La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) sufrió un duro revés judicial, luego que la Corte Suprema rechazara el recurso de casación en relación a la demanda colectiva por presuntos daños físicos en personas que se vieron expuestas al uso del herbicida Roundup, en base a glifosato.

Según el fallo citado por Pulso, Odecu no pudo acreditar la existencia de un grupo de consumidores finales afectados por el herbicida que hayan tenido una relación de consumo con Bayer o Arysta LifeScience -quienes comercializaron el producto- y que ello le haya facultado a presentar la demanda.

Incluso, el máximo tribunal sostuvo que tampoco pudo “probarse la peligrosidad del producto distribuido por las demandadas ni la existencia de daños a los destinatarios finales ocasionados por el uso del herbicida”.

Odecu presentó en enero de 2021 una demanda colectiva contra ambas compañías, donde exigía $100 millones por daño material y otros $100 millones por daño moral a cada usuario afectado o a sus herederos, en caso de que la persona haya fallecido.

Y es que desde hace años que se vienen dando demandas judiciales en distintos países contra Bayer o Monsanto -compañía que fue comprada en 2018 por Bayer y de donde proviene el Roundup-, en las cuales se señalan efectos nocivos para los agricultores que usaron el herbicida para eliminar maleza de los campos.

Por ello, Bayer ha desembolsado US$10 mil millones en acuerdos extrajudiciales.

Desde Pulso recordaron que en julio de 2023 el 22° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de Odecuo y la condenó en costas, también por no acreditar el peligro del herbicida ni contar con la legitimación para representar a las personas afectadas. Tras recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, el tribunal también rechazó el recurso en abril de 2025.

Durante la noche de este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió con una resolución que permitiría que los casinos online y plataformas similares paguen su respectivo IVA. En concreto, la resolución establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas y juegos de azar cumplan con el pago de impuestos por sus operaciones realizadas en el país.

La situación ha generado polémica debido al carácter ilícito de estas actividades, donde incluso la Corte Suprema ha dictaminado de forma categórica que el juego online no regulado constituye un acto ilícito que vulnera el ordenamiento vigente. De hecho, esta ya había ordenado el bloqueo de estas plataformas a empresas de telecomunicaciones para impedir su funcionamiento en el país, hasta la fecha sin éxito.

Por su parte, aunque el SII reconoce que estas plataformas han sido declaradas ilegales, sostiene que su deber es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, argumentando que no le compete calificar la licitud de la actividad, sino velar por la recaudación de impuestos.

En este contexto, existe una disonancia entre el marco legal actual y el mandato judicial de bloquear y eliminar estas plataformas de la web chilena, con la reciente resolución del SII, que básicamente las invita a inscribirse en un registro especial para declarar y pagar impuestos.

Desde el mundo privado y político, las reacciones no se han hecho esperar, con acusaciones de que este cobro de IVA podría implicar una legalización de facto. Otro antecedente relevante para tener en cuenta es que, en paralelo, en el Congreso se discute un proyecto de ley que busca transitar este rubro desde la ilegalidad actual hacia un mercado regulado.

Estas son las claves para entender la polémica del momento.

Las plataformas de apuestas en línea no son legales

En Chile, los juegos de azar están prohibidos por regla general, salvo excepciones expresamente autorizadas por ley, como la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. Asimismo, la Ley de Casinos (Ley 19.995), que regula los casinos físicos, establece explícitamente que los permisos de operación en ningún caso comprenden juegos de azar en línea.

En ese contexto, resulta impreciso apuntar a una “zona gris” regulatoria que habría permitido que estas plataformas operaran durante años sin una definición legislativa. De hecho, el máximo tribunal fue categórico al determinar que el juego online sin autorización legal constituye un “acto ilícito” que vulnera el ordenamiento jurídico vigente y ratificó que estas plataformas operan fuera del marco legal chileno.

No obstante, a pesar de la claridad del fallo, algunas plataformas han resurgido bajo nuevos dominios o nombres ligeramente modificados para esquivar el bloqueo judicial. Cabe recordar que, aunque se conocen las marcas comerciales y algunas de las empresas que las operan, existe dificultad para conocer con certeza quiénes son los dueños últimos y el origen de los fondos de muchas de estas plataformas que operan desde el extranjero.

Las razones del SII para cobrar IVA a las plataformas de apuestas

De acuerdo con el SII, la polémica resolución vendría a ser un acto técnico de fiscalización para capturar impuestos adeudados por servicios digitales, separando esta labor de la discusión sobre la legalidad de las apuestas, la cual delega en otros organismos competentes y en el Congreso.

El organismo afirma que, independientemente de que otras autoridades o tribunales hayan declarado la actividad como ilícita, el SII está obligado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de hechos gravados por ley.

Dentro de la resolución se apunta a que, según la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), se debe gravar con IVA el suministro o la entrega de “contenido de entretenimiento digital”. Por ejemplo, actualmente Netflix tributa bajo este régimen de tributación.

Por lo tanto, el SII concluye que, si efectivamente se está realizando la actividad de entretenimiento digital (apuestas), es su deber adoptar las medidas necesarias para asegurar el pago del impuesto por parte del contribuyente, independientemente de su estatus legal.

Gobierno apuesta por la propuesta legislativa

En paralelo a la polémica por el funcionamiento de las plataformas de apuestas online —que siguen operando pese a la orden de bloqueo de la Corte Suprema— y la reciente resolución del SII, el Congreso tramita desde 2022 un proyecto de ley que busca regularizar formalmente a esta industria. De hecho, a inicios de mayo, el gobierno de José Antonio Kast volvió a acelerar su discusión al otorgarle suma urgencia.

En resumen, el proyecto apunta a crear un marco regulatorio para autorizar y fiscalizar a las empresas de apuestas online, estableciendo requisitos para su operación. Por ejemplo, según indica el documento, entre sus principales objetivos están la protección de los jugadores, el combate a conductas adictivas y al juego ilegal, además de la regulación de la publicidad y el resguardo de los intereses fiscales.

Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto de las posibles presiones ejercidas por el sector de las apuestas digitales para inclinar la balanza a su favor. Cabe recordar que la mayoría de estas empresas están agrupadas en la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), entidad que realiza gestiones de lobby ante el Congreso y el Gobierno para incidir en la regulación del sector.

De hecho, la controversia por un presunto conflicto de interés remeció a la Segpres la semana pasada, tras revelarse que la actual asesora legislativa, María Trinidad Sainz Reyes, ejerció como lobbista de la industria de las apuestas online antes de incorporarse al ministerio.

¿Una legalización de facto?

Desde ya, críticos hablan de una posible legalización de facto de las casas de apuestas online, con la tributación como un primer paso en esta línea. Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos aseguraron que la medida “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal”.

“Estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”, acusaron.

En el mundo político, senadores como Esteban Velásquez y Diego Ibáñez anunciaron que presentarán los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida. Este último apuntó a que el SII estaría intentando avanzar regulatoriamente por vía administrativa en una materia que el Parlamento aún está debatiendo.

Mediante una declaración pública, la Asociación Chilena de Casinos y Juegos cuestinó la posibilidad de que las plataformas extranjeras de apuestas online se inscriban para pagar IVA por sus operaciones en Chile.

Esto tras la Resolución Exenta N°69 del Servicio de Impuestos Internos (SII) donde, según el organismo, se permite “fortalecer la equidad tributaria” y evita la generación de “espacios sin control y desigualdad respecto de otros contribuyentes que están cumpliendo con el pago correcto y oportuno de sus impuestos”.

Sin embargo, desde el gremio de casinos se mostraron críticos con la iniciativa, en un contexto donde la Corte Suprema ha ordenado el bloqueo de diversas páginas ilegales, por lo que calificaron la señal del SII como “confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que, precisamente, busca normar esta actividad”.

SII habilita que casinos extranjeros puedan pagar IVA digital y desata molestia

Según explicó el SII, con la Resolución se establece que las citadas plataformas se puedan inscribir en el sistema habilitado por ellos, “debiendo sujetarse a las normas e instrucciones vigentes sobre inscripción, registro, declaración y pago del impuesto aplicables a los contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales gravados con IVA”.

El impuesto se cobarrá sobre el monto total de las contrapestraciones recibidas como remuneración por la prestación de servicios, “cualquiera sea su naturaleza”, y que luego de la inscripción, las plataformas de apuestas sin domicilio en Chile y que hayan prestado servicios durante los últimos treinta y seis periodos tributarios deberán pagar IVA.

Ahora bien, el Servicio también reconoció que hay materias que corresponden a “organismos competentes, conforme al marco normativo vigente”, como la autorización, regulación, fiscalización sectorial o si son lícitas o no.

“Dado que las referidas plataformas no autorizadas, en los hechos y como es de público conocimiento, se han mantenido en forma permanente realizando estas operaciones gravadas con IVA, incluso publicitando abiertamente sus operaciones, es deber de este Servicio asegurar que realicen el pago de los impuestos que les corresponden”, concluyó el comunicado del SII.

A pesar de los argumentos del SII, la Asociación de Casinos acusó que la medida “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporara al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificacdo como ilegal”.

“La señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir laurgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad. Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal”, sentenciaron.

Con ello, agregaron que el mercado estaría recibiendo como señal que “estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”, acusaron.

Bajo este contexto, en el comunicado recordaron que la Resolución Exenta N°26 del SII en 2023 excluyó a tales plataformas del régimen simplificado de tributación, y considerando -según argumentaron-, que la nueva resolución no derroga la anterior, “la actividad mantiene su carácter de ilegal y crea otro efecto. Todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos; la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos”.

Por último, llamaron a restablecer la “consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII”, además de avanzar en una regulación integral.

El bitcóin, la criptomoneda más negociada del mercado, cae casi un 4% este lunes y pone en riesgo los 65.000 dólares, en un contexto de incertidumbre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles del presidente Donald Trump, quien no obstante, anunció nuevas tasas globales.

A las 07:00 horas (06:00 GMT), el bitcóin bajaba el 3,75%, hasta los 65.150,1 dólares, aunque durante esta madrugada cayó con más fuerza y tocó un mínimo en los 64.400 dólares.

En el año, pierde más de un 25% de su valor.

Además, cotiza muy lejos de los 126.186 dólares que marcó en octubre de 2025, cuando alcanzó máximos históricos.

La incertidumbre ha vuelto a los mercados después de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Trump, quien en respuesta anunció un arancel global del 15% a todos los países.

Tras ello, el dólar bajó, mientras que el oro subía 1,05% y la plata 2,08%.