La normativa incluye, entre otros aspectos, la aplicación de una tarifa recargada, la cual «implicará para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado y constatarse estar en falta».

El diputado independiente de la Democracia Cristiana, Felipe Camaño, votó este miércoles por Jorge Alessandri para ser el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, restándose del acuerdo que tenían los partidos de izquierda con el Partido de la Gente (PDG) para favorecer a Pamela Jiles.

Entre gritos que lo acusaban de ser “traidor” y “un vendido”, Camaño asumió su nuevo cargo como vicepresidente de la Cámara Baja durante la jornada. Y es que su decisión de inclinar la balanza a favor de Alessandri no estuvo exenta de polémica, sobre todo por parte del partido con el que está aliado.

La DC fue uno de los principales partidos que impulsó el acuerdo con el Partido de la Gente para que la Cámara quedara liderada por la oposición al gobierno de José Antonio Kast, llegando incluso a firmar un documento para confirmar que votarían por Jiles.

Héctor Barría no descarta expulsar a Felipe Camaño de la Democracia Cristiana

El presidente del partido, Héctor Barría, criticó duramente al independiente y pidió que saliera de la bancada antes de que el comité de la DC decida si continuará o no en la coalición.

“Antes que nosotros demos a conocer nuestra decisión, esperamos que él tome una decisión de acuerdo al rumbo que ha decidido seguir. Si quiere salir de la bancada, es un tema que él tendrá que resolver. Nosotros esperamos analizar esta situación cuando ya comencemos el trabajo legislativo, el 16 de marzo”, declaró a La Tercera.

En conversación con el medio antes mencionado, no descartó la posibilidad de que Camaño sea expulsado de la bancada.

Agregó que “si el diputado Camaño tuvo la capacidad de cruzar, espero que él también tenga la capacidad de decir ‘yo no pertenezco a esta comunidad’, porque en el comité DC, independiente de que haya votos de minoría, esa minoría acepta el resultado de la mayoría. Él no solamente la desconoció, sino que también acordó un espacio que lo beneficiaba a él, no a la bancada”, sostuvo.

El próximo 11 de marzo no solo marcará el inicio del nuevo gobierno encabezado por el presidente electo José Antonio Kast, sino también el debut de 79 nuevos diputados en la Cámara Baja, en una renovación que supera en número a los legisladores que lograron la reelección en los últimos comicios parlamentarios.

En una radiografía elaborada por Diario Financiero, se mostró que el grupo está compuesto por representantes de 11 partidos políticos, con el Partido Republicano concentrando la mayor proporción, seguido por el Partido de la Gente y la Unión Demócrata Independiente. También habrá presencia del Frente Amplio, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Nacional Libertario, el PPD y Evópoli.

Entre los nuevos diputados electos predomina ampliamente el sexo masculino. El 68% corresponde a hombres, mientras que el 32% son mujeres.

En cuanto a la edad, los debutantes tienen entre 26 y 64 años, con un promedio de 45 años. La mayor concentración se ubica en el tramo entre los 40 y 49 años.

Respecto a la formación académica, los ingenieros y abogados encabezan la lista, cada uno representando el 19% de los nuevos diputados. Los periodistas ocupan el tercer lugar, con un 13% del total.

En términos generales, el 86% de los parlamentarios debutantes cuenta con estudios universitarios. De ellos, el 57% tiene un título profesional, el 40% posee un grado de magíster y el 3% alcanzó el nivel de doctorado. En tanto, un 6% cuenta con formación técnica y un 8% no registra información sobre estudios superiores.

Aunque se trata de parlamentarios que ingresan por primera vez a la Cámara, la mayoría no es ajena a la política. El 87% ha participado anteriormente en procesos electorales y el 53% ejerció algún cargo público, incluyendo concejalías, alcaldías, consejerías regionales e incluso una gobernación.

Además, 11 de los nuevos diputados formaron parte de la Convención Constitucional durante el primer proceso constituyente.

Este martes, el Congreso dio luz verde al proyecto que moderniza la institucionalidad de seguridad a nivel comunal, luego de que la Cámara de Diputados aprobara las enmiendas introducidas por el Senado.

Con esto, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley, abriendo paso a una reestructuración en la manera en que las municipalidades enfrentan la prevención del delito.

Un nuevo marco para la seguridad local

Durante su segundo trámite, la propuesta legislativa sumó un título completo dedicado a redefinir el rol de los municipios en materia de seguridad pública. El texto fija principios orientadores, establece deberes de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y exige que los planes comunales se construyan a partir de estrategias de prevención social, comunitaria y situacional, basadas en indicadores técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La ley también faculta a los gobiernos regionales a participar en la formulación e implementación de estos planes, incluso mediante apoyo financiero para las acciones contempladas.

Además, se formaliza la figura del director o directora de seguridad pública comunal, quien tendrá la misión de coordinar medidas preventivas, orientar a la comunidad y colaborar en la atención a víctimas.

Tecnología para reforzar la prevención

La normativa da un salto hacia herramientas digitales y de inteligencia operativa. Entre los instrumentos autorizados se encuentran sistemas de televigilancia, aeronaves no tripuladas, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos.

Estos recursos deberán registrarse ante el Ministerio Público y Carabineros, y solo podrán usarse con fines preventivos, bajo estrictos estándares de manejo de información.

El texto también habilita el uso de aplicaciones de alerta ciudadana y servicios tecnológicos administrados por privados, siempre que su contratación siga la ley de compras públicas.

Toda información recabada deberá ser enviada a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a las policías para apoyar la planificación local.

La ley también actualiza las funciones de los consejos comunales e intercomunales de seguridad, ampliando su composición y reforzando la articulación con Carabineros y organismos de emergencia.

La nueva versión incorpora a la seremi de Seguridad Pública y habilita al consejo para establecer reglas internas a través de acuerdos formales.

Reglas más estrictas para organizaciones comunitarias

Asimismo, se fijó controles adicionales sobre organizaciones vecinales que participen en labores de prevención del delito.

Ninguno de sus miembros podrá tener condenas por violencia intrafamiliar ni sanciones asociadas a la Ley de Seguridad en los Estadios.

Además, se les prohíbe la autotutela y el porte de armas, dejando claro que sus funciones no reemplazan a las inspectorías municipales.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto que busca modificar la ley 21.325 de Migración y Extranjería para restringir beneficios fiscales a migrantes irregulares.

La iniciativa, que surgió tras una moción del diputado Juan Fuenzalida (UDI) propone que “la inscripción de extranjeros en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace, requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación”.

Entre los fundamentos del proyecto, se apunta a los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones, que dieron a conocer un “crecimiento de más del 3.000% de la población irregular, entre 2018 y 2023, alcanzando las 336.984 personas”.

También se apela al impacto de la migración irregular en la seguridad.

En esa línea, el texto indica que se deberá priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo “en favor de los nacionales, frente a extranjeros en condición migratoria irregular. Esto, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo de ‘De los principios fundamentales de protección’ de la ley de Migración”.

Junto con ello, señala que para postular y acceder a beneficios sociales, los extranjeros deberán contar con carnet vigente. Mientras que en los casos de beneficios relacionados con aportes económicos directos, como subsidios habitacionales o arriendo, también será necesario tener residencia definitiva.

Adicionalmente, “prohíbe la entrega de un número identificatorio de carácter temporal o permanente a extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no habilitados”.

Por Michel Nahas Miranda

13.06.2025 / 08:09

Aunque se le acusó de permanecer más tiempo en el celular durante una exposición clave, el registro mostró que fueron 9 minutos y 52 segundos.