El cobre es citado a veces como el “sueldo de Chile”, en cuanto a sus ventas constituyen una parte importante del PIB local y los ingresos fiscales, incluso influyendo directamente en el valor del dólar ante el peso de la materia prima en la economía chilena.

Más allá de este contexto, el valor del metal rojo suele dar cuenta de los cambios en la industria global. Y en este sentido, desde Bloomberg señalaron que el cobre está siendo transado en los mercados internacionales “como una acción tecnológica de fuerte crecimiento”.

Así, el medio de finanzas y economía afirmó que los inversores apuestan que su uso se disparará, y que parte del combustible para esta subida es la mayor demanda de energía por la Inteligencia Artificial (IA).

Bloomberg: el cobre se transa “como una acción de IA”

“Los precios subieron hasta un récord al cierre de la semana pasada, luego retrocedieron por la volatilidad de las acciones relacionadas a la IA, y repuntaron este viernes a medida que los inversores volvieron al sector”, apuntaron en una nota.

Si bien la inversión que se deberá realizar en infraestructura energética para dar abasto a las exigencias eléctricas de los centros de datos son parte importantes del impulso alcista del cobre, desde Bloomberg destacan otro factor: inversores que se vuelcan a activos tangibles como una “cobertura” contra la inflación.

También está el papel de la “subinversión crónica en nuevas minas” que tiene al mercado afrontando un futuro “déficit grave de oferta”.

Sin embargo, hay voces que advierte que el mercado descontó “demasiado pronto” un aumento de la demanda.

Mientras que desde S&P Global prevén que la demanda de cobre impulsada por IA alcanza 1,16 millones de toneladas métricas en 2026 -aunque las más bajas apuntan a unos 125 mil-, una investigación entre Marx Group y la Universidad de Oxford, citada por Bloomberg, señala que la industria está enfrentando cuellos de botella en cuanto a mano de obra, energías, permisos y equipos.

Todo ello no ha evitado que los inversores tomen posiciones netas largas por alrededor de US$14 mil millones en los mercados de futuros en Londres y Nueva York.

Según reveló el propio medio, la Bolsa de Metales de Londres (LME por sus siglas en inglés) vio la mayor cantidad de órdenes para sacar cobre de sus almacenes desde 2013, lo que podría ser reflejo de movimientos para trasladar esas existencias a los mercados de futuros y obtener mayores rentabilidades, justo en un momento donde el mercado sigue atento posibles cambios arancelarios sobre la principal exportación chilena.

Al cierre del mercado, los futuros de cobre en Estados Unidos subieron 1,33% hasta US$6,37 la libra.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publicó el dato de inflación de abril. Con ese número, el acumulado del año llegó a 12,3%, guarismo que confirma aquello que analistas venían advirtiendo desde que comenzó el año: el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso en septiembre del 2025 quedó obsoleto antes de cumplir la mitad del año.

La ley de presupuesto fijó como meta central una inflación anual del 10,1% para el 2026. Enero registró 2,9%, febrero otros 2,9%, marzo cerró en 3,4%. Con el 2,6% de abril, la meta terminó de cruzar ese umbral.

Un diagnóstico que no contempló la inercia

Para entender por qué ocurrió esto, hay que ir más atrás que enero. Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial y exfuncionario del Ministerio de Economía, señala a BioBioChile que existe un piso de inflación inercial de entre el 2 y el 2,5% mensual que es “muy difícil de perforar”.

Ese piso tiene una explicación estructural: una cadena de contratos y precios indexados a la inflación pasada. Alquileres, tarifas de servicios públicos, prepagas de salud, jubilaciones —que se actualizan con un rezago de dos meses respecto al IPC— y hasta las bandas cambiarias, que también se mueven en función de la inflación. “Todavía hay una arquitectura de contratos indexados que hace muy difícil que la inflación se desacelere por debajo de este piso”, explica Montagu.

El problema, según el economista, es que el Gobierno apostó a que la restricción fiscal y monetaria alcanzarían para vencer esa inercia.

“Eso no funciona así en Argentina, no funcionó así en el pasado”, dice. Las anclas que al inicio del plan económico contribuyeron a contener la subida de precios hoy habrían perdido efecto. Lo que queda, advierte, es una deflación que depende cada vez más de la recesión y de la caída del salario real —dos variables con costos sociales altos y límites políticos evidentes.

A eso se sumó un factor externo que nadie había anticipado: el conflicto en el Estrecho de Ormuz disparó el precio internacional del petróleo y empujó la inflación de marzo al 3,4%, cuando la mayoría de las estimaciones privadas esperaba un número más cercano al 2,6%.

¿Error de cálculo o decisión estratégica?

Martín Epstein, politólogo e investigador del Centro CEPA, plantea que la explicación de la meta tiene dos capas. La primera es técnica: el Gobierno subestimó la dinámica inflacionaria de la segunda mitad de 2025, cuando la inflación mensual fue subiendo consistentemente mes a mes desde mayo. Con esa tendencia a la vista, igual presentó en septiembre un proyecto de presupuesto que proyectaba una inflación del 10% anual para 2026. “Era demasiado alejado de un número razonable”, dice Epstein.

La segunda explicación es política. Para Epstein, una meta de inflación baja en el Presupuesto cumple dos funciones simultáneas: anclar expectativas —mandar una señal a los mercados y a la sociedad de que los precios van hacia abajo— y, al mismo tiempo, generar margen de discrecionalidad para el Ejecutivo.

“En la medida en que planteas una inflación del 10% y ajustas partidas en función de esa expectativa, toda inflación que te quede por arriba le da mayor margen de discrecionalidad al gobierno para asignar, reasignar y ajustar partidas a lo largo de la ejecución presupuestaria”, explica.

No es la primera vez que ocurre algo similar en Argentina. Epstein recuerda que el gobierno de Macri presentó un presupuesto con una inflación prevista del 10% —más o menos dos puntos— y terminó con más de 40%. “Los presupuestos tienen un margen de error muy alto”, reconoce. Pero en este caso, agrega, ese margen de error también es margen de poder.

Qué se licúa y qué queda a salvo

La pregunta concreta es cuáles son las partidas que sienten el golpe cuando la inflación real duplica o triplica la proyectada. La respuesta, según Epstein, depende de si están o no atadas a algún índice.

Las jubilaciones, por ejemplo, se actualizan mediante la fórmula de movilidad, que sigue con rezago la evolución del IPC. Eso las protege parcialmente del desfasaje, aunque el bono fijo de 70.000 pesos argentinos (hoy 50 dólares) —congelado desde hace dos años— sigue perdiendo valor mes a mes sin ningún ajuste inflacionario.

Donde el problema es más serio es en las partidas que no tienen indexación automática: los fondos transferidos a las provincias, los presupuestos de los organismos descentralizados, el financiamiento universitario, los salarios de la administración pública. En todos esos casos, la diferencia entre la inflación proyectada y la real opera como un ajuste encubierto, una licuación silenciosa de recursos. “Cuanto más fuerte sea la brecha entre la inflación prevista y la inflación que se dé finalmente al cierre de diciembre, mayor licuación vamos a tener”, señala Epstein.

Montagu agrega otra dimensión: el impacto sobre el ingreso disponible de las familias. El ajuste de tarifas de servicios públicos, combinado con la indexación de múltiples precios de la canasta básica, está comprimiendo el poder de compra en todos los deciles de ingresos —no solo en los más bajos. Parte de esa caída, dice, se está canalizando hacia el endeudamiento de las familias y hacia una mora bancaria que ya está alcanzando niveles récord.

El segundo semestre, en el aire

Con una inflación acumulada de 12,3% al cierre de abril y sin ningún mecanismo previsto en el Presupuesto para actualizar las partidas en función del nuevo escenario, el segundo semestre se presenta con dos problemas superpuestos.

El primero es aritmético: si la inflación anual termina en torno al 30% o 35% —como sugieren las estimaciones privadas— y el Presupuesto ajustó el gasto en un 8% o 10%, el recorte real de las partidas será brutal, aunque en términos nominales no parezca.

El segundo es político. En los últimos días ya se registraron recortes abruptos en distintas áreas de la administración, incluso con un presupuesto que contemplaba una inflación mínima. La pregunta que se abre de cara a los próximos meses, según Epstein, es hasta cuánto la sociedad tolera ese nivel de ajuste. Y si el equilibrio fiscal —el objetivo central que el Gobierno no quiere resignar— puede sostenerse en un contexto donde la recaudación lleva nueve o diez meses de contracción real.

Un alza de $7.546. Ese es el reajuste del salario mínimo que presentó el Ejecutivo en su proyecto de ley diferenciado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), luego de que se acabaran las negociaciones la semana pasada.

El argumento del Gobierno sigue siendo la situación fiscal del país y el incremento de los costos laborales.

A eso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, le agregó el incremento de las cotizaciones.

“Los costos que enfrenta el empleador van al alza. De hecho, van a subir del orden de 14% en los próximos cuatro años aun si la remuneración no sube, porque van a subir las cotizaciones previsionales (…)”, explicó.

Conforme al último reporte del INE, en febrero de 2026 los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 5,1% y 6,0%, respectivamente.

Las empresas medianas presentaron alzas interanuales de 5,8% en el IR y 6,8% en el ICL, seguidas por las pequeñas (5,4% en el IR y 5,9% en el ICL) y las grandes (4,8% en el IR y 5,8% en el ICL).

Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.735, que reformó el sistema previsional, se incorporó una nueva cotización a cargo del empleador, la cual se sumó a los aportes patronales ya existentes y que tuvo “efecto” en el cálculo del Índice de Costos Laborales, sostuvo el INE en su informe.

Desde las remuneraciones devengadas en agosto de 2025, los empleadores aportan un 1,0% adicional de la remuneración imponible de cada trabajador: 0,1% destinado a la cuenta de capitalización individual; y 0,9% destinado al nuevo Seguro Social Previsional.

El incremento será implementado de manera gradual en un período de nueve años. Al término de dicho proceso, la contribución total del empleador —incluyendo el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)— alcanzará un 8,5% de la remuneración imponible.

Se trata de recursos para financiar tanto la capitalización individual como el nuevo Seguro Social Previsional, “lo que implicará un aumento progresivo en los costos laborales de las empresas”, afirmó el INE.

Debate por salario mínimo

Pero en el Congreso el Gobierno no la tendrá fácil. Así ha quedado demostrado en las sesiones en la Cámara Baja, no solo porque la oposición respalda a la CUT, sino porque califican la propuesta de la administración de José Antonio Kast como “una verdadera burla”.

La diputada frenteamplista, Gael Yeomans -quien integra la Comisión de Trabajo- endureció el tono y además acusó al Ejecutivo de mentir, porque la contrapropuesta que le transparentaron a la Central en la última reunión era tres veces ese monto.

“Un par de semanas atrás le estaban presentando a la CUT una propuesta que era tres veces más de la que están presentando hoy ¿De quién se quieren reír con esto?”, cuestionó.

Por su parte, el diputado del PPD, Héctor Ulloa, calificó la cifra como “absolutamente miserable”, aún más cuando el gran telón de fondo es la llamada Ley Miscelánea que beneficia -a su juicio- “a los más ricos” de Chile.

“Creemos que es posible aumentar el monto a través de un subsidio directo, en la propia ley o a través de una compensación en la medida que vayan aumentando los puntos de inflación”, planteó.

La demanda de la CUT es un reajuste para llevar el monto de $539 mil a $637.700, un incremento del 18% real.

Todavía falta que el gremio presente formalmente al Congreso su propuesta, pero el escenario no se anticiparía fácil, tomando en cuenta que los involucrados tienen posturas distintas.

El pasado martes, el Gobierno de José Antonio Kast no logró alcanzar un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la negociación por el reajuste del salario mínimo, por lo que la definición quedará ahora en manos del Congreso.

Así lo confirmó este viernes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien señaló que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para que sea discutido por los parlamentarios a partir de la próxima semana.

La propuesta del Gobierno contempla un aumento de 4%, en línea con la inflación proyectada por el Banco Central de Chile, lo que se traduce en un alza de $21.560. Considerando la inflación acumulada desde el último ajuste en enero, el incremento real sería de cerca de 3%.

Sin embargo, la oferta no convenció a la CUT, que planteó una propuesta significativamente mayor, buscando que el salario mínimo alcance los $637.700, equivalente a un alza nominal de 18,3%.

“Será el Congreso el que determine”

Tras participar en una actividad por el Día del Trabajador en Santiago, el ministro Rau sostuvo que el proceso se desarrolló con responsabilidad, pero sin consenso entre las partes.

“Siempre he dicho que esta conversación tenía que ser con una dosis de realidad. Así la enfrentamos como gobierno y ahora será el Congreso de la República el que determine”, afirmó.

En esa línea, la autoridad advirtió sobre el complejo escenario del mercado laboral, señalando que actualmente existe una “emergencia laboral” en el país.

Gobierno advierte por desempleo

Como argumento para la propuesta, el secretario de Estado detalló que la tasa de desempleo alcanza el 8,9%, lo que equivale a cerca de 925 mil personas sin trabajo.

Además, apuntó a que el desempleo femenino bordea el 10%, mientras que el juvenil supera el 23%, cifras que, a su juicio, obligan a actuar con cautela en materia de costos laborales.

Pese a no lograr un acuerdo, Rau aseguró que la relación con el mundo sindical se mantiene en buenos términos.

“No se logró un acuerdo, pero las relaciones con la CUT están en muy buen pie”, indicó, agregando que el Ejecutivo seguirá promoviendo instancias de diálogo a través del Consejo Superior Laboral.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) corrigió a la baja este lunes su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional para este 2026, pasando del 2,3% proyectado en diciembre a 2,2%, en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos.

Y Chile no se quedó fuera de ese ajuste: el organismo de las Naciones Unidas recortó a 2,0% la expansión para este año. En diciembre del año pasado había previsto que el crecimiento sería del 2,2%.

Según la Comisión, el menor dinamismo proyectado se observa de manera generalizada.

En 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento en 2026, mientras que solo siete mostrarían una aceleración.

En conjunto, de concretarse esta proyección, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3%, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer.

Petróleo e inflación

Durante los primeros cuatro meses del presente año, el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico en Medio Oriente han elevado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas, explicó la Cepal.

Remarcó, seguidamente, que el precio promedio del petróleo en las tres primeras semanas de abril se ubicó “un 74% por encima del valor promedio de diciembre de 2025, generando presiones inflacionarias globales y encareciendo los costos de producción y transporte”.

A eso se sumó el aumento de los precios de los alimentos a nivel global, y una desaceleración del crecimiento de algunos de los principales socios comerciales de la región (Zona Euro, China e India).

Como consecuencia del escenario inflacionario, los principales bancos centrales han adoptado posturas más cautelosas, manteniendo condiciones financieras menos favorables en comparación con las que se esperaban a finales del pasado año.

A nivel regional, el crecimiento se vería limitado principalmente por un menor dinamismo del consumo privado. Si bien la inversión muestra señales de recuperación, dijo la Cepal, “esta continúa siendo moderada en la mayoría de los países”.

La situación, remarcó, pone de relieve los desafíos estructurales que enfrenta la región, “particularmente un bajo crecimiento tendencial, una alta exposición a choques externos y la necesidad de fortalecer los motores internos de crecimiento”.

En este contexto, ampliar la movilización de recursos internos y externos, y fortalecer la gobernanza “son factores fundamentales para impulsar políticas que dinamicen la inversión, aumenten la productividad y fortalezcan la resiliencia macroeconómica, en un entorno global cada vez más incierto”, concluyó la Cepal.

El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026 -que varió 1,0%- arrastró al alza a la Unidad de Fomento (UF), que mañana martes traspasará los $40.000.

Durante la última semana del mes pasado, por ejemplo, la gasolina y el petróleo diésel registraron aumentos cercanos al 40% y 50%, respectivamente. Sin embargo, la variación mensual que recogió el IPC para esos mismos productos fue de 8,2% y 12,8%.

Esa diferencia se explicó por el método de cálculo, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en una separata técnica, añadiendo que si los precios se mantienen en los niveles alcanzados a fines de marzo, la variación mensual de abril debería reflejar el alza restante que aún no fue capturada por el índice del mes anterior.

La UF supera los $40 mil

La UF representa la reajustabilidad del peso de acuerdo con la inflación: sus ajustes dependen directamente del IPC (en palabras simples, su valor en pesos se recalcula cada mes en función de dicho índice).

Su alza tiene incidencia directa en el bolsillo de las familias, ya que es de amplio uso en el sistema financiero y crediticio chileno, de manera tal que muchos de los compromisos que adquiere una persona se expresan con esta fórmula (créditos, depósitos a plazo, seguros, planes de salud, entre otros).

Maximiliano Villalobos, investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (Uandes), enfatizó que la UF se reajusta automáticamente con la inflación.

“Se trata de un indicador clave en la economía chilena, cuyo valor se ajusta según la inflación. En este caso, el alza responde a presiones recientes sobre los precios, como consecuencia del encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado en el IPC, que registró una variación del 1% en el mes de marzo”, subrayó.

Dónde se sentirá el alza

El principal impacto de este aumento de la Unidad de Fomento se verá en los compromisos financieros mensuales, especialmente los relacionados con el hogar y financiamiento.

A esto se suman servicios como la educación y los seguros, que también suelen estar indexados a este indicador, lo que implica un mayor gasto para las familias.

“En Chile una cantidad relevante de servicios están pactados en UF: créditos hipotecarios, créditos de consumo, colegiaturas, seguros de salud, arriendos y cuotas de crédito automotriz”, detalló el economista.

Un efecto que llega a todos

Más allá de esos pagos directos, el alza de la UF está vinculada a la inflación, que impacta el costo de vida en general.

Esto implica que el aumento del IPC se traspasa gradualmente a este indicador y, con ello, a distintos precios en la economía.

En ese contexto, el investigador de la Uandes alertó que el impacto no se limita a quienes tienen deudas o contratos en UF.

“Al final, aunque una persona no tenga auto o nunca pise una bencinera, el escenario externo le va a terminar pegando de alguna u otra forma mediante el efecto ya sea directo o indirecto en los precios”, concluyó.

Un año después de sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sigue atrapada en una paradoja que conoce de memoria: evitó una crisis inmediata, pero al costo de profundizar su dependencia financiera y política. La deuda con el organismo ya supera los US$57.000 millones y mantiene al país como el principal deudor del Fondo a nivel global.

El programa, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Facilidades Extendidas, es el último de más de 20 que Argentina suscribió con el FMI desde 1956.

Implicó un paquete de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.000 millones, con metas exigentes en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas internacionales.

El último entendimiento con el FMI se dio en un contexto crítico. Con reservas internacionales en negativo —es decir, con más compromisos en dólares que activos disponibles— y fuertes presiones sobre el tipo de cambio en un año electoral, la administración de Javier Milei recurrió al Fondo en busca de financiamiento y credibilidad externa, a cambio de nuevos ajustes en la política cambiaria.

Al igual que en otras ocasiones, el acuerdo permitió contener tensiones en el corto plazo. Sin embargo, el frente externo continúa mostrando señales de fragilidad.

Como muestra gratis, apenas seis meses más tarde, con un resultado negativo en las elecciones legislativas, el gobierno argentino volvió a necesitar asistencia extraordinaria —esta vez del Tesoro de Estados Unidos— para sostener el programa en medio de nuevas presiones financieras.

El origen del problema: un acuerdo bajo presión

Economistas consultados por BioBioChile coinciden en que el acuerdo número 23 de Argentina con el FMI se firmó en condiciones de extrema debilidad, con escaso margen de negociación por parte del gobierno argentino.

“La cuenta de dólares no estaba pasando por un buen momento y el Banco Central venía vendiendo reservas”, explicó el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, al describir el contexto previo a la firma.

En ese escenario, el gobierno se comprometió a implementar cambios relevantes en la política cambiaria, como la flexibilización de las restricciones para comprar dólares y un esquema más libre del tipo de cambio, que, según Garay Méndez, “le dieron cierta volatilidad y fragilidad” al programa desde su inicio.

Desde una mirada más crítica, Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, apuntó a un problema estructural del acuerdo.“Se negocian metas con el FMI que no se pueden cumplir”, sostuvo. Esta combinación de urgencia financiera y compromisos exigentes explica, según los analistas, por qué el programa nació con inconsistencias internas que persisten hasta hoy.

Los logros: inflación contenida y ajuste fiscal

A un año de su implementación, hay cierto consenso en que el acuerdo logró evitar una crisis mayor en el corto plazo.

“El programa sigue de pie”, sostuvo Garay Méndez, quien destacó que la inflación mensual se haya mantenido por debajo del 3% durante varios meses, un dato relevante para la economía argentina que tiene un promedio histórico de inflación mensual de casi 4%.

Otro de los puntos que destacan los analistas es el frente fiscal. Según Burgos, el gobierno sobrecumplió la meta de equilibrio de las cuentas públicas, consolidando el ajuste del gasto como eje del programa.

Sin embargo, ese orden macroeconómico tuvo sus costos: “El gobierno sostuvo el superávit a costa de un fuerte ajuste que hoy la economía lo siente en los ingresos de las familias y en el nivel de actividad de sectores como la industria, el comercio y la construcción”, advirtió Garay Méndez.

Esto se traduce en una economía debilitada y con impacto en el empleo: aumento de la desocupación, alta informalidad y salarios que pierden poder de compra.

Donde hay mayor coincidencia entre economistas es en identificar el principal punto débil del programa: la falta de acumulación de reservas internacionales. “Se compran dólares, pero no se logran acumular”, explicó Burgos, y estimó que aún faltan unos US$18.000 millones para cumplir las metas acordadas con el FMI.

El límite del programa

A un año de su implementación, el acuerdo con el FMI empieza a mostrar sus límites. “El mayor desafío es avanzar con la desinflación y la compra de divisas al mismo tiempo”, explicó a BioBioChile Lucio Garay Méndez.

Pero más allá de ese equilibrio técnico, el debate de fondo es qué tipo de estabilización puede sostener Argentina en el tiempo.

En este sentido, el actual esquema logra ordenar variables en el corto plazo, pero sin modificar los condicionantes estructurales de la economía. Con el correr de los meses, esa tensión tiende a trasladarse desde los indicadores macroeconómicos hacia la actividad y el empleo.

“Estos modelos funcionan e incluso pueden tener apoyo político al principio, pero después aparecen los problemas sociales y laborales”, señaló Martin Burgos.

En un año electoral, se pone a prueba el respaldo social al ajuste y abre el interrogante sobre cómo responderán los votantes frente a un programa que logró estabilizar algunas variables, pero todavía no mejora de forma clara las condiciones de vida.

Este miércoles el dólar se desplomó más de $30 durante su apertura en comparación con su precio promedio de ayer, a la vez que el cobre -principal soporte del peso chileno- subía tocando máximos de las últimas tres semanas.

El repunte del billete verde se explicó por la mejora en las expectativas de demanda global tras la desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán: Donald Trump confirmó que su país aceptó la propuesta de Pakistán de extender en dos semanas, hasta el 21 de abril, el ultimátum a Irán, postergando los ataques y dando plazo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Los países pactaron, por tanto, un alto al fuego.

“Este evento ha reducido de forma significativa la demanda por activos refugio como el dólar, al tiempo que disminuye los temores sobre disrupciones en el suministro energético global”, comentó Felipe Sepúlveda Soto, jefe de Análisis para Admirals Latinoamérica.

En paralelo, el cobre -principal soporte del peso chileno- subió con fuerza un 3% hasta los US$5,76 la libra, alcanzando máximos de tres semanas.

El repunte del metal se explicó por la mejora en las expectativas de demanda global tras la desescalada del conflicto, sumado a menores presiones inflacionarias derivadas de la caída en los precios de la energía, complementó Sepúlveda.

En el plano local, en marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 1,0%, acumulando 1,4% en el año y de 2,8% a doce meses, reflejando presiones inflacionarias relevantes, particularmente en componentes como transporte y alimentos.

Para el analista de Admirals Latinoamérica, si bien este dato podría generar cierta cautela, “su impacto queda completamente opacado por el fuerte cambio en el escenario externo”.

De esta forma, agregó, “la caída del dólar en Chile responde a una combinación de menor aversión al riesgo global, debilitamiento del dólar a nivel internacional y un fuerte repunte del cobre, generando una apreciación significativa del peso chileno”.

Por último, para la jornada, el experto proyectó que el tipo de cambio se mueva en un rango entre $885 y $905, con sesgo bajista “en la medida que se mantenga el optimismo en torno a la tregua en Medio Oriente”.

El Consejo del Banco Central de Chile acordó de forma unánime mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%. A su vez, alerta sobre los efectos que la guerra de Medio Oriente generará en la economía local.

A través de un comunicado, el ente emisor contextualizó que “la guerra en Medio Oriente ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global, luego de que en el inicio del año se observaba un mayor impulso externo. Destaca el incremento del precio del petróleo, que se ubica en torno a los US$100 el barril, lo que tendrá consecuencias sobre la inflación y la actividad a nivel global”.

En ese contexto, informaron que las expectativas de mercado sobre las trayectorias de tasa de política de los principales bancos centrales muestran mantención o alzas en el mediano plazo.

Efectos de la guerra

“Las condiciones financieras globales se han estrechado en las últimas semanas, observándose un alza de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo, caídas de las bolsas y depreciaciones de las monedas frente al dólar. Al mismo tiempo, el precio del cobre ha disminuido respecto de los máximos que alcanzó en los dos primeros meses del año, pese a que sigue por sobre los valores previstos en el IPoM anterior”, añadieron.

Esto se ha replicado en el mercado financiero local, donde se observa “un retroceso de la bolsa (IPSA), una depreciación del peso y alzas de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo”.

Inflación del 4% en segundo semestre

Entre los antecedentes está que la actividad cerró 2025 con un crecimiento de 2,5%, similar a lo previsto en el IPoM de diciembre. En enero, el desempeño del Imacec fue menor a lo previsto, influido por factores de oferta en la minería y la agroindustria. En cuanto al gasto, en el cuarto trimestre, el consumo privado sostuvo su dinamismo y la inversión siguió apuntalada por los proyectos de minería y energía. Por su parte, durante marzo el gobierno anunció un ajuste del gasto fiscal.

“El shock externo que provocó la guerra en Medio Oriente es significativo por la magnitud y la rapidez con que ha aumentado el precio de los combustibles a nivel global. Estas alzas se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4% anual en el segundo trimestre”, profundizaron.

Si bien, a mediano plazo, los efectos de la guerra se diluirían y no se producirían nuevos aumentos significativos de los precios internacionales y la demanda interna moderaría su expansión, “la inflación volverá a niveles coherentes con la meta durante 2027. Sin embargo, dada su magnitud, el Consejo estará particularmente atento a señales de mayor transmisión y/o persistencia a la inflación de los shocks que se están enfrentando”.

El escenario macroeconómico tiene un grado de incertidumbre mayor al habitual y que, por ello, el Consejo “estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria. De este modo, la evolución futura de la TPM irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos”.

Finalmente, indicaron que el “Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”.

Llegamos a la meta: El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó esta jornada que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero aumentó 0,4%, dejando la inflación anual en 2,8% cumplimiento la meta del Banco Central incluso antes de lo previsto.

En el Gobierno celebraron la cifra, destacando que Chile dejó atrás el periodo de alta inflación y consolida un escenario de mayor estabilidad económica y que estas cifras a la baja podrían repetirse en febrero y marzo.

Inflación cumple la meta

Este viernes el INE informó lo que todos queríamos escuchar: con el dato de IPC de enero (0,4%), el primero del año, la inflación anual se situó en un 2,8%.

Así, se confirmó lo que venía adelantando el Banco Central de que convergeríamos en la primera mitad de 2026 a la meta del 3% que se fijó a dos años plazo.

El Ejecutivo celebró el dato.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que atrás quedan los tiempos en que en Chile tuvimos una inflación del 14%.

“Con esto se sientan las bases para crecer mas”, expresó.

“(…) Tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más”, enfatizó el jefe de las arcas fiscales.

En el desglose mensual, al revisar la canasta en enero hubo un alza de precios de los gastos comunes (+4,5%), los vinos (+7,2%) y las bebidas (+3,8%).

En contraparte, la gasolina y el transporte aéreo internacional mostraron bajas de 3,3% y 17,6%, respectivamente.

Las divisiones con aumentos en sus precios fueron bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%) y salud (1,2%).

El grente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, coincidió con el ministro Grau de que no sería una baja aislada y por ello, anticipó que podríamos tener el primer recorte de tasas del año.

“Para febrero, esperamos que el IPC se modere y registre una alza de 0,2% mensual. De confirmarse ese dato, aumenta la probabilidad de que el Banco Central baje en 25 puntos base la tasa de política monetaria”, opinó.

Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, fue un poco más cauto de los próximos meses.

“Vemos que ahora, con un contexto del petróleo al alza, pueden existir factores que condicionen los datos más adelante. Sin embargo, estos datos son positivos. Sigue siendo una lectura que muestra lo eficaz que fue el Banco Central de Chile para contener la presión inflacionaria”, argumentó.

Por último, ayer el INE comunicó que, en 2025, el Índice Real de Remuneraciones creció 2,4% en el año 2025, anotando 34 meses al alza, lo que ayuda “a más capacidad de compra -tanto de bienes y servicios- para las familias chilenas”, resaltó el Gobierno.