
Fiscalía cierra investigación y su candidatura a diputado queda en suspenso
Desde la defensa, sin embargo, buscan revertir el cierre anticipado y solicitar nuevas diligencias, argumentando que aún no han tenido tiempo suficiente para revisar el extenso expediente.
La causa judicial contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se encuentra en un momento clave.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya cuenta con todos los antecedentes necesarios para avanzar con una acusación formal en su contra, lo que podría poner fin a la etapa investigativa y dar paso a un juicio oral.
La investigación, iniciada en 2021, apunta a presuntos delitos de corrupción vinculados a la gestión de Jadue al frente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
En este contexto, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decidió cancelar la audiencia del 28 de julio, que estaba destinada a discutir una eventual prórroga del plazo investigativo. El Ministerio Público notificó que no era necesaria, ya que los informes requeridos estaban completos.
Candidatura en riesgo por avance judicial
El posible paso de Jadue de imputado a acusado podría tener consecuencias directas en su futuro político.
Actualmente, cumple arresto domiciliario total, pero si es acusado formalmente antes del 18 de agosto —fecha límite para inscribir candidaturas parlamentarias—, podría quedar fuera de competencia.
Esto, porque la Constitución establece que quienes hayan sido acusados por delitos que contemplen penas aflictivas pierden automáticamente su derecho a sufragio, requisito indispensable para postular al Congreso.
El Partido Comunista ya había definido a Jadue como su candidato por el distrito 9, el mismo que actualmente representa Karol Cariola, quien busca llegar al Senado por Valparaíso, recogió La Tercera.
Un cambio en la situación procesal del exalcalde podría obligar al partido a replantear su estrategia electoral en esa zona clave.
Defensa busca revertir el cierre anticipado
Sin embargo, el proceso judicial está lejos de terminar. La nueva defensa de Jadue, asumida el pasado 14 de julio por la defensora pública Yessica Aguilera, presentó un recurso solicitando que se mantenga la audiencia originalmente fijada para el 28 de agosto, con el objetivo de extender el plazo de investigación.
Aguilera argumentó que, al tratarse de una causa extensa —más de 100 tomos y múltiples figuras públicas involucradas—, es fundamental contar con el tiempo necesario para revisar los antecedentes, proponer nuevas diligencias y ejercer una defensa adecuada.
La defensa también ingresó una solicitud de audiencia de cautela de garantías, buscando presionar al Ministerio Público para que autorice nuevas acciones investigativas antes del cierre definitivo.
En el escrito presentado al tribunal, se enfatiza que la negativa a extender el plazo vulneraría los derechos fundamentales del imputado. “Es necesario el examen profundo de la causa para determinar las diligencias pertinentes y detectar eventuales incompatibilidades”, señala el documento.
Escenario incierto a semanas de definiciones clave
La combinación entre los tiempos judiciales y los plazos electorales convierte a agosto en un mes decisivo para Daniel Jadue y su proyección política.
Aunque aún no se ha formalizado la acusación, el Ministerio Público ya dejó claro que está listo para dar ese paso. Si la investigación se cierra antes del 18 de agosto y se presenta la acusación, su candidatura quedaría prácticamente descartada.
En caso de que logre inscribirse y luego sea acusado, se abriría un conflicto legal que probablemente terminaría en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), dado que se pondría en juego su derecho a sufragio, y por ende, su elegibilidad como candidato.