En septiembre del año pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a siete empresas de colusión en la fijación de precios de la centolla.

Se trata de firmas procesadoras de centolla en la región de Magallanes que, según acusó la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), entre 2020 y 2021 coordiniaron precios de compra del producto extraido por pescadores artesanales. Por ello, pidió que se apliquen multas por cerca de US$54 millones a las firmas y casi US$445 mil a los ejecutivos responsables.

Durante este jueves, se realizará la audiencia de presentación de pruebas ante el TDLC.

Pescadores pedirán indemnización por colusión de la centolla

Y ahora, Diario Financiero (DF) reveló que la persona que destapó el caso, el dirigente sindical José Reinaldo Hernández, adelandó que buscarán indemnizaciones para los pescadores afectados, por lo que presentarán una demanda por indemnización de perjuicios.

“Ahora son alrededor de 200 pescadores organizados para demandar (…) La multa de la FNE va al Fisco, pero queremos que se indemnice por lo que no fue pagado desde 2012″, dijo Hernández a DF.

Según recordó el medio citado, el dirigente acudió a la FNE en julio de 2020 para acusar la colusión de la centolla. Tras esto, asumió un “acuerdo de caballeros” con la Fiscalía donde mantendría silencio para permitir el desarrollo de las investigaciones.

Ahora, Hernández señaló que los pescadores de Porvenir estaban cinco meses en el mar y entregaban la centolla sin saber el precio, el que finalmente era impuesto en la planta y con las siete empresas acusadas informando un valor uniforme.

“No había dónde más ir: eran ellas o nada”, aseguró al medio especializado. Incluso, el denunciante aseguró que si un pescador reclamaba por la situación, las compañías “ya se habían puesto de acuerdo para aguantar el bajo precio. El daño no es solo un precio más bajo. Es la pérdida de poder de negociación de toda una cadena productiva”.

Con todo, tras la presentación de la denuncia, Bakkavör se acogió a delacion compensada para reducir o evitar sanciones a cambio de antecedentes lo que permitió avanzar en las diligencias.

En ese contexto, la citada nota destacó el papel de la Ley Navarino, que implementa ciertos beneficios para fomentar el desarrollo en territorios aislados. Ahora bien, el dirigente explicó que “en la práctica, si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”.

Así, a los pescadores se les pagaba cerca de US$1,5 el kilo mientras el valor de exportación a Asia y Europa era sobre los US$50, dijo Hernández.

Finalmente, el denunciante señaló a DF que otros dirigentes no se atrevieron a denunciar “por temor”, pero confirmó que ahora un grupo de 200 pescadores se organizaron para demandar una indemnización por perjuicios, por lo que lo que resuelva el TDLC podrá marcar el desarrollo de la exigencia de compensaciones.

Las compañías acusadas por la FNE de integrar la colusión de la centolla son la Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.