El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) confirmó este miércoles la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aplaudió la medida, asegurando que responde a que el Gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado “de buena fe” con Washington.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que Trump ordenó al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) aplicar los gravámenes y sostuvo que “no debe haber confusión” sobre el motivo de la medida. Según dijo, Lula ha antepuesto “su propio ego” durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó además que las políticas económicas del mandatario brasileño son “malas para los estadounidenses y malas para los brasileños” y responsabilizó al Gobierno de Brasil de no haber logrado un entendimiento comercial con Estados Unidos.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.

His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

El embajador y representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.

Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.

Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.

La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones.

Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.

Brasil activa su ley de reciprocidad contra aranceles de EEUU

En respuesta, el Gobierno de Brasil anunció que iniciará “inmediatamente” los trámites para aplicar la ley de reciprocidad contra los aranceles del 25% decretados por EEUU.

“El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable”, señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.

La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de “imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”.

“No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil”, aseveró el comunicado.

Brasil informó entonces que “iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad”, y que “volverá a plantear el asunto en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) inició hace un año una investigación y concluyó que varias prácticas del Gobierno brasileño son “irrazonables” y restringen el comercio estadounidense.

Entre esas políticas citó el sistema electrónico de pagos automáticos (PIX), la aplicación de las normas para combatir la corrupción, las leyes de protección de la producción intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.

“Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio”, sostuvo.

Además, el texto recordó que, en 2025, un 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos entraron en Brasil sin pagar aranceles de importación, y que el gravamen medio aplicado efectivamente a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1%.

El Gobierno de Lula subrayó también que nunca ha abandonado la mesa de negociación a lo largo del último año, periodo durante el cual asegura que presentó “pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales”.

El Ejecutivo brasileño también salió en defensa de su sistema de pagos PIX y de la regulación de las redes sociales, y garantizó que no renunciará “a proteger a las familias y a los niños frente a la codicia de un puñado de ‘tecnooligarcas»”.

Gobierno de Lula culpa de familia Bolsonaro por aranceles de EEUU

Igualmente, el comunicado acusó de ‘tarifazo’ a las maniobras de la familia Bolsonaro, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que se perfilan como un pulso entre Lula y el hijo mayor del líder ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.

“Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro”, señaló la nota del Gobierno.

Y completó: “Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales.

Bolsonaro, actualmente, cumple en casa una pena de veintisiete años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra Lula.

Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del exmadatario ultraderechista, también fue condenado el mes pasado por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre por golpismo.

Por último, Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump en la que pidió el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones ante el temor de que la medida favorezca a Lula.

“No se puede amar a Brasil solo cuando se ganan las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y de todas las tendencias. El Gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”, respondió el Ejecutivo de Lula.

Un ranking elaborado por Visual Capitalist, con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de Our World in Data, muestra cuántas horas debe trabajar en promedio una persona en distintos países para reunir US$1.000 (casi 1 millón de pesos chilenos).

Chile aparece en el puesto seis de 38 economías analizadas, con 51 horas necesarias —una cifra empatada con la de Hungría—, lo que lo posiciona como el mejor ubicado entre los países latinoamericanos incluidos en el estudio.

Chile, primero de la región, pero lejos del podio mundial

Pese a encabezar la tabla regional, la distancia entre Chile y los países mejor ubicados del ranking global es considerable. En Luxemburgo e Islandia, los trabajadores necesitan apenas 16 horas para ganar esa misma cantidad, lo que implica que un trabajador chileno debe destinar más del triple de tiempo para alcanzar el mismo ingreso.

Otros países latinoamericanos quedaron peor posicionados que Chile. Colombia encabeza el listado mundial de países donde se requiere más tiempo de trabajo para llegar a los US$1.000, con 86 horas en promedio. Le sigue México, en el segundo lugar global, con 78 horas, y Costa Rica, en el cuarto puesto, con 53 horas.

El informe atribuye el mejor desempeño de países como Luxemburgo a la fuerte presencia de empleos en los sectores de servicios financieros y profesionales, mientras que en naciones nórdicas como Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia destaca la combinación de salarios altos con economías avanzadas y de alta productividad, además de sistemas tributarios progresivos y una fuerte inversión pública en educación y protección social.

La productividad, el factor determinante

De acuerdo con el análisis, la brecha entre los países mejor y peor ubicados del ranking responde principalmente a diferencias de productividad y al menor crecimiento salarial en las economías rezagadas, a lo que se suman factores como la informalidad laboral y el acceso limitado al capital.

En ese sentido, un informe de Our World in Data citado en el estudio sostiene que el principal impulsor tanto del aumento de los ingresos como de la reducción de las horas trabajadas es, justamente, el crecimiento de la productividad.

José Luis Ruiz, académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN UChile), coincide en ese diagnóstico para el caso chileno. Consultado por BioBioChile sobre qué explica que Chile lidere la región, pero se mantenga tan alejado de países como Luxemburgo o del resto de la OCDE, responde: “Uno de los grandes desafíos que enfrenta la economía chilena es mejorar la calidad de los trabajos y los salarios de las personas”.

“La gran diferencia que se muestra con el resto de los países más desarrollados se asocia a la falta de productividad que ocurre en la fuerza laboral chilena, donde los programas de capacitación y entrenamiento son claves para lograr este objetivo, junto con contar con las destrezas que se requieren para los puestos de trabajo”, agregó.

“Lo anterior también ha sido evidenciado en programas que comparan contextos entre países, por ejemplo, los reportes de competitividad entre economías que plantea el Foro Económico Mundial, donde, si bien es cierto que Chile puede liderar los rankings de Latinoamérica, las brechas todavía son muy amplias con los principales países de la OCDE”, explicó a BioBioChile.

¿Es posible bajar de 51 a 30 horas en una década?

BioBioChile también le consultó a Ruiz qué políticas concretas —en materia de productividad, salario mínimo o educación técnica, entre otras— podrían ser más efectivas, según la evidencia comparada, si Chile se propusiera reducir de 51 a 30 las horas necesarias para ganar US$1.000 en la próxima década.

“Este es un desafío que sin lugar a dudas tendría impactos positivos en el crecimiento económico si se logra mejorar la capacitación y la calidad de los empleos”, dijo. “Por lo tanto, es una de las metas que han tratado de avanzar distintos gobiernos, pero que en la práctica se han topado con estas brechas de productividad, que explican los menores salarios o el mayor número de horas que se requieren para alcanzar un objetivo comparable de poder adquisitivo”, añadió el académico de FEN UChile.

Para Ruiz, cerrar esa distancia requiere sostener en el tiempo los esfuerzos en formación de capital humano y en el desarrollo de las competencias que demanda el mercado laboral actual, en línea con lo que —según señaló— ya han intentado impulsar distintas administraciones sin lograr aún resultados que permitan una convergencia real con las economías más desarrolladas.

El resto del mundo

El listado completo de Visual Capitalist —que abarca 38 economías, en su mayoría de la OCDE— ayuda a matizar la lectura de Latinoamérica versus el resto del mundo.

Grecia, por ejemplo, ocupa el tercer lugar entre los países donde más cuesta reunir US$1.000, con 60 horas, una cifra que la deja peor situada que Costa Rica, Hungría o el propio Chile, pese a formar parte de la Unión Europea. Le siguen en la parte baja de la tabla Chequia, Eslovaquia, Portugal y Polonia, todas con más de 40 horas requeridas, lo que muestra que el atraso salarial no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, sino que también atraviesa a varias economías de Europa del Este y del sur del continente.

En Estados Unidos, los trabajadores necesitan cerca de 22 horas para llegar a los US$1.000, un nivel que lo sitúa entre los países con ingresos comparativamente altos dentro de la OCDE, aunque todavía por debajo de varias economías europeas como Alemania, Austria, Dinamarca o Suiza.

A esto se suma el panorama descrito por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en su informe más reciente registró un alza de 2,2% en la productividad por hora de la región durante 2024, aunque a un ritmo todavía menor que el del resto del mundo. Ese año, Chile fue uno de los países con mejor desempeño relativo, con un crecimiento de productividad laboral de 3,3%, por detrás de economías como Guyana —impulsada por su auge petrolero—, Belice, Brasil, Barbados y San Vicente y las Granadinas.

En ese escenario, el desafío que plantea Ruiz —mejorar la calidad de los empleos y cerrar la brecha de productividad respecto de la OCDE— aparece como la variable clave para que Chile no solo mantenga el liderazgo regional en este ranking, sino que además logre acercarse de manera sostenida a países que, aun dentro de Europa, todavía están lejos de Luxemburgo o los países nórdicos.

El presidente José Antonio Kast instó a los Gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay a poner como “prioridad” la construcción del corredor bioceánico en pro del comercio regional, luego de su debut en el Mercosur, del que Chile es país asociado..

El proyecto apunta a conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red de carreteras, y busca abrir, según dijo, una “nueva perspectiva” de unión regional.

El Corredor Bioceánico Vial es un trazado vial de unos 2.400 kilómetros que partirá desde el centro oeste de Brasil, atravesará el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy, y concluirá en los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, en el norte de Chile.

Kast insta a Brasil, Argentina y Paraguay a poner como “prioridad” el corredor bioceánico

“Hacemos los votos para que todos los países puedan llegar a tiempo con las obras civiles que se requieren para que no falte ningún puente”, afirmó ayer miércoles el Mandatario durante una reunión en el Congreso de Paraguay, a la que acudió tras reunirse con su homólogo anfitrión, Santiago Peña.

Kast, quien realizó su primera visita oficial a Paraguay desde que llegó al poder en marzo pasado, aseguró que la conclusión del corredor bioceánico “va a requerir el esfuerzo de todos” para que en cada nación “ponga la prioridad” en la ejecución de las obras.

En ese sentido, refirió que el corredor “abre una nueva perspectiva” de unión para los países involucrados, que forjará redes para impulsar el comercio regional.

Tras su intervención en el Congreso, Kast se trasladó al Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción, y ofreció una conferencia de prensa conjunta con Peña, quien destacó que el corredor bioceánico permitirá a Paraguay acercarse a los mercados de Asia a través de los puertos chilenos.

Kast llegó el lunes a Paraguay para participar en la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, del que Chile es país asociado.

El jefe de Estado concluyó ayer miércoles su visita a Paraguay y su agenda de este jueves continuará en Uruguay.

El megapuerto de Chancay en Perú -a 80 kilómetros de Lima- ya opera desde hace un año y medio, consolidando su posición como segundo puerto con mayor movimiento de TEU (contenedores de 20 pies) en el vecino país, solo por detrás del Callao, y avanzando en su plan de convertirse en un nodo logístico clave para el comercio exterior del Pacífico Sur.

La infraestructura portuaria fue gestionada por Perú en conjunto con China y la compañía Cosco Shipping Ports, fortaleciendo la relación comercial entre ambos países.

Pero ahora el Ejecutivo peruano va por otro objetivo: la India, a quien ya le ofreció el megapuerto de Corío, para asegurar el flujo de minerales -entre ellos el cobre y el litio- hacia ese mercado.

Al igual que Chile, en la tierra de los incas están realizando las gestiones para ampliar sus lazos con Nueva Delhi.

Perú ofrece a empresas indias megapuerto para asegurar flujo de minerales

El Gobierno de Perú ha intensificado sus contactos con empresas de la India para atraer capitales hacia el megapuerto de Corío, un terminal con una profundidad natural de 28 metros capaz de recibir a los buques de mayor calado para asegurar el flujo de minerales hacia el mercado indio.

“Estamos hablando con varias empresas indias y el proyecto está siendo evaluado”, confirmó a la Agencia EFE el embajador del Perú en la India, Javier Paulinich, quien explicó que el objetivo es que los inversionistas se integren en el proyecto una vez concluido el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.

Ubicado en Punta de Bombón, en la región de Arequipa, Corío proyecta una capacidad de carga de 100 millones de toneladas anuales. Según la propuesta presentada a los grupos empresariales locales, el terminal daría salida al cobre y oro del sur peruano, al litio de Bolivia y del “triángulo del litio” (Chile y Argentina), al cobre del norte chileno y a la producción agrícola de Brasil y Argentina.

“Esto le otorga a la India una oportunidad para establecer su propia plataforma logística en la costa del Pacífico de América del Sur, asegurando un acceso directo a minerales críticos y productos agrícolas de todo el continente”, agregó el diplomático.

Diferencia con Chancay

Frente al puerto de Chancay, inaugurado en 2024 con participación de la estatal china Cosco, Paulinich subrayó que Corío se ha diseñado como un proyecto íntegramente privado. Esta estructura permitiría a los operadores indios gestionar sus flujos logísticos en el Pacífico sin depender de infraestructuras con participación de terceros Estados.

Según datos de la base COMTRADE de las Naciones Unidas, las importaciones de la India desde Perú alcanzaron los 4.690 millones de dólares en 2024, de las cuales más del 90% fueron metales preciosos. Perú es actualmente el segundo exportador mundial de plata y cobre, insumos que Nueva Delhi requiere para su industria de semiconductores y vehículos eléctricos.

El proyecto, que se ubicará en la provincia de Islay, se reactivó en noviembre de la mano de la agencia ProInversión, que suscribió un convenio con el gobierno regional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La obra requiere una inversión estimada de 7.000 millones de dólares y se encuentra en fase de evaluación técnica para definir el esquema de concesión definitiva.

El pasado febrero, la India ya firmó con Brasil un pacto para la exploración conjunta de minerales, mientras que el Gobierno de Narendra Modi ultima la ampliación de su acuerdo comercial con Chile para asegurar el acceso al litio.