Un año después de sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sigue atrapada en una paradoja que conoce de memoria: evitó una crisis inmediata, pero al costo de profundizar su dependencia financiera y política. La deuda con el organismo ya supera los US$57.000 millones y mantiene al país como el principal deudor del Fondo a nivel global.

El programa, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Facilidades Extendidas, es el último de más de 20 que Argentina suscribió con el FMI desde 1956.

Implicó un paquete de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.000 millones, con metas exigentes en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas internacionales.

El último entendimiento con el FMI se dio en un contexto crítico. Con reservas internacionales en negativo —es decir, con más compromisos en dólares que activos disponibles— y fuertes presiones sobre el tipo de cambio en un año electoral, la administración de Javier Milei recurrió al Fondo en busca de financiamiento y credibilidad externa, a cambio de nuevos ajustes en la política cambiaria.

Al igual que en otras ocasiones, el acuerdo permitió contener tensiones en el corto plazo. Sin embargo, el frente externo continúa mostrando señales de fragilidad.

Como muestra gratis, apenas seis meses más tarde, con un resultado negativo en las elecciones legislativas, el gobierno argentino volvió a necesitar asistencia extraordinaria —esta vez del Tesoro de Estados Unidos— para sostener el programa en medio de nuevas presiones financieras.

El origen del problema: un acuerdo bajo presión

Economistas consultados por BioBioChile coinciden en que el acuerdo número 23 de Argentina con el FMI se firmó en condiciones de extrema debilidad, con escaso margen de negociación por parte del gobierno argentino.

“La cuenta de dólares no estaba pasando por un buen momento y el Banco Central venía vendiendo reservas”, explicó el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, al describir el contexto previo a la firma.

En ese escenario, el gobierno se comprometió a implementar cambios relevantes en la política cambiaria, como la flexibilización de las restricciones para comprar dólares y un esquema más libre del tipo de cambio, que, según Garay Méndez, “le dieron cierta volatilidad y fragilidad” al programa desde su inicio.

Desde una mirada más crítica, Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, apuntó a un problema estructural del acuerdo.“Se negocian metas con el FMI que no se pueden cumplir”, sostuvo. Esta combinación de urgencia financiera y compromisos exigentes explica, según los analistas, por qué el programa nació con inconsistencias internas que persisten hasta hoy.

Los logros: inflación contenida y ajuste fiscal

A un año de su implementación, hay cierto consenso en que el acuerdo logró evitar una crisis mayor en el corto plazo.

“El programa sigue de pie”, sostuvo Garay Méndez, quien destacó que la inflación mensual se haya mantenido por debajo del 3% durante varios meses, un dato relevante para la economía argentina que tiene un promedio histórico de inflación mensual de casi 4%.

Otro de los puntos que destacan los analistas es el frente fiscal. Según Burgos, el gobierno sobrecumplió la meta de equilibrio de las cuentas públicas, consolidando el ajuste del gasto como eje del programa.

Sin embargo, ese orden macroeconómico tuvo sus costos: “El gobierno sostuvo el superávit a costa de un fuerte ajuste que hoy la economía lo siente en los ingresos de las familias y en el nivel de actividad de sectores como la industria, el comercio y la construcción”, advirtió Garay Méndez.

Esto se traduce en una economía debilitada y con impacto en el empleo: aumento de la desocupación, alta informalidad y salarios que pierden poder de compra.

Donde hay mayor coincidencia entre economistas es en identificar el principal punto débil del programa: la falta de acumulación de reservas internacionales. “Se compran dólares, pero no se logran acumular”, explicó Burgos, y estimó que aún faltan unos US$18.000 millones para cumplir las metas acordadas con el FMI.

El límite del programa

A un año de su implementación, el acuerdo con el FMI empieza a mostrar sus límites. “El mayor desafío es avanzar con la desinflación y la compra de divisas al mismo tiempo”, explicó a BioBioChile Lucio Garay Méndez.

Pero más allá de ese equilibrio técnico, el debate de fondo es qué tipo de estabilización puede sostener Argentina en el tiempo.

En este sentido, el actual esquema logra ordenar variables en el corto plazo, pero sin modificar los condicionantes estructurales de la economía. Con el correr de los meses, esa tensión tiende a trasladarse desde los indicadores macroeconómicos hacia la actividad y el empleo.

“Estos modelos funcionan e incluso pueden tener apoyo político al principio, pero después aparecen los problemas sociales y laborales”, señaló Martin Burgos.

En un año electoral, se pone a prueba el respaldo social al ajuste y abre el interrogante sobre cómo responderán los votantes frente a un programa que logró estabilizar algunas variables, pero todavía no mejora de forma clara las condiciones de vida.

Kevin Maxwell Warsh (Nueva York, 1970) es un banquero y economista estadounidense, exgobernador de la Reserva Federal y una de las voces más influyentes del ala crítica con la política monetaria expansiva de la última década en Estados Unidos.

Nacido al norte del estado de Nueva York, Warsh se licenció en Políticas Públicas y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Stanford, después se doctoró en la facultad de Derecho de Harvard y completó su formación con estudios de posgrado en finanzas y economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Quién es Kevin Warsh: el nominado de Trump para la Reserva Federal

En 1995, el economista llegó a Wall Street, donde fue nombrado vicepresidente y director ejecutivo en el área de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley hasta 2002.

En ese año, Warsh se incorporó a la Casa Blanca de George W. Bush como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional, donde se ocupó de mercados de capitales, regulación financiera y seguros.

Este paso a la política económica le acercó al círculo de la materia del Partido Republicano, en el que años más tarde se integraría el entorno de Donald Trump.

En 2006, con 35 años, Bush lo nominó a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), lo que le convirtió en uno de los miembros más jóvenes de la historia del banco central estadounidense.

Durante la crisis financiera de 2008 fue el principal enlace entre la Fed y Wall Street. Además, representó al banco central ante el G20, participando en operaciones clave como la negociación que facilitó la compra de Bear Stearns por JPMorgan.

En ese periodo, el que es yerno de Ronald Lauder, empresario, partidario del presidente Donald Trump e impulsor de que EEUU compre Groenlandia, fue emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia.

Control de precios sobre el crecimiento a corto plazo

Desde su salida de la Fed en 2011 se ha convertido en una voz en contra de la política de tipos bajos, y ha afirmado que “la inflación es una elección” y que los desajustes de precios recientes responden a errores de la institución y no a fatalidades externas.

Su renuncia al cargo en el banco central, por sus preocupaciones sobre los riesgos inflacionarios, subrayó la independencia de Warsh en sus opiniones sobre inflación, lo que le valió el apodo de ‘halcón de la inflación’ en el mundo financiero.

Warsh ha valorado históricamente el control de precios sobre el crecimiento económico a corto plazo, lo cual supondría unas tasas de interés más altas que fortalecerían el dólar, a la vez que se elevan los rendimientos de los bonos frente a las acciones de las empresas.

En lo relativo a las criptomonedas, el neoyorquino, que consideró bitcoin como un “software”, se ha mostrado escéptico y ha abogado por una regulación más estricta para las monedas estables.

Pese a ello, Warsh es partidario de la creación de “nuevo marco de dólares digitales (…) para intermediar los pagos en dólares entre el gobierno estadounidense y los proveedores mayoristas de servicios bancarios”, señaló en un artículo de la American Renewal.

Tras su renuncia, Warsh se centró en la labor académica como investigador de la familia Shepard en Economía en la Institución Hoover y como profesor en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford.

Además, es socio de Duquesne Family Office y forma parte del consejo de administración de UPS y Coupang. También es fideicomisario del Grupo de los Treinta (G30) y del Panel de Asesores Económicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).