La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con cambios en los regímenes de licencias por vacaciones, horas extra e indemnizaciones por despido, reabrió una discusión de raíz entre ambos lados de la cordillera: ¿flexibilización o precarización?

Mientras en Argentina la gestión libertaria sostiene que las modificaciones de la “Ley de Modernización Laboral” apuntan a adaptar el mercado de trabajo y dinamizar la economía, desde Chile se mira el proceso como déjà vu con cierta advertencia histórica.

Qué dice la reforma laboral tan debatida en Argentina y resistida por los sindicatos

En concreto, la reforma laboral de Argentina introduce cambios en materia salarial, de indemnizaciones y negociación colectiva. Desde la óptica del Gobierno, el paquete de reformas tiene como fin estimular las inversiones empresariales, frenar la llamada “industria del juicio” y atender las nuevas tendencias laborales, un combo para reducir el empleo informal (“en negro”) que alcanzó al 49% de los trabajadores en el segundo trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En cuanto a los salarios, habilita el pago en moneda extranjera de forma optativa y suma el concepto de “negociación dinámica”, que permite acordar ingresos adicionales como bonos, premios o compensaciones por fuera del convenio.

Respecto de las indemnizaciones por despidos, mantiene el esquema del sueldo de un mes por año trabajado, pero excluye del cálculo el aguinaldo, las vacaciones y otros conceptos no mensuales. Además, las sentencias laborales se actualizarán por inflación más un 3% anual, con el objetivo de desalentar la llamada “industria del juicio”. También se creará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), optativo, al que las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones brutas y las MiPyMEs el 2,5% para afrontar gastos.

En paralelo, el proyecto modifica el régimen de vacaciones al permitir su fraccionamiento en períodos mínimos de siete días y respeta la obligación de garantizar al menos un período en verano cada tres años en casos de vacaciones rotativas. Se incorpora también un sistema de banco de horas, que habilita acumular horas extra para compensarlas con días libres o jornadas reducidas.

Finalmente, el gobierno de Milei busca eliminar la “ultraactividad”, es decir, la prórroga automática de los convenios colectivos vencidos hasta la firma de uno nuevo, un mecanismo que en algunos sectores se arrastra desde 1975 sin actualización.

Los cambios recibieron este jueves el aval mayoritario de la Cámara de Diputados, pero deben volver para su aprobación definitiva al Senado por la quita del controvertido artículo 44 que establecía que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad no vinculada con la prestación laboral que impida trabajar, el empleado cobraría el 50% de su salario durante tres meses si no tiene personas a cargo, o durante seis meses si las tiene. Por ejemplo, lesionarse en un partido de fútbol durante el tiempo libre.

Si la imposibilidad de trabajar no deriva de una acción voluntaria y riesgosa, la prestación ascendería al 75% del sueldo, bajo los mismos plazos según tenga o no cargas de familia. Aquí sería el caso de enfermedades graves o degenerativas.

De allí el rechazo que el paquete generó en algunos sectores, principalmente, los sindicatos y los gremios, aliados mayoritariamente al peronismo y que históricamente actuaron como un “quinto poder” con capacidad de veto sobre políticas públicas, huelgas con afectaciones en los servicios esenciales y una influencia directa en la gobernabilidad.

“Los argentinos quieren alcanzarnos a nosotros, o sea, quieren retrasarse”

En diálogo con BioBioChile, Rodrigo Leal, abogado laboralista por la Universidad de Concepción, ofreció una comparación directa entre ambos países, especialmente al repasar el Código del Trabajo y otras normativas complementarias, con una postura clara sobre los riesgos de “dejar librado” el vínculo laboral a la negociación individual e igualar las partes empresarial y trabajadora como si fueran simétricas en cuanto a poder.

Por ejemplo, en Argentina, el régimen tradicional contempla una indemnización por antigüedad potente ante despido sin causa. Pero la reforma libertaria, bajo el argumento de incentivar la contratación formal, abrió la puerta a esquemas alternativos y mecanismos más flexibles. Como se dijo en párrafos anteriores, el FAL con aportes mensuales y topes para el cálculo de la indemnización.

“Nosotros, en Chile, tuvimos una dictadura muy fuerte y se reformaron totalmente muchos derechos que tenían anteriormente los trabajadores. Eso provocó que hubiera un dinamismo de la economía, eso hay que admitirlo, pero ¿a qué costo? Quedó desprotegido el trabajador y no se lo deseo a nadie”, repasó el abogado al advertir lo que sucede en Argentina por estas semanas.

“Con el pretexto de hacer más flexible la relación laboral en Argentina, se dejan muchas cosas entregadas a que se discutan entre empleador y trabajador. Y esa es una fórmula siempre que está destinada al fracaso, porque el empleador no discute las cosas de igual a igual con un trabajador”, afirmó Leal.

Para el entrevistado, el problema no es solo jurídico sino estructural: “Lo que nunca hay que perder de vista es que hay una relación aquí que es vertical y no es horizontal. Entonces, a las partes tú no las puedes poner a negociar como si fueran iguales”.

Aquí aparece el análisis comparativo de las licencias por vacaciones. En Argentina, la nueva normativa de Milei avanza hacia el fraccionamiento durante el año y un período de verano cada tres años, distinto a las vacaciones de corrido según antigüedad: 14 días con hasta cinco años de trabajo, 21 días a quienes cumplen entre cinco a diez y así hasta los 35 cuando se superan las dos décadas.

“Nosotros estamos más atrasados que los argentinos y los argentinos quieren alcanzarnos a nosotros, o sea, quieren retrasarse”, advirtió el letrado, al recordar que, en Chile, según afirmó, en la mayoría de los trabajos las vacaciones, en el terreno práctico, las termina imponiendo el empleador.

“Hago hincapié en la discusión de las partes. No discusión entre el sindicato y el empleador, porque eso ya es otra lógica. Pero si tú dejas que las partes sean las que discuten las vacaciones, y no dices que estas vacaciones tienen que ser tomadas en verano, entonces tú abres la puerta para que, en definitiva, el empleador diga: ‘Mira, tú te vas a tomar las vacaciones en la peor época de lluvias que haya’. Y si te gusta, bueno, y si no, hay 20 personas que están afuera y que van a querer tu puesto”, comentó el abogado laboralista.

“Aquí en Chile hay trabajadores que ni siquiera quieren ir a Inspección del Trabajo porque saben que eso les va a traer luego problemas con el empleador”, lamentó Leal sobre los casos que nunca llegan a una solución a favor del reclamo del empleado.

¿Precarización o flexibilización laboral?

El debate en Argentina retoma una vieja tensión: estabilidad versus flexibilización. Leal introdujo el debate en términos conceptuales de antaño y transitados por muchos politólogos y filósofos: “La gente de la izquierda le llama ‘precarización’, la gente de derecha le dice ‘flexibilización’”.

“El trabajador quiere ganar más plata con su trabajo. Y el empleador quiere ganar más plata con su empresa”, agregó, al admitir que tanto trabajador como empleador pueden verse tentados por la informalidad por los “ahorros” económicos.

“Al trabajador siempre le va a convenir ‘estar de informal’ porque no le van a sacar una parte del sueldo. Y al empleador le conviene contratar en forma muy precaria porque así lo puede despedir cuando quiera. Eso facilita la inversión. Esas cosas hay que aceptarlas. Luego tratar de hacer una legislación que junte esas dos posturas”, resumió.

No obstante, el letrado trazó un límite: “No podemos llegar a tal punto de que esta flexibilización en Argentina permita que no haya algo que es fundamental: la estabilidad del trabajo. Un trabajador no puede estar en su puesto sin saber si mañana o el mes que viene va a tener trabajo”.

Sobre la ampliación de la jornada laboral, el abogado de la Universidad de Concepción fue directo: “Las relaciones de trabajo no son relaciones de cooperación sino que son relaciones de necesidad. La gente trabaja porque necesita comer”.

Otro de los riesgos, según su visión, es que la extensión horaria en Argentina, al habilitar un banco de horas extra que no se paga sino que se devuelve, quede en la práctica condicionada por la necesidad económica del trabajador o el capricho del empleador.

“Van a utilizar este mecanismo para dejar a los trabajadores dos horas más todos los días. Porque no sé si la ley traerá alguna sanción a aquello. ¿Qué impide que un empleador todos los días de la semana, en vez de tener una jornada de ocho horas, ahora tenga una jornada de nueve horas? Si no te gusta, entonces te echan por alguna causal disciplinaria porque no quisiste quedarte”, cuestionó con un caso potencial derivado de la nueva legislación trasandina.

Por último, la reforma laboral, que también va por una reducción de los aportes patronales, evidencia otro paso más en la lucha de Milei contra los sindicalistas asociados al kirchnerismo y a la izquierda argentina.

“En Chile, el sindicalismo quedó reducido después del plan laboral, que fue justamente en el tiempo de la dictadura, a su mínima expresión. Aquí no tenemos sindicatos de grupos de personas, tenemos sindicatos de empresas”, recordó.

De allí que interpretara a la reforma argentina como un movimiento en esa dirección. “Lo que busca es de mala manera tratar de eliminar esa fuerza que tienen los sindicatos”, dijo.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a encender las alarmas por el impacto que tendrá el feriado electoral por la segunda vuelta del 14 de diciembre, justo en el domingo previo a Navidad.

En ese sentido, aseguraron que el cierre obligatorio para trabajadores de malls, strip centers y centros comerciales golpeará a uno de los fines de semana más fuertes del año para el sector.

Y es que desde el gremio apuntan a que ya existe un precedente.

Los cuestionamientos del comercio ante el feriado por segunda vuelta presidencial

En las elecciones de octubre de 2024 sobre autoridades municipales y regionales, las ventas cayeron 43%. Y si ese escenario se repite, dicen, la pérdida para el comercio minorista podría escalar hasta los $168 mil millones.

Su presidente, José Pakomio, insistió en que el sector enfrenta un momento crítico y que esta medida afectará directamente el comportamiento de compra.

Aseguró que tres de cada cuatro consumidores reconoce que su planificación navideña cambiará por el feriado, y pidió avanzar en una regulación que se ajuste al funcionamiento actual del comercio, sin vulnerar derechos laborales, pero permitiendo que las familias puedan realizar sus compras con normalidad y seguridad.

El debate también llegó al Congreso. Desde la Comisión de Trabajo, el diputado RN, Frank Sauerbaum, lamentó que el proyecto presentado en septiembre —que busca modificar estas restricciones— siga estancado en la comisión de Economía.

Advirtió que el cierre obligatorio deja espacio al comercio informal, reduciendo además la recaudación y afectando a pequeños negocios vinculados a grandes tiendas. Según sus cálculos, la pérdida diaria podría bordear los US$120 millones.

Será un debate que, de todas maneras, volverá a instalarse en el próximo ciclo electoral.

Para esta elección el escenario ya está definido, pero el impacto que proyecta la CNC en plena temporada navideña dejó en claro que la discusión sobre el cierre obligatorio no está cerrada.