Una nueva sesión del Comité de Ministros se desarrollará este lunes, instancia clave del sistema de evaluación ambiental que deberá pronunciarse sobre cuatro iniciativas que, en conjunto, comprometen inversiones por unos 400 millones de dólares y que mantienen controversias administrativas.

De acuerdo con la citación oficial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la quinta sesión ordinaria de 2026 fue convocada para las 16:00 horas en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo en tabla proyectos de minería, energía y obras públicas que enfrentan distintos tipos de reclamaciones.

Recordemos que la instancia es encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; junto a sus pares de Salud, May Chomali; Economía y Minería, Daniel Mas; Agricultura, Jaime Campos; además de la titular de Energía, Ximena Rincón.

Proyectos en disputa y sus detalles

Entre las iniciativas que serán analizadas figura la Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine, ubicada en la región de Antofagasta y desarrollada por la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine.

El proyecto busca producir sales de potasio en el Salar de Atacama, pero enfrenta una reclamación presentada por su titular, lo que da cuenta de discrepancias con resoluciones previas del proceso ambiental.

También se revisarán las obras para control aluvional y de crecidas líquidas en la Quebrada de Ramón, en la región Metropolitana, impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas. Esta iniciativa apunta a mitigar riesgos de aluviones en zonas precordilleranas de Santiago, aunque fue objeto de reclamaciones vinculadas a la participación ciudadana (PAC).

Así también, en la región de Valparaíso, el Comité analizará el proyecto Hidrógeno Verde Bahía de Quintero, de GNL Quintero S.A., orientado a la producción de combustibles limpios en una zona históricamente impactada por actividades industriales. La iniciativa también enfrenta reclamaciones asociadas a observaciones ciudadanas dentro del proceso de evaluación.

Finalmente, se abordará el Estudio de Impacto Ambiental de la nueva subestación seccionadora Nueva Lagunas y la línea de transmisión 2×500 kV Nueva Lagunas–Kimal, de Interconexiones del Norte S.A., un proyecto energético de carácter interregional clave para el sistema eléctrico. En este caso, existen reclamaciones tanto de la participación ciudadana como del titular.

Presión por agilizar inversiones

Según antecedentes publicados por Emol, estas iniciativas representan un volumen de inversión relevante —que bordea los US$400 millones— y reflejan el desafío del Ejecutivo por destrabar proyectos con impacto económico, pero que enfrentan cuestionamientos técnicos, ambientales y sociales.

De hecho, esta sesión se enmarca en la estrategia del Gobierno por acelerar la tramitación de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en un escenario donde el Comité de Ministros ha retomado protagonismo como instancia para resolver controversias.

Cabe destacar que la resolución de estos cuatro proyectos es seguida de cerca tanto por el sector privado como por comunidades y organizaciones ambientales, debido a su impacto territorial y a los precedentes que pueda sentar el Comité en materia de reclamaciones.

Así, la jornada de este lunes aparece como un nuevo test para la capacidad del Ejecutivo de equilibrar el impulso a la inversión con las exigencias regulatorias, en medio de una cartera de proyectos que continúa generando debate en distintas regiones del país.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, celebró el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de dos grandes proyectos mineros enfocados en ampliar y dar continuidad a dos de las minas más importantes de Chile.

Primero fue BHP quien presentó la iniciativa de U$5 mil millones para “asegurar la sostenibilidad de las operaciones” de Escondida, la mina de cobre más importante y productiva del mundo. Para ello, se busca reemplazar la capacidad de la planta “Los Colorados”.

La nueva concentradora permitirá a Escondida mantener una capacidad total de procesamiento de 460 ktpd (miles de toneladas por día) de mineral, y durante la construcción del proyecto, se estima un promedio de 2.500 trabajadores con períodos máximos de 6 mil personas. De obtener la aprobación, BHP estima que la primera producción comenzaría entre 2031 y 2032.

Y ahora, Freeport-McMoRan ingresó también el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de continuidad operacional para Minera El Abra, invirtiendo US$7.500 millones para extender en 40 años la vida útil del yacimiento e incrementar la producción.

Gobierno celebra las mega inversiones mineras de BHP y Freeport-McMoRan

En este contexto, es que el biministro Mas se reunió esta mañana con ejecutivos de Freeport, liderados por el country manager en Chile, Mario Laneras, quienes le presentaron el proyecto a la autoridad.

Según el plan, se espera que la producción de El Abra transite desde la explotación de óxidos a sulfuros, con nuevas instalaciones, una planta concentradora, otra desaladora, la expansión del rajo de la mina y un depósito de relaves espesados, entre otras estructuras.

Durante su construcción, se prevé la generación de 20 mil puestos, que luego pasarán a ser alrededor de 2.300 trabajos directos durante su operación sumado a un número similar de contratistas.

Tras la reunión informativa, el biministro Mas destacó que el mandato del presidente José Antonio Kast es “recuperar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los chilenos, y en este objetivo de reactivación y progreso, la industria minera juega un rol fundamental”.

“Por esta razón, celebramos el giro positivo que está mostrando la inversión en el sector minero, donde en menos de una semana dos empresas han anunciado su decisión de avanzar en la tramitación ambiental de proyectos que en conjunto superan los US$12 mil millones”, celebró el secretario de Estado.

Con ello, Mas recalcó que tanto la cartera de Economía como Minería están “trabajando con el foco puesto en facilitar la inversión en Chile para que se multipliquen los proyectos, el trabajo y las oportunidades. Con una institucionalidad robusta y reglas claras, protegiendo el medio ambiente y el cumplimiento de la ley, impulsaremos una agenda que permita incentivar la inversión en Chile, tanto nacional como extranjera”.

“Nuestro compromiso es claro: más certezas y menos trabas, porque Chile no puede darse el lujo de frenar su principal motor de desarrollo”, sentenció.