Un año después de sellar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sigue atrapada en una paradoja que conoce de memoria: evitó una crisis inmediata, pero al costo de profundizar su dependencia financiera y política. La deuda con el organismo ya supera los US$57.000 millones y mantiene al país como el principal deudor del Fondo a nivel global.

El programa, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Facilidades Extendidas, es el último de más de 20 que Argentina suscribió con el FMI desde 1956.

Implicó un paquete de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.000 millones, con metas exigentes en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas internacionales.

El último entendimiento con el FMI se dio en un contexto crítico. Con reservas internacionales en negativo —es decir, con más compromisos en dólares que activos disponibles— y fuertes presiones sobre el tipo de cambio en un año electoral, la administración de Javier Milei recurrió al Fondo en busca de financiamiento y credibilidad externa, a cambio de nuevos ajustes en la política cambiaria.

Al igual que en otras ocasiones, el acuerdo permitió contener tensiones en el corto plazo. Sin embargo, el frente externo continúa mostrando señales de fragilidad.

Como muestra gratis, apenas seis meses más tarde, con un resultado negativo en las elecciones legislativas, el gobierno argentino volvió a necesitar asistencia extraordinaria —esta vez del Tesoro de Estados Unidos— para sostener el programa en medio de nuevas presiones financieras.

El origen del problema: un acuerdo bajo presión

Economistas consultados por BioBioChile coinciden en que el acuerdo número 23 de Argentina con el FMI se firmó en condiciones de extrema debilidad, con escaso margen de negociación por parte del gobierno argentino.

“La cuenta de dólares no estaba pasando por un buen momento y el Banco Central venía vendiendo reservas”, explicó el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, al describir el contexto previo a la firma.

En ese escenario, el gobierno se comprometió a implementar cambios relevantes en la política cambiaria, como la flexibilización de las restricciones para comprar dólares y un esquema más libre del tipo de cambio, que, según Garay Méndez, “le dieron cierta volatilidad y fragilidad” al programa desde su inicio.

Desde una mirada más crítica, Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, apuntó a un problema estructural del acuerdo.“Se negocian metas con el FMI que no se pueden cumplir”, sostuvo. Esta combinación de urgencia financiera y compromisos exigentes explica, según los analistas, por qué el programa nació con inconsistencias internas que persisten hasta hoy.

Los logros: inflación contenida y ajuste fiscal

A un año de su implementación, hay cierto consenso en que el acuerdo logró evitar una crisis mayor en el corto plazo.

“El programa sigue de pie”, sostuvo Garay Méndez, quien destacó que la inflación mensual se haya mantenido por debajo del 3% durante varios meses, un dato relevante para la economía argentina que tiene un promedio histórico de inflación mensual de casi 4%.

Otro de los puntos que destacan los analistas es el frente fiscal. Según Burgos, el gobierno sobrecumplió la meta de equilibrio de las cuentas públicas, consolidando el ajuste del gasto como eje del programa.

Sin embargo, ese orden macroeconómico tuvo sus costos: “El gobierno sostuvo el superávit a costa de un fuerte ajuste que hoy la economía lo siente en los ingresos de las familias y en el nivel de actividad de sectores como la industria, el comercio y la construcción”, advirtió Garay Méndez.

Esto se traduce en una economía debilitada y con impacto en el empleo: aumento de la desocupación, alta informalidad y salarios que pierden poder de compra.

Donde hay mayor coincidencia entre economistas es en identificar el principal punto débil del programa: la falta de acumulación de reservas internacionales. “Se compran dólares, pero no se logran acumular”, explicó Burgos, y estimó que aún faltan unos US$18.000 millones para cumplir las metas acordadas con el FMI.

El límite del programa

A un año de su implementación, el acuerdo con el FMI empieza a mostrar sus límites. “El mayor desafío es avanzar con la desinflación y la compra de divisas al mismo tiempo”, explicó a BioBioChile Lucio Garay Méndez.

Pero más allá de ese equilibrio técnico, el debate de fondo es qué tipo de estabilización puede sostener Argentina en el tiempo.

En este sentido, el actual esquema logra ordenar variables en el corto plazo, pero sin modificar los condicionantes estructurales de la economía. Con el correr de los meses, esa tensión tiende a trasladarse desde los indicadores macroeconómicos hacia la actividad y el empleo.

“Estos modelos funcionan e incluso pueden tener apoyo político al principio, pero después aparecen los problemas sociales y laborales”, señaló Martin Burgos.

En un año electoral, se pone a prueba el respaldo social al ajuste y abre el interrogante sobre cómo responderán los votantes frente a un programa que logró estabilizar algunas variables, pero todavía no mejora de forma clara las condiciones de vida.

Argentina está negociando con bancos privados obtener un préstamo de US$2.000 millones respaldado por el Banco Mundial, según ha informado este jueves ‘Bloomberg’ citando fuentes conocedoras del asunto.

El Gobierno argentino parece encaminado a agenciarse un tipo de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones aún no han concluido y las condiciones podrían cambiar. Esta tasa resultaría más asequible que volver ahora mismo a los mercados internacionales, dado que estos exigen rendimientos superiores al 9%.

El crédito contará con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ambos adscritos al Banco Mundial. Así, su estructura será similar a la utilizada por Panamá para levantar US$1.400 millones a principios de 2026.

Una vez asegurado el préstamo, el siguiente paso para Argentina sería volver a los mercados globales, aunque este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, ya aseguró que el país no necesitaría su financiación, al menos, durante lo que queda de año.

El miércoles 1 de abril, Chile activó los protocolos de seguridad para suspender la recepción de gas desde Argentina a través del Gasoducto del Pacífico. El combustible que llegaba desde Vaca Muerta, al sur del vecino país, tenía un punto de rocío superior al permitido por la normativa chilena. Con mayor contenido de líquidos como propano y butano, este gas puede generar corrosión en las cañerías o congelar los ductos.

En términos concretos, el incidente fue menor. Duró menos de 72 horas, afectó solo a dos contratos de YPF con clientes industriales de las regiones de Ñuble y Bío Bío, que representaban hasta 833.000 metros cúbicos de gas por día, alrededor del 10% de las exportaciones argentinas totales a Chile y se resolvió con ajustes técnicos.
Pero en el vínculo energético entre Argentina y Chile, ningún corte de gas pasa desapercibido. El episodio reactiva la memoria institucional chilena de lo ocurrido entre 2004 y 2008, cuando Argentina interrumpió el suministro de manera unilateral.

Los años 90 y el quiebre de 2004

Durante la década del 90, los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle construyeron una integración energética entre Argentina y Chile. En 1995 firmaron un protocolo que habilitó el libre comercio del gas entre ambas naciones. El protocolo fue el puntapié inicial para una transformación estructural en la matriz energética chilena.

Entre 1997 y 1999, se construyeron cinco gasoductos binacionales que conectaron la Patagonia argentina con distintas regiones de Chile. El gas argentino se volvió central para la generación eléctrica en el país. En 2004, el 35% de la electricidad chilena dependía del suministro trasandino.

Esa dependencia se volvió una trampa. Tras el colapso del Régimen de Convertibilidad, que durante una década mantuvo la paridad fija entre el peso y el dólar, Argentina devaluó, defaulteó su deuda y congeló las tarifas de servicios como el gas y la electricidad. Eso desincentivó la inversión en el sector energético y generó una brecha creciente entre oferta y demanda interna. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner firmó una resolución que suspendió las exportaciones de gas natural a Chile. El argumento fue la prioridad del abastecimiento doméstico.

El gobierno de Ricardo Lagos reclamó que el protocolo de 1995 había sido violado unilateralmente por Argentina. Buenos Aires se escudó en que el acuerdo nunca había sido ratificado por el Congreso. La discusión diplomática fue encendida. Incluso el propio Menem, exiliado en Chile en ese momento por problemas judiciales en su país, calificó la decisión como inadmisible.

Las consecuencias para Chile fueron gravísimas. Las empresas generadoras eléctricas debieron reemplazar de urgencia el gas argentino por petróleo diésel, más caro, ineficiente y contaminante. En algunos casos, el costo de la energía se multiplicó por seis. La minería chilena, uno de los sectores más intensivos en consumo
energético, fue de las más afectadas. Las facturas de los consumidores residenciales se multiplicaron.

El corte total

La situación se agravó en los años siguientes. En 2007, una ola de frío llevó a Argentina a interrumpir de manera abrupta el suministro a Chile, afectando a hogares e industrias. Fue uno de los episodios más serios de la relación bilateral. Al año siguiente, ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los envíos se
redujeron hasta cero.

Chile tuvo que activar plantas de respaldo, pero su duración era incierta. El entonces ministro de Energía Marcelo Tokman aseguró que el abastecimiento residencial estaba cubierto por apenas dos semanas, gracias al gas acumulado en los ductos.

Más de 300 empresas chilenas debieron cambiar su matriz energética de urgencia: carbón y combustibles líquidos reemplazaron al gas argentino.

Chile tomó nota y no olvidó

A partir de esa crisis, el país construyó dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), que le permitieron importar desde otros países. Levantó un parque de generación a carbón, e impulsó el desarrollo de energías renovables no convencionales, como eólica y solar.

En 2018, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Sebastián Piñera, Argentina volvió a exportar gas a Chile, fue un hito celebrado por ambos países. El gas llegó a través del Gasoducto GasAndes y fue utilizado para generar electricidad en el complejo Nehuenco, de la empresa Colbún.

Hoy, la relación energética entre Argentina y Chile vive un nuevo período de expansión. Vaca Muerta produce gas en volúmenes que hace una década eran impensados, y los contratos de exportación se multiplican. Hace pocos días, Enap firmó el mayor contrato de su historia, asegurando que el 35% del crudo chileno provenga de la formación neuquina.

Pero incluso en ese clima de optimismo, su CEO, Julio Friedmann, lanzó una advertencia que resonó en todo el sector: Chile nunca volverá a depender completamente de Argentina, porque la crisis de 2004 fue un golpe estratégico que el país no puede permitirse repetir.

Por eso, además de reactivar el Oleoducto Trasandino, Enap construyó dos estanques de 50.000 metros cúbicos y mantiene su capacidad de importación marítima activa, lista para activarse de ser necesario. El nuevo contrato, además, está firmado bajo ley de Nueva York e incluye penalidades estrictas si alguna operadora argentina incumple. Los chilenos exigieron que la fuerza mayor política sea causal explícita de incumplimiento, aprendiendo de lo ocurrido en 2004.

El incidente se da en una relación que crece, aunque con equilibrios todavía frágiles y una confianza que sigue en construcción.