En una sesión ordinaria de Pleno, el Tribunal Constitucional decidió no acoger a trámite un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputadas y diputados oficialistas dirigido contra artículos específicos de la Ley de Permisos Sectoriales, también conocida como permisología.
La resolución fue adoptada con el voto de los ministros María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery Romero y Marcela Peredo Rojas.
Por su parte, la presidenta de la instancia, la ministra Daniela Marzi Muñoz y sus pares Nacy Yáñez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris estuvieron por admitir el requerimiento. Algo que finalmente no ocurrió.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó la decisión como “una buena noticia para el país”. Esto, pues, “es un proyecto muy importante porque nos va a permitir reducir los tiempos de evaluación sectorial entre un 30% y un 70%”.
Lo anterior, aseguró, “sin afectar el estándar regulatorio ni mucho menos el estándar ambiental que no es tocado por este proyecto (…) daremos una opinión más detallada cuando sepamos los argumentos y el raciocinio que aplicó el Tribunal Constitucional para efectos de esta decisión”.
Recordemos que se trató de un grupo de más de 40 parlamentarios que argumentaban que los artículos impugnados (artículo 7, letra a; 8, 10, 76 y 104) “transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
El documento ingresado al TC identificaba cinco enmiendas específicas dentro de la ley como cuestionables. La impugnación se basa en que estas disposiciones contravendrían garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por Chile, mencionando expresamente el Convenio 169 sobre Consulta Indígena.
El proyecto de permisología del gobierno
Según información entregada por el mismo gobierno, la normativa busca “reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios”.
En ese sentido, se califica dicha ley como “la más importante en la materia en las últimas dos décadas, moderniza más de 380 permisos que hoy dependen de 37 servicios públicos”.
Permisos Sectoriales: son aquellos permisos no ambientales, necesarios para concretar un proyecto de inversión. Existen más de 380 permisos sectoriales, tramitados por más de 37 servicios del Estado.
Igualmente, con dicha ley se “busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos”.
Por último, se busca contribuir con el aumento del crecimiento económico, gracias a la activación de proyectos que hoy están detenidos.
