El miércoles 1 de abril, Chile activó los protocolos de seguridad para suspender la recepción de gas desde Argentina a través del Gasoducto del Pacífico. El combustible que llegaba desde Vaca Muerta, al sur del vecino país, tenía un punto de rocío superior al permitido por la normativa chilena. Con mayor contenido de líquidos como propano y butano, este gas puede generar corrosión en las cañerías o congelar los ductos.

En términos concretos, el incidente fue menor. Duró menos de 72 horas, afectó solo a dos contratos de YPF con clientes industriales de las regiones de Ñuble y Bío Bío, que representaban hasta 833.000 metros cúbicos de gas por día, alrededor del 10% de las exportaciones argentinas totales a Chile y se resolvió con ajustes técnicos.
Pero en el vínculo energético entre Argentina y Chile, ningún corte de gas pasa desapercibido. El episodio reactiva la memoria institucional chilena de lo ocurrido entre 2004 y 2008, cuando Argentina interrumpió el suministro de manera unilateral.

Los años 90 y el quiebre de 2004

Durante la década del 90, los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle construyeron una integración energética entre Argentina y Chile. En 1995 firmaron un protocolo que habilitó el libre comercio del gas entre ambas naciones. El protocolo fue el puntapié inicial para una transformación estructural en la matriz energética chilena.

Entre 1997 y 1999, se construyeron cinco gasoductos binacionales que conectaron la Patagonia argentina con distintas regiones de Chile. El gas argentino se volvió central para la generación eléctrica en el país. En 2004, el 35% de la electricidad chilena dependía del suministro trasandino.

Esa dependencia se volvió una trampa. Tras el colapso del Régimen de Convertibilidad, que durante una década mantuvo la paridad fija entre el peso y el dólar, Argentina devaluó, defaulteó su deuda y congeló las tarifas de servicios como el gas y la electricidad. Eso desincentivó la inversión en el sector energético y generó una brecha creciente entre oferta y demanda interna. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner firmó una resolución que suspendió las exportaciones de gas natural a Chile. El argumento fue la prioridad del abastecimiento doméstico.

El gobierno de Ricardo Lagos reclamó que el protocolo de 1995 había sido violado unilateralmente por Argentina. Buenos Aires se escudó en que el acuerdo nunca había sido ratificado por el Congreso. La discusión diplomática fue encendida. Incluso el propio Menem, exiliado en Chile en ese momento por problemas judiciales en su país, calificó la decisión como inadmisible.

Las consecuencias para Chile fueron gravísimas. Las empresas generadoras eléctricas debieron reemplazar de urgencia el gas argentino por petróleo diésel, más caro, ineficiente y contaminante. En algunos casos, el costo de la energía se multiplicó por seis. La minería chilena, uno de los sectores más intensivos en consumo
energético, fue de las más afectadas. Las facturas de los consumidores residenciales se multiplicaron.

El corte total

La situación se agravó en los años siguientes. En 2007, una ola de frío llevó a Argentina a interrumpir de manera abrupta el suministro a Chile, afectando a hogares e industrias. Fue uno de los episodios más serios de la relación bilateral. Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los envíos se
redujeron hasta cero.

Chile tuvo que activar plantas de respaldo, pero su duración era incierta. El entonces ministro de Energía Marcelo Tokman aseguró que el abastecimiento residencial estaba cubierto por apenas dos semanas, gracias al gas acumulado en los ductos.

Más de 300 empresas chilenas debieron cambiar su matriz energética de urgencia: carbón y combustibles líquidos reemplazaron al gas argentino.

Chile tomó nota y no olvidó

A partir de esa crisis, el país construyó dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), que le permitieron importar desde otros países. Levantó un parque de generación a carbón, e impulsó el desarrollo de energías renovables no convencionales, como eólica y solar.

En 2018, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera, Argentina volvió a exportar gas a Chile, fue un hito celebrado por ambos países. El gas llegó a través del Gasoducto GasAndes y fue utilizado para generar electricidad en el complejo Nehuenco, de la empresa Colbún.

Hoy, la relación energética entre Argentina y Chile vive un nuevo período de expansión. Vaca Muerta produce gas en volúmenes que hace una década eran impensados, y los contratos de exportación se multiplican. Hace pocos días, Enap firmó el mayor contrato de su historia, asegurando que el 35% del crudo chileno provenga de la formación neuquina.

Pero incluso en ese clima de optimismo, su CEO, Julio Friedmann, lanzó una advertencia que resonó en todo el sector: Chile nunca volverá a depender completamente de Argentina, porque la crisis de 2004 fue un golpe estratégico que el país no puede permitirse repetir.

Por eso, además de reactivar el Oleoducto Trasandino, Enap construyó dos estanques de 50.000 metros cúbicos y mantiene su capacidad de importación marítima activa, lista para activarse de ser necesario. El nuevo contrato, además, está firmado bajo ley de Nueva York e incluye penalidades estrictas si alguna operadora argentina incumple. Los chilenos exigieron que la fuerza mayor política sea causal explícita de incumplimiento, aprendiendo de lo ocurrido en 2004.

El incidente se da en una relación que crece, aunque con equilibrios todavía frágiles y una confianza que sigue en construcción.

La reciente aprobación legislativa en Perú para declarar de interés nacional la construcción de un dique seco Post-Panamax en el puerto del Callao ha generado un intenso debate en la industria naval de Chile.

El proyecto, respaldado por unanimidad en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso peruano, busca posicionar al país como un centro logístico y naval relevante en América Latina, al tiempo que desafía la competitividad regional de los astilleros chilenos, especialmente en el Bío Bío.

La iniciativa, impulsada por la Comisión presidida por Víctor Flores Ruiz, responde a la necesidad de dotar al Perú de infraestructura para atender a buques Post-Panamax y Súper Post-Panamax, que representan el 45% de las embarcaciones que arriban al Callao y el 40% del transporte comercial marítimo mundial.

En palabras del congresista Flores Ruiz, “el Perú tiene una posición geoestratégica clave en el Pacífico Sur y con la puesta en marcha de las operaciones del megapuerto de Chancay nos convierte en un potencial hub logístico y naval de primer orden en América Latina”.

Actualmente, la ausencia de un dique seco moderno obliga a los buques que requieren mantenimiento y reparación a trasladarse a astilleros en Chile, Brasil, México o incluso Asia. Según la información del Congreso de la República, este proyecto ha sido evaluado durante una década y se considera esencial para que el país compita en igualdad de condiciones en el mercado internacional de servicios navales.

Repercusiones en la industria

La declaración peruana de interés nacional para el dique seco provocó diversas respuestas en Chile. Según Portal Portuario, algunos sectores consideran que es momento de que Chile apueste por una infraestructura similar, mientras otros defienden que el actual Plan Nacional Continuo de Construcción Naval (PNCCN) responde a las necesidades del sector.

Álvaro Peña, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, manifestó que “hoy no cuenta con una capacidad abierta equivalente para buques post-Panamax, mientras Perú ya avanzó con una declaración de interés nacional y con aprobación ambiental para el caso de Callao”.

Peña advirtió sobre la importancia de avanzar en un proyecto de estas características, ya que “la tendencia a naves de mayor tamaño y la expansión prevista del sistema portuario chileno refuerzan que no hacerlo implica seguir externalizando servicios de alto valor y perder posición competitiva regional”.

Desde la perspectiva del senador Gastón Saavedra (Partido Socialista), Perú “tomó una decisión correcta al declarar interés nacional por el proyecto del dique post panamax”.

Saavedra subrayó que Chile “tiene que mantener y proyectar el Plan de Construcción Naval Continua, eso significa inversión, mejoramiento de diques de Asmar; y declarar el plan de construcción naval de interés nacional y que se mantenga como una política pública de Estado y así asegurarnos el permanente desarrollo de la construcción naval en nuestro país”.

Impacto en el Biobío

La noticia generó preocupación en la región del Biobío, donde los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) representan un pilar para la economía local. Javier Sepúlveda, docente de la Universidad de Concepción, analizó que el nuevo dique seco peruano “amenaza la competitividad de Asmar y su capacidad de crecimiento en el mercado de las reparaciones y mantenciones de embarcaciones grandes”.

No obstante, Sepúlveda también identificó posibles oportunidades para empresas chilenas: “El futuro dique seco en Perú se presenta, también, como una oportunidad para que empresas chilenas se inserten en esas redes de producción global prestando sus servicios especializados, que son muy intensivos en capital humano avanzado”.

La directora del Centro de Investigación Marítimo Portuario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y presidenta de la Mesa Comex Biobío, Karem Urzúa, señaló que el desarrollo portuario peruano no debería alterar el plan regional chileno, diseñado para responder a la demanda de la macrozona centro-sur y sumar eventualmente carga proveniente de Argentina.

Sin embargo, advirtió que “sí podría implicar una pérdida de dinamismo futuro: las navieras tenderán a concentrar operaciones en el Perú, capturando economías de escala en construcción y servicios a naves de considerable tamaño. Chile, tras no consolidar capacidades como el tercer dique, arriesga quedar relegado a segmentos menores”.

Sobre la expansión

El director de la Liga Marítima de Chile, Hugo Barra, expresó que la competencia del mercado de reparación y mantención de naves de gran tamaño está marcada por la preferencia de los armadores por los astilleros de Asia, especialmente China, “cuyas tarifas son imposibles de batir”. Barra estimó que el PNCCN vigente resulta más “factible, aceptable y conveniente”, aunque reconoció que existen brechas y oportunidades para la industria nacional.

Las declaraciones de Mikel Capetillo, secretario del Sindicato de Asmar, recogidas por Portal Portuario, aportaron una visión interna sobre la capacidad de los astilleros chilenos. Capetillo afirmó que la postura del parlamento peruano confirma que la iniciativa de construir una tercera instalación de reparación en Talcahuano “era un buen proyecto”, aunque hoy resulte difícil de concretar porque “no está dentro de las prioridades de la Armada de Chile”. Agregó que “el problema es que lo que es interés para Asmar, no necesariamente es interés de la Armada”.

El efecto

El impacto de la decisión peruana también se analizó desde el punto de vista logístico en el Biobío. Según el seremi del Ministerio de Obras Públicas, José Piña, el Gobierno chileno está enfocando inversiones en la mejora de rutas interportuarias y conexiones estratégicas para fortalecer la cadena logística regional, como la conexión de la Ruta Interportuaria con el Puerto de San Vicente y la Ruta de Cabrero con la del Itata.

A su vez, el senador Gastón Saavedra destacó que el megapuerto de Chancay, con grúas más rápidas y aguas profundas, podría atraer preferencia del mercado naviero internacional, lo que podría afectar al sistema portuario chileno y de Biobío.

Saavedra remarcó la importancia de “mejorar los accesos portuarios de la Región y el MOP debe priorizar las obras para mejorar la conectividad y la eficiencia en materia portuaria”.

El parlamentario también defendió la urgencia de priorizar proyectos logísticos como el HUB portuario de Huachipato, considerando que “este proyecto sea priorizado como de interés público regional y se disponga todo lo necesario para concretarlo lo antes posible. Que el Gobernador, el Delegado Presidencial Regional, nosotros como parlamentarios y las empresas, solicitemos al Gobierno del Presidente Kast dar prioridad a esto”.

Perspectivas y planes a futuro

El Plan Nacional de Construcción Naval de Chile, válido hasta 2040, contempla la construcción de buques multipropósito, pero no prevé ampliar la capacidad de los diques existentes. Los proyectos para un tercer dique en Talcahuano fueron descartados, reflejando la falta de alineación entre las necesidades de Asmar y las prioridades de la Armada.

Como sintetizó Karem Urzúa: “El impacto no será inmediato, pero en el largo plazo se traducirá en menor empleo, menor aporte al PIB y pérdida de capacidades tecnológicas. Más que un efecto directo, es un costo de oportunidad estratégico que se hará visible con el tiempo”.

Perú suspendió por 90 días la importación de productos avícolas provenientes de Chile, tras la notificación de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en el país.

La decisión, oficializada el 26 de marzo, busca evitar el ingreso del virus al territorio peruano y proteger tanto la salud pública como la industria local.

De acuerdo con la resolución difundida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), a la que accedió BioBioChile, la alerta se activó tras recibir el comunicado oficial de las autoridades chilenas sobre la presencia del virus en su territorio.

La Subdirección de Cuarentena Animal recomendó detener durante tres meses el ingreso de productos avícolas que pueden transmitir la enfermedad, lo que abarca aves vivas, huevos fértiles y otros subproductos.

Esta resolución, firmada por Mario Alexis Bonifaz Flores, director general de la Dirección de Sanidad Animal, especifica que la medida afecta a toda importación susceptible de portar el virus, salvo aquellas que ya estaban en tránsito internacional antes de la fecha de la medida.

Estas excepciones requieren un permiso sanitario de importación, un certificado sanitario de exportación emitido por la autoridad sanitaria chilena y la aprobación de los inspectores peruanos a su llegada.

“El ingreso al país, como importación, tránsito internacional o cualquier otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, animales y productos de origen animal, insumos agrarios, organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de introducir o propagar plagas y enfermedades, así como los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria”, establece el artículo 12 de la Ley General de Sanidad Agraria, citado en el documento oficial.

Alcance de la suspensión

La cancelación de los permisos sanitarios previamente emitidos para productos avícolas chilenos constituye un punto central de la resolución. Únicamente se mantienen los permisos relacionados con mercancías en tránsito internacional antes de la fecha de la alerta. Las autoridades recalcaron que no se permitirá la modificación ni ampliación de los permisos ya otorgados.

Esta medida también faculta a los inspectores de Senasa para aplicar medidas adicionales de control y vigilancia según se requiera, y establece que la duración de la suspensión podrá modificarse, reducirse o ampliarse en función de la evolución del brote en Chile. Todas las disposiciones han sido difundidas a través del portal institucional del organismo y del diario oficial.

“La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las medidas fito y zoosanitarias para la prevención, el control o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios o transportistas de los productos de que se trate”, especifica el artículo 9 de la normativa vigente.

Contexto normativo y antecedentes

La medida se basa en normas sanitarias nacionales y de la Comunidad Andina. La suspensión actual surge luego del reporte oficial del brote realizado por Chile, lo que motivó la inmediata recomendación técnica de la Subdirección de Cuarentena Animal de Senasa.

No es la primera vez que Perú implementa restricciones similares. En 2017, Perú ya había suspendido el ingreso de aves chilenas tras la detección de la influenza aviar en criaderos de pavos en la región de Valparaíso.

Según información publicada por el entonces Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), la medida de aquel año buscó evitar la propagación del virus y proteger a los productores nacionales.

“Hago un llamado a todos los peruanos criadores a mantener el cuidado necesario de sus aves y observar a cada una de ellas para que, al menor síntoma de enfermedad, se comuniquen de inmediato con el personal del Senasa más cercano a su localidad”, expresó en ese contexto el entonces titular del sector, José Manuel Hernández.

Vigilancia epidemiológica

En ambas ocasiones, el Senasa dispuso la intensificación de la vigilancia epidemiológica en las granjas industriales, de traspatio y en aves silvestres, con especial atención en zonas de alto tránsito avícola y en la frontera sur.

Según datos de Minagri, en 2017 existían 980 granjas avícolas registradas en el país y, durante el año previo, se realizaron 27.000 muestreos, cuyos resultados fueron negativos para la enfermedad.

“En el Complejo Fronterizo de Santa Rosa de la región Tacna, se intensifica el control de animales vivos y de productos aviares que puedan transportar el virus. Se decomisaron aves procedentes de Chile. Se fortalece además la vigilancia epidemiológica en aves en atención a las denuncias de mortalidad y problemas respiratorios en aves”, detalló Hernández en su momento.

Senasa mantiene comunicación directa con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile para verificar el tipo de brote y coordinar acciones conjuntas. La influenza aviar es causada por un virus de alta mortalidad que puede afectar tanto a aves de consumo como a especies silvestres.

Estado sanitario peruano

Actualmente, Perú conserva el estatus de país libre de influenza aviar, reconocimiento otorgado por el Organismo Mundial de Sanidad Animal (OIE) desde 2005. Las autoridades buscan mantener este estatus mediante controles estrictos y acciones inmediatas ante cualquier riesgo externo.

En la legislación agraria peruana se otorga a Senasa la facultad de dictar, supervisar y fiscalizar medidas de control zoosanitario tanto en el comercio nacional como internacional.

El reciente brote reportado en Chile ha reactivado los protocolos de emergencia para evitar la introducción del virus y preservar la integridad del sector avícola nacional.

Las autoridades peruanas reiteran la importancia de la colaboración de criadores y transportistas para el rápido reporte de síntomas y la aplicación estricta de las disposiciones sanitarias.

El objetivo es asegurar que la influenza aviar de alta patogenicidad no alcance el territorio nacional y que la producción avícola local mantenga los estándares de bioseguridad reconocidos internacionalmente.

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre anunció sus planes para este 2026 en Chile.

En una actividad que contó con la presencia del presidente José Antonio Kast, el vicepresidente de Países Andinos de la empresa argentina, Alan Meyer, confirmó que realizarán su mayor inversión de su historia en nuestro país, con un desembolso de US$750 millones.

Además, reveló que iniciarán la contratación de 1.200 puestos adicionales de trabajo, que se sumarán a la actual dotación directa de 3.800, por lo que a fin de año prevén tener 5 mil personas trabajando.

Nuevas inversiones de Mercado Libre en Chile

“Hemos apostado por el país. No es primera vez que lo hacemos, lo venimos haciendo de forma constante, pero más que nunca. Y no es coincidencia; estamos muy esperanzados y confiados de lo que puede pasar en nuestro país”, dijo Meyer en su discurso.

El ejecutivo agregó que “en momentos muy críticos, Mercado Libre siempre ha creído en todo el potencial que tiene Chile, incluso cuando hemos enfrentado situaciones bastante desafiantes en términos de seguridad”.

Según destacó Meyer, desde 2019 Mercado Libre ha invertido US$2.400 millones en el país. Además, los anuncios coinciden con que la plataforma amarilla cumplirá 25 años de presencia en Chile.

Sobre el destino de la inversión para este año, afirmó que los esfuerzos abarcan el potenciamiento de la plataforma tecnológica; en logística para ampliar la cobertura de sus sevicios, “expandir nuestros servicios financieros de Mercado Pago en sectores que aún están excluidos” y el financiamiento de algunos beneficios a los usuarios, incluyendo las cuotas sin interés.

También el ejecutivo recordó que a fin de este año esperan inauguran su nuevo centro de distribución de 100 mil metros cuadrados, y en materia financiera destacó el próximo lanzamiento de la tarjeta de crédito de Mercado Pago

Por su parte, el presidente Kast celebró las inversiones: “Le agradecemos a Mercado Libre que confíe en Chile, en los chilenos”.

“Usted -en referencia a Meyer- sacó más aplausos con los 1.200 puestos de trabajo que con los US$750 millones, que son muchos recursos, pero eso se refleja después en calidad de vida para emprendedores. Gracias al equipo de Mercado Libre, gracias a ustedes que son emprendedores jóvenes, gracias a todos los que trabajan -en la empresa-“, dijo la máxima autoridad.

La tasa de desocupación nacional fue 8,3% en el trimestre móvil diciembre 2025-febrero 2026, según comunicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este lunes. La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo, levemente menor a la presentada por las personas ocupadas.

En la región Metropolitana, en tanto, el desempleo alcanzó un 8,8%, con un descenso de 0,4 pp. en doce meses.

La informalidad en el país, por su parte, continúa en altos niveles: se ubicó en 26,5%, creciendo 0,4 pp. en doce meses.

Información sobre el empleo en 2025

En una separata técnica de estimaciones anuales, el INE señaló que en 2025 la tasa de desocupación estimada fue 8,6%, registrando una variación positiva de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2024.

El incremento anual de la tasa de desocupación se explicó debido a que el alza de la población ocupada (1,0%) fue menor a la reportada por la fuerza de trabajo (1,1%). Por su parte, la población desocupada creció 2,1%, influida por quienes se encontraban cesantes (1,2%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,1%).

Según sector económico, el aumento de las personas ocupadas fue influido por servicios administrativos y de apoyo (10,6%), alojamiento y servicio de comidas (6,1%) e información y comunicaciones (12,9%).

En un año, las tasas de participación y ocupación aumentaron ambas 0,1 pp., situándose en 62,1% y 56,8%, en cada caso.

Tasa de desocupación nacional en diciembre 2025 – febrero 2026

Conforme al INE, la tasa de desocupación en Chile se ubicó 8,3% durante el trimestre diciembre de 2025 – febrero de 2026.

La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1,0%).

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que las cesantes descendieron 1,1%, sostuvo el INE.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 57,1%, sin variación respecto al mismo período del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%).

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,0%, incidida exclusivamente por las mujeres (2,4%), ya que los hombres no presentaron variación.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por “actividades de salud (8,9%), actividades profesionales (14,8%) y alojamiento y servicio de comidas (9,4%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (5,1%) y personas asalariadas informales (7,5%)”.

Informalidad

El INE detalló que la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,5%, creciendo 0,4 pp. en doce meses.

“En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,0% y 25,4%, con variaciones de 0,7 pp. y 0,2 pp., respectivamente”, agregó.

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en alojamiento y servicio de comidas (20,7%) y comercio (3,3%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por asalariadas privadas (8,7%) y empleadores (28,5%).

Región Metropolitana

Por último, el reporte del INE sostuvo que en la región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre diciembre de 2025 – febrero de 2026 alcanzó un 8,8%, con un descenso de 0,4 pp. en doce meses.

En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 0,5%, “incidida principalmente, según sector económico, por alojamiento y servicio de comidas (15,5%), actividades profesionales (13,3%) e industria manufacturera (5,5%)”.