El exministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que exista un “error” en la proyección de deuda hecha por la administración del expresidente Gabriel Boric, tal como anunció el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.

“Las declaraciones del ministro Quiroz se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro”, señaló Marcel a Bio Bio.

Igualmente, hizo referencia a un tuit de Nicolás Grau, quien en ese momento era ministro, en el que explica y descarta un supuesto error en la comparación de esas proyecciones.

“Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias”, cerró Marcel.

Toda esta polémica se originó cuando el gobierno reveló el esperado Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del 2026 con nuevas proyecciones, incluido el de déficit fiscal para este año.

En la instancia, el ministro Quiroz advirtió que faltarían unos $9,5 billones en la proyección a 2030, equivalentes a unos US$10.500 millones, afectando así la trayectoria estimada de deuda que a inicios de la próxima década superaría el nivel prudente del 45%.

Posteriormente, a través de su cuenta de X, el exministro Nicolás Grau publicó un hilo explicativo en el que acusó a Hacienda de “apresurarse” al señalar que habría un cálculo errado.

Entre otros argumentos, Grau señaló que el fundamento del actual ministro asume de forma implícita que entre ambos informes solo cambió la proyección del déficit de cada año.

La reforma tributaria que ha anunciado el economista y futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene fecha para el próximo mes de abril y de momento solo se sabe que se divide en 2 partes.

Una que se aplicaría el primer año de gobierno y la segunda en el horizonte de los 4 años y que tiene por objetivo rebajar el impuesto de primera categoría incluso por debajo de los estándares OCDE.

Si bien se trata solo de anuncios, este gran pilar de la agenda del presidente electo, José Antonio Kast, toma un peso relevante sobre todo en un contexto de un déficit fiscal significativo y las reiteradas advertencias de un nuevo y duro informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Por ello es que la idea tiene a los expertos y el mundo político expectantes respecto de su impacto en términos del PIB.

Sin embargo, analistas tributarios advierten que en un contexto de deterioro fiscal y las nuevas advertencias del órgano que lidera Paula Benavides, una menor recaudación tributaria podría incrementar el deterioro de las finanzas públicas.

Reforma fiscal de Kast

Antes del debate más técnico, en lo que respecta al mundo político, continúan las críticas por la falta de responsabilidad por parte de las autoridades.

El diputado de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que “hay una responsabilidad política que el Gobierno no quiere asumir”.

De lleno en la propuesta de Quiroz, que no es ni la primera ni la última reforma tributaria que probablemente se anunciará, es un anuncio más sólido por la inmediatez de su anuncio y pronta ejecución, a diferencia, por ejemplo, del intento del exministro, Mario Marcel.

Con todo, el experto en derecho tributario de la Universidad de Santiago, Germán Pinto Perry, dijo que se debe mirar este anuncio en distintos escenarios.

En el corto plazo por ejemplo veríamos una rebaja en la recaudación tributaria, lo que podría acrecentar aún más el déficit, pero al mismo tiempo y más hacia adelante, podría generar más crecimiento.

En tanto, el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, advirtió que una rebaja de impuestos podría exigir un ajuste mayor del gasto público, por sobre de los US$6 mil millones.

¿Por qué es tan relevante todo esto? Porque el principal argumento que explica el incumplimiento fiscal en 2025 fue una menor recaudación por parte de las grandes empresas no mineras.

De ahí que la advertencia sea actuar con cautela.

Se venía anticipando hace semanas. Hubo sesiones extraordinarias e incluso reuniones con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Esto todo lo que rodeó y lo que fue la elaboración del informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto al déficit fiscal en 2025, de un desvío de 2,5 pp del PIB respecto de la meta original de -1,1%.

¿Qué dice en síntesis? Nada nuevo, pero lo que hace es plantear desafíos relevantes para la consolidación fiscal y la credibilidad de la regla.

El esperado informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)

Se habla de errores reiterados y significativos en las proyecciones de ingresos. El análisis dice que el gasto excedió lo comprometido en el Acuerdo Marco para la aprobación de la Ley de Presupuestos y que el recorte no fue suficiente.

Si bien destacan como positivo que la deuda como porcentaje del PIB se mantuvo por debajo del nivel prudente en 2025, esto no fue por una consolidación fiscal, sino por factores posiblemente transitorios, como el mayor crecimiento del PIB nominal y la apreciación del tipo de cambio.

De persistir el patrón de desviaciones podrían materializarse riesgos relevantes y superar el nivel prudente (45% del PIB) en el mediano plazo.

Quizás una de las críticas más fuertes, pero también de análisis anteriores, la hizo Paula Benavides, presidenta del Consejo: que el último incumplimiento de la meta fiscal “es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios, evidenciando la profundización de los problemas de ajuste fiscal de los últimos tres años”.

¿Qué respondió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras ser consultado por este informe?

Que se ha actuado con responsabilidad y que en torno a la confusión que existe por el gasto, porque el CFA dice que se gastó más y el gobierno menos, el ministro explicó que hay una explicación técnica que defiende lo que dicen.

“Cuando digo que el gasto creció, es porque me refiero al gasto real -descontando la inflación-. Lo que señalaba la Directora de Presupuestos correctamente, es que cuando uno ve el gasto como porcentaje del PIB, eso ha decrecido con el tiempo”, afirmó Grau.

El CFA también hizo recomendaciones: Debieran realizarse estudios periódicos sobre la sostenibilidad y suficiencia de dichas fuentes de financiamiento.

La sostenibilidad fiscal debe ser un objetivo de Estado y en esa línea se necesita de un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal, que incluya al Ejecutivo y al Congreso, para mantener y fortalecer la credibilidad de la regla fiscal.

Un monto de $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses (4 años). Ese sería el cargo que las personas verían en sus tarifas eléctricas si la propuesta que presentó el Gobierno para saldar la deuda del Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024 llega a concretarse.

Cabe recordar que ocurrió lo siguiente: existe una deuda derivada del congelamiento de las tarifas eléctricas durante el estallido social en 2019.

Y ahora, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras eléctricas efectuar el cobro de esos saldos pendientes asociados al VAD.

En simple: se le tiene que devolver dinero a las compañías eléctricas.

De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Energía, la SEC estimó que la deuda de los clientes residenciales con las distribuidoras asciende a $734 mil millones (aproximadamente), correspondiente al 11% de la deuda total por el congelamiento de tarifas en 2019.

El ministro de Energía, Álvaro García, recordó que el Gobierno del presidente Gabriel Boric “se hizo cargo de regularizar una deuda que superaba los US$6.000 millones, derivada del congelamiento tarifario, impulsando e implementando mecanismos legales que permitieron su estabilización y pago gradual, junto con un subsidio eléctrico que ha beneficiado a 1,8 millones de hogares vulnerables pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares”.

La propuesta para saldar la deuda

La cartera de Energía diseñó una alternativa de pago transparente, a plazo determinado y socialmente progresiva.

Dicha propuesta se entregará como insumo a la administración de José Antonio Kast.

“Vamos a proponer un proyecto que genere un cargo único de devolución de deudas. Ese cargo único asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes por un período de 48 meses y simultáneamente vamos a proponer un subsidio que cubra al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares”, explicó.

La combinación del cargo único y el subsidio permitiría extinguir por completo la deuda de los clientes, remarcó Energía en un comunicado.

Se enfatizó que la propuesta contempla un ajuste tarifario homogéneo para todos los clientes residenciales, independiente de la empresa distribuidora o del saldo individual adeudado. Se establece un cargo único por unidad de energía, lo que permitiría simplificar el proceso y aliviar especialmente a clientes de zonas rurales.

Eso último, junto el subsidio para el 40% más vulnerable, se financiaría con la recaudación fiscal por concepto de un mayor cargo único.

García mencionó que -por ejemplo- el subsidio para los sectores de menores ingresos equivaldría “a menos de un cuarto de lo que en este semestre se está gastando en subsidio eléctrico”.

“También es inferior a lo que el Gobierno va a recaudar por el incremento tarifario. Por lo tanto, es perfectamente posible de financiar ya que no genera ningún déficit fiscal, pero sí introduce la solidaridad que creemos el país debe tener”, argumentó la autoridad.

Por último, desde el Ministerio de Energía indicaron en su comunicado que todo lo que están planteando posee respaldos “técnicos, jurídicos y viables en términos financieros”.

Una de las prioridades que definió el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es una reforma tributaria que ya tendría fecha de anuncio al menos para el mes de abril.

La propuesta implicaría un recorte del impuesto corporativo, desde 27% a 23%, pudiendo llegar incluso a 20% para las compañías que incentiven la contratación de personas en riesgo de caer en la informalidad (eso el primer año).

Sin embargo, esa idea podría enfrentar grandes desafíos.

El impacto de las exenciones y beneficios fiscales

Un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) con proyecciones para 2026 – 2030 reconoce que el denominado “gasto tributario” continuará restando importantes recursos a la próxima administración, que ya enfrentará un déficit fiscal importante.

Por gasto tributario se entiende aquellos impuestos que no termina por recibir el fisco debido a exenciones, créditos, tasas reducidas, regímenes tributarios especiales, etc.

Siguiendo esa línea, se recibirían US$7.378 millones menos, el equivalente a un 2% del PIB. Cifra que irá creciendo con los años.

Y ahí inicia el debate.

Por un lado, expertos señalan que la eliminación de exenciones tributarias es un tema pendiente en la agenda legislativa, pero otros más cautelosos señalan que no hay evidencia empírica de que esto vaya a significar más ingresos al fisco.

¿Eliminar exenciones tributarias?

Germán Pinto Perry, experto en derecho tributario y académico de la Universidad de Santiago (Usach), es del grupo que comparte esta mirada y lo ejemplificó con lo que se hizo con la ley 21.420, por ejemplo, en su artículo 107 de la ley de impuesto a la renta.

“En su tiempo, consideraba como ingreso no renta el mayor valor en enajenación de acciones (…) lo cambió y ahora se afecta con una tasa del 10%. La recaudación que se logró equivale a un 9% y 10% de lo proyectado, por lo tanto, es totalmente ineficiente”, sentenció Perry.

Otros más confiados, llaman a no alarmarse, sobre todo considerando que este informe no recoge los cambios que pretende implementar el nuevo Gobierno.

Claudio Bustos, abogado tributario de Bustos Tax & Legal, recurrió a la ya anunciada rebaja de impuesto a las empresas y dijo que esto irá de la mano con una reactivación del crecimiento importante.

Según Bustos, esto “va a ser un gran estímulo para que exista una mayor inversión, para que todos los proyectos de inversión que están detenidos se reactiven, avancen, y por esa vía alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico y una mayor recaudación fiscal”.

El aumento proyectado hacia 2030 en gasto tributario está asociado al crecimiento del PIB.

Por ende, si Chile crece como pretende el nuevo gobierno, el costo se mantiene relativamente estable en torno al 2% del PIB.

Según el SII, el principal gasto tributario se relaciona con el impuesto a la renta, tanto de personas como de empresas, seguido más atrás por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el gravamen a los combustibles y otros tributos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, acompañado de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregó las cifras del balance fiscal al cierre de 2025.

Según los datos preliminares, el déficit fiscal del balance efectivo fue del equivalente al 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $9,5 billones y por sobre el 2,0% previsto en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

A su vez, la recaudación tributaria no minera fue del 16,4% del PIB, por debajo del 16,8% del año anterior y la menor cifra desde 2014 -excluyendo el 2020 por temas de pandemia-.

La deuda pública cerró el año en el 41,7%, mismo valor que en 2024 y menor que el proyectado en el IFP del tercer trimestre, de un 42,4%.

Cierre fiscal preliminar del 2025

En la presentación ante la prensa, se explicó que los ingresos entre enero y septiembre crecieron un 6,4%, mientras que en el último tramo del año se alejaron de las proyecciones y cayeron un 3,8%.

Según Hacienda, la caída de los tributos fue lo que llevó al déficit de 2,8%, ya que el gasto ejecutado es menor al comprometido en el Presupuesto 2025.

La principal causa fue la menor recaudación fue la caída del impuesto de primera categoría en 0,4 puntos del PIB. A su vez, la recaudación de 11 grandes empresas no mineras cayó un 31,7% entre agosto y diciembre, a comparación de los pagos provisionales mensuales de impuesto a la renta (PPM) del mismo período del año anterior.

También está la apreciación del tipo de cambio, lo que reduce los ingresos medidos en dólares, sumado a la caída en el impuesto pagado por no residentes.

Considerando la dinámica de los ingresos, desde el Ejecutivo revelaron que tomarán una serie de acciones correctivas.

Por una parte, se decretará un recorte de gasto por $800 mil millones. “El foco de esto está en ayudar a la siguiente administración a que pueda mantener los buenos resultados que estamos teniendo en deuda pública”, afirmó el Ministro de Hacienda.

A su vez, se conformará una comisión experta para analizar la recaudación del impuesto a la renta no minera, “con foco en entender si esta reducción es temporal o en largo plazo, enfocada en los grandes contribuyentes”, dijo Grau, añadiendo que será el gobierno de José Antonio Kast el encargado de decidir quiénes compondrán la instancia.

Con un crecimiento en 2025 aún en torno al 2,4% – 2,5%, el foco se trasladó a 2026, ya que se proyectan mejores condiciones externas, un mayor precio del cobre y una inversión al alza.

Eso sí, persisten los riesgos por el déficit fiscal y una deuda superior al 43%.

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habló de “un segundo semestre extremadamente dinámico”, lo que fue respaldado por el Ejecutivo, pero cuestionado por distintos economistas.

Un 2026 con mejores condiciones externas, pero con déficit fiscal

Aunque todavía no se conoce la cifra oficial del crecimiento en 2025, distintos actores empiezan a centrar la mirada de largo plazo respecto del año en curso, que tendrá de dulce y de agraz.

Lo favorable se refiere a un escenario externo más propicio, un mejor precio del cobre, una inversión privada y extranjera que escalaría (expertos hablan incluso sobre 5%), pero que, en lo desfavorable, no hará un completo contrapeso a los desafíos que enfrentaremos en materia económica: el agujero fiscal todavía no se ha esclarecido y la deuda supera el 43%.

Pese a aquello, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene una mirada más que optimista del que será su primer año a cargo de la billetera fiscal.

En una reciente entrevista, el economista señaló que “este año vamos a tener un segundo semestre extremadamente dinámico”.

Para este año, el Banco Central estimó un rango de crecimiento del PIB entre 2% y 3%.

El biministro, Álvaro García, coincidió con Quiroz y destacó que la actual administración dejará bastante terreno avanzado para que se den las condiciones.

“Ha aumentado la inversión de manera muy significativa”, resaltó la autoridad, subrayando que la cartera de proyectos se ha incrementado, que se ha avanzado en los permisos sectoriales y que por segundo año consecutivo se registró “un alza de la productividad”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines, dudó que el crecimiento vaya a ser “extremadamente alto”.

Sostuvo que si bien la cifra podría rondar el 3% anual, eso se explicaría por bajas bases de comparación.

En términos desestacionalizados, agregó, la primera y segunda mitad del año no tendrán muchas diferencias y sobre el esperado ajuste fiscal, descartó que este vaya a impactar las proyecciones.

Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, puso sus fichas en un mejor precio del cobre, aunque con desafíos por delante.

“Es posible que haya, en cierto modo, un ajuste al alza de los ingresos provenientes del sector minero, (…) en todo caso el escenario fiscal es débil, es complejo. Además que estaría sobreestimando el nivel de ingresos (…)”, sentenció.

El precio promedio del cobre proyectado para 2026 subió a US$4,7, lo que determina el menor déficit de la cuenta corriente previsto para ese año.

Las políticas de ‘shock’ puestas en marcha hace dos años por Javier Milei en Argentina han logrado ordenar las cuentas públicas y desacelerar la inflación, pero no han resuelto la incapacidad para acumular reservas, mientras el ajuste económico ha dejado graves heridas en el tejido productivo.

El economista llegó a la Presidencia el 10 de diciembre de 2023 y se volcó en recobrar el superávit fiscal, objetivo que logró en pocas semanas tras ejecutar un ajuste sin precedentes.

Desde un déficit primario del 2,9% del PIB en 2023, Argentina logró el año siguiente un superávit del 1,8% y ha acumulado en los primeros diez meses de 2025 un saldo primario positivo del 1,4% del PIB.

Estos resultados se lograron a partir de drásticos recortes en el gasto que afectaron particularmente a la inversión en obra pública, los subsidios a la energía y el transporte, las pensiones y los salarios de empleados públicos.

“Milei llegó con dos ideas muy marcadas en su cabeza: cerrar la financiación del Banco Central al Gobierno y eliminar el déficit fiscal. Además, cuando llegó, hizo una devaluación brutal. Fue una terapia de shock”, afirmó Mauricio Monge, economista senior de la consultora británica Oxford Economics.

La Administración de Milei redujo los excedentes monetarios y los pesados pasivos del Banco Central, cortó la emisión monetaria para financiar el Tesoro e impulsó una fuerte desregulación económica.

La dura política fiscal y monetaria tuvo efecto en el comportamiento de los precios: la inflación pasó de una tasa mensual del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,3% en octubre pasado. Además, cerraría 2025 con un acumulado anual del 29% cuando en 2024 fue del 117,8%.

Según Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21, el plan de Milei ha sido “extremadamente efectivo” en equilibrar las cuentas públicas y reducir la inflación, pero la velocidad de las reformas pudo no haber sido la adecuada al avanzar en la apertura comercial y la desregulación antes de impulsar las reformas laboral y tributaria, que se debatirán en 2026.

Política cambiaria bajo la lupa

“La cuestión cambiaria sigue siendo muy criticada, pero esas críticas pueden perder sustento una vez que Argentina vuelva a los mercados internacionales -regreso programado para el miércoles 10- y si el Gobierno logra reformas laboral y tributaria que reduzcan lo suficiente los costes internos”, dijo Utrera.

Para Monge, de Oxford Economics, uno de los mayores errores de Milei fue apreciar el peso argentino frente al dólar para bajar la inflación y obtener apoyo popular -lo que le dio frutos en las elecciones legislativas de octubre-, pero “el país se está volviendo más caro” y pierde competitividad para exportar y acumular reservas.

Esta incapacidad para incrementar sus reservas y poder enfrentar sus abultados compromisos de deuda llevó a Argentina a firmar en abril pasado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, seis meses después, a pedir asistencia financiera millonaria a Estados Unidos.

Impacto en la economía real

En medio del severo ajuste aplicado por Milei, el PIB de Argentina se contrajo en 2024 el 1,3%. En los primeros nueve meses de 2025, la actividad ha acumulado un alza del 5,2%, pero la economía ha mostrado un débil desempeño desde mayo.

La industria es uno de los sectores más golpeados. Por efecto de una demanda aplastada, el aluvión de importaciones y el encarecimiento del crédito, el sector manufacturero se hundió un 9,5% en 2024 y a septiembre pasado acumuló una subida de sólo el 3,8%, con una utilización de su capacidad instalada de apenas el 61,1%.

En este escenario, según cifras del Centro de Economía Política Argentina, desde la llegada de Milei al Ejecutivo se han cerrado 19.164 empresas -casi 30 por día- y se han perdido 276.624 puestos de trabajo -432 por día-.

“A Argentina le sigue costando crecer. Sigue teniendo problemas en el mercado laboral, debe seguir trabajando en su política monetaria y cambiaria. Si bien ha hecho un ajuste fiscal, no es sostenible. Luego de dos años de un ajuste fiscal muy fuerte, el argentino está fatigado y ya no tiene más espacio para seguir soportando un ajuste mayor”, afirmó Monge.

El Banco Central advirtió que, pese a leves mejoras, el sector inmobiliario residencial sigue “débil” y su presidenta, Rosanna Costa, dijo que no es razonable esperar tasas tan bajas como las de antes de 2018 y 2019.

Aunque las condiciones financieras internas muestran avances, expertos prevén una normalización más lenta de las tasas.

Sector inmobiliario residencial sigue “débil”

Uno de los varios análisis que hizo el Banco Central en su Informe de Política Monetaria del segundo semestre es que, aunque se identifican leves mejoras, el sector inmobiliario residencial sigue “débil”.

Para nadie es novedad que dicho sector de la economía chilena sigue entre los más rezagados, pero en este nuevo informe el instituto emisor señaló que, en los últimos años, la situación ha mejorado favorecido por la política que ha implementado el Gobierno de subsidios, tasa de interés y de garantías para las viviendas.

En un seminario organizado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), se le consultó al respecto a la presidenta del Central, Rosanna Costa.

Se le planteó sobre los riesgos en las tasas locales de largo plazo, por presiones externas, y seguidamente se le preguntó qué tan expuesta considera que está la tasa hipotecaria a este tipo de riesgos.

Sobre eso, Costa indicó que la tasa hipotecaria es solo un componente de la demanda habitacional; y confirmó que está sujeta a presiones externas.

Y hacia adelante, fue enfática en que pensar en converger hacia niveles de tasas extraordinariamente bajas, “ya no es razonable”.

“Lo que vemos hacia adelante son presiones por una situación de deuda soberana alta, cambio climático, gastos en defensa, déficit fiscal en Estados Unidos, etc”, aludió, y por eso llamó a no comparar con las tasas previas a 2018-2019, sino pensar en un mundo con tasas más altas.

Lo anterior, eso sí, con mejores condiciones financieras internas en el país, el alza en los precios de largo plazo, menores tasas de interés y menor volatilidad del tipo de cambio.

Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, explicó que aunque hay proyectos del Gobierno orientados en esta línea, se ve más lento el proceso de normalización de tasas.

Hace días se informó que la tasa de interés promedio de los créditos para la vivienda experimentó una nueva caída en octubre, llegando a un 4,16%, la cifra más baja desde diciembre de 2021. No obstante, lejana a la realidad de hace años.