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Bolivia pide a la CIDH una evaluación “equilibrada” del impacto humanitario de los bloqueos tras casi un mes de protestas

(EFE).- La posibilidad de adelantar en Bolivia un referéndum revocatorio para decidir la permanencia del presidente Rodrigo Paz emerge como una alternativa a la crisis política y social provocada por un mes de protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la salida del mandatario.

Una iniciativa de diálogo impulsada por el Parlamento, la iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos se truncó tras la reciente decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) y la federación de campesinos de La Paz de no reunirse con el Gobierno e insistir en la renuncia del mandatario como su “única” demanda.

Otros sectores de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) tampoco quieren dialogar. Alegan que votaron por Paz en los comicios de 2025 y le acusan de marginarlos del Gobierno, además de querer privatizar empresas y servicios, lo que niega el Ejecutivo.

Los bloqueos, que comenzaron el 6 de mayo, han dejado aisladas a La Paz y El Alto y en las últimas semanas se extendieron a otras regiones bolivianas, sin que hayan tenido éxito los dos intentos de desbloqueo realizados por policías y militares.

Una de las alternativas planteadas para resolver el conflicto fue la aplicación de un estado de excepción “sectorializado”, aunque el Gobierno ha insistido en que es su “última opción”.

Ante la falta de diálogo y soluciones, surgió la propuesta de convocar a un referéndum revocatorio “extraordinario” para el presidente, vicepresidente y parlamentarios como una fórmula “constitucional” para salir de la crisis.

La Constitución boliviana establece que el referéndum revocatorio se puede realizar cuando las autoridades llegan a la mitad de su mandato de cinco años.

Adelantar el referéndum

El diputado Carlos Alarcón, promotor de esta iniciativa, explicó a EFE que su propuesta “excepcional” busca convocar a una consulta popular en los próximos 90 a 120 días.

“Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto”, indicó Alarcón, de la alianza Unidad, aunque el parlamentario aclaró que es una propuesta “a título personal” y no de esa fuerza afín a Paz.

Según Alarcón, si el referéndum favorece a Paz, al margen de su permanencia en la Presidencia hasta 2030, se debería apuntar también a la construcción de acuerdos para una “agenda básica” de leyes para reformar el sistema político y económico del país.

En caso de que el mandatario no obtenga respaldo, se debería convocar a comicios y planificar un nuevo proceso electoral en los meses siguientes, agregó.

Esta posición fue respaldada por el excandidato presidencial y exlegislador Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Evo Morales, quien sostuvo que “adelantar el referéndum” es una opción para “evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica”.

Sin embargo, los sectores leales a Morales expresaron su rechazo a esa propuesta y reiteraron que la renuncia de Paz es la “única salida” a la crisis.

El analista Marcelo Silva señaló a EFE que el principal error del Gobierno fue su “inacción” al permitir que el conflicto se agravara y, además, las escasas respuestas que dio para apoyar a la población afectada por los bloqueos.

Silva afirmó que el conflicto ya “tiene un costo político” para Paz, porque ahora el Gobierno “es parte del problema”, por lo que consideró que el presidente podría verse obligado en el corto plazo a evaluar su renuncia.

A su juicio, si el Ejecutivo logra superar esta crisis, deberá analizar una “terminación digna” de su mandato, ya sea mediante un acortamiento del periodo presidencial o sometiéndose a un referéndum revocatorio.

Paz dijo el lunes que “pronto” habrá una solución al conflicto, aunque no explicó en qué consistirá, mientras que los sectores movilizados instruyeron mantenerse en la “lucha” y prometieron habilitar un “paso humanitario” para garantizar la provisión de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal a los hospitales.

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Proponen un referéndum revocatorio para definir la continuidad del presidente Rodrigo Paz

(EFE)- La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva norma, que anuló la ley 1341 que rigió desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el “estado de excepción”.

La sesión, que duró más de cinco horas, se efectuó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.

El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tuvo el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.

Según Alarcón, esa norma resguardaba a los “grupos violentos que se atribuyen la representación del pueblo”, por lo que su abrogación da mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas cuando la Policía se ve rebasada.

El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.

Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones y cortes de carreteras desde hace tres semanas impulsada por sindicatos campesinos, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.

El Gobierno de Paz ha asegurado que la declaración del estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera. La Paz y la ciudad vecina de El Alto concentran las protestas callejeras y bloqueos de carreteras que realizan los sectores que exigen la renuncia de Paz, que lleva poco más de seis meses en el Gobierno.

Algunas manifestaciones ocurridas la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos de oficinas públicas y privadas, además de pequeños negocios, agresiones a periodistas y a personas que cuestionaron las protestas.

Los bloqueos, que se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre por un disparo en medio de un operativo y disturbios registrados el sábado para despejar una carretera troncal, mientras que las autoridades denuncian que los cortes de rutas han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

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Congreso de Bolivia elimina restricciones al uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de protestas

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“La única forma de ganar hoy día no será la bala”

(CNN Español) — Bolivia lleva 20 días de protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien muchos grupos campesinos y obreros exigen la renuncia. Mientras, el mandatario apuesta por el diálogo, pero analistas no descartan que tenga sobre la mesa la posibilidad de militarizar el conflicto con una eventual declaración de estado de excepción, en una crisis que ya causa preocupación en Estados Unidos y otros aliados regionales.

Históricamente, el país altiplánico ha mostrado una enorme capacidad de presión callejera a través de bloqueos de pistas y movilización territorial. Esta vez, ocurre cuando el mandatario, que venció en segunda vuelta a un candidato más ligado al neoliberalismo, lleva apenas seis meses en el cargo con varios frentes económicos que exigían respuestas urgentes.

“El manejo político ha sido deficiente”, consideró el politólogo José Orlanda Peralta, investigador de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz). “Paz tiene legitimidad para tomar decisiones, pero hubo muchas promesas que no ha ido cumpliendo de manera sistemática. El Gobierno no ha tenido capacidad para trabajar de acuerdo con los tiempos, ha sido timorato y pusilánime a la hora de decidir. Todo contribuye a una tormenta perfecta”, dijo a CNN.

La crisis social viene siendo comparada con el estallido de 2003, que acabó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, poco antes de que comience el ciclo hegemónico del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el exmandatario Evo Morales (2006-2019). Para Peralta, ese escenario también tenía una acumulación de demandas sociales, pero con una agenda política más definida y con liderazgos fuertes y claros. “Ahora el problema del Gobierno es que dialoga con unos y luego aparecen otros dirigentes”, comentó.

Las protestas están alentadas por campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales. Al reclamo, que comenzó con demandas salariales frente a una inflación interanual que todavía ronda el 15 %, se sumaron transportistas, sindicatos y organizaciones indígenas, que rechazan las medidas de austeridad.

Falta de cintura política

“Es habitual que haya una serie de movilizaciones y bloqueos, prácticamente desde el inicio de la democracia (1982) como una forma de sabotaje bajo presión política, pero las circunstancias actuales son especiales”, dijo a CNN el sociólogo y especialista en políticas públicas Franco Gamboa. “El hecho de que el presidente haya ganado en segunda vuelta, que no haya podido armar una coalición de Gobierno para el control del Legislativo y no esté tomando decisiones adecuadas en lo económico mantienen un vacío de poder”, consideró.

Bolivia arrastra desde hace años un deterioro estructural de su economía, con caída de reservas internacionales, menor producción de gas natural y escasez de divisas, lo que desencadenó en falta de combustibles mucho antes de los bloqueos de carreteras. El panorama político tampoco es estable: ante la caída del MAS en una guerra interna y un gran fracaso electoral sin la participación de Morales, varios sindicatos y movimientos populares quedaron huérfanos de representación.

Para Gamboa, las demandas económicas y los reclamos políticos “van de la mano”. En ese sentido, destacó que Paz desatendió “otro componente, una regla informal: la cooptación de dirigentes”. Según analizó, el mandatario cortó esos espacios por falta de financiamiento y no supo cómo seguir atendiendo a sectores ahora excluidos.

Gamboa, quien da un balance negativo al primer semestre de Paz, dijo que el mandatario “se equivocó rotundamente con adelantar algunas medidas”, como la ley 1720 de reconversión de tierras, que fue eliminada en los últimos días como respuesta a las protestas, o la abrogación de un decreto económico en enero que era rechazado parcialmente por la Central Obrera Boliviana. Según el analista, el Gobierno desaprovechó la legitimidad del triunfo electoral con errores propios como el escándalo del combustible adulterado.

“Era el primer gobierno después de 30 años que logra un gasolinazo y la gente estaba de acuerdo, estaba pagando el costo del mercado. Las decisiones erráticas destruyeron la capacidad de tomar previsiones, con una excesiva confianza en un círculo incompetente de asesores”, aseguró Gamboa.

Apuesta por el diálogo, pero con límites

Hasta ahora, el libreto de Paz Pereira ha sido el de tratar de resistir y eventualmente ceder ante las presiones sociales. Ya renunció un ministro de Trabajo y el fin de semana el presidente dijo que va “a extremar todos los esfuerzos” para el diálogo, aunque remarcó que “todo tiene un límite”, en entrevista con el canal TN, afiliado a CNN. El operativo del Gobierno para desbloquear una carretera el sábado fue un fracaso: derivó en enfrentamientos, disturbios y el corte de ruta continúa en pie. Consultado por un eventual estado de sitio, dijo que más adelante tomará “las decisiones que haya que tomar”.

El analista Gamboa señaló que Paz “quiere mostrarse plenamente democrático, no identificarse con el autoritarismo”, pero puso en duda la eficacia de su estrategia. “Lo que no está pudiendo es construir una imagen de país, una capacidad de reestructuración estatal a largo plazo. Está tomando decisiones cortoplacistas que no son efectivas. En la perspectiva de preservar el diálogo, está cayendo en el chantaje”, consideró.

El Gobierno todavía cuenta con sectores que lo respaldan o que rechazan los bloqueos. En la última semana hubo contramarchas lideradas por comités cívicos regionales y en algunas participaron autoridades locales, universitarios, comerciantes, plataformas ciudadanas, productores agrícolas y transportistas. Pero Peralta subrayó que el margen es muy limitado. “Tiene los medios de comunicación a su favor, con sectores productivos y empresariales que apoyan la investidura y el principio constitucional de continuidad del Gobierno. Pero en caso de que se solucione con el diálogo, va a seguir teniendo el problema en el parlamento (donde su bancada es minoría). Todo lo tiene en contra”, destacó.

Paz, según Gamboa, tiene dos alternativas: “Seguir aguantando el asedio o los bloqueos, que tarde o temprano lo van a derrumbar; o imponer la autoridad legítima por la fuerza, pero para ello tiene que presentar una visión de país de reconstrucción, que garantice estabilidad económica”. Sobre la segunda opción, el sociólogo reconoció que conlleva un riesgo grande. “Es suicida convocar a las Fuerzas Armadas, pero políticamente es la vía correcta para retomar el control”, agregó.

En tanto, Peralta destacó que si se producen nuevas muertes en el marco de los conflictos sociales, la situación se agravaría considerablemente, y no consideró tan claro que el presidente cuente con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales para un escenario de mayor presión.

De todos modos, la opción aparece ahora con más posibilidades. El Senado aprobó sorpresivamente el domingo una ley que deroga la normativa de 2020 que fijaba regulaciones (plazos, causales, rendición de cuentas y responsabilidades penales) sobre el estado de excepción. Si el proyecto avanza en Diputados, el presidente podrá decretarlo sin autorización del legislativo. Actualmente, si Paz quiere jugar esa carta y no recibe el apoyo del Congreso, se vería aún más debilitado.

El rol de Evo

Evo Morales, resguardado en la provincia del Chapare con una orden de captura por cargos de presunta trata de personas que el líder cocalero rechaza, también dijo el domingo en X que a Paz le quedan dos salidas, aunque con otro matiz. “Una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, (…) para evitar conflictos con muertos y heridos”.

“Evo está atrincherado pero tiene mucha capacidad organizativa. No es como hace cinco años, pero desde el Chapare sigue incidiendo en la gente que se moviliza, traza líneas discursivas que la gente obedece”, dijo Peralta.

Para Gamboa, la derrota electoral “no ha significado una derrota política”, y aseguró que hoy no es viable detener al líder opositor. “Hay demasiada convulsión, puede ser contraproducente”, opinó.

También está en la mira de la Justicia el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, quien se continúa pronunciando desde la clandestinidad luego de haber sido acusado por el Gobierno por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, por llamar a las protestas. El sindicalista llamó a mantener las movilizaciones por las “reivindicaciones” de los sectores. Por ello también es que dirigentes opositores cuestionan los llamados al diálogo mientras algunos líderes son perseguidos.

El eslabón más débil

La crisis también empieza a preocupar a nivel regional. Paz recibió el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que aseguró que está enviando alimentos y apoyo logístico para las poblaciones que sufren desabastecimiento. Como miembro del Escudo de las Américas, bloque impulsado por Donald Trump en una cumbre en Miami, la fragilidad de Bolivia es seguida con atención por sus aliados, que emitieron un comunicado con “profunda preocupación”.

“Es el eslabón más débil (del grupo), no solo por la ingobernabilidad, también por la situación económica”, dijo Gamboa, y repasó la importancia de Bolivia para los minerales estratégicos como el litio. “Es lo que les preocupa (a los otros países), porque se necesita estabilidad para la extracción. Si eventualmente cae, se rompe la continuidad democrática, no podrían aprovechar las grandes reservas y eso perjudica la estrategia geopolítica”, apuntó.

El analista agregó que el apoyo es más discursivo que material, y que la supervivencia de Paz no pasa por el respaldo internacional, sino por la capacidad de tomar las riendas dentro del país. “Están en contra el tiempo y los recursos políticos. El contexto internacional, por más que los aliados apoyen, no significa nada para retomar el control de la gobernabilidad”, agregó.

En el inicio de la cuarta semana de protestas, Paz deberá mostrar definiciones sobre si mantiene la estrategia de diálogo o apuesta por otro libreto, mientras las tensiones no dan señales de desescalada.

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