Defensa apela prisión preventiva y pide arresto domiciliario total
La defensa de Ángela Vivanco Martínez presentó un recurso de apelación contra la resolución que mantuvo su prisión preventiva, en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos vinculados al caso Consorcio Belaz Movitec y Codelco.
La acción fue ingresada por la defensora penal pública Patricia Alvarado Masafierro, quien representa a la exministra de la Corte Suprema.
El recurso apunta contra la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dictada el 4 de junio de 2026, que resolvió mantener la medida cautelar que pesa sobre Vivanco.
Defensa pide arresto domiciliario total
En el escrito, la defensa solicitó dejar sin efecto la resolución que rechazó modificar la prisión preventiva y pidió sustituirla por arresto domiciliario total y arraigo nacional, o por las medidas que el tribunal de alzada estime pertinentes.
Según la defensa, existen cautelares menos gravosas que permitirían asegurar los fines del procedimiento sin mantener a Vivanco privada de libertad.
“La prisión preventiva deviene en desproporcionada”, plantea el recurso, al sostener que medidas como el arresto domiciliario, arraigo nacional o caución económica serían suficientes en este caso.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que el tribunal no habría explicado de manera concreta por qué otras medidas cautelares resultarían insuficientes.
El recurso sostiene que la resolución apelada, aunque extensa, incurre en una “falta de motivación y congruencia” por no responder sustancialmente los puntos planteados por la defensa.
Además, acusa que el tribunal habría confundido los fines de una medida cautelar con los propios de una condena anticipada.
“Enfrentar el juicio en libertad es la regla general que asiste a mi representada”, señala el escrito.
La defensa también sostuvo que Vivanco no representa un peligro de fuga, debido a su arraigo familiar, social y académico, además de haber fijado domicilio conocido y permanecer en él al momento de ejecutarse la detención.
Respecto de un eventual riesgo de reiteración, el recurso plantea que la exministra ya fue removida de su función pública y no cuenta con facultades jurisdiccionales.
“¿Existe acaso un riesgo real e inmediato de que la imputada vuelva a intervenir en la resolución de causas judiciales, habiendo sido ya removida de su función pública? La respuesta es meridianamente negativa”, indica la defensa.
Antecedentes de salud, rol de cuidadora y otros argumentos
El recurso también incorpora antecedentes personales, médicos y familiares de Vivanco.
La defensa señala que la imputada tiene 63 años, irreprochable conducta anterior, domicilio conocido y distintas afecciones de salud.
Entre esos antecedentes, menciona que durante 2025 padeció cáncer de mama, con dos mastectomías parciales y radioterapia, y que su pronóstico fue calificado como “reservado” por su oncólogo tratante.
El escrito también afirma que Vivanco suma meses sin control médico especializado bajo el régimen penitenciario, situación que, según la defensa, podría afectar su integridad física y psíquica.
Además, se menciona su rol como cuidadora, apoderada legal y sustentadora económica de su madre, de 83 años, quien padece una demencia frontotemporal avanzada y se encuentra institucionalizada.
Según recoge el propio recurso, el tribunal estimó que los antecedentes presentados por la defensa no eran suficientes para modificar la prisión preventiva.
El juzgado sostuvo que subsisten antecedentes que justifican razonablemente la existencia de los delitos investigados y la participación atribuida a Vivanco.
También señaló que la causa mantiene un grado de complejidad relevante, por el número de imputados, las operaciones económicas bajo análisis, los registros de comunicaciones y la trazabilidad de los fondos investigados.
El tribunal consideró, además, que la imputación sitúa a Vivanco en una posición central dentro de la dinámica investigada y que la libertad de la exministra podría generar riesgos para el éxito de la investigación.
La defensa, en cambio, insiste en que esos argumentos son generales y que no explican por qué un arresto domiciliario total no permitiría resguardar los fines del procedimiento.