(EFE).- El Gobierno de Bolivia pidió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúe de forma “equilibrada y completa” la crisis derivada de casi un mes de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que dejan al menos diez muertos, luego de que el organismo expresara su preocupación por el impacto sobre los derechos humanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores valoró que la CIDH reconociera que los bloqueos “generan afectaciones sobre derechos fundamentales de la población” en el acceso a salud, alimentos, medicamentos y otros servicios, aunque insistió en que también deben considerarse los resultados de las investigaciones oficiales en curso.

“Sin perjuicio de ello, el Estado considera necesario que toda evaluación sobre la situación incorpore de manera equilibrada y completa las afectaciones humanitarias derivadas de los bloqueos prolongados, así como los resultados de las investigaciones oficiales en curso, a fin de contribuir a una comprensión integral de los hechos”, señaló en un comunicado.

Asimismo, afirmó que reconocer el impacto humanitario de los bloqueos “exige una visión integral que resguarde simultáneamente las libertades democráticas y los derechos de la población en su conjunto”.

Los cortes de ruta que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

Durante los conflictos han muerto al menos diez personas, siete de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos citados por la CIDH y la Defensoría del Pueblo.

En su comunicado publicado el martes, la CIDH también instó a las partes a “priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”.

La Cancillería afirmó que el Estado reconoce y respeta “el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión como pilares esenciales de toda sociedad democrática”, aunque sostuvo que esas manifestaciones no pueden derivar en acciones que provoquen “afectaciones graves y desproporcionadas” a la población ni en hechos de violencia.

El Gobierno también aseguró que ha privilegiado “de manera permanente” el diálogo y la concertación para resolver el conflicto y señaló que las muertes reportadas durante las protestas son investigadas por las autoridades competentes.