El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

Este impuesto adicional se une al régimen arancelario vigente desde febrero, cuando Trump impuso un gravamen general del 10% después de que la Justicia suspendiera los aranceles implementados en virtud de leyes de emergencia.

La nueva medida mantiene exentos productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado, pero alcanza a algunos protegidos hasta ahora por el tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Medida surge tras amenazas de arancel por incendios

En su cuenta de Truth Social, Trump había amenazado a Canadá, el viernes pasado, con nuevos aranceles por el humo de los incendios forestales que afectó el norte y el este de Estados Unidos durante el fin de semana.

El mandatario republicano acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo “incalculable”.

Los incendios forestales registrados este verano en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario generaron extensas columnas de humo que alcanzaron varios estados del norte de Estados Unidos, al afectar la calidad del aire y provocar alertas sanitarias en ciudades del Medio Oeste y el noreste del país.

Sin embargo, la Casa Blanca justificó la decisión de hoy al afirmar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera “perjudiciales” para Estados Unidos, entre ellas restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, elevados aranceles a determinados bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales, además de haber respondido con represalias a anteriores medidas comerciales adoptadas por Washington.

Así mismo, el texto endurece las sanciones contra el transbordo de mercancías para eludir los aranceles, al asegurar que los bienes que sean desviados a través de terceros países para evitar el pago del gravamen estarán sujetos a un arancel adicional del 40%.

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) confirmó este miércoles la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aplaudió la medida, asegurando que responde a que el Gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado “de buena fe” con Washington.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que Trump ordenó al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) aplicar los gravámenes y sostuvo que “no debe haber confusión” sobre el motivo de la medida. Según dijo, Lula ha antepuesto “su propio ego” durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó además que las políticas económicas del mandatario brasileño son “malas para los estadounidenses y malas para los brasileños” y responsabilizó al Gobierno de Brasil de no haber logrado un entendimiento comercial con Estados Unidos.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.

His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

El embajador y representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.

Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.

Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.

La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones.

Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.

Brasil activa su ley de reciprocidad contra aranceles de EEUU

En respuesta, el Gobierno de Brasil anunció que iniciará “inmediatamente” los trámites para aplicar la ley de reciprocidad contra los aranceles del 25% decretados por EEUU.

“El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable”, señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.

La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de “imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”.

“No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil”, aseveró el comunicado.

Brasil informó entonces que “iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad”, y que “volverá a plantear el asunto en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) inició hace un año una investigación y concluyó que varias prácticas del Gobierno brasileño son “irrazonables” y restringen el comercio estadounidense.

Entre esas políticas citó el sistema electrónico de pagos automáticos (PIX), la aplicación de las normas para combatir la corrupción, las leyes de protección de la producción intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.

“Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio”, sostuvo.

Además, el texto recordó que, en 2025, un 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos entraron en Brasil sin pagar aranceles de importación, y que el gravamen medio aplicado efectivamente a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1%.

El Gobierno de Lula subrayó también que nunca ha abandonado la mesa de negociación a lo largo del último año, periodo durante el cual asegura que presentó “pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales”.

El Ejecutivo brasileño también salió en defensa de su sistema de pagos PIX y de la regulación de las redes sociales, y garantizó que no renunciará “a proteger a las familias y a los niños frente a la codicia de un puñado de ‘tecnooligarcas»”.

Gobierno de Lula culpa de familia Bolsonaro por aranceles de EEUU

Igualmente, el comunicado acusó de ‘tarifazo’ a las maniobras de la familia Bolsonaro, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que se perfilan como un pulso entre Lula y el hijo mayor del líder ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.

“Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro”, señaló la nota del Gobierno.

Y completó: “Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales.

Bolsonaro, actualmente, cumple en casa una pena de veintisiete años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra Lula.

Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del exmadatario ultraderechista, también fue condenado el mes pasado por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre por golpismo.

Por último, Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump en la que pidió el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones ante el temor de que la medida favorezca a Lula.

“No se puede amar a Brasil solo cuando se ganan las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y de todas las tendencias. El Gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”, respondió el Ejecutivo de Lula.

La Enap entregó un nuevo informe de estimación de precios de combustibles, con una caída de 100,3 pesos por litro ($/lt) en la gasolina de 93 octanos y -99,8$/lt en la de 97.

Además, el diésel se desplomará 155,4$/lt desde este jueves 09 de julio. El GLP de uso vehicular registrará un retroceso de 22,1$/lt, mientras que el kerosene no tendrá cambios.

Previo al informe, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y otras autoridades de Gobierno, ya adelantaban una baja en el orden de los 100$/lt, en un contexto donde los precios internacionales del barril se venían manteniendo estables alrededor de los US$70.

Cambios en los combustibles a partir del 09 de julio:

Gasolina de 93: -100,3$/lt.
Gasolina de 97: -99,8$/lt.
Kerosene (parafina): -00,0$/lt.
Diésel: -155,4$/lt.
GLP Vehicular: -22,1$/lt.

Fuerte baja en los combustibles ocurre justo al término del alto al fuego

En línea con lo anterior, los valores del petróleo brent y WTI estaban contenidos ante las expectativas de avances en las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán hacia un acuerdo final que pusiera fin a las hostilidades iniciadas a fines de febrero.

Entre medio, regía un alto al fuego que en las últimas horas fue dado por “acabado” por Donald Trump, luego que su país atacara la república islámica tras acusarlos de agredir tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Aquello cobra relevancia ahora, dado que los precios del crudo brent y WTI repuntaron en medio de la incertidumbre por posibles nuevos ataque de EEUU a Irán, lo que, de mantenerse -y de existir una mayor apreciación del dólar-, podría poner en jaque una nueva baja de las bencinas en tres semanas más.

Al menos, eso se puede desprender en base a las declaraciones de Quiroz a fines de la semana pasada, cuando recordó que el Gobierno prometió que “cuando la guerra terminase, los precios iban a tener que volver y caer conforme van cayendo los precios internacionales”.

Y ahora, minutos después de conocido el informe de la estatal, el jefe de las finanzas públicas remarcó que“pueden estar tranquilos, ya iremos viendo. A nivel internacional un día hay una noticia, al otro día hay otra, pero estamos confiados que este conflicto va de salida”, remarcó Quiroz.

En su informe, la Enap recalcó que la estimación de precios consideró los valores de importación de productos desde “un mercado de referencia cercano y profundo” como la Costa del Golfo de EEUU, junto con otros costs de la importación de combustibles, además de las normas del FEPP y el MEPCO.

Por último, reafirmaron que no fijan ni regulan precios de combustibles en el mercado chileno, siendo su rol, en este sentido, de comercializar los derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, “las que fijan de manera autónoma el precio final de venta”.