alcanzando niveles récord.

El segundo semestre, en el aire

Con una inflación acumulada de 12,3% al cierre de abril y sin ningún mecanismo previsto en el Presupuesto para actualizar las partidas en función del nuevo escenario, el segundo semestre se presenta con dos problemas superpuestos.

El primero es aritmético: si la inflación anual termina en torno al 30% o 35% —como sugieren las estimaciones privadas— y el Presupuesto ajustó el gasto en un 8% o 10%, el recorte real de las partidas será brutal, aunque en términos nominales no parezca.

El segundo es político. En los últimos días ya se registraron recortes abruptos en distintas áreas de la administración, incluso con un presupuesto que contemplaba una inflación mínima. La pregunta que se abre de cara a los próximos meses, según Epstein, es hasta cuánto la sociedad tolera ese nivel de ajuste. Y si el equilibrio fiscal —el objetivo central que el Gobierno no quiere resignar— puede sostenerse en un contexto donde la recaudación lleva nueve o diez meses de contracción real.

El Gobierno de Argentina publicará este viernes los pliegos del proceso de licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la mayor empresa distribuidora de agua del país, con 3,8 millones de usuarios.

“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado nacional”, anunció este jueves el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

El 10% restante de las acciones de AySA pertenecen a los 5.993 trabajadores de la compañía a través de un programa de propiedad participada.

“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, afirmó Caputo.

AySA presta servicios a 3,8 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios que rodean a la capital argentina, un área de 3.363 kilómetros cuadrados donde viven 15,1 millones de personas.

En 2006, el entonces Gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato de concesión de servicios por treinta años firmado en 1993 con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez (39,93%) y participada por la española Aguas de Barcelona (25,01%).

Al rescindir el contrato, el Gobierno de Kirchner alegó la mala calidad del servicios prestado en algunas áreas y el incumplimiento por parte de la compañía de las inversiones pautadas en el contrato.

Aguas Argentinas, de la que también eran socios el argentino Banco Galicia, la francesa Vivendi, la Corporación Financiera Internacional y la británica Anglian Water, fue entonces disuelta y se creó la estatal AySA para hacerse cargo del servicio.

AySA fue incluida en la lista de empresas a privatizar contempladas en la ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, una norma de amplio alcance sobre desregulación de la economía y ajuste en el Estado, aprobada por el Congreso en junio de 2024.

El Gobierno de Javier Milei ha cuestionado que desde 2006 y hasta 2023 AySA requirió para funcionar fondos del Tesoro por unos 13.400 millones de dólares, pese a lo cual hubo un “fuerte deterioro” de la infraestructura.

Según información difundida por la compañía en marzo pasado, AySA pasó de recibir transferencias del Estado nacional en 2023 por 1,3 billones de pesos (915 millones de dólares) a 37.000 millones de pesos (26 millones de dólares) en 2025.

El año pasado la empresa logró un superávit operativo de 237.000 millones de pesos (167 millones de dólares).

Un año después de sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sigue atrapada en una paradoja que conoce de memoria: evitó una crisis inmediata, pero al costo de profundizar su dependencia financiera y política. La deuda con el organismo ya supera los US$57.000 millones y mantiene al país como el principal deudor del Fondo a nivel global.

El programa, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Facilidades Extendidas, es el último de más de 20 que Argentina suscribió con el FMI desde 1956.

Implicó un paquete de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.000 millones, con metas exigentes en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas internacionales.

El último entendimiento con el FMI se dio en un contexto crítico. Con reservas internacionales en negativo —es decir, con más compromisos en dólares que activos disponibles— y fuertes presiones sobre el tipo de cambio en un año electoral, la administración de Javier Milei recurrió al Fondo en busca de financiamiento y credibilidad externa, a cambio de nuevos ajustes en la política cambiaria.

Al igual que en otras ocasiones, el acuerdo permitió contener tensiones en el corto plazo. Sin embargo, el frente externo continúa mostrando señales de fragilidad.

Como muestra gratis, apenas seis meses más tarde, con un resultado negativo en las elecciones legislativas, el gobierno argentino volvió a necesitar asistencia extraordinaria —esta vez del Tesoro de Estados Unidos— para sostener el programa en medio de nuevas presiones financieras.

El origen del problema: un acuerdo bajo presión

Economistas consultados por BioBioChile coinciden en que el acuerdo número 23 de Argentina con el FMI se firmó en condiciones de extrema debilidad, con escaso margen de negociación por parte del gobierno argentino.

“La cuenta de dólares no estaba pasando por un buen momento y el Banco Central venía vendiendo reservas”, explicó el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, al describir el contexto previo a la firma.

En ese escenario, el gobierno se comprometió a implementar cambios relevantes en la política cambiaria, como la flexibilización de las restricciones para comprar dólares y un esquema más libre del tipo de cambio, que, según Garay Méndez, “le dieron cierta volatilidad y fragilidad” al programa desde su inicio.

Desde una mirada más crítica, Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, apuntó a un problema estructural del acuerdo.“Se negocian metas con el FMI que no se pueden cumplir”, sostuvo. Esta combinación de urgencia financiera y compromisos exigentes explica, según los analistas, por qué el programa nació con inconsistencias internas que persisten hasta hoy.

Los logros: inflación contenida y ajuste fiscal

A un año de su implementación, hay cierto consenso en que el acuerdo logró evitar una crisis mayor en el corto plazo.

“El programa sigue de pie”, sostuvo Garay Méndez, quien destacó que la inflación mensual se haya mantenido por debajo del 3% durante varios meses, un dato relevante para la economía argentina que tiene un promedio histórico de inflación mensual de casi 4%.

Otro de los puntos que destacan los analistas es el frente fiscal. Según Burgos, el gobierno sobrecumplió la meta de equilibrio de las cuentas públicas, consolidando el ajuste del gasto como eje del programa.

Sin embargo, ese orden macroeconómico tuvo sus costos: “El gobierno sostuvo el superávit a costa de un fuerte ajuste que hoy la economía lo siente en los ingresos de las familias y en el nivel de actividad de sectores como la industria, el comercio y la construcción”, advirtió Garay Méndez.

Esto se traduce en una economía debilitada y con impacto en el empleo: aumento de la desocupación, alta informalidad y salarios que pierden poder de compra.

Donde hay mayor coincidencia entre economistas es en identificar el principal punto débil del programa: la falta de acumulación de reservas internacionales. “Se compran dólares, pero no se logran acumular”, explicó Burgos, y estimó que aún faltan unos US$18.000 millones para cumplir las metas acordadas con el FMI.

El límite del programa

A un año de su implementación, el acuerdo con el FMI empieza a mostrar sus límites. “El mayor desafío es avanzar con la desinflación y la compra de divisas al mismo tiempo”, explicó a BioBioChile Lucio Garay Méndez.

Pero más allá de ese equilibrio técnico, el debate de fondo es qué tipo de estabilización puede sostener Argentina en el tiempo.

En este sentido, el actual esquema logra ordenar variables en el corto plazo, pero sin modificar los condicionantes estructurales de la economía. Con el correr de los meses, esa tensión tiende a trasladarse desde los indicadores macroeconómicos hacia la actividad y el empleo.

“Estos modelos funcionan e incluso pueden tener apoyo político al principio, pero después aparecen los problemas sociales y laborales”, señaló Martin Burgos.

En un año electoral, se pone a prueba el respaldo social al ajuste y abre el interrogante sobre cómo responderán los votantes frente a un programa que logró estabilizar algunas variables, pero todavía no mejora de forma clara las condiciones de vida.

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en marzo pasado en el 32,6% interanual, lo que marca su primera desaceleración tras cuatro meses consecutivos en aumento, aunque registró el alza intermensual más elevado en un año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en marzo marca una caída respecto al 33,1% de febrero, que había sido la más alta en seis meses.

En el tercer mes del año los precios al consumidor crecieron el 3,4% en comparación con febrero pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,9%, y registraron así el alza intermensual más elevado desde marzo de 2025, cuando se ubicó en el 3,7%.

La inflación en Argentina

El aumento intermensual conocido este martes marca además el décimo mes consecutivo en el que la tasa de inflación mensual no ha desacelerado.

Poco después de la publicación del informe del Indec, el presidente argentino, Javier Milei, escribió en su perfil de la red social X que “el datos es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”. Además, consideró que hay “elementos duros” que lo explican y expresó su deseo de que “a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

INFLACIÓN
El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.
VLLC!

PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX

— Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

La inflación argentina acumuló en el primer trimestre del año un alza del 9,4%, según el informe del Indec.

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 3% en comparación con febrero, mientras que los servicios subieron el 4,2%, unos datos que ascienden al 27,6% y el 43,7%, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en marzo destacan las de gastos de educación (12,1%), coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo lectivo.

Los precios del transporte aumentaron un 4,1% y los de la categoría vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 3,7%, en un contexto de aumento de los precios de combustible producto de la guerra en Oriente Medio.

Inflación aún muy por sobre el promedio mundial

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5% en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8% de 2024.

Pese a la notable desaceleración el año pasado, la inflación en Argentina está todavía muy lejos del promedio mundial, de acuerdo a las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su informe de ‘Perspectivas Económicas Mundiales’ publicado este martes, el FMI estimó que el índice de precios al consumidor se desacelerará este año en el país suramericano al 30,4%, levemente por debajo de la cifra registrada en 2025 pero casi dos veces más que el 16,4% previsto en octubre pasado por el organismo para este 2026.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 29,1%, con una tasa mensual del 2,6% proyectada para abril.

La tasa mensual de inflación llegó a tocar un piso del 1,5% en mayo de 2025, pero desde entonces el índice viene en aumento y el dato de marzo profundiza las dudas sobre cuándo Argentina podrá retornar a la senda de la desinflación.