El miércoles 1 de abril, Chile activó los protocolos de seguridad para suspender la recepción de gas desde Argentina a través del Gasoducto del Pacífico. El combustible que llegaba desde Vaca Muerta, al sur del vecino país, tenía un punto de rocío superior al permitido por la normativa chilena. Con mayor contenido de líquidos como propano y butano, este gas puede generar corrosión en las cañerías o congelar los ductos.

En términos concretos, el incidente fue menor. Duró menos de 72 horas, afectó solo a dos contratos de YPF con clientes industriales de las regiones de Ñuble y Bío Bío, que representaban hasta 833.000 metros cúbicos de gas por día, alrededor del 10% de las exportaciones argentinas totales a Chile y se resolvió con ajustes técnicos.
Pero en el vínculo energético entre Argentina y Chile, ningún corte de gas pasa desapercibido. El episodio reactiva la memoria institucional chilena de lo ocurrido entre 2004 y 2008, cuando Argentina interrumpió el suministro de manera unilateral.

Los años 90 y el quiebre de 2004

Durante la década del 90, los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle construyeron una integración energética entre Argentina y Chile. En 1995 firmaron un protocolo que habilitó el libre comercio del gas entre ambas naciones. El protocolo fue el puntapié inicial para una transformación estructural en la matriz energética chilena.

Entre 1997 y 1999, se construyeron cinco gasoductos binacionales que conectaron la Patagonia argentina con distintas regiones de Chile. El gas argentino se volvió central para la generación eléctrica en el país. En 2004, el 35% de la electricidad chilena dependía del suministro trasandino.

Esa dependencia se volvió una trampa. Tras el colapso del Régimen de Convertibilidad, que durante una década mantuvo la paridad fija entre el peso y el dólar, Argentina devaluó, defaulteó su deuda y congeló las tarifas de servicios como el gas y la electricidad. Eso desincentivó la inversión en el sector energético y generó una brecha creciente entre oferta y demanda interna. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner firmó una resolución que suspendió las exportaciones de gas natural a Chile. El argumento fue la prioridad del abastecimiento doméstico.

El gobierno de Ricardo Lagos reclamó que el protocolo de 1995 había sido violado unilateralmente por Argentina. Buenos Aires se escudó en que el acuerdo nunca había sido ratificado por el Congreso. La discusión diplomática fue encendida. Incluso el propio Menem, exiliado en Chile en ese momento por problemas judiciales en su país, calificó la decisión como inadmisible.

Las consecuencias para Chile fueron gravísimas. Las empresas generadoras eléctricas debieron reemplazar de urgencia el gas argentino por petróleo diésel, más caro, ineficiente y contaminante. En algunos casos, el costo de la energía se multiplicó por seis. La minería chilena, uno de los sectores más intensivos en consumo
energético, fue de las más afectadas. Las facturas de los consumidores residenciales se multiplicaron.

El corte total

La situación se agravó en los años siguientes. En 2007, una ola de frío llevó a Argentina a interrumpir de manera abrupta el suministro a Chile, afectando a hogares e industrias. Fue uno de los episodios más serios de la relación bilateral. Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los envíos se
redujeron hasta cero.

Chile tuvo que activar plantas de respaldo, pero su duración era incierta. El entonces ministro de Energía Marcelo Tokman aseguró que el abastecimiento residencial estaba cubierto por apenas dos semanas, gracias al gas acumulado en los ductos.

Más de 300 empresas chilenas debieron cambiar su matriz energética de urgencia: carbón y combustibles líquidos reemplazaron al gas argentino.

Chile tomó nota y no olvidó

A partir de esa crisis, el país construyó dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), que le permitieron importar desde otros países. Levantó un parque de generación a carbón, e impulsó el desarrollo de energías renovables no convencionales, como eólica y solar.

En 2018, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera, Argentina volvió a exportar gas a Chile, fue un hito celebrado por ambos países. El gas llegó a través del Gasoducto GasAndes y fue utilizado para generar electricidad en el complejo Nehuenco, de la empresa Colbún.

Hoy, la relación energética entre Argentina y Chile vive un nuevo período de expansión. Vaca Muerta produce gas en volúmenes que hace una década eran impensados, y los contratos de exportación se multiplican. Hace pocos días, Enap firmó el mayor contrato de su historia, asegurando que el 35% del crudo chileno provenga de la formación neuquina.

Pero incluso en ese clima de optimismo, su CEO, Julio Friedmann, lanzó una advertencia que resonó en todo el sector: Chile nunca volverá a depender completamente de Argentina, porque la crisis de 2004 fue un golpe estratégico que el país no puede permitirse repetir.

Por eso, además de reactivar el Oleoducto Trasandino, Enap construyó dos estanques de 50.000 metros cúbicos y mantiene su capacidad de importación marítima activa, lista para activarse de ser necesario. El nuevo contrato, además, está firmado bajo ley de Nueva York e incluye penalidades estrictas si alguna operadora argentina incumple. Los chilenos exigieron que la fuerza mayor política sea causal explícita de incumplimiento, aprendiendo de lo ocurrido en 2004.

El incidente se da en una relación que crece, aunque con equilibrios todavía frágiles y una confianza que sigue en construcción.

Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Desde la creación de esta organización en 1974, se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

La decisión se tomó por unanimidad de los 32 países miembros y su objetivo es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pero Birol quiso insistir en que lo más importante para que se restablezcan los flujos de crudo, pero también de gas, es que ese paso se pueda reabrir.

Recordó que antes de la guerra por allí salían unos 15 millones de barriles diarios de crudo y otros 5 millones de barriles de derivados del petróleo, lo que equivale a alrededor del 25% del petróleo que circula por vía marítima.

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Una de las consecuencias del bloqueo de esa vía es que algunos países han empezado a reducir la producción.

Además, en el marco de la guerra ha habido ataques a infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, algunas de las cuales han resultado dañadas.

Según explicó la AIE en un comunicado, con la guerra el volumen de crudo y derivados del petróleo exportados por el estrecho de Ormuz se ha reducido a menos del 10% del que salía antes.

Birol recordó que “la seguridad energética es el mandato fundador de la AIE”, que cuando en el pasado hubo perturbaciones en el mercado ya había tomado “medidas colectivas para ofrecer suministro adicional” como ha decidido ahora.

En concreto, desde su creación tras la primera crisis del petróleo en 1973, la agencia ha recurrido en cinco ocasiones a sus reservas estratégicas, las dos últimas en marzo y en abril de 2022 por la tensión generada en los mercados por la invasión rusa de Ucrania, pero nunca por un volumen tan elevado como esta vez.

Los 400 millones que saldrán ahora al mercado representan la tercera parte de los cerca de 1.200 millones de barriles que componen esas reservas.

Los miembros de la AIE tienen la obligación de disponer de al menos el equivalente de 90 días de importaciones en reservas estratégicas, que pueden estar directamente controladas por los gobiernos o por la industria, para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular por la interrupción del suministro.

Problemas también en el suministro de gas

Más allá de la cuestión del petróleo, el suministro de gas se enfrenta también a un problema similar ya que del golfo Pérsico sale alrededor del 20% del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, sobre todo de Catar y de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y los metaneros están también bloqueados por el cierre del estrecho de Ormuz.

Birol reconoció que hay pocas opciones para sustituir ese GNL del golfo Pérsico y una de las consecuencias es que los países consumidores de Asia, que eran los principales receptores, están compitiendo para captar metaneros con gas de otras partes del mundo que inicialmente iban destinados a Europa o a otros importadores.

De hecho, ya se ha confirmado algún caso de barcos que han cambiado su ruta, como uno que había salido de Nigeria y que debía descargar su GNL en Francia, pero ahora va camino de la India.

Birol señaló que en algunos países asiáticos pobres, que no pueden competir por los precios tan altos a los que ha subido el gas desde el inicio del conflicto bélico el 28 de febrero, se ha empezado a racionar.

A diferencia de lo que ocurre con las reservas estratégicas de petróleo, la AIE no dispone de un dispositivo equivalente para el gas. Su director ejecutivo señaló que tras la decisión de este miércoles, la agencia seguirá la situación en los mercados y “si es necesario formulará recomendaciones adicionales” a sus miembros, que son la inmensa mayoría de los de la OCDE.