Un año después de sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sigue atrapada en una paradoja que conoce de memoria: evitó una crisis inmediata, pero al costo de profundizar su dependencia financiera y política. La deuda con el organismo ya supera los US$57.000 millones y mantiene al país como el principal deudor del Fondo a nivel global.

El programa, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Facilidades Extendidas, es el último de más de 20 que Argentina suscribió con el FMI desde 1956.

Implicó un paquete de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.000 millones, con metas exigentes en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas internacionales.

El último entendimiento con el FMI se dio en un contexto crítico. Con reservas internacionales en negativo —es decir, con más compromisos en dólares que activos disponibles— y fuertes presiones sobre el tipo de cambio en un año electoral, la administración de Javier Milei recurrió al Fondo en busca de financiamiento y credibilidad externa, a cambio de nuevos ajustes en la política cambiaria.

Al igual que en otras ocasiones, el acuerdo permitió contener tensiones en el corto plazo. Sin embargo, el frente externo continúa mostrando señales de fragilidad.

Como muestra gratis, apenas seis meses más tarde, con un resultado negativo en las elecciones legislativas, el gobierno argentino volvió a necesitar asistencia extraordinaria —esta vez del Tesoro de Estados Unidos— para sostener el programa en medio de nuevas presiones financieras.

El origen del problema: un acuerdo bajo presión

Economistas consultados por BioBioChile coinciden en que el acuerdo número 23 de Argentina con el FMI se firmó en condiciones de extrema debilidad, con escaso margen de negociación por parte del gobierno argentino.

“La cuenta de dólares no estaba pasando por un buen momento y el Banco Central venía vendiendo reservas”, explicó el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, al describir el contexto previo a la firma.

En ese escenario, el gobierno se comprometió a implementar cambios relevantes en la política cambiaria, como la flexibilización de las restricciones para comprar dólares y un esquema más libre del tipo de cambio, que, según Garay Méndez, “le dieron cierta volatilidad y fragilidad” al programa desde su inicio.

Desde una mirada más crítica, Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, apuntó a un problema estructural del acuerdo.“Se negocian metas con el FMI que no se pueden cumplir”, sostuvo. Esta combinación de urgencia financiera y compromisos exigentes explica, según los analistas, por qué el programa nació con inconsistencias internas que persisten hasta hoy.

Los logros: inflación contenida y ajuste fiscal

A un año de su implementación, hay cierto consenso en que el acuerdo logró evitar una crisis mayor en el corto plazo.

“El programa sigue de pie”, sostuvo Garay Méndez, quien destacó que la inflación mensual se haya mantenido por debajo del 3% durante varios meses, un dato relevante para la economía argentina que tiene un promedio histórico de inflación mensual de casi 4%.

Otro de los puntos que destacan los analistas es el frente fiscal. Según Burgos, el gobierno sobrecumplió la meta de equilibrio de las cuentas públicas, consolidando el ajuste del gasto como eje del programa.

Sin embargo, ese orden macroeconómico tuvo sus costos: “El gobierno sostuvo el superávit a costa de un fuerte ajuste que hoy la economía lo siente en los ingresos de las familias y en el nivel de actividad de sectores como la industria, el comercio y la construcción”, advirtió Garay Méndez.

Esto se traduce en una economía debilitada y con impacto en el empleo: aumento de la desocupación, alta informalidad y salarios que pierden poder de compra.

Donde hay mayor coincidencia entre economistas es en identificar el principal punto débil del programa: la falta de acumulación de reservas internacionales. “Se compran dólares, pero no se logran acumular”, explicó Burgos, y estimó que aún faltan unos US$18.000 millones para cumplir las metas acordadas con el FMI.

El límite del programa

A un año de su implementación, el acuerdo con el FMI empieza a mostrar sus límites. “El mayor desafío es avanzar con la desinflación y la compra de divisas al mismo tiempo”, explicó a BioBioChile Lucio Garay Méndez.

Pero más allá de ese equilibrio técnico, el debate de fondo es qué tipo de estabilización puede sostener Argentina en el tiempo.

En este sentido, el actual esquema logra ordenar variables en el corto plazo, pero sin modificar los condicionantes estructurales de la economía. Con el correr de los meses, esa tensión tiende a trasladarse desde los indicadores macroeconómicos hacia la actividad y el empleo.

“Estos modelos funcionan e incluso pueden tener apoyo político al principio, pero después aparecen los problemas sociales y laborales”, señaló Martin Burgos.

En un año electoral, se pone a prueba el respaldo social al ajuste y abre el interrogante sobre cómo responderán los votantes frente a un programa que logró estabilizar algunas variables, pero todavía no mejora de forma clara las condiciones de vida.

Hui Ka Yan, también conocido como Xu Jiayin, fue detenido en China por la policía en septiembre de 2023.

El fundador de la endeudada promotora inmobiliaria china Evergrande se declaró culpable de la apropiación ilegal de depósitos públicos, fraude y soborno corporativo, entre otros cargos, según una corte china.

Evergrande dijo entonces que había sido sometido a medidas restrictivas “por sospechas de delitos”.

Y este martes, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia sureña de Cantón, informó en un comunicado publicado en WeChat que “Xu Jiayin se declaró culpable y expresó arrepentimiento en el tribunal”.

La audiencia contra Xu se celebró por “apropiación ilegal de depósitos del público, recaudación de fondos fraudulenta, concesión ilegal de préstamos, uso ilegal de fondos, emisión fraudulenta de valores, divulgación ilegal de información relevante, malversación de fondos y corrupción”, según el comunicado del tribunal.

Entre los asistentes al juicio se encontraban representantes de quienes participaron en la captación de fondos en el pasado y miembros de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo del país.

El veredicto se dará a conocer posteriormente.

Ascenso y caída de Evergrande

Evergrande fue la principal empresa inmobiliaria de China, fortalecida durante décadas de rápida urbanización y aumento de las condiciones de vida en el país. Pero se declaró en quiebra en 2021 después de años de lucha por hacer frente a su enorme deuda.

Evergrande era la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo, con más de 300.000 millones de dólares en pasivos, cuando un tribunal de Hong Kong dictó una orden de liquidación en 2024.

Fundada a mediados de la década de 1990 por Hui (Xu), la empresa tenía más del 90% de sus activos en China continental, según la sentencia de 2024.

Las acciones de China Evergrande fueron excluidas de la Bolsa de Hong Kong en 2025.

Evergrande se encuentra entre las numerosas promotoras que incumplieron sus deudas después de que los reguladores chinos intensificaran la represión contra el endeudamiento excesivo en el sector inmobiliario en 2020. Incapaces de obtener financiación, las enormes obligaciones de las empresas con acreedores y clientes se volvieron insostenibles.

La represión también sumió al sector inmobiliario en una crisis, afectando a la segunda economía más grande del mundo y sacudiendo los sistemas financieros dentro y fuera de China.

Un monto de $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses (4 años). Ese sería el cargo que las personas verían en sus tarifas eléctricas si la propuesta que presentó el Gobierno para saldar la deuda del Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024 llega a concretarse.

Cabe recordar que ocurrió lo siguiente: existe una deuda derivada del congelamiento de las tarifas eléctricas durante el estallido social en 2019.

Y ahora, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras eléctricas efectuar el cobro de esos saldos pendientes asociados al VAD.

En simple: se le tiene que devolver dinero a las compañías eléctricas.

De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Energía, la SEC estimó que la deuda de los clientes residenciales con las distribuidoras asciende a $734 mil millones (aproximadamente), correspondiente al 11% de la deuda total por el congelamiento de tarifas en 2019.

El ministro de Energía, Álvaro García, recordó que el Gobierno del presidente Gabriel Boric “se hizo cargo de regularizar una deuda que superaba los US$6.000 millones, derivada del congelamiento tarifario, impulsando e implementando mecanismos legales que permitieron su estabilización y pago gradual, junto con un subsidio eléctrico que ha beneficiado a 1,8 millones de hogares vulnerables pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares”.

La propuesta para saldar la deuda

La cartera de Energía diseñó una alternativa de pago transparente, a plazo determinado y socialmente progresiva.

Dicha propuesta se entregará como insumo a la administración de José Antonio Kast.

“Vamos a proponer un proyecto que genere un cargo único de devolución de deudas. Ese cargo único asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes por un período de 48 meses y simultáneamente vamos a proponer un subsidio que cubra al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares”, explicó.

La combinación del cargo único y el subsidio permitiría extinguir por completo la deuda de los clientes, remarcó Energía en un comunicado.

Se enfatizó que la propuesta contempla un ajuste tarifario homogéneo para todos los clientes residenciales, independiente de la empresa distribuidora o del saldo individual adeudado. Se establece un cargo único por unidad de energía, lo que permitiría simplificar el proceso y aliviar especialmente a clientes de zonas rurales.

Eso último, junto el subsidio para el 40% más vulnerable, se financiaría con la recaudación fiscal por concepto de un mayor cargo único.

García mencionó que -por ejemplo- el subsidio para los sectores de menores ingresos equivaldría “a menos de un cuarto de lo que en este semestre se está gastando en subsidio eléctrico”.

“También es inferior a lo que el Gobierno va a recaudar por el incremento tarifario. Por lo tanto, es perfectamente posible de financiar ya que no genera ningún déficit fiscal, pero sí introduce la solidaridad que creemos el país debe tener”, argumentó la autoridad.

Por último, desde el Ministerio de Energía indicaron en su comunicado que todo lo que están planteando posee respaldos “técnicos, jurídicos y viables en términos financieros”.

El precio de la onza de oro ha superado por primera vez en su historia los 5.000 dólares, hasta alcanzar los 5.109,73 dólares, manteniendo un repunte a medida que el aumento de las tensiones geopolíticas impulsa la demanda de activos refugio.

El activo sube así un 2,13% y se encuentra en 5.088,99 dólares, después de que el pasado viernes se quedara a las puertas de los 5.000 dólares.

Por su parte, el precio de la plata volvió a revalidar también sus máximos históricos de madrugada, alcanzando los 109,45 dólares el precio de la onza, según datos de Bloomberg.

En lo que va de año, el oro registra una subida de más del 18%, mientras que la plata sube un 52,76%.

Alza de los metales preciosos

Los metales preciosos continúan sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable.

Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4% y el 5% en términos reales -el doble de las previsiones de consenso—, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos.

Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, según ha señalado el analista de XTB, Manuel Pinto.

El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar se consolidan así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal, según consideran los analistas.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha llevado a que bonos venezolanos repunten y grandes gestores que cotizan en Wall Street, como Fidelity, BlackRock y T. Rowe Price, hayan redoblado su interés en estos activos tras años de evitarlos, recoge Bloomberg.

Según la agencia, la operación militar estadounidense ha generado un rápido repunte en los bonos del país -títulos de deuda que se negocian en mercados internacionales- y un renovado interés por sus vastas reservas de petróleo, señalando que “solo un día después de la detención de Maduro, los tenedores de deuda vieron ganancias de aproximadamente 4.000 millones de dólares”.

El medio destaca que grandes administradores de activos como Fidelity, BlackRock y T. Rowe Price tienen una exposición significativa a bonos del Gobierno venezolano, y que ya están “evaluando oportunidades” para “negociar con potenciales socios”.

Petróleo v/s producción

Al margen de los bonos, el país, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, afronta el problema de que su producción ha caído a menos de un millón de barriles diarios por los 3,75 millones de 1974, y recuperar capacidad productiva requerirá “inversiones de alrededor de 10.000 millones de dólares al año”, un desafío que “empresas como Chevron y fondos de inversión como Elliott, Brookfield o Blackstone podrían asumir”, según la agencia.

No obstante, expertos de otras firmas como Natixis señalan que aunque los bonos venezolanos han reaccionado positivamente, la transición de poder y posibles enfrentamientos internos en Venezuela podrían “hacer aumentar la incertidumbre y complicar el avance de negociaciones de deuda o acuerdos formales con acreedores extranjeros”.

Por su parte, analistas de Morgan Stanley consideran en otro informe que, si bien la captura de Maduro ha elevado las expectativas de reestructuración de la deuda venezolana y ha impulsado el rebote de los bonos soberanos y de la petrolera estatal venezolana PDVSA, el efecto de la operación militar será por el momento “contenido”.

Según este banco, la probabilidad de reestructuración ha aumentado tras eliminarse escenarios negativos como un conflicto prolongado, pero la compleja transición política y los riesgos asociados seguirán condicionando la evolución de estos activos.

Trump aseguró ayer que el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, -que aún no ha confirmado el acuerdo- accedió a enviar a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, cuya venta a “precio de mercado” será gestionada en principio por el país norteamericano.

Washington, que asegura que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno de Rodríguez, capturó otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

No para el escándalo por los errores que han llevado a cobros excesivos en las cuentas de la luz. Mientras avanzan los días, se van conociendo más datos y también las cifras van mutando.

Primero fue el error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), luego otro error diferente al anterior por parte de la transmisora Transelec y ayer martes se reveló un estudio de Valgesta Energía, donde se apunta que los cobros extra de las generadoras no fueron de US$110 millones, sino solo US$2 millones y que el resto se comenzaría a materializar en las boletas de luz recién en 2028.

En toda esta nube de errores, cifras y números, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, sentenció que el estudio de Valgesta “nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones, y eso es lo único que importa”.

No para el escándalo por errores en las cuentas de la luz

Fue en conversación con Radio Pauta que la autoridad abordó este y otros episodios de la polémica.

Ahondando en el análisis de la consultora, García dijo respecto a los montos extra cobrados a la ciudadanía, ahora cifrados por el biministro en US$115 millones, que “a mi me consta que -las empresas- los tienen”.

El análisis de Valgesta Energía sostiene, en resumidas cuentas, que los saldos originados entre los meses de junio de 2022 y 2024 no se pasaron de inmediato a las tarifas, sino que quedaron en “documentos de pago”, en su mayoría en poder de los bancos y que se pagarían en 2028.

De esta forma, solo se traspasaron a los usuarios finales US$2 millones por el error de cálculo de la CNE, mientras que los US$108 millones restantes que materializarían en ese año.

Sin embargo, García cuestionó en Radio Pauta que “si así fuese, ¿de dónde sacaron los US$115 millones las empresas que tienen esos recursos? No viene del aire, tienen que venir de los clientes”.

“El país adquirió una deuda cuando se descongelaron las tarifas, y la forma en que se paga esa deuda, al igual que una hipotecaria, se pagan los intereses primero. Por lo tanto, la proporción de la deuda que corresponde a este período de fijación tarifaria, aún no se empieza a pagar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que se cobró”, reafirmando.

Cabe resaltar que, según explicaron desde Valgesta, los “documentos de pago” fueron creados para que las empresas pudieran liquidarlos en los mercados financieros, y así obtener recursos en medio de la congelación de las tarifas.

El error de Transelec

Siguiendo con las declaraciones de García; respecto al reconocimiento por parte de Transelec de que encontraron un error interno que terminó en un cobro extra por poco más de US$100 millones, al consultarle al biministro por qué desde el Ejecutivo no se transparentó públicamente la situación, la autoridad dijo que el Gobierno “hizo lo que la ley le mandataba”.

Es decir, una auditoría mediante licitación con el Coordinador Eléctrico, donde nadie se presentó, se declaró desierta y ahora se busca hacer un nuevo proceso licitatorio.

“Nosotros estamos siguiendo un camino alternativo”, afirmó, en cuanto a que la si Transelec reconoció el monto antes mencionado, que ese pueda ser pagado a los clientes finales, mientras se avanza en la auditoría.

“Si la auditoría determina que debía pagar más que eso, bueno, tendrá que pagar la diferencia y además con multas”, dijo a Radio Pauta, donde también confirmó que el exministro Diego Pardow fue notificado en octubre de 2024 sobre la revelación de Transelec, por lo que ofició al Coordinador para que se iniciara la auditoría.

El escándalo por cuentas de la luz:

.- El 14 de octubre, T13 reveló que, en su informe preliminar para la fijación de precios de la electricidad, la Comisión Nacional de Energía confirmó que, tras la metodología implementada desde 2017, se incurrió en un error donde se aplicó por partida doble el efecto de la inflación en cobros pendientes a generadoras. Esto terminó en cobros extra a los consumidores finales por alrededor de US$110 millones.

.- El entonces ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que se trataba de un “error metodológico” y que las cuentas de la luz bajarían en un 2% promedio a nivel nacional desde enero de 2026, llamando a esperar el informe final de la Comisión.

.- Mientras surgían críticas de distintos sectores políticos, la CNE aseguró que Pardow fue avisado en septiembre sobre el error metodológico. El jueves 16 de octubre, se confirmó que el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia a Pardow, mientras el nuevo biministro García pidió la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE, Mario Mancilla. En su reemplazo se nombró -como subrogante- a Mauricio Funes, jefe del Departamento Jurídico del organismo.

.- Las autoridades señalaron que los clientes finales serían efectivamente compensados mediante rebajas en las cuentas de luz desde enero, señalando que esta es la manera más simple y efectiva de reintegrar estos montos. El Banco Central afirmó, por su parte, que esto sería materia de análisis en su próxima decisión de política monetaria.

.- El lunes 20, García adelantó que se había llegado a acuerdo con una transmisora, Transelec, luego que reconociera que incurrió en “una sobre valoración de su propio capital”, que a su vez sirve para fijar tarifas. La cantidad cobrada en exceso se estimó en poco más de US$100 millones.

.- Y el último episodio de esta polémica fue el martes 21, con el mencionado estudio de Valgesta Energía donde se estima que los cobros extra que efectivamente pagaron los consumidores fue de solo US$2 millones, y que los US$108 millones restantes se materializarían en 2028. Por ello, resaltan que todavía existe un período de tiempo para buscar una solución anticipada y no golpear el bolsillo de las familias.

En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y después de la peor semana con índices en rojo, Javier Milei consiguió lo que parecía posible, pero no tan rápido de concretar: el aval explícito de Estados Unidos para sostener su plan económico y blindar políticamente a la Casa Rosada.

El salvataje no es gratuito. El presidente estadounidense Donald Trump, inmerso en la batalla geopolítica y cultural de reforzar influencia en Sudamérica, fijó condiciones claras para dar oxígeno a la administración del libertario: que Argentina se aleje de los negocios con China, cancelar el swap de monedas con Pekín y garantizar un terreno fértil para las inversiones estadounidenses.

Tal como anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el paquete de medidas incluye el otorgamiento de un crédito stand-by de magnitud a través del Fondo de Estabilización de Cambios y la negociación de una línea swap por 20.000 millones de dólares entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República. Además, la compra de bonos en dólares emitidos por Argentina por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., tanto en el mercado primario como en el secundario.

En paralelo, se espera que Argentina ponga fin a la exención fiscal para productores de materias primas que convierten divisas extranjeras y se avance en una colaboración inmediata para la gestión de los pagos de capital de deuda, siempre que el oficialismo gane las elecciones venideras.

“Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo de X casi calcado de la retórica trumpista, en la previa del discurso de Milei el miércoles pasado ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Las palabras que expresó el mandatario trasandino sellaron el acuerdo entre ambos países: “El Presidente Trump también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe, y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro”.

“Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde. En otros países, por ejemplo, ya es demasiado tarde para esta decisión”, alertó Milei sobre lo que él complementó con una “escalada inadmisible la violencia política por parte de la izquierda a nivel global”.

El trasfondo para negociar el salvataje de Trump para su “aliado” Milei

Antes del viaje a Estados Unidos, el jueves 18 de septiembre había marcado un punto de inflexión dentro del gobierno de Argentina. Con el riesgo país de JP Morgan arriba de los 1.500 puntos, el dólar rompiendo la barrera de los 1.500 pesos ARS -récord nominal desde la salida del cepo en abril- y el Banco Central perdiendo reservas por segunda rueda consecutiva, Milei activó el “botón rojo”.

A primera hora de la mañana, según reveló el diario argentino La Nación, el Presidente recibió en la Quinta de Olivos a Barry Bennet, uno de los principales lobbistas de Donald Trump, que goza de un aceitado vínculo con el asesor libertario Santiago Caputo. Fue la antesala del anuncio que llegaría desde Washington y que cambiaría la narrativa de los mercados para recuperar fortaleza.

Mientras se aceleraban las conversaciones técnicas y diplomáticas con el Tesoro y el Departamento de Estado, hubo un trabajo paralelo de lobbistas que potenció las maniobras del ministro Luis Caputo, un funcionario con dotado historial de contactos en Wall Street, y de su número 2, el chileno-argentino José Luis Daza. La compañía Tactic Global, de los argentinos Soledad Cedro y Leonardo Scatturice, radicados en Miami y habituales en la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC, operó como bisagra entre Milei y los círculos conservadores de Trump.

El resultado, conocido el domingo por la noche, fue la confirmación de una reunión de 20 minutos el martes al mediodía entre Trump y Milei en el Lotte New York Palace Hotel, a un costado de la sede de la Asamblea de la ONU. Un encuentro que inicialmente se postergó e hizo tambalear por algunas horas el plan, pero que se convirtió en la urgida estampa del alineamiento político y económico.

Sin embargo, detrás del “gesto” financiero aparecen condicionantes geopolíticos. La administración de Trump le habría advertido al gobierno de Milei que, a cambio del respaldo, deberá cancelar el swap de monedas vigente con China, equivalente a unos 18.000 millones de dólares, de los cuales USD 5.000 millones estaban activos desde 2023, en la época de Alberto Fernández y Cristina Kirchner al poder.

En Washington consideran que cualquier vínculo económico a largo plazo con Pekín es un riesgo para la soberanía de sus socios.

El swap, que fue utilizado por el peronismo para pagar importaciones en yuanes, se transformó en el eje de esa incomodidad. La Casa Blanca prefiere reemplazarlo con el crédito del Tesoro, no sólo como alternativa financiera, sino también como una señal política en la disputa global por la hegemonía del dólar.

Además, el trumpismo mira con recelo la presencia china en infraestructura crítica en la Argentina: las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, las redes de telecomunicaciones 5G de Huawei, el interés en la Hidrovía y las centrales nucleares.

Según Clarín, el capítulo económico también involucra al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), promovido por Milei y con grandes resultados para el territorio argentino. Mientras que empresas occidentales como Glencore y Río Tinto celebran el marco para desembolsos millonarios en cobre y litio en las provincias de San Juan, Catamarca y Salta, Argentina rechazó de plano un proyecto llamativo: el de la minera china Ganfeng Lithium, que buscaba blindar una inversión de 2.000 millones de dólares.

El mensaje fue inequívoco: los minerales críticos deben quedar bajo la órbita de Occidente. En un escenario global atravesado por la tensión con Xi Jinping, el litio argentino es estratégico para Washington.

El apoyo es, por supuesto, electoral. Después del traspié en los comicios de la provincia de Buenos Aires (bastión que reúne el 40% de la población del país), Washington quiere que Milei llegue a octubre con aire. Y, como curiosamente dijo Trump, a la reelección en 2027. ¿Planes a largo plazo o equivocación de comicios?

Milei sabe que su actual campaña depende, en gran medida, de que el dólar no se dispare y de que las reservas no se evaporen antes de tiempo. Fue la demanda por la que la mayoría de los argentinos lo votó en 2023 y que históricamente, en cada instancia electoral, determina el desenlace en las urnas.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) alertó este jueves al Gobierno sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para corregir una trayectoria de déficits persistentes y aumento de la deuda iniciada en 2008.

Y, en ese sentido, señala mediante un comunicado: “Los nuevos antecedentes presentados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre dan cuenta de que los riesgos fiscales advertidos se han ido materializando, con un potencial nuevo desvío de la meta de Balance Estructural (BE)”.

El CFA publicó hoy su informe trimestral N° 22 sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda. Ahí, aborda las discrepancias entre las metas fiscales establecidas por el Ejecutivo y sus proyecciones.

Explicó que en su último IFP la Dipres presenta las cifras fiscales considerando la aplicación de acciones correctivas, siendo las medidas legislativas las que tendrían el mayor efecto, lo que para el CFA tienen “el riesgo de que estas últimas medidas no se materialicen, se posterguen o modifiquen durante su discusión en el Congreso”.

Así, por criterio de prudencia en el manejo de las finanzas públicas, el CFA plantea “que las cifras deberían presentarse sin las medidas correctivas legislativas”.

En ese sentido, insiste en su recomendación realizada en abril ante el Congreso de que el Ejecutivo debería presentar sus cifras fiscales en su IFP -tanto para 2025 como para el periodo 2026-2029- considerando un escenario base que incluya solo las medidas bajo su control directo y que representen un compromiso efectivo y, en forma complementaria, “presente escenarios alternativos con medidas legislativas”.

Asimismo, el Consejo subraya la importancia de que el Gobierno disponga de un plan alternativo para 2025, compuesto por medidas adicionales bajo su ámbito de control -es decir, acciones de carácter administrativo- que puedan activarse “de manera oportuna en caso de retrasos o modificaciones sustantivas en el proceso legislativo de aquellas medidas que requieren aprobación del Congreso, de forma de cumplir la meta de BE”.

Proyecciones para 2026

En relación a las proyecciones de BE que hizo la Dipres para 2026, el Consejo indica que estas muestran “holguras fiscales negativas”, ya que “el gasto comprometido supera el nivel compatible con la meta de BE”.

Esto, dice el CFA, se da a pocos meses de iniciarse la discusión presupuestaria para 2026, mostrando un potencial desvío respecto de la nueva meta fiscal actualmente en trámite, y cobra especial importancia considerando que la Ley de Presupuestos debe construirse sobre el supuesto de cumplimiento de la meta fiscal.

En detalle, al igual que para 2025, el CFA remarca que las proyecciones de BE presentadas por la Dipres para 2026 (de –1,6% con medidas correctivas y de –1,8% sin esas medidas) “son más deficitarias que la nueva meta que se propuso para ese año” (de –1,1% del PIB).

Por lo anterior y otros factores, el CFA señala que la Dipres debiese anticipar el escenario de holguras fiscales negativas al preparar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, “evaluando medidas administrativas adicionales que permitan alinear el gasto comprometido con el cumplimiento de la meta de balance estructural vigente al momento de presentar este proyecto”.

Argentina recibió este lunes un desembolso por US$2.000 millones como parte del programa de facilidades extendidas firmado en abril pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que la semana pasada aprobó la primera revisión del acuerdo con el país suramericano.

Con la recepción de estos fondos, las reservas monetarias internacionales de Argentina ascendieron a US$43.023 millones, según informó el Banco Central.

El pasado jueves el directorio del Fondo aprobó la primera revisión del acuerdo firmado en abril pasado con Argentina, pese a que el país suramericano incumplió la meta de acumulación de reservas monetarias. Con el visto bueno a la revisión correspondiente al segundo trimestre de este año, el directorio del Fondo dio luz verde para girar a Argentina un desembolso por US$2.000 millones.

Más dinero del FMI para Argentina

El pasado 11 de abril, Argentina y el FMI firmaron un programa que prevé préstamos por un total de US$20.000 millones, de los cuales US$12.000 millones fueron desembolsados de forma inmediata y permitieron al país suramericano flexibilizar sus controles cambiarios.

La primera revisión del cumplimiento de las metas del acuerdo se realizó durante el mes de julio.

En un comunicado, el FMI destacó el jueves último que la “sólida implementación de políticas ha apoyado una transición fluida hacia un régimen cambiario más flexible, con una inflación en descenso y un crecimiento económico continuo”.

El directorio ejecutivo del organismo resaltó los “compromisos” de las autoridades de Argentina “de salvaguardar el ancla fiscal, mejorar el marco monetario, reconstruir las reservas e impulsar reformas que fomenten el crecimiento”.

Para la primera revisión del programa, Argentina cumplió con los objetivos de la nula asistencia del Banco Central al Tesoro y en materia de disciplina fiscal, pero no con la meta de acumulación de reservas monetarias.

Al aprobar la revisión, el Fondo eliminó la meta de reservas netas del tercer trimestre y recortó en US$5.000 millones de dólares el objetivo para finales de este año, para cuando las reservas netas del Banco Central deberán alcanzar un saldo negativo de US$2.600 millones de dólares.

La próxima revisión del programa está prevista para febrero de 2026.

Con 23 programas firmados con el organismo, Argentina se mantiene como el mayor deudor en la lista de países que le deben dinero al FMI.

Según datos del organismo, la deuda de Argentina actualmente asciende a 40.260 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 54.753 millones de dólares, un 34 % del total de los créditos pendientes de cobro por parte del FMI), un lastre que, con los nuevos préstamos previstos, no hará más que crecer.