El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) confirmó este miércoles la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aplaudió la medida, asegurando que responde a que el Gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado “de buena fe” con Washington.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que Trump ordenó al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) aplicar los gravámenes y sostuvo que “no debe haber confusión” sobre el motivo de la medida. Según dijo, Lula ha antepuesto “su propio ego” durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó además que las políticas económicas del mandatario brasileño son “malas para los estadounidenses y malas para los brasileños” y responsabilizó al Gobierno de Brasil de no haber logrado un entendimiento comercial con Estados Unidos.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.

His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

El embajador y representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.

Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.

Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.

La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones.

Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.

Brasil activa su ley de reciprocidad contra aranceles de EEUU

En respuesta, el Gobierno de Brasil anunció que iniciará “inmediatamente” los trámites para aplicar la ley de reciprocidad contra los aranceles del 25% decretados por EEUU.

“El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable”, señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.

La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de “imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”.

“No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil”, aseveró el comunicado.

Brasil informó entonces que “iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad”, y que “volverá a plantear el asunto en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) inició hace un año una investigación y concluyó que varias prácticas del Gobierno brasileño son “irrazonables” y restringen el comercio estadounidense.

Entre esas políticas citó el sistema electrónico de pagos automáticos (PIX), la aplicación de las normas para combatir la corrupción, las leyes de protección de la producción intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.

“Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio”, sostuvo.

Además, el texto recordó que, en 2025, un 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos entraron en Brasil sin pagar aranceles de importación, y que el gravamen medio aplicado efectivamente a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1%.

El Gobierno de Lula subrayó también que nunca ha abandonado la mesa de negociación a lo largo del último año, periodo durante el cual asegura que presentó “pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales”.

El Ejecutivo brasileño también salió en defensa de su sistema de pagos PIX y de la regulación de las redes sociales, y garantizó que no renunciará “a proteger a las familias y a los niños frente a la codicia de un puñado de ‘tecnooligarcas»”.

Gobierno de Lula culpa de familia Bolsonaro por aranceles de EEUU

Igualmente, el comunicado acusó de ‘tarifazo’ a las maniobras de la familia Bolsonaro, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que se perfilan como un pulso entre Lula y el hijo mayor del líder ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.

“Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro”, señaló la nota del Gobierno.

Y completó: “Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales.

Bolsonaro, actualmente, cumple en casa una pena de veintisiete años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra Lula.

Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del exmadatario ultraderechista, también fue condenado el mes pasado por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre por golpismo.

Por último, Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump en la que pidió el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones ante el temor de que la medida favorezca a Lula.

“No se puede amar a Brasil solo cuando se ganan las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y de todas las tendencias. El Gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”, respondió el Ejecutivo de Lula.

Chile y Estados Unidos (EEUU) han acercado posiciones en materia de minerales para la industria de la Inteligencia Artificial (IA), sector que actualmente empuja una buena parte de la economía norteamericana.

Por ejemplo, en marzo de este año y al día siguiente de asumido el gobierno del presidente José Antonio Kast, ambos países firmaron una declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras. Luego, en abril de est año, se cerró un memorándum para impulsar el desarrollo de la explotación y procesamiento de los mismos.

Y este 25 de junio, este lazo cerró un nuevo avance: la suscripción de la Declaración Conjunta sobre IA en la II Cumbre Pax Silica.

Del latín Pax -paz-, el nombre de la iniciativa no deja lugar a interpretaciones: aunque no conlleva obligaciones específicas, el país de las rayas y las estrellas busca asegurar sus cadenas de suministro de silicio y otros materiales críticos sobre los que se forman los chips que dan vida a todo; desde los gigantes centros de datos para la IA hasta el celular u ordenador desde el cual usted lee este artículo.

Chile firman el Pax Silica de EEUU

Fue mediante un simple tweet de la Embajada de EEUU en Chile que se dio a concer la noticia, con el embajador Andrés Ergas participando en la nueva edición de la cumbre.

“Chile se incorporará mañana a esta iniciativa, promoviendo innovación, inversión, cadenas de suministro resilientes y cooperación tecnológica”, señaló el mensaje en X. Otros países que firmaron la Declaración fueron Argentina, El Salvador y Costa Rica.

El Embajador Andrés Ergas participa en la II Cumbre de Pax Silica, donde suscribió la Declaración Conjunta sobre IA. Chile se incorporará mañana a esta iniciativa, promoviendo innovación, inversión, cadenas de suministro resilientes y cooperación tecnológica. pic.twitter.com/nrf0rjm23K

— Embajada Chile EEUU (@EmbajadaChileUS) June 25, 2026

Un artículo en la página del Departamento de Estado de EEUU contiene la Declaración de la primera cumbre Pax Silice, donde se reconoce que las cadenas de suministro son indispensables para la “seguridad económica mutua”, consignado a la IA como “una fuerza transformadora para nuestra prosperidad a largo plazo”.

“En ese espíritu, declaramos nuestra visión compartida de profundizar nuestras alianzas económicas mediante esfuerzos conjuntos en prácticas de seguridad de las inversiones, infraestructuras e incentivos”, sostiene la declaración que firmaron, en una primera instancia, economías como Japón, Australia, Alemania, Israel y también la Unión Europea.

Otros aspectos mencionados son el fomento a la colaboración en pilares estratégicos de las cadenas de suministro como software, conectividad e infraestructura de redes, computación y semiconductores, refinación y procesamiento de minerales y energía. “Creemos que la verdadera segurdad económica requiere reducir las dependencias excesivas y forjar nuevas relaciones con socios y proveedores confiables comprometidos con prácticas de mercado justas”, agrega la Declaración.

Más allá de las palabras diplomáticas, cabe entender que tanto el mercado de silicio -del cual se fabrican las obleas donde se “graban” los chips- como el de tierras raras está ampliamente dominado por China.

Por ello, en momentos de tensiones comerciales el gigante asiático podría tomar medidas para endurecer los controles sobre estas exportaciones, con tal de meter presión a, por ejemplo, la industria de IA y defensa estadounidense.

Esto se vivió el año pasado, cuando Beijing impuso controles a la exportación de materiales estratégicos hacia EEUU, centrado en las llamadas tierras raras, un conjunto de elementos con cientos de aplicaciones tecnológicas y donde China contola más del 70% de la producción mundial y casi el 90% del procesamiento.

Implicancias para Chile y el papel de China

Radio Bío Bío tomó contacto con el profesor de Derecho UC y director del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC, Matías Aránguiz, para tener algo de luz sobre las implicancias de la firma de esta declaración para nuestro país.

Por un lado, está el aspecto económico y la reacción que puede haber en los mercados, teniendo como antecedente que junto con industrias críticas como el cobre y litio, donde Chile ejerce un liderazgo global innegable, también se han visto avances en materia de tierras raras, con la aprobación ambiental del proyecto minero de Aclara en Penco.

Así, Aránguiz sostuvo que el mercado vería la adhesión al Pax Silica “con buenos ojos inicialmente. Esto es una una buena señal que nos estamos alineando a la política productiva y a las cadenas de suministro de IA lideradas por EEUU, lo cual creo que es muy bueno. Fortalece nuestra nuestra presencia en cobre y litio, lo cual hayamos tenido algunos algunos inconvenientes por la política inicial del presidente Trump -en materia de aranceles- y esto podría alinear o alivianar posibles roces en esa área”

“Lo que sí es importante, es que esto debe ser parte de una política del país. No solamente este documento, sino que es lo que vamos a hacer posteriormente con él: si es que Chile va a fomentar una política industrial más fuerte en esta línea o simplemente vamos a ratificar nuestra posición como proveedores de materias primas”, enfatizó el experto, agregando que este acuerdo puede dar señales al otro lado del Pacífico.

“De alguna forma también le estamos diciendo algo a China. Cada vez que estamos firmando esta decisión, estamos dándole la espalda a nuestro principal socio comercial y esto puede tener un costo. La forma de reducir ese costo o de mitigarlo está en la medida en que nosotros podamos, en la línea de este documento, poder fortalecer nuestras líneas de producción”, advirtió el académico UC.

Considerando lo anterior, el profesor de Derecho UC remarcó que nuestro país, más que signar obligaciones -dado que el texto del Pax Silica es “liviano” al respecto-, toma una posición en el tablero global, existiendo el posible riesgo de una respuesta del país asiático.

“Nuestra generación de cobre, litio, energía, tiene como gran destino a Asia. La pregunta es si esto va a cambiar cómo esto se distribuye y si esto ocurre así, cuáles van a ser los términos y condiciones y si esto va a tener algún efecto en otros productos que compre China. Estamos tomando en este caso una posición y una posición clara con respecto a algo que cruza mucha industria, que es la inteligencia artificial, no es cierto, porque cruza energía, minerales, y estamos de alguna forma decidiendo por nuestro socio del norte”, explicó.

Por último, si bien reconoce que en las condiciones actuales Chile no va a competir con los modelos de IA de EEUU ni China, la economía local está entrando en las cadenas de suministro detrás de esta gigantesta industria, por lo que es clave “no quedarnos fuera” tanto como proveedores de materias primas, pero también energías renovables y como polo de instalación de centros de datos, dada la geografía y el nivel de conexión del país.

Diversos gremios empresariales y económicos reaccionaron a la Cuenta Pública y las diversas medidas destacadas y anunciadas por el presidente José Antonio Kast.

En su discurso ante el Congreso Pleno y el país, el mandatario calificó como una dimensión de la “emergencia” que atraviesa Chile la “crisis económica y fiscal (…) Cuando asumimos, aventuramos que la situación era difícil. Dos meses después, hemos constatado que el estado económico de la nación es incluso más complejo de lo que se podía prever”.

Con ello, reveló nuevas medidas como un bono de $30 mil por hijo para las familias más vulnerables, la ampliación a la clase media de los programas habitacionales hasta las 4.000 UF con fondo de garantía estatal y la actualización del sistema tarifario eléctrico.

Todo junto con defender el proyecto de Reconstrucción Nacional, llamando a su aprobación.

Gremios empresariales ante la Cuenta Pública

Uno de los gremios que reaccionó fue la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde valoraron el énfasis en seguirdad y la extensión del subsidio estatal, “lo que abree más oportunidades a las personas para acceder a una vivienda”, además de las medidas para bajar la burocracia en las postulaciones a subsidios.

Con todo, enfatizaron en que esperan próximamente la extensión del Subsidio al Dividendo, en un contexto donde ya están por agotarse los 50 mil cupos disponibles.

La CChC sostuvo que esta es “una política pública que ha demostrado resultados concretos y medibles” con un costo aproximadamente la mitad del contemplado para la exención transitoria del IVA a viviendas, según el gremio.

Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa, expresó que “los chilenos necesitan respuestas concretas en empleo, seguridad y oportunidades. Por eso valoramos que estas hayan sido prioridades de la Cuenta Pública, especialmente la necesidad de recuperar el dinamismo económico y para generar más y mejores empleos”.

En este sentido, emplazó al oficialismo y la oposición para que actuén “con urgencia para avanzar en las reformas y medidas que el país necesita para volver a crecer”, destacando la discusión de cómo Chile puede dar un salto en productividad e innovación, buscando aprovechar también las oportunidades en la transformación global por la IA.

“Resultan interesantes algunas medidas en materia laboral, como la flexibilización para el sector turismo, que creemos podría extenderse a todos los sectores económicos. En esa línea, SOFOFA presentó al Ministerio del Trabajo cinco propuestas para fomentar la contratación”, agregó la líder empresarial.

“Crecer más requiere producir más”

En el mundo metalúrgico y metalmecánico también se compartió la valoración en aspectos como seguridad pública, crecimiento económico y empleo durante el discurso de la Cuenta Pública.

Sin embargo, el presidente de Asimet, Fernando García, advirtió la ausencia de una agenda explícita para recuperar la productividad. Así, recalcó que también aspiran a un crecimiento del país cercano al 4%, pero que “ese objetivo difícilmente podrá alcanzarse de manera sostenida si no enfrentamos el estancamiento de la productividad que arrastra el país desde hace años”.

“Crecer más requiere producir más, invertir más y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo (…) La industria manufacturera es uno de los principales motores de empleo formal y de calidad del país. Por eso creemos que una estrategia de crecimiento sostenible debe incorporar una política de desarrollo industrial que fortalezca la capacidad productiva nacional y permita crear más oportunidades laborales”, señaló García.

Y en cuanto al agro, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker Prieto, declaró que relevan el ordenamiento de la migración, el combate al comercio ilícito y el contrabando, “así como el objetivo de fortalecer la agricultura por su aporte al crecimiento y desarrollo del país”.

En ese sentido, dijo esperar que sea atendido el llamado a aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional: “La iniciativa es perfectible, para lo que es clave contar con una oposición responsable y políticos dispuestos a construir acuerdos”.

Finalmente, desde el gremio de SalmonChile, su presidente, Patricio Melero, dijo que toman como lectura directa para el sector el llamado a acelerar la inversión y mejorar la productividad.

“La salmonicultura está disponible para crecer aquí y ahora de manera sostenible, con el debido cuidado al medio ambiente. Eso sí: requiere reglas claras, procesos de fiscalización claros y diálogo efectivo con el sector público”, sentenció.

De esa forma, Melero nombró como desafíos pendientes el avance en acuerdos de gobernanza costera, ordenamiento territorial y trámites ambientales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y liberó una parte del paquete de 20.000 millones que el organismo comprometió con el gobierno de Javier Milei el año pasado.

Además del visto bueno a nivel técnico, el memorando de políticas económicas que acompañó esa decisión dejó al descubierto una hoja de ruta de los compromisos que el gobierno libertario asumió ante el organismo para sus próximos dos años de gestión.

Una agenda ambiciosa que incluye una reforma tributaria, un presupuesto atado al déficit cero y un sistema previsional que no se tocará hasta después de las elecciones y genera dudas sobre su sostenibilidad.

Un sistema con más de 155 impuestos en la mira

El compromiso más concreto del gobierno en el documento es la presentación de una reforma tributaria antes de fin de año. La iniciativa deberá apuntar a mejorar la eficiencia y simplificar un sistema que el propio FMI califica de “complejo, altamente distorsivo e inestable”.

Argentina cuenta con más de 155 impuestos, y más de un 25% de su recaudación depende de tributos considerados distorsivos, como los derechos de exportación, el impuesto sobre las transacciones financieras y sobre los Ingresos Brutos (IIBB), que se aplica en cascada sobre cada etapa de la cadena productiva y que recaudan las provincias.

Con ese diagnóstico, el FMI elaboró una lista de recomendaciones: reducir las exenciones impositivas con las que cuentan determinados sectores económicos, ampliar la base del impuesto a las ganancias para que más contribuyentes tributen, aumentar el monotributo (un régimen simplificado que usan trabajadores independientes y pequeños negocios), simplificar el impuesto corporativo para reducir la carga sobre las empresas, eliminar gradualmente las retenciones al sector agropecuario y el impuesto al cheque.

A más largo plazo, propone que las provincias reemplacen Ingresos Brutos por un esquema de IVA compartido entre la nación y las provincias, similar al que funciona en India o Brasil.

Esta semana, como señal en esa dirección, el gobierno presentó un cronograma de bajas de derechos de exportación para el campo y la industria. El FMI estimó que eliminar las retenciones podría aumentar las exportaciones agroindustriales cerca de un 10%, sumar unos 5.000 millones de dólares anuales en divisas y elevar el PIB alrededor de 0,4 puntos porcentuales.

Déficit cero

Un compromiso central del acuerdo es el envío de un Presupuesto 2027 consistente con la regla de déficit cero, una meta que el gobierno viene cumpliendo —en abril registró superávit financiero para el sector público no financiero— pero que enfrenta desafíos a medida que avanza el año.

“El déficit cero es posible de mantener, pero requiere de un esfuerzo constante para que la recaudación no pare de caer”, advierte a BioBioChile Lucio Garay, economista de la consultora Ecogo. Las principales debilidades, según el economista, son la fragilidad de la actividad económica y del mercado laboral.

“La recaudación no solo no repunta, al igual que la actividad, sino que además el Ejecutivo la fuerza constantemente, como con la baja de alícuotas en Derechos de Exportación, tributo que va en su totalidad a Nación. En paralelo, el mismo Ministro de Economía reconoció que era difícil seguir generando superávit vía un mayor ajuste del gasto”, agrega.

El FMI también alertó sobre las reservas internacionales: la posición neta negativa ronda los 10.000 millones de dólares, y el organismo proyecta que los pagos de Argentina al Fondo alcanzarán el 18% de las reservas brutas del Banco Central en 2027.

“En el segundo semestre del año, la oferta de dólares es estacionalmente más baja y el contexto electoral puede incentivar al Banco Central a vender divisas para sostener el tipo de cambio como ancla cambiaria, que es hoy su principal arma contra la inflación”, dice Garay.

Las jubilaciones, para después de las elecciones

Otro de los puntos políticamente sensibles del documento es la definición sobre el sistema previsional. El gobierno dejó asentado en el memorando que no avanzará con una reforma estructural del sistema de pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

La lógica oficial es que la reforma previsional requiere primero una mayor formalización laboral —que esperan que llegue con la implementación de la Ley de Modernización Laboral— y luego una reforma tributaria que impulse el crecimiento del sector privado. Una vez aplicadas las reformas, planean comenzar a diseñar cambios al sistema previsional.

En el informe de evaluación del programa económico, el FMI había advertido que el gasto en pensiones representa aproximadamente el 45% del presupuesto federal y que se proyecta que aumente aún más a medida que avancen las presiones demográficas.

Para Garay, postergar la reforma hasta después de 2027 es un pragmatismo político: “El costo político es mucho mayor que el costo que pueda tener el gobierno por seguir sumando jubilaciones a pagar”.

¿Qué puede aprender Chile?

El caso argentino llega en un momento en que Chile tramita su propia reforma tributaria. El gobierno de José Antonio Kast impulsa una megarreforma de 40 medidas que ya superó su primer trámite legislativo, pero que enfrenta advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El debate chileno tiene otro signo: mientras Argentina busca simplificar y reducir impuestos distorsivos para recuperar competitividad, Chile discute una rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% como motor de crecimiento, sin medidas recaudatorias que compensen la caída de ingresos.

“Argentina intentó ordenar primero el déficit fiscal y después encarar las reformas estructurales. Ese orden importa”, explica a este portal un empresario que prefiere no revelar su identidad; “la simplificación del sistema tributario es un proceso que toma tiempo y genera resistencias políticas. La reforma previsional, por su parte, requiere condiciones previas de formalidad laboral que tampoco se construyen de la noche a la mañana”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigió este viernes un debate entre los veintisiete comisarios sobre las herramientas de política comercial que la Unión Europea puede emplear contra China, ante la percepción de que la relación económica con Pekín “no es sostenible”.

El Ejecutivo comunitario sigue apostando por reducir la dependencia frente a China sin romper por completo los lazos con el gigante asiático, informó la Comisión en un comunicado al término del debate, en línea con la visión que Von der Leyen fijó hace más de dos años.

“China es un socio fundamental y el compromiso y el diálogo continuarán. Al mismo tiempo, el estado actual de la relación comercial y de inversión no es sostenible. A medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más sólida y coherente”, señaló la nota sobre el debate, del que no han trascendido más detalles.

De la discusión de hoy no se esperaban decisiones concretas, ya que el debate continuará en “las próximas semanas” en el marco del G7 y en la cumbre que los líderes europeos celebrarán el 18 y 19 de junio.

Distintas posturas ante China

La UE estudia la manera de frenar el declive de sectores como el de la automoción, el acero, el aluminio y las tecnologías limpias, del que se responsabiliza, en parte, a las ayudas estatales que reciben las empresas chinas, fomentando la competencia desleal.

En este contexto, países como Francia e Italia han aumentado el tono, pidiendo a Bruselas que inicie más investigaciones contra las empresas chinas que reciben subvenciones de Pekín y proponiendo que se rebajen las cuotas de los productos que pueden entrar al mercado único libres de aranceles.

Otros, como Alemania y Países Bajos, y sobre todo España, también reclaman medidas para reducir la dependencia de China, pero con un “enfoque práctico”, según la expresión que usó este jueves el vicepresidente y ministro de Economía y Comercio español, Carlos Cuerpo, para no perder inversión extranjera y el acceso a materias primas, en un contexto de mayor conflictividad con Estados Unidos.

Además, la UE ha empezado a discutir leyes como la de Aceleración Industrial – que prevé introducir el criterio de “preferencia europea” en licitaciones públicas y a la hora de recibir ayudas estatales – o la de Redes Digitales y Ciberseguridad – con las que se quiere excluir a Huawei y ZTE en el desarrollo de infraestructuras esenciales -.

Los ministros de Industria de los Veintisiete celebraron la víspera la primera discusión sobre la ley de Aceleración Industrial, con París y Roma haciendo un llamamiento para aprobar cuanto antes la normativa y cuestionando la posibilidad de que empresas chinas puedan recibir ayudas europeas si trasladan su producción a Europa.

Madrid, Berlín y La Haya, en cambio, apostaron también por seguir manteniendo una economía europea abierta porque “nuestras empresas necesitan mercados con los que comerciar”, en palabras de la ministra neerlandesa, Stientje van Veldhoven.

La medida que sí entrará en vigor el 1 de julio es una reducción de las cuotas de acero que la UE puede importar libres de aranceles, hasta las 18,3 millones de toneladas, y una subida al 50% de las tasas a partir de este tope.

Una relación cada vez más tensa

La relación comercial entre la UE y Pekín se tensó el año pasado con la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos para proteger a una industria que, al mismo tiempo, depende a día de hoy de los chips del gigante asiático.

Una realidad que se ejemplificó el año pasado, cuando la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) mostró su preocupación por la crisis entre Países Bajos y Pekín por el control del fabricante de semiconductores Nexperia, que llevó a Pekín a vetar temporalmente el envío de chips a Europa.

El gobierno chino, de hecho, ha amenazado a la UE con represalias si no elimina la preferencia europea en la ley de Aceleración Industrial y si impide el acceso Huawei o ZTE al mercado único, porque considera que es una política discriminatoria.

En el escenario latinoamericano de 2026, la disputa entre Chile y Perú por atraer capitales internacionales se intensifica y redefine el mapa de inversiones en la región. Mientras ambos países buscan consolidar su posición, factores como la estabilidad económica, la capacidad de ejecución de proyectos y el dinamismo en sectores estratégicos delinean diferencias palpables.

La pregunta sobre cuál de las dos naciones está logrando mejores resultados no solo abarca cifras, sino que revela los desafíos y ventajas que enfrenta cada economía ante la mirada de los mercados globales.

El contexto internacional favorece el flujo de capital hacia América Latina, aunque Perú no logra capitalizar plenamente ese entorno propicio para el crecimiento. Diego Cavero, CEO del Banco de Crédito del Perú (BCP), explicó que el producto bruto interno del país crecería 3,2% este año, un avance impulsado principalmente por el consumo interno.

No obstante, advirtió que los altos precios de los minerales podrían haber permitido un salto mucho mayor: “Los grandes proyectos en cartera son espectaculares, pero muchos están ‘por salir’ desde hace mucho tiempo y no terminan de activarse en la práctica. Al mismo tiempo, Chile y Argentina están jalando esa inversión”, señaló Cavero, según recogió Gestión.

La dinámica de inversiones evidencia un retroceso relativo para Perú frente a sus competidores directos. Cavero detalló que, aunque la inversión privada muestra signos de recuperación, el ritmo actual se mantiene por debajo del 16% de incremento observado en 2012.

Según el ejecutivo, “vamos a tener más competencia en la región con Chile, Argentina y Ecuador. Quién sabe, quizá mañana hasta Venezuela pueda atraer capitales”. Como ejemplo concreto, la empresa Teck priorizó invertir en Chile sobre el desarrollo en Perú.

La cartera peruana contiene 65 iniciativas mineras valoradas en 63.005 millones de dólares, pero más de 40 carecen de fecha de inicio o puesta en marcha.

Para el presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, Carlos Neuhaus, el exceso de trámites, la corrupción y la lentitud estatal han obstaculizado el despegue económico: “Lo que tenemos que romper es la inseguridad y la corrupción, eso significa no quedarse callado y denunciar cuando las cosas están mal”.

El desafío

Especialistas coinciden en que la falta de reformas estructurales limita la capacidad de Perú para competir. Cavero sostuvo que “el modelo (económico) ha funcionado, lo que no ha funcionado es la calidad de la inversión y del gasto público”.

Por su parte, el exministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Juan Carlos Mathews, enfatizó la necesidad de aprobar una ley de zonas económicas especiales privadas, declarando que esta podría convertir al país en un polo de atracción para compañías internacionales, especialmente de Brasil, interesadas en aprovechar los tratados comerciales de Perú para exportar hacia Asia.

Mathews subrayó que “Brasil está llamado a ser uno de los socios comerciales estratégicos más importante en los siguientes años. Hay empresas brasileras —de alimentos, de metalmecánica, manufactura de madera— que estaban exportando a Asia, particularmente a China, que pagaban 8% a 11% (de aranceles) porque no tienen un TLC.

Entonces, es una ventaja clave de acceder a esos mercados sin ese arancel si es que se desarrolla producción acá”. Además, el desarrollo del puerto de Chancay promete reducir tiempos logísticos y mejorar la competitividad para llegar a mercados asiáticos.

Chile se consolida

Mientras Perú debate reformas, Chile avanza en el fortalecimiento de su imagen como destino de inversiones. El informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, al que accedió BioBioChile, reconoce que Chile mantiene niveles de inversión estables y un perfil de riesgo bajo ante los inversionistas internacionales, a pesar de los desafíos globales.

Este desempeño contrasta con el panorama de Colombia, que, según el mismo informe, se ha transformado en la economía más riesgosa de la región. El deterioro fiscal y la caída de la inversión llevaron a Colombia del riesgo intermedio al peor escenario regional, con una reducción de la inversión del 23,4% del PIB en 2015 al 15,2% proyectado para 2025.

“Esto no solo implica que el país invierte menos que antes, sino que también ha perdido posición relativa frente a sus pares”, advierte el informe.

En cambio, tanto Chile como Perú han conseguido mantener la confianza de los mercados financieros, aunque el caso chileno resalta por la solidez de sus políticas y el menor costo de su deuda.

El entorno macroeconómico favorable y la estabilidad institucional han permitido a Chile atraer proyectos relevantes, como la decisión de Teck de priorizar inversiones en este país.

Un nuevo rival

La competencia por la inversión en el sector extractivo no se limita a Chile y Perú. Bolivia emerge como un actor dispuesto a disputar el protagonismo regional, impulsando una reforma legal y fiscal para captar capitales externos, de acuerdo con lo informado por La República.

El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, confirmó un plan que garantizará invariabilidad impositiva por 20 años y disminuirá gravámenes con el objetivo de dinamizar la llegada de nuevas inversiones.

“Bolivia fue, es y será minera”, sostuvo Calderón de la Barca. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el 78,8% de las exportaciones del país provino del sector minero durante el primer bimestre del año, cifra que supera largamente la participación de la minería en el comercio exterior de Perú y Chile en términos porcentuales recientes.

El saldo comercial positivo de 377 millones de dólares alcanzado en enero de 2026 refuerza la relevancia de la minería para la economía boliviana.

La reforma, respaldada por el Banco Mundial, busca simplificar procesos administrativos, proteger jurídicamente los contratos y eliminar trabas burocráticas. El régimen propuesto suprime el gravamen extra del 12,5% sobre beneficios excepcionales, manteniendo el impuesto del 25% y las tasas regionales del 5% por explotación de recursos. El rediseño legal prioriza recursos estratégicos como el litio y las tierras raras, con el yacimiento de Cerro Manomó como polo de desarrollo tecnológico.

Las autoridades bolivianas planean presentar la nueva legislación en julio, tras la Cumbre de Minería que reunirá a todos los eslabones de la cadena productiva. Los desafíos incluyen la fiscalización estatal rigurosa, la desburocratización y el combate contra la minería ilegal, que amenaza la sostenibilidad del sector.

Tecnología y telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones representa otro terreno de competencia entre Chile y Perú, donde Entel acelera inversiones con un plan de cerca de 650 millones de dólares, según reportó BNamericas.

El 66% de estos recursos se destinará a Chile y el 34% a Perú. El CEO de la compañía, Antonio Büchi, afirmó: “La convicción de invertir para tener la mejor red es vital para nuestro éxito, pero la capacidad de atraer talento, nuestra obsesión por traer la mejor tecnología y transformarla en un servicio extraordinario para ayudar a que las personas y empresas tengan una vida mejor, como dice nuestro propósito, también son pilares esenciales”.

Durante el ejercicio anterior, la empresa desembolsó 457.000 millones de pesos en ambos países, representando el 15,1% de sus ingresos totales. El despliegue de 5G y la expansión de servicios fijos constituyen el eje del plan para 2026. En diciembre, Entel firmó concesiones para operar en la banda de 3.500 MHz en Perú, alcanzando cobertura 5G en 48 distritos de Lima Metropolitana y Callao, con 1,7 millones de clientes conectados a esta tecnología.

El negocio de fibra óptica también forma parte de la estrategia. En el último trimestre de 2025, Entel acordó con Wi-Net Telecom fortalecer la presencia de su red en Perú, lo que permitirá ofrecer internet de banda ancha a más de 3,1 millones de hogares y empresas en Lima, Callao y otras ciudades clave.

En Chile, la compañía mantiene un acuerdo similar con OnNet, ampliando la cobertura y capacidad de su infraestructura. Entel también lanzó servicios en alianza con Starlink, ampliando su portafolio digital en ambos mercados.

La compañía apuesta por el segmento empresarial mediante una nueva oferta de microcentros de datos de borde, en colaboración con la australiana Zella DC. La última junta de accionistas aprobó la incorporación de tres nuevos directores y la distribución de un dividendo de 255 pesos por acción.

El tablero regional

La pugna entre Chile y Perú por atraer inversiones internacionales, especialmente en minería y tecnología, se libra en un contexto donde la estabilidad institucional, la capacidad de ejecución y la apertura a reformas resultan determinantes.

Mientras Chile consolida su posición y Perú busca remover barreras estructurales, Bolivia emerge como contendiente con un ambicioso plan fiscal y legal. El sector de las telecomunicaciones, con Entel a la cabeza, suma otra dimensión a la disputa, reforzando la importancia de la infraestructura digital para el crecimiento económico.

El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026 -que varió 1,0%- arrastró al alza a la Unidad de Fomento (UF), que mañana martes traspasará los $40.000.

Durante la última semana del mes pasado, por ejemplo, la gasolina y el petróleo diésel registraron aumentos cercanos al 40% y 50%, respectivamente. Sin embargo, la variación mensual que recogió el IPC para esos mismos productos fue de 8,2% y 12,8%.

Esa diferencia se explicó por el método de cálculo, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en una separata técnica, añadiendo que si los precios se mantienen en los niveles alcanzados a fines de marzo, la variación mensual de abril debería reflejar el alza restante que aún no fue capturada por el índice del mes anterior.

La UF supera los $40 mil

La UF representa la reajustabilidad del peso de acuerdo con la inflación: sus ajustes dependen directamente del IPC (en palabras simples, su valor en pesos se recalcula cada mes en función de dicho índice).

Su alza tiene incidencia directa en el bolsillo de las familias, ya que es de amplio uso en el sistema financiero y crediticio chileno, de manera tal que muchos de los compromisos que adquiere una persona se expresan con esta fórmula (créditos, depósitos a plazo, seguros, planes de salud, entre otros).

Maximiliano Villalobos, investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (Uandes), enfatizó que la UF se reajusta automáticamente con la inflación.

“Se trata de un indicador clave en la economía chilena, cuyo valor se ajusta según la inflación. En este caso, el alza responde a presiones recientes sobre los precios, como consecuencia del encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado en el IPC, que registró una variación del 1% en el mes de marzo”, subrayó.

Dónde se sentirá el alza

El principal impacto de este aumento de la Unidad de Fomento se verá en los compromisos financieros mensuales, especialmente los relacionados con el hogar y financiamiento.

A esto se suman servicios como la educación y los seguros, que también suelen estar indexados a este indicador, lo que implica un mayor gasto para las familias.

“En Chile una cantidad relevante de servicios están pactados en UF: créditos hipotecarios, créditos de consumo, colegiaturas, seguros de salud, arriendos y cuotas de crédito automotriz”, detalló el economista.

Un efecto que llega a todos

Más allá de esos pagos directos, el alza de la UF está vinculada a la inflación, que impacta el costo de vida en general.

Esto implica que el aumento del IPC se traspasa gradualmente a este indicador y, con ello, a distintos precios en la economía.

En ese contexto, el investigador de la Uandes alertó que el impacto no se limita a quienes tienen deudas o contratos en UF.

“Al final, aunque una persona no tenga auto o nunca pise una bencinera, el escenario externo le va a terminar pegando de alguna u otra forma mediante el efecto ya sea directo o indirecto en los precios”, concluyó.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con cambios en los regímenes de licencias por vacaciones, horas extra e indemnizaciones por despido, reabrió una discusión de raíz entre ambos lados de la cordillera: ¿flexibilización o precarización?

Mientras en Argentina la gestión libertaria sostiene que las modificaciones de la “Ley de Modernización Laboral” apuntan a adaptar el mercado de trabajo y dinamizar la economía, desde Chile se mira el proceso como déjà vu con cierta advertencia histórica.

Qué dice la reforma laboral tan debatida en Argentina y resistida por los sindicatos

En concreto, la reforma laboral de Argentina introduce cambios en materia salarial, de indemnizaciones y negociación colectiva. Desde la óptica del Gobierno, el paquete de reformas tiene como fin estimular las inversiones empresariales, frenar la llamada “industria del juicio” y atender las nuevas tendencias laborales, un combo para reducir el empleo informal (“en negro”) que alcanzó al 49% de los trabajadores en el segundo trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En cuanto a los salarios, habilita el pago en moneda extranjera de forma optativa y suma el concepto de “negociación dinámica”, que permite acordar ingresos adicionales como bonos, premios o compensaciones por fuera del convenio.

Respecto de las indemnizaciones por despidos, mantiene el esquema del sueldo de un mes por año trabajado, pero excluye del cálculo el aguinaldo, las vacaciones y otros conceptos no mensuales. Además, las sentencias laborales se actualizarán por inflación más un 3% anual, con el objetivo de desalentar la llamada “industria del juicio”. También se creará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), optativo, al que las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones brutas y las MiPyMEs el 2,5% para afrontar gastos.

En paralelo, el proyecto modifica el régimen de vacaciones al permitir su fraccionamiento en períodos mínimos de siete días y respeta la obligación de garantizar al menos un período en verano cada tres años en casos de vacaciones rotativas. Se incorpora también un sistema de banco de horas, que habilita acumular horas extra para compensarlas con días libres o jornadas reducidas.

Finalmente, el gobierno de Milei busca eliminar la “ultraactividad”, es decir, la prórroga automática de los convenios colectivos vencidos hasta la firma de uno nuevo, un mecanismo que en algunos sectores se arrastra desde 1975 sin actualización.

Los cambios recibieron este jueves el aval mayoritario de la Cámara de Diputados, pero deben volver para su aprobación definitiva al Senado por la quita del controvertido artículo 44 que establecía que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad no vinculada con la prestación laboral que impida trabajar, el empleado cobraría el 50% de su salario durante tres meses si no tiene personas a cargo, o durante seis meses si las tiene. Por ejemplo, lesionarse en un partido de fútbol durante el tiempo libre.

Si la imposibilidad de trabajar no deriva de una acción voluntaria y riesgosa, la prestación ascendería al 75% del sueldo, bajo los mismos plazos según tenga o no cargas de familia. Aquí sería el caso de enfermedades graves o degenerativas.

De allí el rechazo que el paquete generó en algunos sectores, principalmente, los sindicatos y los gremios, aliados mayoritariamente al peronismo y que históricamente actuaron como un “quinto poder” con capacidad de veto sobre políticas públicas, huelgas con afectaciones en los servicios esenciales y una influencia directa en la gobernabilidad.

“Los argentinos quieren alcanzarnos a nosotros, o sea, quieren retrasarse”

En diálogo con BioBioChile, Rodrigo Leal, abogado laboralista por la Universidad de Concepción, ofreció una comparación directa entre ambos países, especialmente al repasar el Código del Trabajo y otras normativas complementarias, con una postura clara sobre los riesgos de “dejar librado” el vínculo laboral a la negociación individual e igualar las partes empresarial y trabajadora como si fueran simétricas en cuanto a poder.

Por ejemplo, en Argentina, el régimen tradicional contempla una indemnización por antigüedad potente ante despido sin causa. Pero la reforma libertaria, bajo el argumento de incentivar la contratación formal, abrió la puerta a esquemas alternativos y mecanismos más flexibles. Como se dijo en párrafos anteriores, el FAL con aportes mensuales y topes para el cálculo de la indemnización.

“Nosotros, en Chile, tuvimos una dictadura muy fuerte y se reformaron totalmente muchos derechos que tenían anteriormente los trabajadores. Eso provocó que hubiera un dinamismo de la economía, eso hay que admitirlo, pero ¿a qué costo? Quedó desprotegido el trabajador y no se lo deseo a nadie”, repasó el abogado al advertir lo que sucede en Argentina por estas semanas.

“Con el pretexto de hacer más flexible la relación laboral en Argentina, se dejan muchas cosas entregadas a que se discutan entre empleador y trabajador. Y esa es una fórmula siempre que está destinada al fracaso, porque el empleador no discute las cosas de igual a igual con un trabajador”, afirmó Leal.

Para el entrevistado, el problema no es solo jurídico sino estructural: “Lo que nunca hay que perder de vista es que hay una relación aquí que es vertical y no es horizontal. Entonces, a las partes tú no las puedes poner a negociar como si fueran iguales”.

Aquí aparece el análisis comparativo de las licencias por vacaciones. En Argentina, la nueva normativa de Milei avanza hacia el fraccionamiento durante el año y un período de verano cada tres años, distinto a las vacaciones de corrido según antigüedad: 14 días con hasta cinco años de trabajo, 21 días a quienes cumplen entre cinco a diez y así hasta los 35 cuando se superan las dos décadas.

“Nosotros estamos más atrasados que los argentinos y los argentinos quieren alcanzarnos a nosotros, o sea, quieren retrasarse”, advirtió el letrado, al recordar que, en Chile, según afirmó, en la mayoría de los trabajos las vacaciones, en el terreno práctico, las termina imponiendo el empleador.

“Hago hincapié en la discusión de las partes. No discusión entre el sindicato y el empleador, porque eso ya es otra lógica. Pero si tú dejas que las partes sean las que discuten las vacaciones, y no dices que estas vacaciones tienen que ser tomadas en verano, entonces tú abres la puerta para que, en definitiva, el empleador diga: ‘Mira, tú te vas a tomar las vacaciones en la peor época de lluvias que haya’. Y si te gusta, bueno, y si no, hay 20 personas que están afuera y que van a querer tu puesto”, comentó el abogado laboralista.

“Aquí en Chile hay trabajadores que ni siquiera quieren ir a Inspección del Trabajo porque saben que eso les va a traer luego problemas con el empleador”, lamentó Leal sobre los casos que nunca llegan a una solución a favor del reclamo del empleado.

¿Precarización o flexibilización laboral?

El debate en Argentina retoma una vieja tensión: estabilidad versus flexibilización. Leal introdujo el debate en términos conceptuales de antaño y transitados por muchos politólogos y filósofos: “La gente de la izquierda le llama ‘precarización’, la gente de derecha le dice ‘flexibilización’”.

“El trabajador quiere ganar más plata con su trabajo. Y el empleador quiere ganar más plata con su empresa”, agregó, al admitir que tanto trabajador como empleador pueden verse tentados por la informalidad por los “ahorros” económicos.

“Al trabajador siempre le va a convenir ‘estar de informal’ porque no le van a sacar una parte del sueldo. Y al empleador le conviene contratar en forma muy precaria porque así lo puede despedir cuando quiera. Eso facilita la inversión. Esas cosas hay que aceptarlas. Luego tratar de hacer una legislación que junte esas dos posturas”, resumió.

No obstante, el letrado trazó un límite: “No podemos llegar a tal punto de que esta flexibilización en Argentina permita que no haya algo que es fundamental: la estabilidad del trabajo. Un trabajador no puede estar en su puesto sin saber si mañana o el mes que viene va a tener trabajo”.

Sobre la ampliación de la jornada laboral, el abogado de la Universidad de Concepción fue directo: “Las relaciones de trabajo no son relaciones de cooperación sino que son relaciones de necesidad. La gente trabaja porque necesita comer”.

Otro de los riesgos, según su visión, es que la extensión horaria en Argentina, al habilitar un banco de horas extra que no se paga sino que se devuelve, quede en la práctica condicionada por la necesidad económica del trabajador o el capricho del empleador.

“Van a utilizar este mecanismo para dejar a los trabajadores dos horas más todos los días. Porque no sé si la ley traerá alguna sanción a aquello. ¿Qué impide que un empleador todos los días de la semana, en vez de tener una jornada de ocho horas, ahora tenga una jornada de nueve horas? Si no te gusta, entonces te echan por alguna causal disciplinaria porque no quisiste quedarte”, cuestionó con un caso potencial derivado de la nueva legislación trasandina.

Por último, la reforma laboral, que también va por una reducción de los aportes patronales, evidencia otro paso más en la lucha de Milei contra los sindicalistas asociados al kirchnerismo y a la izquierda argentina.

“En Chile, el sindicalismo quedó reducido después del plan laboral, que fue justamente en el tiempo de la dictadura, a su mínima expresión. Aquí no tenemos sindicatos de grupos de personas, tenemos sindicatos de empresas”, recordó.

De allí que interpretara a la reforma argentina como un movimiento en esa dirección. “Lo que busca es de mala manera tratar de eliminar esa fuerza que tienen los sindicatos”, dijo.