Dictan prisión preventiva para Joaquín Lavín León en medio de investigación por fraude y tráfico de influencias
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reanudó este viernes la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, dictando prisión preventiva.
El juez Daniel Urrutia dijo en la instancia que la libertad del imputado constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad y dio por acreditados los delitos que se le imputan al exparlamentario.
En su alocución, aseveró que si se confirman los delitos imputados, estaríamos frente a una “red de corrupción”.
Se otorgó un plazo de 90 días para la investigación.
De acuerdo al Ministerio Público, el exparlamentario es imputado por los delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento público y tráfico de influencias durante el período en que su esposa Cathy Barriga encabezó la Municipalidad de Maipú.
También se dictó la misma medida cautelar para su exasesor, Arnaldo Domínguez, por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y delitos electorales.
La defensa de Lavín León solicitó que cumpla con la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber; sin embargo, el juez señaló que esa decisión la toma Gendarmería.
Las pruebas del Ministerio Público contra Joaquín Lavín León
Durante las sesiones previas, la fiscalía presentó correos electrónicos donde Lavín impartió instrucciones directas para desvincular masivamente a funcionarios municipales.
Según reportó La Tercera, en uno de ellos, adjuntó una planilla con 235 nombres y las indicaciones: “azul, igual sacar. Verde, igual sacar”. En otro, el exdiputado escribió: “Estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados”. La Brigada Anticorrupción de la PDI comprobó el despido de al menos 497 personas a partir de esos listados.
La fiscal Parra detalló que Lavín también influyó en contrataciones y enroques, operando a través de Carlos Fairlie, su exasesor legislativo que ejercía un rol de “doble dependencia”: formalmente pertenecía al municipio, pero “materialmente estaba subordinado siempre a los requerimientos del diputado”. La remoción de personal con estatuto jurídico robusto se resolvía con traslados forzosos a otras áreas, según la misma lógica de listas confeccionadas por el imputado.
En el ámbito económico, la persecutora expuso que entre 2015 y 2022 Lavín rindió facturas ideológicamente falsas como gastos parlamentarios sin que mediaran servicios reales, en conjunto con su asesor Arnaldo Domínguez. Para la fiscal, “no existen conversaciones de servicios reales que se estén prestando entre ambos”.
Además, se le atribuye haber utilizado influencias indebidas para obtener bases de datos de electores desde el municipio y alimentar la aplicación SocialTazk, descrita como una especie de call center político con fondos públicos. “Genera una especie de pyme; el interés privado predominó por sobre el interés público”, afirmó.
El Ministerio Público solicitó también prisión preventiva para Domínguez y, para el empresario Juan Silva, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicación.
Silva está vinculado a la emisión de facturas falsas que inflaban deudas personales del exdiputado y financiaban campañas políticas. La audiencia se extenderá durante la tarde, a la espera de la decisión del tribunal.