Camila Flores, senadora de Renovación Nacional, enfrenta una demanda civil ejecutiva en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el no pago de $18,3 millones a una imprenta que proveyó material para su última campaña parlamentaria.

Según lo informado por Radio Biobío, la acción legal, interpuesta por el comerciante Hugo Villar Lara, busca el cobro de una factura emitida en mayo pasado por 40 mil imanes publicitarios.

Debido al fuero que ampara a la legisladora, el Pleno del tribunal de alzada porteño deberá designar a un ministro de fuero para revisar la admisibilidad de la causa antes de iniciar un eventual juicio.

El libelo sostiene que los servicios fueron gestionados mediante intermediarios que pretendían obtener financiamiento de empresarios chinos a cambio de acceso a la autoridad. Aunque la parlamentaria descartó de manera tajante haber instruido la confección de los artículos, registros audiovisuales muestran a su escolta de Carabineros y a parte de su equipo de asesores retirando los calendarios magnéticos desde las dependencias del proveedor en Santiago Centro, utilizando para ello un vehículo con cargo fiscal.

En respuesta a la situación, la senadora Flores afirmó que no existen órdenes de compra ni documentos que acrediten la contratación formal del servicio, asegurando que ejercerá su derecho a defensa en los tribunales.

Funcionarios de la PDI y la Fiscalía llegaron hasta la oficina de la senadora Camila Flores (RN) en el Congreso, en el marco de la investigación en su contra por presunto fraude al fisco, según consigna Ciper Chile.

Con ello se busca incautar antecedentes que permitan avanzar con la indagatoria.

La información fue confirmada desde la mesa del Senado en un comunicado: “Durante la jornada de hoy se efectuó una diligencia judicial en dependencias del Senado, en el marco de una investigación vinculada a la senadora Camila Flores”.

“El Senado de la República, en cumplimiento de su deber constitucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia”, añadieron.

La situación se dio a conocer a comienzos de abril, cuando T13 reveló una denuncia anónima que acusaba a Flores de irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

En detalle, este supuesto mecanismo habría operado durante los períodos legislativos de Flores, con montos que podrían alcanzar los $300 millones, en un contexto que incluye sospechas de fraude al fisco reiterado.

Así, pedía que se entregara en efectivo parte del sueldo de sus colaboradores para “usos personales”. En ese contexto se apunta a la secretaria de la entonces diputada, Yolanda Olfos, como la persona que coordinaba el dinero que daban los asesores y además actuaba como intermediaria.

Dicho método habría sido descrito por los trabajadores del Congreso como la “cuota Flores”.