El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026 -que varió 1,0%- arrastró al alza a la Unidad de Fomento (UF), que mañana martes traspasará los $40.000.

Durante la última semana del mes pasado, por ejemplo, la gasolina y el petróleo diésel registraron aumentos cercanos al 40% y 50%, respectivamente. Sin embargo, la variación mensual que recogió el IPC para esos mismos productos fue de 8,2% y 12,8%.

Esa diferencia se explicó por el método de cálculo, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en una separata técnica, añadiendo que si los precios se mantienen en los niveles alcanzados a fines de marzo, la variación mensual de abril debería reflejar el alza restante que aún no fue capturada por el índice del mes anterior.

La UF supera los $40 mil

La UF representa la reajustabilidad del peso de acuerdo con la inflación: sus ajustes dependen directamente del IPC (en palabras simples, su valor en pesos se recalcula cada mes en función de dicho índice).

Su alza tiene incidencia directa en el bolsillo de las familias, ya que es de amplio uso en el sistema financiero y crediticio chileno, de manera tal que muchos de los compromisos que adquiere una persona se expresan con esta fórmula (créditos, depósitos a plazo, seguros, planes de salud, entre otros).

Maximiliano Villalobos, investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (Uandes), enfatizó que la UF se reajusta automáticamente con la inflación.

“Se trata de un indicador clave en la economía chilena, cuyo valor se ajusta según la inflación. En este caso, el alza responde a presiones recientes sobre los precios, como consecuencia del encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado en el IPC, que registró una variación del 1% en el mes de marzo”, subrayó.

Dónde se sentirá el alza

El principal impacto de este aumento de la Unidad de Fomento se verá en los compromisos financieros mensuales, especialmente los relacionados con el hogar y financiamiento.

A esto se suman servicios como la educación y los seguros, que también suelen estar indexados a este indicador, lo que implica un mayor gasto para las familias.

“En Chile una cantidad relevante de servicios están pactados en UF: créditos hipotecarios, créditos de consumo, colegiaturas, seguros de salud, arriendos y cuotas de crédito automotriz”, detalló el economista.

Un efecto que llega a todos

Más allá de esos pagos directos, el alza de la UF está vinculada a la inflación, que impacta el costo de vida en general.

Esto implica que el aumento del IPC se traspasa gradualmente a este indicador y, con ello, a distintos precios en la economía.

En ese contexto, el investigador de la Uandes alertó que el impacto no se limita a quienes tienen deudas o contratos en UF.

“Al final, aunque una persona no tenga auto o nunca pise una bencinera, el escenario externo le va a terminar pegando de alguna u otra forma mediante el efecto ya sea directo o indirecto en los precios”, concluyó.

El miércoles 1 de abril, Chile activó los protocolos de seguridad para suspender la recepción de gas desde Argentina a través del Gasoducto del Pacífico. El combustible que llegaba desde Vaca Muerta, al sur del vecino país, tenía un punto de rocío superior al permitido por la normativa chilena. Con mayor contenido de líquidos como propano y butano, este gas puede generar corrosión en las cañerías o congelar los ductos.

En términos concretos, el incidente fue menor. Duró menos de 72 horas, afectó solo a dos contratos de YPF con clientes industriales de las regiones de Ñuble y Bío Bío, que representaban hasta 833.000 metros cúbicos de gas por día, alrededor del 10% de las exportaciones argentinas totales a Chile y se resolvió con ajustes técnicos.
Pero en el vínculo energético entre Argentina y Chile, ningún corte de gas pasa desapercibido. El episodio reactiva la memoria institucional chilena de lo ocurrido entre 2004 y 2008, cuando Argentina interrumpió el suministro de manera unilateral.

Los años 90 y el quiebre de 2004

Durante la década del 90, los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle construyeron una integración energética entre Argentina y Chile. En 1995 firmaron un protocolo que habilitó el libre comercio del gas entre ambas naciones. El protocolo fue el puntapié inicial para una transformación estructural en la matriz energética chilena.

Entre 1997 y 1999, se construyeron cinco gasoductos binacionales que conectaron la Patagonia argentina con distintas regiones de Chile. El gas argentino se volvió central para la generación eléctrica en el país. En 2004, el 35% de la electricidad chilena dependía del suministro trasandino.

Esa dependencia se volvió una trampa. Tras el colapso del Régimen de Convertibilidad, que durante una década mantuvo la paridad fija entre el peso y el dólar, Argentina devaluó, defaulteó su deuda y congeló las tarifas de servicios como el gas y la electricidad. Eso desincentivó la inversión en el sector energético y generó una brecha creciente entre oferta y demanda interna. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner firmó una resolución que suspendió las exportaciones de gas natural a Chile. El argumento fue la prioridad del abastecimiento doméstico.

El gobierno de Ricardo Lagos reclamó que el protocolo de 1995 había sido violado unilateralmente por Argentina. Buenos Aires se escudó en que el acuerdo nunca había sido ratificado por el Congreso. La discusión diplomática fue encendida. Incluso el propio Menem, exiliado en Chile en ese momento por problemas judiciales en su país, calificó la decisión como inadmisible.

Las consecuencias para Chile fueron gravísimas. Las empresas generadoras eléctricas debieron reemplazar de urgencia el gas argentino por petróleo diésel, más caro, ineficiente y contaminante. En algunos casos, el costo de la energía se multiplicó por seis. La minería chilena, uno de los sectores más intensivos en consumo
energético, fue de las más afectadas. Las facturas de los consumidores residenciales se multiplicaron.

El corte total

La situación se agravó en los años siguientes. En 2007, una ola de frío llevó a Argentina a interrumpir de manera abrupta el suministro a Chile, afectando a hogares e industrias. Fue uno de los episodios más serios de la relación bilateral. Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los envíos se
redujeron hasta cero.

Chile tuvo que activar plantas de respaldo, pero su duración era incierta. El entonces ministro de Energía Marcelo Tokman aseguró que el abastecimiento residencial estaba cubierto por apenas dos semanas, gracias al gas acumulado en los ductos.

Más de 300 empresas chilenas debieron cambiar su matriz energética de urgencia: carbón y combustibles líquidos reemplazaron al gas argentino.

Chile tomó nota y no olvidó

A partir de esa crisis, el país construyó dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), que le permitieron importar desde otros países. Levantó un parque de generación a carbón, e impulsó el desarrollo de energías renovables no convencionales, como eólica y solar.

En 2018, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera, Argentina volvió a exportar gas a Chile, fue un hito celebrado por ambos países. El gas llegó a través del Gasoducto GasAndes y fue utilizado para generar electricidad en el complejo Nehuenco, de la empresa Colbún.

Hoy, la relación energética entre Argentina y Chile vive un nuevo período de expansión. Vaca Muerta produce gas en volúmenes que hace una década eran impensados, y los contratos de exportación se multiplican. Hace pocos días, Enap firmó el mayor contrato de su historia, asegurando que el 35% del crudo chileno provenga de la formación neuquina.

Pero incluso en ese clima de optimismo, su CEO, Julio Friedmann, lanzó una advertencia que resonó en todo el sector: Chile nunca volverá a depender completamente de Argentina, porque la crisis de 2004 fue un golpe estratégico que el país no puede permitirse repetir.

Por eso, además de reactivar el Oleoducto Trasandino, Enap construyó dos estanques de 50.000 metros cúbicos y mantiene su capacidad de importación marítima activa, lista para activarse de ser necesario. El nuevo contrato, además, está firmado bajo ley de Nueva York e incluye penalidades estrictas si alguna operadora argentina incumple. Los chilenos exigieron que la fuerza mayor política sea causal explícita de incumplimiento, aprendiendo de lo ocurrido en 2004.

El incidente se da en una relación que crece, aunque con equilibrios todavía frágiles y una confianza que sigue en construcción.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, asistió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde habló sobre los efectos que tendría la restricción de la Unidad de Fomento (UF).

Esto como mecanismo de reajuste para los contratos de arriendo, créditos hipotecarios, planes de salud y servicios educacionales.

La iniciativa está siendo debatida en el Congreso, y si bien ha encontrado apoyo en sectores políticos, en la mayoría del sector privado, expertos e incluso desde el Ministerio de Hacienda han advertido sobre los graves efectos la limitación en el uso de la UF tendría especialmente para el acceso al crédito hipotecario, elevando las tasas y aumentando los costos.

Presidenta del Banco Central por proyecto para limitar la UF

En su alocución, la presidenta del ente emisor recordó que el proyecto actual parte de dos mociones: una donde se establece que “la renta de arrendamiento de predios urbanos; los aranceles, matrículas y cualquier otro ítem de educación; la cotización para salud; los créditos hipotecarios y los créditos de los contratos de salud previsional” deberán cobrarse en pesos chilenos.

A esto se suma una segunda moción donde los cobros por educación no se podrán pactar en UF.

Ahora bien, Rosanna Costa señaló que la fijación de precios, sea en UF o en pesos, “no excluye la posibilidad de renegociar los términos de renovación de un contrato si cambian las condiciones de mercado, por factores adicionales a la reajustabilidad por inflación”.

Con todo, y a manera de resumen, advierte que la eliminación o restricción del valor reajustable “tendría efectos negativos, particularmente en los contratos de largo plazo”, como lo son los hipotecarios.

Efectos

La autoridad del Banco Central recordó que la Ley Orgánica Constitucional que rige a la institución, señala, por una parte, que es el ente emisor quien debe autorizar los sistemas de reajuste que pueden usar los bancos, a la vez que si se cambia o elimina un sistema, “no afectará a los créditos ya vigentes”.

Es decir, no será retroactivo.

“La UF fue creada en 1967 como respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo que permitiera preservar el valor real de los contratos en un contexto de alta inflación”, añadió; advirtiendo que, sea una eliminación o limitación de uso, los oferentes como bancos, cooperativas o financieras, buscarán otras formas de cubrir el riesgo inflacionario.

“No obstante, es probable que dichas alternativas sean más costosas para los hogares y, en consecuencia, reduzcan su acceso al crédito”, sentenció Rosanna Costa.

Como dato citado por la economista, más del 90% de los hipotecarios están en UF, permitiendo plazos de financiamiento hasta 30 años, “con tasas reales más bajas y cuotas estables en términos de poder adquisitivo”.

Incluso, Costa resalta que esos plazos se ven más en economías avanzadas que “emergentes como la nuestra”. Sin embargo, al eliminarse la UF los oferentes trasladarían el riesgo inflacionario -del cual se encarga la UF- a primas por riesgo incluidas en las tasas en pesos o uso de tasas variables.

Mediante un ejemplo, se graficó la diferencia que tiene, en la práctica, un hipotecario en UF y otro en pesos.

Considerando las condiciones de financiamiento promedio del 2024, con hipotecario en UF quedó con una tasa interés real anual de 4,8%. Si un préstamo de 3 mil UF a 25 años queda con un dividendo mensual de $665 mil; un hipotecario en pesos, en el mismo período, tuvo una tasa nominal anual de 8,2% a 15 años plazo, por lo que para las 3 mil UF, el dividendo quedaría cerca de $1.100.000.

Y de masificarse los contratos con tasa nominal variable, la carga financiera para los hogares y la exposición al riesgo sería también mayor, ya que el valor del endeudamiento fluctuaría.

Por último, la exposición de la presidenta del Banco Central también advirtió que en el caso de servicios como educación, salud o arriendos, los mayores costos por la inflación podrían trasladarse al precio final mediante distintos mecanismos; como en la elevación del propio precio -incorporando el oferente su propia estimación de la inflación- y una prima adicional por el “riesgo de error en dicha estimación” que, a final de cuentas, también termina por elevar los precios.

En este contexto, es que se hizo un llamado analizar “separadamente cada mercado desde el punto de vista técnico”, evaluando el costo beneficio de las posibles decisiones; considerando los efectos sobre los contratos vigentes, a la vez que recalcó que la limitación de la UF “no tendría impacto alguno sobre el control de la inflación y, por lo tanto, no afectaría la evolución del “costo de la vida”.

“Lo que si afecta el “costo de la vida” es una inflación baja y estable, que el Banco Central controla a través de su política monetaria”, concluyó Rosanna Costa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desmintió este jueves que tenga la intención de destruir las empresas de su otrora aliado, el magnate Elon Musk, y subrayó que busca el éxito de todas las compañías del país.

“Todos afirman que destruiré las empresas de Elon quitándoles algunos de los subsidios a gran escala que recibe del Gobierno estadounidense, si no todos. ¡No es así!”, dijo en su red social, Truth Social.

El líder republicano afirmó que quiere que Musk y todas las empresas del país prosperen, y que prosperen de hecho “como nunca”.

“Cuanto mejor les vaya, mejor le irá a Estados Unidos, y eso nos beneficia a todos. Estamos batiendo récords cada día, ¡y quiero que siga así!”, concluyó en Truth, la plataforma que utiliza habitualmente para sus anuncios y mensajes.

El pasado 5 de junio Trump había apuntado la posibilidad de retirar todos los subsidios y contratos gubernamentales cerrados con empresas de Musk tras la disputa pública entre ambos por el plan fiscal impulsado por el mandatario, y que según el empresario incrementará el déficit estadounidense.

SpaceX es la empresa controlada por Musk con más contratos con el Gobierno estadounidense.

El más jugoso es el que obtuvo en abril por valor de 5.900 millones de dólares con la Fuerza Espacial para el lanzamiento de satélites y misiones durante los próximos cinco años utilizando los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy de la compañía.

Starlink, la subsidiaria de SpaceX dedicada a las telecomunicaciones, también mantiene varios contratos con el Ejecutivo, desde el suministro de servicios a las fuerzas armadas de Ucrania (537 millones de dólares) al desarrollo de comunicaciones seguras para las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

A su vez, Tesla, la empresa que ha proporcionado a Musk gran parte de su fortuna, también podría verse afectada por un cambio de postura gubernamental. En febrero se supo que el Departamento de Estado había reservado 400 millones para la compra de centenares de unidades de la camioneta ‘pick-up’ Cybertruck, pero ese contrato todavía no se ha materializado.