Gobierno de Milei alega defensa de soberanía y cuestiona gestión sanitaria global
Por Juan Andrés Galaz Pinto
23.05.2025 / 16:06
Según el Gobierno de Javier Milei, su salida responde a la defensa de la soberanía nacional frente a lo que considera imposiciones externas en materia sanitaria.
El Gobierno de Javier Milei formalizó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que marca un giro drástico en la política exterior y sanitaria del país y que ha generado preocupación a nivel internacional.
La medida fue comunicada a través de una carta firmada por el canciller Gerardo Werthein, fechada el 25 de febrero, y hecha pública esta semana durante la 78° Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, donde generó sorpresa y revuelo entre las delegaciones participantes.
La administración libertaria justifica la medida al considerar que la OMS representa “una amenaza a la soberanía nacional”, apuntando específicamente a las políticas impulsadas durante la pandemia de COVID-19, como las “cuarentenas eternas”.
Según el Ejecutivo, la desvinculación permitirá un mayor control nacional sobre las políticas de salud y evitará la influencia de organismos internacionales sobre decisiones que consideran competencia exclusiva del Estado argentino.
No obstante, la decisión implica consecuencias importantes.
Las posibles consecuencias para Argentina
Al abandonar la OMS, Argentina perderá el acceso a beneficios clave como asistencia técnica, programas de vacunación, mecanismos de emergencia sanitaria y participación en las discusiones que definen las prioridades globales en salud pública.
Expertos advierten que esta desconexión puede derivar en mayores costos en programas de salud, dificultar la obtención de medicamentos y vacunas, y aumentar los riesgos frente a futuras crisis sanitarias.
Desde el punto de vista diplomático, la medida también podría tensar las relaciones con países aliados que apoyan a la OMS, aunque desde el Gobierno afirman que refuerza la autonomía nacional y la capacidad de decisión soberana frente a los organismos multilaterales.
El Ejecutivo ya notificó formalmente su decisión, la cual se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2026, tal como establece el reglamento de la organización para los procesos de desvinculación.