El Gobierno del presidente José Antonio Kast anunció que convocó a una comisión, que tendrá la tarea de examinar alternativas de financiamiento para Televisión Nacional de Chile (TVN), que desde hace años atraviesa una grave crisis económica que no ha logrado sortear.

La emblemática sede del canal estatal -ubicada en Bellavista 0990, en el Gran Santiago- continúa en venta; mientras que algunos de los edificios en regiones también tienen un letrero que dice “se vende”.

En abril, el abogado Patricio Dussaillant asumió la presidencia del directorio de la cadena televisiva.

Inmediatamente, fue enfático en despejar los rumores que rondaron en la campaña presidencial: cerrar el canal no está en los planes de La Moneda.

“Ha habido un prejuicio de que un representante de este Gobierno venía a cerrar el canal. Pero no es la voluntad del Presidente de la República. No es lo que yo pienso tampoco”, aseguró Dussaillant, intentando calmar las aguas.

Pese al mensaje de continuidad, el diagnóstico del mandamás es crudo y coincide con lo que ya había alertado su antecesor, Francisco Vidal: TVN, tal como funciona hoy, es financieramente inviable.

El principal dolor de cabeza tiene cifras claras: $56.000 millones, que es el monto de la deuda (correspondiente al Crédito con Aval del Estado otorgado en 2020) que vence a principios del próximo año y que, según Dussaillant, el canal simplemente no tiene cómo pagar bajo las condiciones actuales.

Gobierno encarga estudiar medidas para rescatar a TVN

TVN atraviesa por un delicado momento financiero.

Por ello, el Ejecutivo anunció que se formará una comisión encargada de analizar qué medidas se aplicarán para financiar a la estación estatal a largo plazo.

La junta tendrá un difícil camino por delante, considerando que el canal registra pérdidas que superan los $3.800 millones tan solo en el primer trimestre de este año.

Asimismo, deberá afrontar próximamente el pago del millonario préstamo de $56.000 millones conseguido en 2020, bajo la administración de Sebastián Piñera.

La mantención de la señal pública ha sido objeto de debate tanto en el Congreso como en antiguos funcionarios del canal.

Javiera Rodríguez, diputada y presidenta de la Comisión de Cultura; y Francisco Vidal, expresidente del directorio de TVN, coincidieron en que, si bien existen preocupaciones, la materia sigue abierta e incierta en un escenario que se complejiza todavía más por la situación financiera del país.

Cambiar el modelo de financiamiento en pro de conservar una televisión pública pluralista, ha indicado Vidal en reiteradas ocasiones, es fundamental para que la cadena televisiva asegure contenidos de calidad, sobre todo en tiempos de cambios en la industria y en la sociedad.

La comisión estará compuesta por autoridades del Gobierno y miembros de la actual mesa directiva, quienes negociarán en conjunto una salida para que TVN eluda una quiebra.

Sigue cambiando el horizonte fiscal en el mediano plazo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, modificó los “parámetros de crecimiento” y si bien sostuvo que aspiran llegar a un 4% al 2030, el déficit mayor podría mover esta cifra a un 3,5%.

El Gobierno así se sinceró y sigue sincerando en materia económica y de las finanzas públicas, lo que fue destacado por expertos que, con todo, advierten que el plan del Gobierno descansa sobre la idea de un crecimiento económico que no está garantizado.

Según dijo Quiroz ayer en la Comisión de Hacienda del Senado, la meta de crecimiento del 4% “la mantenemos, estamos trabajando en pos de ello”.

“Ahora, cuando se trata de ponerse metas fiscales, preferimos ponernos un espacio, tomar una provisión y por eso pusimos una meta del 3,5%. Un parámetro en realidadn no una meta, porque somos extremadamente conservadores en esa materia”, agregó Quiroz.

Los economistas señalan que hace bien a la salud y a la confianza fiscal que se fijen metas “mucho más realistas”, pero por supuesto también hay reparos.

El sinceramiento fiscal del Gobierno

Reparos al hecho de que mucha de la confianza que deposita el Gobierno está en que se apruebe el proyecto que hoy se come las portadas de todos los medios y el debate legislativo a tope: la megarreforma de Reconstrucción Nacional.

Jaime Bastías Chian, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finis Terrae, hizo ese punto y que resulta complejo que los números de los informes financieros de ese proyecto no se cumplan.

“No podemos ignorar que el plan descansa casi completamente en que la economía crezca, y ese crecimiento no está garantizado. Si no llega en la magnitud esperada, los números no van a cuadrar, vamos a tener un desbalance más grande”, explicó el experto.

Un desbalance mayor se traduce en más déficit. Y es sabido que cuando el Estado gasta más de lo que recauda, para cubrir esa diferencia, normalmente debe endeudarse.

Eso es justamente lo que pasa en esta administración, que se ha encontrado con una serie de desbalances en los cálculos y que, además, la Ley de presupuesto 2026 estaría en parte desfinanciada. Y de ahí el proyecto que fue aprobado la jornada pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para aumentar la deuda este año en US$6.200 millones.

Proyecto para aumentar la deuda

El oficialismo hizo valer su mayoría y por 8 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa avanza.

Lo primero que destacó el oficialismo es que es hora de despejar que esta solicitud sería para financiar parte de la megarreforma y llamó a la oposición “a ponerse colorados”. El diputado UDI Jaime Coloma, dejó ver esa molestia de confundir temas distintos.

“No tiene nada que ver la reforma de Reconstrucción (…) con esta deuda. Estamos pagando la mala Ley de Presupuestos, los malos cálculos, y la culpa del Gobierno anterior en relación a la Ley de Presupuesto”, criticó Coloma.

Como dato, este diputado había enviado un oficio para que el miércoles la exdipres del gobierno anterior, Javiera Martínez, expusiera en la Comisión, pero se excusó.

La oposición en cambio se mantiene firme en esta visión, de que discutir estos dos proyectos en paralelo, es contradictorio. Así lo manifestó el diputado frenteamplista Jorge Brito.

“Sí consideramos que es incompatible con el trámite de la Megarreforma tributaria, que agrega niveles de incertidumbre a ingresos permanentes que tiene el Estado, al mismo tiempo que subestima el efecto fiscal de medidas como el crédito tributario”, apuntó.

El diputado Bianchi, por su parte manifestó que no confía en el jefe de la billetera fiscal, porque no le causó nada por ejemplo traspasar los costos del llamado “bencinazo” a la ciudadanía.

En la vereda técnica, no queda suficientemente claro como se alinea el decreto de política fiscal con la mega reforma y los ruidos que eso podría generar en el mercado.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció que, tras un concurso público, nombró como próximo Director General Jurídico al abogado Diego Peralta Valenzuela, actual socio y colíder del grupo bancario y financiero de Carey.

Peralta asumirá en el cargo desde el próximo 1 de junio.

Trabajando en el reconocido estudio de abogados desde 1996, está especializado en la creación y estructuración de productos financieros y financiamiento, tanto desde el punto de vista de los oferente scomo de los demandantes, señaló el organismo regulador en un comunicado.

A su vez, cuenta con experiencia en compras o venta de compañía y en la emisión/colocación de deuda o capital, tanto de agentes locales como internacionales, junto con asuntos regulatorios financieros.

Previo a su paso por Carey, trabajó en la Contraloría General de la República (1985), y hoy integra el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales. También destaca como fundador y exmiembro del directorio de InBest Chile -organizadora de los encuentros Chile Day en el extranjero junto al Ministerio de Hacienda- donde es integrante del Consejo Asesor.

Desde la CMF resaltaron el papel del abogado como parte del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la CCS, además de haber sido consejero del Colegio de Abogados y del Comité Legal de la Abif. Además, en 2015 participó del grupo de análisis de la nueva Ley General de Bancos.

En materia de reconocimientos, ha sido reconocido por entidades de alto prestigio como Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer y IFLR1000.

El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026 -que varió 1,0%- arrastró al alza a la Unidad de Fomento (UF), que mañana martes traspasará los $40.000.

Durante la última semana del mes pasado, por ejemplo, la gasolina y el petróleo diésel registraron aumentos cercanos al 40% y 50%, respectivamente. Sin embargo, la variación mensual que recogió el IPC para esos mismos productos fue de 8,2% y 12,8%.

Esa diferencia se explicó por el método de cálculo, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en una separata técnica, añadiendo que si los precios se mantienen en los niveles alcanzados a fines de marzo, la variación mensual de abril debería reflejar el alza restante que aún no fue capturada por el índice del mes anterior.

La UF supera los $40 mil

La UF representa la reajustabilidad del peso de acuerdo con la inflación: sus ajustes dependen directamente del IPC (en palabras simples, su valor en pesos se recalcula cada mes en función de dicho índice).

Su alza tiene incidencia directa en el bolsillo de las familias, ya que es de amplio uso en el sistema financiero y crediticio chileno, de manera tal que muchos de los compromisos que adquiere una persona se expresan con esta fórmula (créditos, depósitos a plazo, seguros, planes de salud, entre otros).

Maximiliano Villalobos, investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (Uandes), enfatizó que la UF se reajusta automáticamente con la inflación.

“Se trata de un indicador clave en la economía chilena, cuyo valor se ajusta según la inflación. En este caso, el alza responde a presiones recientes sobre los precios, como consecuencia del encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado en el IPC, que registró una variación del 1% en el mes de marzo”, subrayó.

Dónde se sentirá el alza

El principal impacto de este aumento de la Unidad de Fomento se verá en los compromisos financieros mensuales, especialmente los relacionados con el hogar y financiamiento.

A esto se suman servicios como la educación y los seguros, que también suelen estar indexados a este indicador, lo que implica un mayor gasto para las familias.

“En Chile una cantidad relevante de servicios están pactados en UF: créditos hipotecarios, créditos de consumo, colegiaturas, seguros de salud, arriendos y cuotas de crédito automotriz”, detalló el economista.

Un efecto que llega a todos

Más allá de esos pagos directos, el alza de la UF está vinculada a la inflación, que impacta el costo de vida en general.

Esto implica que el aumento del IPC se traspasa gradualmente a este indicador y, con ello, a distintos precios en la economía.

En ese contexto, el investigador de la Uandes alertó que el impacto no se limita a quienes tienen deudas o contratos en UF.

“Al final, aunque una persona no tenga auto o nunca pise una bencinera, el escenario externo le va a terminar pegando de alguna u otra forma mediante el efecto ya sea directo o indirecto en los precios”, concluyó.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó una medida con que la billetera fiscal buscará ir recomponeiendo los fondos soberanos: salir a vender propiedades fiscales actualmente en el portafolio del Estado.

Todo fue en el contexto de una nueva sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde también participó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) donde su presidenta, Paula Benavides, llamó a tomar medidas para enfrentar el estrés fiscal actual, y que de lo contrario, el país se puede quedar sin espacio para contener futuros shocks externos.

Además, desde el Consejo recordaron que los fondos soberanos están en niveles muy inferiores frente a lo recomendado por organismos internacionales.

Gobierno saldría a vender propiedades fiscales para recomponer fondos soberanos

Tras la presentación del CFA, fue el turno de Quiroz que, entre toda su exposición, dijo que se debe avanzar en la recomposición de los fondos soberanos.

Ahora, el economista reconoció la complejidad de alcanzar un superávit fiscal que permita recomponer estos fondos. Con todo, adelantó que lo que harán es “mirar el portafolio completo del Gobierno de otra manera”.

Así, explicó que además de los activos “liquidos” -es decir, aquellos que el Estado puede convertir en dinero rápidamente e integrarlos a lso fondos soberanos-, también tienen puesta la mirada en aquellos activos no líquidos pero que podrían liquidarse.

“Por eso he estado haciendo referencia en el último tiempo a las 1.200 propiedades que tiene Bienes Nacionales, a las muchas que hay en otros ministerios, y de hecho a temas que pueden generar un desarrollo inmobiliario o turístico importante, que son tierras que tiene guardadas el Estado hace de 150 años”, dijo Quiroz.

En esta línea, agregó que “un tercio del país en el norte es del Estado, y un tercio del sur también. Nadie está tocando los parques nacionales, pero el norte vamos a tener un desarrollo minero muy grande y es un minuto de tal ves pensar en torno a ese desarrollo, cómo el Estado vendiendo ciertos activos los va convirtiendo no para gastarlo, sino para ir reconstituyendo este fondo”, agregó la autoridad.

El FEES es, según la propia descripción de Hacienda, una “fuente adicional de financiamiento” para el Gobierno Central y cuyos recursos se utilizan para estabilizar las finanzas públicas en eventos extraordinarios o cambios abruptos en el cliclo económico.

Por ello, ese saldo puede ocuparse, por ejemplo, durante catástrofes naturales o crisis económicas.

Durante una sesión esta semana en la Comisión de Hacienda pero de la Cámara, la presentación del jefe de la billetera pública apuntó que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) contenía US$8.148 millones en marzo de 2022, mientras que a fines del 2025 el monto era de US$3.913 millones.

Ahora bien, aunque Quiroz ya adelantó que estudian vender propiedades o terrenos fiscales, el Ministro dijo que es algo que deben hacer “de a poco, con planificación, con consensos con las regiones”.

“Estas cosas funcionan cuando hay acuerdo con los municipios, ir haciéndolo de a poco, aprendiendo pero hacerlo en los tiempos positivos, porque en las crisis no se puede”, puntualizó.

Bolivia está debatiendo un acuerdo a medio y largo plazo, conocido como Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF), para pedir prestado entre US$2.600 y US$3.300 millones en financiamiento, según avanzó ‘Bloomberg’.

La cifra negociada entre funcionarios del Gobierno de Rodrigo Paz y el personal del organismo internacional equivale a entre ocho y diez veces su cuota del FMI, según personas familiarizadas con las negociaciones citadas por el medio.

A cambio, el país se comprometería a implementar reformas estructurales destinadas a restablecer el crecimiento y la sostenibilidad fiscal, dos indicadores que se deterioraron durante las últimas dos décadas.

La negociación entre Bolivia y el FMI

El mecanismo SAF proporcionaría a Bolivia un período de gracia de al menos cuatro años y medio antes de iniciar el pago de la deuda. Los fondos del FMI se desembolsan normalmente en plazos y están vinculados al cumplimiento de objetivos políticos acordados con el prestamista.

Sin embargo, Bolivia estaría buscando un desembolso inicial importante, conocido como ‘frontloading’, conseguido por Argentina hace un año en el marco de un programa del FMI valorado en US$20.000 millones.

Según las fuentes citadas por ‘Bloomberg’, las conversaciones sobre el préstamo a Bolivia se centran en las condiciones previas que el país deberá cumplir para acceder a la financiación, en las que la devaluación de la moneda es una parte fundamental de las medidas previas exigidas por el FMI.

Durante más de una década, el tipo de cambio oficial de Bolivia se fijó en unos 7 bolivianos por dólar. Ante esta medida, el banco central del país ha comenzado a publicar un tipo de referencia más débil, actualmente en torno a los 9 bolivianos por dólar.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados revisará prontamente el proyecto de ley del Gobierno que propone la reducción del pago de contribuciones para adultos mayores.

La iniciativa beneficiaría a casi 76 mil adultos mayores, según el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Inicia tramitación de proyecto relacionado con contribuciones

La reducción de contribuciones para adultos mayores enfrentará pronto su primer examen.

Conforme a lo estipulado, el Gobierno expondrá ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja el proyecto de ley que busca la reducción del pago del impuesto territorial para ciertos grupos de adultos mayores.

Si bien hoy existe una exención para este segmento etario, solo beneficia a quienes tienen una propiedad con avalúo fiscal igual o inferior a $56.846.995, habiendo un 26% de personas de la tercera edad que deben pagar igualmente.

El texto propone que los adultos mayores que no están exentos del impuesto -pero que tienen ingresos anuales de hasta $11.120.814- paguen contribuciones con un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos.

Por su parte, quienes tienen ingresos anuales de hasta $24.712.920, pagarán el menor valor entre la mitad de la contribución legal y el 5% de sus ingresos.

El proyecto fue valorado desde el oficialismo. El diputado frenteamplista, Jaime Sáez, criticó a quienes han propuesto la eliminación de las contribuciones, tildándolos de “populistas”.

La iniciativa, en términos generales, parece tener también el respaldo de la oposición.

El diputado de la UDI, Felipe Donoso, manifestó estar de acuerdo con el fondo del proyecto, aunque reparó sobre el mecanismo de financiamiento del mismo para compensar la disminución de pago de contribuciones.

Respecto a esto último, cabe señalar que el pago del impuesto territorial se destina en parte al Fondo Común Municipal, cuyo ingreso se vería disminuido por el beneficio propuesto.

Para evitar tal déficit, la iniciativa legal plantea que la diferencia sea cubierta por las municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes, que pasarían a aportar respectivamente el 65% y el 80% de lo recaudado al fondo común.

Más allá de estas objeciones puntuales, el proyecto ha sido valorado también por especialistas.

El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Pizarro, señaló que se trata de una medida necesaria.

El proyecto, el cual cuenta con urgencia calificada por parte del Gobierno, beneficiaría a un total de 75.851 adultos mayores, según el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Luego de que la iniciativa sea discutida en la Comisión, pasará a la etapa de discusión general, en que la sala de la Cámara de Diputados tendrá que votar si aprueba o rechaza la idea de legislar.

En enero, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entregó una serie de recomendaciones al Gobierno en cuanto a la implementación de la Reforma de Pensiones, con tal de mitigar los riesgos fiscales observados por el organismo asesor.

Y tras ya varios meses, y con la Reforma promulgada, el CFA publicó un informe donde se señala que la mayoría de las recomendaciones fueron acogidas de forma íntegra.

Sin embargo, persisten dos puntos críticos que, a juicio del Consejo, no se han abordado de forma adecuada.

Estas son, por una parte las fuentes de financiamiento y específicamente la expectativa de recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario; y la “cobertura insuficiente del perímetro de las reglas fiscales a raíz de la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) fuera del Gobierno Central”, apuntaron en un comunicado.

Más alertas del Consejo Fiscal Autónomo

En total, el Consejo Fiscal Autónomo identificó durante la tramitación de la reforma un total de once riesgos fiscales.

De estos, seis recomendaciones fueron acogidas de forma íntegra, mientras que tres de forma parcial. Por otro lado, una recomendación no se acogió y otra sigue en evaluación.

Ahondando en los dos riesgos de “alta prioridad” y que aún requieren medidas de mitigación, el organismo detalló que por un lado, “no se acogió completamente la recomendación referida al riesgo asociado a las fuentes de financiamiento del mayor gasto fiscal del proyecto, en relación con la recaudación esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, que fue identificada como la fuente de ingresos permanentes para financiar la reforma de Pensiones”.

Como propuesta, estaba partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal, que luego que pueda ir aumentando ya sea en el monto o la cobertura de beneficios, dependiendo si se cumplen ciertas condiciones.

Y por otro lado, tampoco se acogió “la recomendación respecto del riesgo relacionado con la cobertura insuficiente del perímetro de las reglas fiscales a raíz de la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) fuera del Gobierno Central -ámbito en el que aplica la regla fiscal vigente en Chile-, lo que, además, limitaría el rol del CFA en su monitoreo”.

Aquí, el CFA apuntó a que se implemente mecanismos para que se pueda monitorear de forma integral los riesgos fiscales y en particular “de la deuda, incluyendo al Gobierno Central y el FAPP”.

“A juicio del Consejo, los riesgos no cubiertos o no adecuadamente cubiertos, siguen requiriendo de la adopción de medidas de mitigación, ya sean las propuestas por el CFA, u otras que cumplan con los mismos objetivos”, advirtieron en su comunicado, añadiendo que se deben abordar de forma “prioritaria”.

Últimamente, las relaciones entre el Gobierno y el Consejo Fiscal Autónomo han tenido episodios de tensión.

Tras reiterados anuncios de riesgos fiscales, incluyendo en los niveles prudentes de deuda pública y balance estructural, desde Hacienda señalaron que el manejo de la política fiscal es “competencia del Ejecutivo”.

En este contexto, el expresidente del organismo, Jorge Rodríguez Cabello, terminó su periodo como Consejero. En su reemplazo, se propuso el nombre de Paula Benavides como nueva integrante del CFA, quien podría también reemplazar a Rodríguez al frente del mismo.