Contraloría dice que oficio reservado a la PDI no se ajustó a sus atribuciones
Tras más de un mes de su salida del cargo, la gestión de la exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, volvió a quedar bajo cuestionamiento institucional.
La Contraloría General de la República objetó un oficio reservado que la exsecretaria de Estado envió a la Policía de Investigaciones apenas dos días después de asumir en el Ministerio de Seguridad Pública, en el que pidió antecedentes de funcionarios vinculados a una investigación penal reservada y en curso.
El punto sensible, según el órgano contralor, no fue solo la solicitud de información a la PDI, facultad que puede estar dentro de las atribuciones del ministerio, sino el nivel de detalle requerido: nombres, cédulas de identidad, grados, destinos, cargos actuales y eventuales antecedentes disciplinarios o penales de funcionarios ligados a una causa específica.
En su análisis, Contraloría concluyó que ese requerimiento no se ajustó estrictamente a las atribuciones de la autoridad ministerial y además apuntó al deber de abstención, debido a que los funcionarios consultados pertenecían a una unidad policial que apoyaba una investigación encabezada por Steinert en su cargo público anterior.
El pronunciamiento consta en el Dictamen N° D344/2026, emitido el 1 de julio y firmado por la contralora general, Dorothy Pérez. El antecedente fue dado a conocer por Meganoticias a partir del documento de Contraloría.
La resolución aborda tres materias denunciadas por parlamentarios: el oficio reservado N° 28 dirigido a la PDI, la salida de la prefecta general Consuelo Peña San Miguel y la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública.
Contraloría cuestiona requerimiento de Steinert a la PDI: Dictamen apunta a exceso de atribuciones y deber de abstención
Según el dictamen, el oficio reservado N° 28 fue emitido el 13 de marzo de 2026, dos días después del cambio de Gobierno y de la llegada de Steinert al Ministerio de Seguridad Pública.
El oficio solicitaba a la PDI un informe detallado sobre el personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una investigación penal específica y en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público.
Contraloría sostuvo que un requerimiento general de información podía entenderse, en principio, dentro de las facultades del ministerio. Sin embargo, advirtió que el documento fue más allá.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la exautoridad pidió una nómina detallada con nombre completo, cédula de identidad y grado de funcionarios trasladados o cesados en funciones investigativas respecto de una causa RUC específica.
También solicitó antecedentes disciplinarios o penales, copia de denuncias administrativas, sumarios internos o denuncias penales que hubieran sustentado la remoción de dichos funcionarios.
En su análisis, Contraloría concluyó que ese requerimiento “excede la facultad general de requerir informes” que la ley entrega al Ministerio de Seguridad Pública.
El dictamen recordó que esa potestad debe estar asociada a la planificación de las funciones y atribuciones de la cartera, y que no puede utilizarse cuando afecte o pueda afectar una investigación penal en curso.
El órgano contralor también señaló que los funcionarios requeridos pertenecían a una dependencia policial que apoyaba una investigación encabezada por la propia Steinert en su cargo público anterior.
Por ese motivo, Contraloría afirmó que debía considerarse el deber legal de abstención, incluso ante un eventual conflicto de interés de carácter potencial.
“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, concluyó el dictamen.
Salida de Consuelo Peña fue estimada como ajustada a derecho
El dictamen también abordó la desvinculación de la entonces prefecta general de la PDI, Consuelo Peña San Miguel.
Sobre este punto, Contraloría indicó que su retiro absoluto fue dispuesto mediante el decreto supremo N° 53 de 2026, del Ministerio de Seguridad Pública, a contar del 20 de marzo.
El órgano fiscalizador señaló que dicho acto fue cursado el 10 de abril de 2026 por ajustarse a derecho.
La Contraloría también revisó la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública.
El organismo estableció que una eventual supresión de esa unidad, o un cambio en su dependencia directa, requeriría una norma de rango legal.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad informó que no se dictó ningún acto administrativo para disolverla y que la unidad se mantiene dentro de la estructura orgánica de la cartera.
Además, la repartición precisó que la unidad sigue bajo dependencia directa del ministro y que, mediante el decreto exento N° 128, del 15 de junio de 2026, pasó a denominarse Unidad Ministerial Estratégica.
Con esos antecedentes, Contraloría concluyó que en esta materia no se produjo una vulneración a la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública.