El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y liberó una parte del paquete de 20.000 millones que el organismo comprometió con el gobierno de Javier Milei el año pasado.

Además del visto bueno a nivel técnico, el memorando de políticas económicas que acompañó esa decisión dejó al descubierto una hoja de ruta de los compromisos que el gobierno libertario asumió ante el organismo para sus próximos dos años de gestión.

Una agenda ambiciosa que incluye una reforma tributaria, un presupuesto atado al déficit cero y un sistema previsional que no se tocará hasta después de las elecciones y genera dudas sobre su sostenibilidad.

Un sistema con más de 155 impuestos en la mira

El compromiso más concreto del gobierno en el documento es la presentación de una reforma tributaria antes de fin de año. La iniciativa deberá apuntar a mejorar la eficiencia y simplificar un sistema que el propio FMI califica de “complejo, altamente distorsivo e inestable”.

Argentina cuenta con más de 155 impuestos, y más de un 25% de su recaudación depende de tributos considerados distorsivos, como los derechos de exportación, el impuesto sobre las transacciones financieras y sobre los Ingresos Brutos (IIBB), que se aplica en cascada sobre cada etapa de la cadena productiva y que recaudan las provincias.

Con ese diagnóstico, el FMI elaboró una lista de recomendaciones: reducir las exenciones impositivas con las que cuentan determinados sectores económicos, ampliar la base del impuesto a las ganancias para que más contribuyentes tributen, aumentar el monotributo (un régimen simplificado que usan trabajadores independientes y pequeños negocios), simplificar el impuesto corporativo para reducir la carga sobre las empresas, eliminar gradualmente las retenciones al sector agropecuario y el impuesto al cheque.

A más largo plazo, propone que las provincias reemplacen Ingresos Brutos por un esquema de IVA compartido entre la nación y las provincias, similar al que funciona en India o Brasil.

Esta semana, como señal en esa dirección, el gobierno presentó un cronograma de bajas de derechos de exportación para el campo y la industria. El FMI estimó que eliminar las retenciones podría aumentar las exportaciones agroindustriales cerca de un 10%, sumar unos 5.000 millones de dólares anuales en divisas y elevar el PIB alrededor de 0,4 puntos porcentuales.

Déficit cero

Un compromiso central del acuerdo es el envío de un Presupuesto 2027 consistente con la regla de déficit cero, una meta que el gobierno viene cumpliendo —en abril registró superávit financiero para el sector público no financiero— pero que enfrenta desafíos a medida que avanza el año.

“El déficit cero es posible de mantener, pero requiere de un esfuerzo constante para que la recaudación no pare de caer”, advierte a BioBioChile Lucio Garay, economista de la consultora Ecogo. Las principales debilidades, según el economista, son la fragilidad de la actividad económica y del mercado laboral.

“La recaudación no solo no repunta, al igual que la actividad, sino que además el Ejecutivo la fuerza constantemente, como con la baja de alícuotas en Derechos de Exportación, tributo que va en su totalidad a Nación. En paralelo, el mismo Ministro de Economía reconoció que era difícil seguir generando superávit vía un mayor ajuste del gasto”, agrega.

El FMI también alertó sobre las reservas internacionales: la posición neta negativa ronda los 10.000 millones de dólares, y el organismo proyecta que los pagos de Argentina al Fondo alcanzarán el 18% de las reservas brutas del Banco Central en 2027.

“En el segundo semestre del año, la oferta de dólares es estacionalmente más baja y el contexto electoral puede incentivar al Banco Central a vender divisas para sostener el tipo de cambio como ancla cambiaria, que es hoy su principal arma contra la inflación”, dice Garay.

Las jubilaciones, para después de las elecciones

Otro de los puntos políticamente sensibles del documento es la definición sobre el sistema previsional. El gobierno dejó asentado en el memorando que no avanzará con una reforma estructural del sistema de pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

La lógica oficial es que la reforma previsional requiere primero una mayor formalización laboral —que esperan que llegue con la implementación de la Ley de Modernización Laboral— y luego una reforma tributaria que impulse el crecimiento del sector privado. Una vez aplicadas las reformas, planean comenzar a diseñar cambios al sistema previsional.

En el informe de evaluación del programa económico, el FMI había advertido que el gasto en pensiones representa aproximadamente el 45% del presupuesto federal y que se proyecta que aumente aún más a medida que avancen las presiones demográficas.

Para Garay, postergar la reforma hasta después de 2027 es un pragmatismo político: “El costo político es mucho mayor que el costo que pueda tener el gobierno por seguir sumando jubilaciones a pagar”.

¿Qué puede aprender Chile?

El caso argentino llega en un momento en que Chile tramita su propia reforma tributaria. El gobierno de José Antonio Kast impulsa una megarreforma de 40 medidas que ya superó su primer trámite legislativo, pero que enfrenta advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El debate chileno tiene otro signo: mientras Argentina busca simplificar y reducir impuestos distorsivos para recuperar competitividad, Chile discute una rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% como motor de crecimiento, sin medidas recaudatorias que compensen la caída de ingresos.

“Argentina intentó ordenar primero el déficit fiscal y después encarar las reformas estructurales. Ese orden importa”, explica a este portal un empresario que prefiere no revelar su identidad; “la simplificación del sistema tributario es un proceso que toma tiempo y genera resistencias políticas. La reforma previsional, por su parte, requiere condiciones previas de formalidad laboral que tampoco se construyen de la noche a la mañana”.

El magnate tecnológico germano-estadounidense Peter Thiel está echando “nuevas raíces” en Argentina, donde ha comprado propiedades y trasladado a su familia, por su preocupación con el rumbo político de Estados Unidos, según reportó este jueves The New York Times.

Thiel, de 58 años, cofundador de PayPal, Palantir y conocido donante republicano, recientemente se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, compró una mansión en Buenos Aires y organizó un evento social allí, dijeron al diario funcionarios y personas cercanas al empresario.

Peter Thiel está “echando raíces” en Argentina

“Sus nuevas raíces en Argentina están parcialmente motivadas por su preocupación con el rumbo de EEUU, dijeron fuentes conocedoras de sus ideas, particularmente de California, donde una iniciativa en las elecciones de noviembre puede llevar a un importante impuesto a los multimillonarios”, indica la nota.

Thiel ha reubicado temporalmente a su familia en Argentina, ha matriculado a sus hijos en una escuela local y también ha comprado un terreno en Uruguay, agrega el diario. Además, se le vio jugando en un club de ajedrez en Buenos Aires.

Respecto a sus contactos con el Gobierno argentino, además de Milei, también se ha reunido con el ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger, y el de Economía, Luis Caputo, además de economistas reconocidos del país.

Como anécdota, el rotativo señala que en una reciente velada con economistas la conversación acabó derivando en la llegada del Anticristo, tema sobre el que ha viajado por el mundo dando conferencias, incluyendo a Roma el pasado marzo.

El titán de Silicon Valley, cuya fortuna se estima en al menos US$22.000 millones, fue un financiador del presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, JD Vance, actual vicepresidente de EEUU.

Las reservas monetarias del Banco Central de Argentina ascendieron a su mayor nivel desde 2019, luego de que el país recibiera un nuevo desembolso millonario del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según informó la autoridad monetaria en un comunicado, sus reservas internacionales brutas cerraron este martes en 47.908 millones de dólares.

Se trata de la cifra más alta desde octubre de 2019, según los registros del Banco Central argentino.

Las reservas tocaron ese nivel tras recibir Argentina un giro del FMI por 1.000 millones de dólares, como parte del programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025.

El organismo concretó el desembolso después de que el pasado jueves el directorio ejecutivo del Fondo aprobará la segunda revisión técnica del acuerdo sellado el año pasado.

Con los fondos girados este martes, el FMI ya ha enviado a Argentina unos 15.800 millones de dólares del total de préstamos por 20.000 millones previsto en el acuerdo firmado en abril de 2025.

Argentina ha experimentado el año pasado dificultades para cumplir con las metas de acumulación de reservas netas fijadas en el acuerdo con el FMI y, de hecho, el organismo le otorgó al país suramericano dispensas por incumplir ese objetivo, tanto en la primera como en la segunda revisión, correspondientes al 2025.

Sin embargo, este año el Banco Central ha acelerado la compra de divisas, lo que le ha permitido incrementar sus reservas brutas en unos 6.743 millones de dólares en lo que va de 2026.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publicó el dato de inflación de abril. Con ese número, el acumulado del año llegó a 12,3%, guarismo que confirma aquello que analistas venían advirtiendo desde que comenzó el año: el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso en septiembre del 2025 quedó obsoleto antes de cumplir la mitad del año.

La ley de presupuesto fijó como meta central una inflación anual del 10,1% para el 2026. Enero registró 2,9%, febrero otros 2,9%, marzo cerró en 3,4%. Con el 2,6% de abril, la meta terminó de cruzar ese umbral.

Un diagnóstico que no contempló la inercia

Para entender por qué ocurrió esto, hay que ir más atrás que enero. Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial y exfuncionario del Ministerio de Economía, señala a BioBioChile que existe un piso de inflación inercial de entre el 2 y el 2,5% mensual que es “muy difícil de perforar”.

Ese piso tiene una explicación estructural: una cadena de contratos y precios indexados a la inflación pasada. Alquileres, tarifas de servicios públicos, prepagas de salud, jubilaciones —que se actualizan con un rezago de dos meses respecto al IPC— y hasta las bandas cambiarias, que también se mueven en función de la inflación. “Todavía hay una arquitectura de contratos indexados que hace muy difícil que la inflación se desacelere por debajo de este piso”, explica Montagu.

El problema, según el economista, es que el Gobierno apostó a que la restricción fiscal y monetaria alcanzarían para vencer esa inercia.

“Eso no funciona así en Argentina, no funcionó así en el pasado”, dice. Las anclas que al inicio del plan económico contribuyeron a contener la subida de precios hoy habrían perdido efecto. Lo que queda, advierte, es una deflación que depende cada vez más de la recesión y de la caída del salario real —dos variables con costos sociales altos y límites políticos evidentes.

A eso se sumó un factor externo que nadie había anticipado: el conflicto en el Estrecho de Ormuz disparó el precio internacional del petróleo y empujó la inflación de marzo al 3,4%, cuando la mayoría de las estimaciones privadas esperaba un número más cercano al 2,6%.

¿Error de cálculo o decisión estratégica?

Martín Epstein, politólogo e investigador del Centro CEPA, plantea que la explicación de la meta tiene dos capas. La primera es técnica: el Gobierno subestimó la dinámica inflacionaria de la segunda mitad de 2025, cuando la inflación mensual fue subiendo consistentemente mes a mes desde mayo. Con esa tendencia a la vista, igual presentó en septiembre un proyecto de presupuesto que proyectaba una inflación del 10% anual para 2026. “Era demasiado alejado de un número razonable”, dice Epstein.

La segunda explicación es política. Para Epstein, una meta de inflación baja en el Presupuesto cumple dos funciones simultáneas: anclar expectativas —mandar una señal a los mercados y a la sociedad de que los precios van hacia abajo— y, al mismo tiempo, generar margen de discrecionalidad para el Ejecutivo.

“En la medida en que planteas una inflación del 10% y ajustas partidas en función de esa expectativa, toda inflación que te quede por arriba le da mayor margen de discrecionalidad al gobierno para asignar, reasignar y ajustar partidas a lo largo de la ejecución presupuestaria”, explica.

No es la primera vez que ocurre algo similar en Argentina. Epstein recuerda que el gobierno de Macri presentó un presupuesto con una inflación prevista del 10% —más o menos dos puntos— y terminó con más de 40%. “Los presupuestos tienen un margen de error muy alto”, reconoce. Pero en este caso, agrega, ese margen de error también es margen de poder.

Qué se licúa y qué queda a salvo

La pregunta concreta es cuáles son las partidas que sienten el golpe cuando la inflación real duplica o triplica la proyectada. La respuesta, según Epstein, depende de si están o no atadas a algún índice.

Las jubilaciones, por ejemplo, se actualizan mediante la fórmula de movilidad, que sigue con rezago la evolución del IPC. Eso las protege parcialmente del desfasaje, aunque el bono fijo de 70.000 pesos argentinos (hoy 50 dólares) —congelado desde hace dos años— sigue perdiendo valor mes a mes sin ningún ajuste inflacionario.

Donde el problema es más serio es en las partidas que no tienen indexación automática: los fondos transferidos a las provincias, los presupuestos de los organismos descentralizados, el financiamiento universitario, los salarios de la administración pública. En todos esos casos, la diferencia entre la inflación proyectada y la real opera como un ajuste encubierto, una licuación silenciosa de recursos. “Cuanto más fuerte sea la brecha entre la inflación prevista y la inflación que se dé finalmente al cierre de diciembre, mayor licuación vamos a tener”, señala Epstein.

Montagu agrega otra dimensión: el impacto sobre el ingreso disponible de las familias. El ajuste de tarifas de servicios públicos, combinado con la indexación de múltiples precios de la canasta básica, está comprimiendo el poder de compra en todos los deciles de ingresos —no solo en los más bajos. Parte de esa caída, dice, se está canalizando hacia el endeudamiento de las familias y hacia una mora bancaria que ya está alcanzando niveles récord.

El segundo semestre, en el aire

Con una inflación acumulada de 12,3% al cierre de abril y sin ningún mecanismo previsto en el Presupuesto para actualizar las partidas en función del nuevo escenario, el segundo semestre se presenta con dos problemas superpuestos.

El primero es aritmético: si la inflación anual termina en torno al 30% o 35% —como sugieren las estimaciones privadas— y el Presupuesto ajustó el gasto en un 8% o 10%, el recorte real de las partidas será brutal, aunque en términos nominales no parezca.

El segundo es político. En los últimos días ya se registraron recortes abruptos en distintas áreas de la administración, incluso con un presupuesto que contemplaba una inflación mínima. La pregunta que se abre de cara a los próximos meses, según Epstein, es hasta cuánto la sociedad tolera ese nivel de ajuste. Y si el equilibrio fiscal —el objetivo central que el Gobierno no quiere resignar— puede sostenerse en un contexto donde la recaudación lleva nueve o diez meses de contracción real.

El megapuerto de Chancay en Perú -a 80 kilómetros de Lima- ya opera desde hace un año y medio, consolidando su posición como segundo puerto con mayor movimiento de TEU (contenedores de 20 pies) en el vecino país, solo por detrás del Callao, y avanzando en su plan de convertirse en un nodo logístico clave para el comercio exterior del Pacífico Sur.

La infraestructura portuaria fue gestionada por Perú en conjunto con China y la compañía Cosco Shipping Ports, fortaleciendo la relación comercial entre ambos países.

Pero ahora el Ejecutivo peruano va por otro objetivo: la India, a quien ya le ofreció el megapuerto de Corío, para asegurar el flujo de minerales -entre ellos el cobre y el litio- hacia ese mercado.

Al igual que Chile, en la tierra de los incas están realizando las gestiones para ampliar sus lazos con Nueva Delhi.

Perú ofrece a empresas indias megapuerto para asegurar flujo de minerales

El Gobierno de Perú ha intensificado sus contactos con empresas de la India para atraer capitales hacia el megapuerto de Corío, un terminal con una profundidad natural de 28 metros capaz de recibir a los buques de mayor calado para asegurar el flujo de minerales hacia el mercado indio.

“Estamos hablando con varias empresas indias y el proyecto está siendo evaluado”, confirmó a la Agencia EFE el embajador del Perú en la India, Javier Paulinich, quien explicó que el objetivo es que los inversionistas se integren en el proyecto una vez concluido el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.

Ubicado en Punta de Bombón, en la región de Arequipa, Corío proyecta una capacidad de carga de 100 millones de toneladas anuales. Según la propuesta presentada a los grupos empresariales locales, el terminal daría salida al cobre y oro del sur peruano, al litio de Bolivia y del “triángulo del litio” (Chile y Argentina), al cobre del norte chileno y a la producción agrícola de Brasil y Argentina.

“Esto le otorga a la India una oportunidad para establecer su propia plataforma logística en la costa del Pacífico de América del Sur, asegurando un acceso directo a minerales críticos y productos agrícolas de todo el continente”, agregó el diplomático.

Diferencia con Chancay

Frente al puerto de Chancay, inaugurado en 2024 con participación de la estatal china Cosco, Paulinich subrayó que Corío se ha diseñado como un proyecto íntegramente privado. Esta estructura permitiría a los operadores indios gestionar sus flujos logísticos en el Pacífico sin depender de infraestructuras con participación de terceros Estados.

Según datos de la base COMTRADE de las Naciones Unidas, las importaciones de la India desde Perú alcanzaron los 4.690 millones de dólares en 2024, de las cuales más del 90% fueron metales preciosos. Perú es actualmente el segundo exportador mundial de plata y cobre, insumos que Nueva Delhi requiere para su industria de semiconductores y vehículos eléctricos.

El proyecto, que se ubicará en la provincia de Islay, se reactivó en noviembre de la mano de la agencia ProInversión, que suscribió un convenio con el gobierno regional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La obra requiere una inversión estimada de 7.000 millones de dólares y se encuentra en fase de evaluación técnica para definir el esquema de concesión definitiva.

El pasado febrero, la India ya firmó con Brasil un pacto para la exploración conjunta de minerales, mientras que el Gobierno de Narendra Modi ultima la ampliación de su acuerdo comercial con Chile para asegurar el acceso al litio.

Un año después de sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sigue atrapada en una paradoja que conoce de memoria: evitó una crisis inmediata, pero al costo de profundizar su dependencia financiera y política. La deuda con el organismo ya supera los US$57.000 millones y mantiene al país como el principal deudor del Fondo a nivel global.

El programa, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Facilidades Extendidas, es el último de más de 20 que Argentina suscribió con el FMI desde 1956.

Implicó un paquete de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.000 millones, con metas exigentes en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas internacionales.

El último entendimiento con el FMI se dio en un contexto crítico. Con reservas internacionales en negativo —es decir, con más compromisos en dólares que activos disponibles— y fuertes presiones sobre el tipo de cambio en un año electoral, la administración de Javier Milei recurrió al Fondo en busca de financiamiento y credibilidad externa, a cambio de nuevos ajustes en la política cambiaria.

Al igual que en otras ocasiones, el acuerdo permitió contener tensiones en el corto plazo. Sin embargo, el frente externo continúa mostrando señales de fragilidad.

Como muestra gratis, apenas seis meses más tarde, con un resultado negativo en las elecciones legislativas, el gobierno argentino volvió a necesitar asistencia extraordinaria —esta vez del Tesoro de Estados Unidos— para sostener el programa en medio de nuevas presiones financieras.

El origen del problema: un acuerdo bajo presión

Economistas consultados por BioBioChile coinciden en que el acuerdo número 23 de Argentina con el FMI se firmó en condiciones de extrema debilidad, con escaso margen de negociación por parte del gobierno argentino.

“La cuenta de dólares no estaba pasando por un buen momento y el Banco Central venía vendiendo reservas”, explicó el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, al describir el contexto previo a la firma.

En ese escenario, el gobierno se comprometió a implementar cambios relevantes en la política cambiaria, como la flexibilización de las restricciones para comprar dólares y un esquema más libre del tipo de cambio, que, según Garay Méndez, “le dieron cierta volatilidad y fragilidad” al programa desde su inicio.

Desde una mirada más crítica, Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, apuntó a un problema estructural del acuerdo.“Se negocian metas con el FMI que no se pueden cumplir”, sostuvo. Esta combinación de urgencia financiera y compromisos exigentes explica, según los analistas, por qué el programa nació con inconsistencias internas que persisten hasta hoy.

Los logros: inflación contenida y ajuste fiscal

A un año de su implementación, hay cierto consenso en que el acuerdo logró evitar una crisis mayor en el corto plazo.

“El programa sigue de pie”, sostuvo Garay Méndez, quien destacó que la inflación mensual se haya mantenido por debajo del 3% durante varios meses, un dato relevante para la economía argentina que tiene un promedio histórico de inflación mensual de casi 4%.

Otro de los puntos que destacan los analistas es el frente fiscal. Según Burgos, el gobierno sobrecumplió la meta de equilibrio de las cuentas públicas, consolidando el ajuste del gasto como eje del programa.

Sin embargo, ese orden macroeconómico tuvo sus costos: “El gobierno sostuvo el superávit a costa de un fuerte ajuste que hoy la economía lo siente en los ingresos de las familias y en el nivel de actividad de sectores como la industria, el comercio y la construcción”, advirtió Garay Méndez.

Esto se traduce en una economía debilitada y con impacto en el empleo: aumento de la desocupación, alta informalidad y salarios que pierden poder de compra.

Donde hay mayor coincidencia entre economistas es en identificar el principal punto débil del programa: la falta de acumulación de reservas internacionales. “Se compran dólares, pero no se logran acumular”, explicó Burgos, y estimó que aún faltan unos US$18.000 millones para cumplir las metas acordadas con el FMI.

El límite del programa

A un año de su implementación, el acuerdo con el FMI empieza a mostrar sus límites. “El mayor desafío es avanzar con la desinflación y la compra de divisas al mismo tiempo”, explicó a BioBioChile Lucio Garay Méndez.

Pero más allá de ese equilibrio técnico, el debate de fondo es qué tipo de estabilización puede sostener Argentina en el tiempo.

En este sentido, el actual esquema logra ordenar variables en el corto plazo, pero sin modificar los condicionantes estructurales de la economía. Con el correr de los meses, esa tensión tiende a trasladarse desde los indicadores macroeconómicos hacia la actividad y el empleo.

“Estos modelos funcionan e incluso pueden tener apoyo político al principio, pero después aparecen los problemas sociales y laborales”, señaló Martin Burgos.

En un año electoral, se pone a prueba el respaldo social al ajuste y abre el interrogante sobre cómo responderán los votantes frente a un programa que logró estabilizar algunas variables, pero todavía no mejora de forma clara las condiciones de vida.

Argentina está negociando con bancos privados obtener un préstamo de US$2.000 millones respaldado por el Banco Mundial, según ha informado este jueves ‘Bloomberg’ citando fuentes conocedoras del asunto.

El Gobierno argentino parece encaminado a agenciarse un tipo de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones aún no han concluido y las condiciones podrían cambiar. Esta tasa resultaría más asequible que volver ahora mismo a los mercados internacionales, dado que estos exigen rendimientos superiores al 9%.

El crédito contará con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ambos adscritos al Banco Mundial. Así, su estructura será similar a la utilizada por Panamá para levantar US$1.400 millones a principios de 2026.

Una vez asegurado el préstamo, el siguiente paso para Argentina sería volver a los mercados globales, aunque este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, ya aseguró que el país no necesitaría su financiación, al menos, durante lo que queda de año.

El miércoles 1 de abril, Chile activó los protocolos de seguridad para suspender la recepción de gas desde Argentina a través del Gasoducto del Pacífico. El combustible que llegaba desde Vaca Muerta, al sur del vecino país, tenía un punto de rocío superior al permitido por la normativa chilena. Con mayor contenido de líquidos como propano y butano, este gas puede generar corrosión en las cañerías o congelar los ductos.

En términos concretos, el incidente fue menor. Duró menos de 72 horas, afectó solo a dos contratos de YPF con clientes industriales de las regiones de Ñuble y Bío Bío, que representaban hasta 833.000 metros cúbicos de gas por día, alrededor del 10% de las exportaciones argentinas totales a Chile y se resolvió con ajustes técnicos.
Pero en el vínculo energético entre Argentina y Chile, ningún corte de gas pasa desapercibido. El episodio reactiva la memoria institucional chilena de lo ocurrido entre 2004 y 2008, cuando Argentina interrumpió el suministro de manera unilateral.

Los años 90 y el quiebre de 2004

Durante la década del 90, los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle construyeron una integración energética entre Argentina y Chile. En 1995 firmaron un protocolo que habilitó el libre comercio del gas entre ambas naciones. El protocolo fue el puntapié inicial para una transformación estructural en la matriz energética chilena.

Entre 1997 y 1999, se construyeron cinco gasoductos binacionales que conectaron la Patagonia argentina con distintas regiones de Chile. El gas argentino se volvió central para la generación eléctrica en el país. En 2004, el 35% de la electricidad chilena dependía del suministro trasandino.

Esa dependencia se volvió una trampa. Tras el colapso del Régimen de Convertibilidad, que durante una década mantuvo la paridad fija entre el peso y el dólar, Argentina devaluó, defaulteó su deuda y congeló las tarifas de servicios como el gas y la electricidad. Eso desincentivó la inversión en el sector energético y generó una brecha creciente entre oferta y demanda interna. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner firmó una resolución que suspendió las exportaciones de gas natural a Chile. El argumento fue la prioridad del abastecimiento doméstico.

El gobierno de Ricardo Lagos reclamó que el protocolo de 1995 había sido violado unilateralmente por Argentina. Buenos Aires se escudó en que el acuerdo nunca había sido ratificado por el Congreso. La discusión diplomática fue encendida. Incluso el propio Menem, exiliado en Chile en ese momento por problemas judiciales en su país, calificó la decisión como inadmisible.

Las consecuencias para Chile fueron gravísimas. Las empresas generadoras eléctricas debieron reemplazar de urgencia el gas argentino por petróleo diésel, más caro, ineficiente y contaminante. En algunos casos, el costo de la energía se multiplicó por seis. La minería chilena, uno de los sectores más intensivos en consumo
energético, fue de las más afectadas. Las facturas de los consumidores residenciales se multiplicaron.

El corte total

La situación se agravó en los años siguientes. En 2007, una ola de frío llevó a Argentina a interrumpir de manera abrupta el suministro a Chile, afectando a hogares e industrias. Fue uno de los episodios más serios de la relación bilateral. Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los envíos se
redujeron hasta cero.

Chile tuvo que activar plantas de respaldo, pero su duración era incierta. El entonces ministro de Energía Marcelo Tokman aseguró que el abastecimiento residencial estaba cubierto por apenas dos semanas, gracias al gas acumulado en los ductos.

Más de 300 empresas chilenas debieron cambiar su matriz energética de urgencia: carbón y combustibles líquidos reemplazaron al gas argentino.

Chile tomó nota y no olvidó

A partir de esa crisis, el país construyó dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), que le permitieron importar desde otros países. Levantó un parque de generación a carbón, e impulsó el desarrollo de energías renovables no convencionales, como eólica y solar.

En 2018, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera, Argentina volvió a exportar gas a Chile, fue un hito celebrado por ambos países. El gas llegó a través del Gasoducto GasAndes y fue utilizado para generar electricidad en el complejo Nehuenco, de la empresa Colbún.

Hoy, la relación energética entre Argentina y Chile vive un nuevo período de expansión. Vaca Muerta produce gas en volúmenes que hace una década eran impensados, y los contratos de exportación se multiplican. Hace pocos días, Enap firmó el mayor contrato de su historia, asegurando que el 35% del crudo chileno provenga de la formación neuquina.

Pero incluso en ese clima de optimismo, su CEO, Julio Friedmann, lanzó una advertencia que resonó en todo el sector: Chile nunca volverá a depender completamente de Argentina, porque la crisis de 2004 fue un golpe estratégico que el país no puede permitirse repetir.

Por eso, además de reactivar el Oleoducto Trasandino, Enap construyó dos estanques de 50.000 metros cúbicos y mantiene su capacidad de importación marítima activa, lista para activarse de ser necesario. El nuevo contrato, además, está firmado bajo ley de Nueva York e incluye penalidades estrictas si alguna operadora argentina incumple. Los chilenos exigieron que la fuerza mayor política sea causal explícita de incumplimiento, aprendiendo de lo ocurrido en 2004.

El incidente se da en una relación que crece, aunque con equilibrios todavía frágiles y una confianza que sigue en construcción.