Chile aprueba en la OEA resolución sobre Nicaragua que exige elecciones y liberación de presos políticos
Este viernes, Chile aprobó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución sobre Nicaragua que busca avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática, luego de que Daniel Ortega anunciara que no habrá más elecciones en el país.
La convocatoria extraordinaria de los 34 estados miembros de la OEA, transcurrida este viernes en Washington, finalizó con la aprobación por unanimidad de la exigencia a Nicaragua para que celebre elecciones y libere a presos políticos, instando a recuperar la separación de poderes, dar a conocer el paradero de desaparecidos y devolver la nacionalidad a personas que fueron despojadas de ellas. Todo ello, exceptuando sanciones expresas para el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, quien asistió a la reunión en representación del canciller Francisco Pérez, se pronunció al respecto: “Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a acoger la oportunidad de diálogo que ofrece esta resolución y a trabajar con la comunidad internacional para avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática”.
“Chile estará disponible para contribuir a ese esfuerzo, convencido de que una solución democrática, pacífica y respetuosa del derecho internacional es el camino para el reencuentro de Nicaragua con nuestra comunidad hemisférica”, agregó.
El organismo decidió tomar medidas después de que el Gobierno nicaragüense impulsara el pasado jueves una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas “traidores a la patria”, extendiendo un año más su mandato, pasando de seis a siete años. Con ello, eliminan la elección de noviembre de 2026 y desplazan los próximos sufragios hasta 2028.
Albert Ramdin, secretario general de la OEA, manifestó la urgencia de que la nación recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.