Luego de una serie de advertencias de realizar movilizaciones a nivel nacional, el Gobierno se reunió con dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) para analizar sus demandas, ello, en el contexto del alza de los combustibles.

De momento, los dirigentes indicaron que no convocarán a paros, pero remarcaron que de complicarse el escenario, sí podrían hacerlo.

El Ejecutivo, representado por el Ministerio de Economía y de Transportes, solicitó un plazo de 15 días para estudiar sus necesidades y hallar una solución factible.

Adelantó que la solicitud de congelar la tarifa del diésel no sería aplicable.

Gobierno y camioneros dialogan por alza de combustibles

La CNTC no convocará -de momento- a un paro nacional, pero insistió en que necesitan un espaldarazo ante el aumento de los costos operacionales.

El gremio redactó una carta al presidente José Antonio Kast, en la cual compromete “otorgar un compás de espera” y que confían en avanzar “en soluciones concretas”.

En la misiva, planteó tres soluciones: congelar el precio del diésel, idealmente por seis meses; acelerar la Ley de Transporte, para hacer frente a la informalidad y mejorar la competencia; y que el alza de los costos del diésel sea traspasada a las empresas mandantes.

Si bien la CNTC dijo que no llamará a movilizaciones, enfatizó que no puede responder por las determinaciones que tomen otros gremios.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, adelantó que si bien entienden las solicitudes, “ningún país en el mundo” tiene capacidad de congelar los precios del petróleo.

Al ser importado, explicó, Chile se rige por las tarifas internacionales.

Desde la CNTC expresaron tener “la esperanza y convicción” de que sobre la mesa se pondrán “medidas definitivas” que asegurarán la operatividad.

En paralelo, en las últimas horas los gremios de los camioneros del sur confirmaron reuniones para adoptar una posición común en sus demandas al Gobierno. Los dirigentes no descartaron iniciar acciones de movilización.

El encuentro se acordó luego del impacto económico que está teniendo el alza del precio del combustible en sus actividades diarias, donde el mayor problema lo enfrentan aquellos propietarios de un camión o de menos de 10 camiones, esto debido a que los generadores de carga no están pagando un mayor precio por flete.

Próximamente, y en el marco de los avances en el Congreso del proyecto de ley del Presupuesto 2026, en el Gobierno deberán sortear un flanco que podría poner más tensión: el reajuste a los funcionarios del sector público.

Si bien al Ejecutivo se le ha sugerido la posibilidad de mantener los sueldos de los funcionarios en los valores nominales al 2025, los gremios ya han advertido que “no permitirán” que el ahorro fiscal sea a costa de sus salarios.

De momento se desconocen las peticiones formales que presentarán quienes trabajan en el aparato estatal -ya que durante esta jornada la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entregará algunos lineamentos-. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, mencionó estar confiado en que prime un diálogo fluido que permita llegar a un acuerdo.

“Nosotros como Ejecutivo vamos a evaluar (el petitorio) y para la próxima semana están planificadas reuniones de trabajo, donde vamos a empezar la negociación de la mesa del sector público”, indicó el secretario de Estado.

Al ser consultado si se anticipa que sea muy difícil la discusión, Boccardo evitó anticipar trascendidos, remarcando que aún se desconocen las demandas que plantearán los funcionarios.

“Durante todos estos años, lo que ha siempre primado es el diálogo social y la capacidad de ir construyendo acuerdos. Esperamos que esa también sea la tónica de esta negociación”, comentó.

En octubre, la posibilidad de congelar los sueldos encendió las alertas entre los gremios, que calificaron de “inaceptable” la idea y que no tolerarán que los trabajadores “paguen los costos” de la necesidad de ahorro en la billetera fiscal.

El Presupuesto 2026 incorpora el concepto de “prudencia fiscal”.

De ahí que una de las medidas adoptadas sea el que las remuneraciones del sector público se mantengan “en valores nominales 2025”.

El año pasado el reajuste fue de 4,9%.

También el mes pasado, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, refutó que los funcionarios “no deben pagar los ajustes del Estado” y que sería inaceptable cerrar el periodo sin un alza real de sueldos.