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Fiscalía ratifica que crimen de Ronald Ojeda fue “político”


El fiscal Héctor Barros, quien lidera la causa, también confirmó que hay información ya incorporada en la investigación penal que respalda la tesis de una operación encargada desde el extranjero.

La investigación sobre el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda volvió este jueves a la palestra.

La Fiscalía confirmó que el crimen fue coordinado desde Venezuela y tendría motivaciones políticas.

Así lo reiteró este jueves el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, quien lidera el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

“Los antecedentes que hemos reunido hasta ahora apuntan con claridad a que estamos frente a un hecho de carácter político“, aseguró Barros, quien destacó la singularidad del caso.

Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político. Háganse solo la siguiente pregunta ¿Qué hecho hemos tenido anterior al 21 de febrero del 2024 y posterior al 21 de febrero del 2024, que tenga las mismas características del secuestro y posterior a homicidio del teniente Ronald Ojeda? La respuesta es ninguno”, añadió.

Detención de líder del Tren de Aragua

La declaración fue entregada durante una comparecencia en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago, donde también se informó sobre un nuevo avance clave en el caso: la detención de Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, uno de los líderes del grupo criminal Los Piratas del Tren de Aragua, sindicado como participante directo en el homicidio de Ojeda.

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Henríquez fue capturado tras varios operativos y allanamientos registrados en los últimos días en la capital, y se suma a otros miembros de la banda detenidos a principios de año en el país austral y hoy en prisión preventiva.

Con esta captura, ya son 12 los imputados que enfrentan la justicia, de un total de 16 personas identificadas como partícipes en diferentes niveles del crimen.

La Fiscalía sostiene que tanto el secuestro como el asesinato fueron planificados fuera de Chile.

Según información recabada en el proceso judicial, la orden de ejecución habría provenido de altos mandos venezolanos.

En ese contexto, Barros no descartó nuevas acciones judiciales y aseguró que la investigación busca identificar también a los autores intelectuales.

Nuestro deber es establecer la verdad histórica de los hechos. Si hay personas involucradas en diferentes niveles de responsabilidad, solicitaremos las órdenes judiciales necesarias”, afirmó.

El fiscal finalizó diciendo que hay información ya incorporada en la investigación penal que respalda la tesis de una operación encargada desde el extranjero.

“Cuando tengamos antecedentes suficientes para formalizar o pedir nuevas detenciones, actuaremos en consecuencia”, puntualizó.





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